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A balancing act. Drug policy in Colombia after UNGASS 2016
Isabel Pereira-Arana; Luis Felipe Cruz-Olivera
This document is the result of a project developed by Dejusticia in cooperation with the Ministry of Justice and Law of Colombia and the British Embassy in Colombia, with funds from the United Kingdom through its embassy in Colombia. During 2016, two historic events were held to reflect about drug strategies in Colombia: the United Nations Special Session on the World Drug Problem (UNGASS 2016) and the signing of the Peace Agreement between the Government and the FARC-EP, which includes the agreement on the “Solution to the problem of illicit drugs”. In light of the commitments made by the Colombian State, there are challenges and possibilities for drug policy reform, particularly when hoping to achieve a better balance between a criminalization perspective and the recognition and guarantee of rights to populations affected by prohibition’s harmful effects. This balancing exercise calls for incorporating the lens of the 2030 Sustainable Development Agenda and its Objectives, as well as for integrating the sectors of defense, rural and agrarian development, protection and sustainable use of environmental resources, health and education, together with the efforts of peacebuilding in the territories most affected by war and drug trafficking. To achieve the goals proposed in these documents, the role of the international community in the coming years will be fundamental. The United Kingdom Embassy, concerned to broaden its horizons of cooperation, offers to share lessons learned and experiences hoping to improve institutional capacities to meet the challenges of organized crime, rural development, and the prevention and treatment of drug use. Thus, this document presents recommendations for cooperation between these two governments in the light of agreed obligations as well as opportunities to harmonize drug policy and peacebuilding.
A Human Rights Approach to Benefit-Sharing from the Use of Digital Sequence Information
Alex Reep
This policy brief outlines a human rights-based approach to the design and implementation of the multilateral mechanism and Cali Fund for benefit-sharing from the use of digital sequence information on genetic resources. Drawing on research conducted in Indigenous, Afro-descendant, and farming territories in Colombia, it highlights the urgent need for a fair and inclusive benefit-sharing system that recognizes the rights and contributions of Indigenous people and local communities (IP&LCs). This brief outlines critical recommendations for decision-making and advocacy in the wake of the 2024 United Nations Biodiversity Conference in an effort to ensure fair compensation and reciprocity for IP&LCs while addressing structural inequalities.
¿A quiénes sancionar? Máximos responsables y participación determinante en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
El deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva. Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados. Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo responsable y participación determinante. Su consecuencia práctica es que mientras el máximo responsable siempre debe ser seleccionado por su rol en el diseño, formulación y planeación de los planes o políticas de violencia organizada (PPVO), el partícipe determinante contribuye sustancial y efectivamente para que estos PPVO se ejecuten y su selección es optativa. Más que dar respuestas unívocas, esta propuesta busca contribuir al debate y ofrecer herramientas analíticas para orientar el trabajo de la JEP. En particular, apunta a asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad y en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Academia y ciudadanía: Profesores universitarios cumpliendo y violando normas
Mauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Andrea Ramírez Pisco; Juan Camilo Cárdenas Campo
¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas. En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula. Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.
Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justicia
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto Dávila
Este documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad
Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo
Ana María Ramírez Mourraille; María Paula Ángel Arango ; Mauricio Albarracín Caballero; Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-Pont
Los mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano: Avances, retos y recomendaciones
Silvia Ruiz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; Valentina Rozo Ángel
Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional. Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.
Accountability of Google and other businesses in Colombia: The protection of personal data in the digital age
Vivian Newman-Pont; María Paula Ángel Arango
In this document we analyze the privacy policies of 30 companies with data-driven business models that collect data in Colombia and identify practices that have not been sufficiently contemplated by the personal data protection regime currently applicable in our country. But what has been done in Colombia to guarantee these rights in the digital economy framework? In this document, we explore the degree of preparedness of our legal personal data protection regime and data protection authorities for tackling the risks that the digital era poses to different values and rights, thereby holding accountable the companies with data-driven business models (DDBM). From the review of their privacy policies, we analyze the modus operandi of an illustrative sample of 30 DDBM, among which are included—for their economic, technological, and social power—the so-called GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft). After this analysis, we identify several practices that have not been sufficiently contemplated by the personal data protection regime currently applicable in Colombia, and whose regulation, in comparison with the European GDPR and the CCPA of California, has significant room for improvement. Likewise, we identify several shortcomings in the capacities of the Colombian data protection authorities in holding the DDBM accountable and therefore, propose some corrective measures. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/accountability-of-google-and-other-data-driven-business-models-data-protection-in-the-digital-age/
Acoso sexual, universidades y futuros posibles. Enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones
María Ximena Dávila Contreras; Nina Chaparro González
Este libro ofrece una serie de reflexiones en torno a la relación entre universidades, género y violencias. Bajo el entendido de que el acoso sexual es una conducta que nos permite vislumbrar las estructuras que sostienen las violencias de género, el propósito de este libro es proponer una lectura alternativa que permita abrir discusiones políticas y conceptuales que permitan retar nuestro entendimiento sobre los daños de esta conducta, la forma en que las instituciones universitarias están enmarcadas en sistemas de poder y los caminos que pueden tomarse para universidades más justas para quienes las habitan a diario. Aunque este texto se vale de reflexiones teóricas sobre el acoso sexual y los espacios universitarios, nuestra principal ambición es prospectiva y práctica: de allí que este libro otorgue un lugar prevalente a los futuros posibles. A partir de las voces de profesoras y colectivas feministas, así como de revisión de fuentes primarias y secundarias, planteamos algunas reflexiones, vías y preguntas que pueden ser útiles para que las instituciones de educación superior y las autoridades estatales puedan construir mejores estrategias contra el acoso y la discriminación. En ese sentido, buscamos dilucidar algunos caminos que pueden tomar las universidades, así como las entidades públicas del sector de la educación, para construir espacios seguros, formar ciudadanos y ciudadanas que sean agentes de su vida sexual y promover relaciones e interacciones menos violentas y más centradas en el cuidado.
