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Información en emergencias: un salvavidas
Vivian Newman-Pont; Daniel Ospina-Celis; Juan Carlos Upegui Mejía
Sin información no hay conocimiento. La transparencia sobre información relacionada con el brote de SARS CoV-2 en Colombia es fundamental para la garantía de los derechos humanos. De hecho, la gran mayoría de las soluciones a los problemas ocasionados por la pandemia depende de la transparencia y del acceso efectivo a la información. Su ausencia nos hace perder oportunidades valiosas, de las cuales en ocasiones depende la vida. La información puede ser determinante para el goce del derecho a la salud y para promover el bien común en circunstancias como las actuales. En este documento la autora y los autores se centran en cuatro facetas del acceso a la información, con sus respectivos riesgos, que deben tener en cuenta los tomadores de decisión en la coyuntura actual. Asimismo, buscan ofrecer soluciones o recomendaciones que puedan implementar tanto el Gobierno como el sector privado, tendientes a la garantía de los derechos humanos y la protección de las comunidades más vulnerables. Primero, discuten el impacto de la información sesgada o discriminatoria en relación con los grupos más vulnerables de la población. A continuación, presentan un breve diagnóstico sobre la desinformación por noticias falsas. En tercer lugar, comentan la importancia de entregar información de manera proactiva. Por último, analizan el impacto de modificar los tiempos de respuesta a las peticiones elevadas ante las entidades estatales.
Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en Colombia
Mauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Javier Eduardo Revelo Rebolledo; José Rafael Espinosa Restrepo ; Natalia Duarte Mayorga
Los Acuerdos de Paz representan una gran variedad de retos para el país. Uno de ellos consiste en llevar a cabo el gran proyecto nacional de construcción de Estado en la periferia.
Llevar el Estado a la periferia es una promesa incumplida y uno de los factores decisivos para la persistencia del conflicto armado. En este volumen de la colección 'Ideas para construir la paz', Dejusticia sostiene que el gran proyecto de aumentar la presencia estatal en todo el territorio debe tener al menos dos condiciones: 1) partir de un estudio juicioso de los distintos tipos de municipios y de las realidades sociales y políticas que allí existen, y 2) proponer un adecuado balance entre imposición del orden y participación popular.
Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, mediante los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
La consulta previa: Dilemas y soluciones
César Rodríguez Garavito; Natalia Orduz Salinas
El presente documento pretende reducir la incertidumbre jurídica y práctica de las consultas legislativas. Para ello, se concentra en el ámbito colombiano, en el que la jurisprudencia ha hecho avances considerables para elucidar algunas de las preguntas difíciles sobre la consulta. Y, en este mismo contexto, analiza con detenimiento un proceso legislativo que resulta ejemplar, al menos en comparación con la ausencia de consultas o la insuficiencia profunda de la gran mayoría de ellas. Se trata del proceso que, en 2011, dio lugar a la expedición de las normas con fuerza de ley sobre reparación y restitución de tierras a favor de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y otras violaciones graves de sus derechos (Decreto Ley 4366 de 2011; en adelante, Decreto Ley).
La finalidad del documento es doble. De un lado, pretende documentar la experiencia de construcción y expedición de esta pieza legislativa fundamental para los pueblos indígenas y la justicia transicional en Colombia. De otro lado, extraer de él (y de la jurisprudencia y la práctica colombiana en general) algunos principios y reglas que pueden ser útiles para una regulación adecuada y garantista de la consulta, tanto en Colombia como en otros países.
Ganadería deforestadora. Vacíos y limitantes en el control y enfoque de derechos humanos
Natalia Katixa Escobar; Kelly Giraldo Viana; Daniela Cardona Arciniegas; Laura J. Santacoloma Méndez
Posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%; dentro de este porcentaje, la Amazonia es la región con mayor afectación en el país. Ante esto, desde 2018 el Estado ha implementado diferentes estrategias normativas y de política pública dirigidas al fortalecimiento institucional para el control de la deforestación, con resultados exiguos y con grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos.
Entonces, ¿qué pasa con las estrategias diseñadas? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la eficacia en su cumplimiento? Y ¿cuáles son los riesgos para los derechos humanos que puede traer la aplicación de estas estrategias de control? Estas preguntas son las que orientan el presente análisis de política pública, con el propósito de identificar posibles ausencias y debilidades en su proceso de implementación, y ofrecer recomendaciones para el fortalecimiento de su actuación en un marco de protección de los derechos humanos.
¿A quiénes sancionar? Máximos responsables y participación determinante en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
El deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva.
Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados.
Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo responsable y participación determinante. Su consecuencia práctica es que mientras el máximo responsable siempre debe ser seleccionado por su rol en el diseño, formulación y planeación de los planes o políticas de violencia organizada (PPVO), el partícipe determinante contribuye sustancial y efectivamente para que estos PPVO se ejecuten y su selección es optativa.
Más que dar respuestas unívocas, esta propuesta busca contribuir al debate y ofrecer herramientas analíticas para orientar el trabajo de la JEP. En particular, apunta a asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad y en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.