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Publicación Una sustitución precaria: política de drogas y conservación sin el campesinadoLuis Felipe Cruz-Olivera; María José León-MarínEl Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta del Acuerdo de Paz para reemplazar los ingresos que obtienen las familias del mercado ilegal de la coca. Sin embargo, el PNIS replicó errores de programas de sustitución anteriores, y en su diseño desconoció el hecho de que la mitad de los cultivos declarados ilícitos están en zonas de manejo especial. El aumento de los cultivos de hoja de coca en estas zonas genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La conclusión es que el PNIS desconoció los derechos a la participación, debido proceso y mínimo vital de las familias campesinas que firmaron acuerdos de sustitución, y tampoco avanzó en la implementación del enfoque ambiental. Nuestra postura es que ninguna de las acciones de la política de drogas, de la mitigación o adaptación del cambio climático o la conservación ambiental debe ir en contravía de los derechos de las poblaciones campesinas que habitan la Amazonía, no sólo porque es inconstitucional sino porque es ineficiente desde la política pública. No hay sustitución de cultivos sin economía campesina fuerte, así como no hay protección de los bosques sin derechos de las poblaciones que los habitan. Al final sugerimos algunas ideas para armonizar conservación y derechos de las familias campesinas que cultivan coca.Publicación Resumen ejecutivo Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en ColombiaAlejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaEn medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.Publicación Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en ColombiaAlejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaEn medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.Publicación Executive Summary Fiscal Policy in the Regulation of Adult-Use Cannabis in ColombiaAlejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaThe debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana’s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child’s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place. In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.Publicación Fiscal Policy in the Regulation of Adult-Use Cannabis in ColombiaAlejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaThe debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana’s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child’s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place. In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.Publicación Las trabas constitucionales para la regulación del mercado de drogas en ColombiaSergio Pérez; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaEste texto es una respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal compatible con la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes: los clubes sociales cannábicos (CSC). Para llegar a estas conclusiones, partimos de la despenalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y sus efectos. Luego —desde un ejercicio de interpretación historicista— retomamos los debates que antecedieron a la prohibición constitucional del artículo 49, los exámenes de constitucionalidad que tuvo el acto legislativo que reformó la Constitución y la línea jurisprudencial sobre el tratamiento jurídico penal que le ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al porte de sustancias psicoactivas. Con esto se aclaran los efectos de la reforma y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y penal de las altas cortes bajo esta prohibición. Finalmente, se explica qué son CSC y por qué son una solución viable en el campo político.Publicación Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en ColombiaRodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraEl encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.Publicación Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdoSergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraLa implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuroPaula Aguirre Ospina; Adriana Muro Polo; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaDesde Elementa y Dejusticia celebramos la oportunidad de presentar insumos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y consideramos que es fundamental que se prioricen cinco temas de importancia para la garantía de derechos. El contexto actual presenta oportunidades de avanzar hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social que le apueste a un cambio de estrategias, consolidando una aproximación que permita diagnosticar los daños causados por la política prohibicionista e identificar a las poblaciones directamente afectadas por su implementación para poder repararlas, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).Publicación Laberintos de prohibición y regulación: Los grises de la marihuana en ColombiaLuis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaLa marihuana está saliendo del laberinto de la prohibición. Y lo hace gracias a una suma de fuerzas políticas y económicas, compuestas por movimientos cannábicos, empresarios, pacientes y organizaciones de la sociedad civil. En varios países de América Latina se reguló el acceso a la marimba para fines medicinales, lo que despertó intereses económicos que vaticinan una industria que empujará por la regulación para usos recreativos. En este texto exploramos aspectos históricos del cannabis, así como las consecuencias de su prohibición. No dudamos en afirmar que la regulación será el camino a recorrer en las próximas décadas, sin embargo, no hacemos cábalas de cuándo y cómo podría suceder. A partir de una caracterización de lo que hemos denominado los mercados ilegales, grises y legales del cannabis y los actores que están en esos segmentos, hacemos una radiografía de momento para reflexionar sobre lo que debería tener una regulación en materia de comercio justo, salud pública y derechos humanos. Defendemos que la mejor regulación posible será aquella que reconozca de manera particular la historia de la prohibición, sus daños, estigmatizaciones y la potencialidad creativa de lo que hemos denominado los actores del mercado gris, una franja ambigua de personas que comercia con la marihuana sin las formalidades legales pero que no hacen parte de las dinámicas del crimen organizado. Desertar la prohibición no será suficiente para resarcir los daños de la guerra contra las drogas: será también necesario una regulación que respete estándares de DDHH y reclamos históricos de poblaciones vulnerables