Addicted to Punishment: The Disporportionality of Drug Laws in Latin America
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato
This document analyzes the proportionality of drug related crimes in seven Latin American countries through the study of the evolution of their criminal legislations from 1950 until 2012. The study suggests the existence of a regional tendency to maximize the use of criminal law for combating this type of conducts. This is reflected in: i) the gradual increase in the number of drug-related conducts described as criminal, ii) the exponential growth of the penalties with which those conducts are punished and iii) the incomprehensible tendency of punishing with more severity the drug-related crimes rather than those more evidently severe such as homicide, rape and aggravated robbery. Those upward trends indicate that the Latin American States have become addicted to punishment because of their frequent and empirically groundless increasing of the punitive dose, regardless of its constantly decreasing benefits. Addicted to punishment is part of a series of studies carried out by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) that critically analyze the application of the proportionality principle in relation with drug crimes. The studies find that the punishments imposed and the punitive treatment of the offenders is disproportional, often generating more damages than benefits.
Addressing Inequality from a Human Rights Perspective: Social and Economic Justice in the Global South
César Rodríguez Garavito (Coord.)
This book points to an emerging set of ideas and practices being developed by activists, scholars, and courts from a range of countries that reveals the potential of human rights to resolve other radical injustices and to build more robust civil society movements against inequality and deregulation. Numerous countries around the globe are witnessing a similar experience in their modern political contexts: democratic tools and human rights instruments—which have facilitated undeniable improvements in the lives of millions—are proving largely insufficient for preventing extreme forms of exclusion. In other words, while human rights have played a fundamental role in highlighting inequalities based on factors such as gender and ethnic and racial identity, they have coexisted alongside persistent socioeconomic injustices and the rise of authoritarian populist governments that are jeopardizing human rights institutions and principles worldwide. Against this panorama, some are arguing that the human rights movement is incapable of warding off social injustice, while others are calling for a separation of the human rights and social movements. This book offers a third way: it points to an emerging set of ideas and practices being developed by activists, scholars, and courts from a range of countries that reveals the potential of human rights to resolve other radical injustices and to build more robust civil society movements against inequality and deregulation. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/adressing-inequality-from-a-human-rights-perspective/
Adición punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América Latina
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato
Este documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.
Adiós río. La disputa por la tierra; el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá
César Rodríguez Garavito; Natalia Orduz Salinas
La historia de los 20 años de la represa de Urrá condensa los procesos medulares de la violencia y la disputa por la tierra y los recursos naturales en la Colombia contemporánea: el ascenso del paramilitarismo y su penetración en la política; el involucramiento de las FARC en el narcotráfico y en la lucha por controlar los lugares de cultivo y transporte; el desplazamiento forzado y la usurpación de la tierra; la complicidad de amplios sectores del empresariado rural con el despojo y la violencia; la carrera por los recursos naturales en un país que gira hacia una economía minero-energética; y el impacto trágico de todo lo anterior sobre los pueblos indígenas, cuyos territorios, cultura y vida misma penden hoy de un hilo por encontrarse en medio del fuego cruzado. Este libro cuenta esta historia desconocida. Basada en entrevistas, trabajo de campo y análisis minucioso de archivos, la crónica reconstruye las vidas (y las amenazas contra ellas) que se entrecruzan en el caso de Urrá. Y extrae las lecciones para los muchos casos similares que se multiplican hoy por todo el paí
After the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy
John Collins (Ed.)
El fin de la guerra contra las drogas ha llegado. La Asamblea General de Naciones Unidas de abril de 2016 será el comienzo de una nueva era. Este libro presenta abundante evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas. En su reemplazo plantea la necesidad de que las políticas de drogas sean pensadas desde un enfoque de desarrollo humano. El grupo de expertos en economía de la política de drogas del London School of Economics –conformado por académicos e investigadores de distintas partes del mundo– aporta propuestas basadas en la evidencia disponible para reemplazar las políticas de drogas existentes por otras más inteligentes y eficaces, basadas en un enfoque de salud pública y derechos humanos. Rodrigo Uprimny y Sergio Chaparro, investigadores de Dejusticia, y Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE en México, contribuyeron con un capítulo sobre cómo ponerle fin a la criminalización del uso de drogas en América Latina. Cinco premios Nobel respaldaron este informe en el que solicitan a los Estados del mundo adoptar un cambio de paradigma en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en abril de este año -UNGASS 2016-.
Aliviar el hacinamiento carcelario: Salvavidas en tiempos de COVID
Alejandro Corda; Rose Marie Achá; Isabel Pereira-Arana; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol Arriagada; Jorge Paladines Rodríguez; Catalina Pérez Correa; Ricardo Soberón; Gianella Bardazano Gradin; Andrés Antillano; Coletta Youngers
La declaración global de la pandemia de la covid-19 a inicios de marzo agravó la crisis carcelaria que se vivía en las Américas desde hace décadas. De reformas necesarias, se pasó al punto crítico de exigir reformas urgentes para facilitar la descongestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. De esta manera, la covid-19 ha puesto al límite los sistemas penitenciarios, ya que desde el primer momento en que el virus entra a los centros de reclusión se puede esperar, bajo las condiciones actuales, que (i) la gran mayoría de la población probablemente resulte contagiada, (ii) que las personas privadas de la libertad con condiciones subyacentes de salud mueran a una tasa más alta que sus pares por fuera de la prisión y, por lo tanto, (iii) se podría hablar de una catástrofe humanitaria en las cárceles.
Amphibious Research: Action Research in a Multimedia World
César Rodríguez Garavito
This book explores the advantages and challenges of this type of work. Closely interacting with diverse audiences tends to give the action researcher greater empirical accuracy and relevance, and also serves as a source of motivation. Nevertheless, it can also lead to the risk of dispersion, lack of analytical distance, and burnout. To help researchers capitalize on these advantages and overcome the difficulties, this book proposes a new technique—“amphibious research.” This technique, which is based on methodological approaches and hybrid styles of writing, allows action researchers to gather contributions from different fields and to circulate their results in multimedia formats.
Ante la justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia
Miguel Emilio La Rota Uprimny; Sebastián Lalinde Ordóñez; Sandra Santa Mora; Rodrigo Uprimny Yepes
Este libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia realizado hasta hoy en Colombia. En las conclusiones, el libro repiensa las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas mejor a las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para redirigir los recursos a superar las falencias e insuficiencias más importantes. Para mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es necesario tener en cuenta cuatro asuntos: la magnitud y las características de las necesidades jurídicas, cuáles de estas se encuentran satisfechas o no, y los factores que facilitan o dificultan dicha satisfacción. Integramos varias investigaciones realizadas en Dejusticia en los últimos años. Primero, una encuesta, aplicada en las principales catorce ciudades del país, acerca de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población general, la población en extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad. Segundo, mostramos los resultados de una profundización cualitativa acerca de los conflictos y los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres, los afrocolombianos, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las personas LGTBI y de aquellos que viven en situación de pobreza. El análisis arroja un panorama que no es positivo. El sistema de justicia descrito en este libro no tramita la mayoría de necesidades jurídicas que sufren los colombianos. Pero, de manera más grave, contiene múltiples barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas de grupos desaventajados. En ocasiones, el sistema desconoce abierta y explícitamente la situación de vulnerabilidad de algunas personas.
Are reparations impossible to pay? Colombia’s reparation policy for survivors of sexual violence and victims of the armed conflict
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Paula Valencia Cortés; Randy Villalba Arango; Paola Molano Ayala
The right to reparation for victims of human rights violations is one of the cornerstones of transitional justice and is a widely recognized principle in both the literature and human rights standards. Despite its importance, administrative reparation programs are often seen as costly and ineffective policies. Nevertheless, the literature on reparations has overlooked the question of the financial feasibility of these programs. In an effort to address this question, this text contributes to the analysis of the financing of administrative reparation programs, particularly regarding reparations for sexual violence, based on the Colombian experience. We examine how the financial feasibility of the reparations policy created in 2011 was determined, how the budget allocated to reparations has behaved between 2012 and 2022, and the role of reparations for acts of sexual violence within this framework. This study allows us to identify important methodological, conceptual, and political elements in order to establish what has worked well and what has been problematic in this process. Based on this, we discuss factors that should be taken into account in different contexts to ensure sustainable programs that fulfill the rights of victims of human rights violations, especially survivors of sexual violence.
Argumentos y vías para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores
Isabel Pereira-Arana; Julián Salamanca Latorre
El 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, Convención sobre Personas Mayores).La Convención, única en su tipo, parte del respeto que se le debe a los derechos humanos y la necesidad de su promoción y protección a partir de lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Parte del principio de que la búsqueda del ideal de un ser humano libre, exento de temor y miseria solo puede mantenerse en tanto se garanticen condiciones de vida que le permitan a cada persona disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, en particular por motivos de edad.
Asesinatos a líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universo
Patrick Ball; César Rodríguez Garavito; Valentina Rozo Ángel
Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta. Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados. La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes. Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017. El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales.