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Información en emergencias: un salvavidas
Vivian Newman-Pont; Daniel Ospina-Celis; Juan Carlos Upegui Mejía
Sin información no hay conocimiento. La transparencia sobre información relacionada con el brote de SARS CoV-2 en Colombia es fundamental para la garantía de los derechos humanos. De hecho, la gran mayoría de las soluciones a los problemas ocasionados por la pandemia depende de la transparencia y del acceso efectivo a la información. Su ausencia nos hace perder oportunidades valiosas, de las cuales en ocasiones depende la vida. La información puede ser determinante para el goce del derecho a la salud y para promover el bien común en circunstancias como las actuales. En este documento la autora y los autores se centran en cuatro facetas del acceso a la información, con sus respectivos riesgos, que deben tener en cuenta los tomadores de decisión en la coyuntura actual. Asimismo, buscan ofrecer soluciones o recomendaciones que puedan implementar tanto el Gobierno como el sector privado, tendientes a la garantía de los derechos humanos y la protección de las comunidades más vulnerables. Primero, discuten el impacto de la información sesgada o discriminatoria en relación con los grupos más vulnerables de la población. A continuación, presentan un breve diagnóstico sobre la desinformación por noticias falsas. En tercer lugar, comentan la importancia de entregar información de manera proactiva. Por último, analizan el impacto de modificar los tiempos de respuesta a las peticiones elevadas ante las entidades estatales.
Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en Colombia
Mauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Javier Eduardo Revelo Rebolledo; José Rafael Espinosa Restrepo ; Natalia Duarte Mayorga
Los Acuerdos de Paz representan una gran variedad de retos para el país. Uno de ellos consiste en llevar a cabo el gran proyecto nacional de construcción de Estado en la periferia. Llevar el Estado a la periferia es una promesa incumplida y uno de los factores decisivos para la persistencia del conflicto armado. En este volumen de la colección 'Ideas para construir la paz', Dejusticia sostiene que el gran proyecto de aumentar la presencia estatal en todo el territorio debe tener al menos dos condiciones: 1) partir de un estudio juicioso de los distintos tipos de municipios y de las realidades sociales y políticas que allí existen, y 2) proponer un adecuado balance entre imposición del orden y participación popular. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, mediante los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
La consulta previa: Dilemas y soluciones
César Rodríguez Garavito; Natalia Orduz Salinas
El presente documento pretende reducir la incertidumbre jurídica y práctica de las consultas legislativas. Para ello, se concentra en el ámbito colombiano, en el que la jurisprudencia ha hecho avances considerables para elucidar algunas de las preguntas difíciles sobre la consulta. Y, en este mismo contexto, analiza con detenimiento un proceso legislativo que resulta ejemplar, al menos en comparación con la ausencia de consultas o la insuficiencia profunda de la gran mayoría de ellas. Se trata del proceso que, en 2011, dio lugar a la expedición de las normas con fuerza de ley sobre reparación y restitución de tierras a favor de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y otras violaciones graves de sus derechos (Decreto Ley 4366 de 2011; en adelante, Decreto Ley). La finalidad del documento es doble. De un lado, pretende documentar la experiencia de construcción y expedición de esta pieza legislativa fundamental para los pueblos indígenas y la justicia transicional en Colombia. De otro lado, extraer de él (y de la jurisprudencia y la práctica colombiana en general) algunos principios y reglas que pueden ser útiles para una regulación adecuada y garantista de la consulta, tanto en Colombia como en otros países.
Ganadería deforestadora. Vacíos y limitantes en el control y enfoque de derechos humanos
Natalia Katixa Escobar; Kelly Giraldo Viana; Daniela Cardona Arciniegas; Laura J. Santacoloma Méndez
Posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%; dentro de este porcentaje, la Amazonia es la región con mayor afectación en el país. Ante esto, desde 2018 el Estado ha implementado diferentes estrategias normativas y de política pública dirigidas al fortalecimiento institucional para el control de la deforestación, con resultados exiguos y con grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias diseñadas? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la eficacia en su cumplimiento? Y ¿cuáles son los riesgos para los derechos humanos que puede traer la aplicación de estas estrategias de control? Estas preguntas son las que orientan el presente análisis de política pública, con el propósito de identificar posibles ausencias y debilidades en su proceso de implementación, y ofrecer recomendaciones para el fortalecimiento de su actuación en un marco de protección de los derechos humanos.
¿A quiénes sancionar? Máximos responsables y participación determinante en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
El deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva. Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados. Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo responsable y participación determinante. Su consecuencia práctica es que mientras el máximo responsable siempre debe ser seleccionado por su rol en el diseño, formulación y planeación de los planes o políticas de violencia organizada (PPVO), el partícipe determinante contribuye sustancial y efectivamente para que estos PPVO se ejecuten y su selección es optativa. Más que dar respuestas unívocas, esta propuesta busca contribuir al debate y ofrecer herramientas analíticas para orientar el trabajo de la JEP. En particular, apunta a asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad y en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Resumen ejecutivo Proteger los derechos humanos en el terreno
Ligia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez Bolívar
Se presentan los principales hallazgos y conclusiones del estudio comparado de cuatro oficinas de país (Camboya, Colombia, Guatemala y Túnez) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las reflexiones que se derivan de estas experiencias para el caso de Venezuela. La investigación recogió el análisis de entrevistas con cerca de 60 funcionarios y ex funcionarios del ACNUDH, defensores de derechos humanos de los cuatro países estudiados y de Venezuela, representantes de ONG internacionales de derechos humanos, funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y ex funcionarios de instituciones públicas de los países estudiados.
El etiquetado frontal de advertencia de productos comestibles ultra procesados desde una mirada del derecho internacional económico
Johnattan García Ruiz
El etiquetado frontal de advertencia (EFA), que advierte sobre el contenido en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, es compatible con la regulación internacional en materia de libre comercio y protección de inversiones. En este documento, explicamos por qué el EFA se ajusta a los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como a los acuerdos de comercio preferencial. Además, se examina la medida a la luz de las normas técnicas sobre alimentación compiladas por la Comisión del Codex Alimentarius y se explica por qué el EFA también es compatible con tratados de protección de inversiones. Descripción tomada y adaptada de esta publicación.
Metzineres: Cobijo y empoderamiento de mujeres que usan drogas sobreviviendo violencias
Aura Roig Forteza
La iniciativa Metzineres, lanzada en 2017 en Barcelona, representa un modelo prometedor de cómo los programas de reducción de daños pueden proporcionar servicios esenciales y apoyo a mujeres y a personas de género disidente que usan drogas y sobrevivieron varias situaciones de violencias En el último de una serie de estudios de caso que examinan enfoques alternativos a las políticas de drogas represivas y el encarcelamiento, un nuevo informe destaca un programa de reducción de daños en España, llamado Metzineres, que busca proporcionar servicios orientados hacia proteger los derechos humanos de las mujeres y a personas de género disidente que usan drogas y sobrevivieron violencias. La serie de estudios de casos, producidos por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC) y Dejusticia, tienen como objetivo destacar enfoques innovadores para la reforma de la políticas de drogas y de justicia penal en todo el mundo. Los informes anteriores han analizado medidas como la descriminalización del consumo y la posesión de drogas en Portugal, el perdón a personas encarceladas por delitos menores de drogas en Ecuador y las reformas de sentencias en el Reino Unido (Consulte los 14 enfoques innovadores aquí). El último informe examina cómo la iniciativa Metzineres, lanzada en 2017 en Barcelona, representa un modelo prometedor de cómo los programas de reducción de daños pueden proporcionar servicios esenciales y apoyo a mujeres y a personas de género disidente que usan drogas y sobrevivieron varias situaciones de violencias. Debido a las barreras de acceso y otras brechas institucionales, las mujeres y las personas de género disidente que usan drogas a menudo no ingresan al sistema local de salud o servicios sociales, por lo tanto, Metzineres tiene como objetivo proporcionar servicios de reducción de daños como refugio, alimentos, asesoramiento y un programa de intercambio de agujas. El proyecto ha sido reconocido como un modelo de buena práctica tanto en España como a nivel internacional.
Gender Discrimination in Football. Building a Toolbox Toward Gender Equity in the Beautiful Game
Rachel Davidson Raycraft; Rebecca Robinson; Jolena Zabel
The importance of gender and gender-based categorizations cling to the world of sport like no other realm of culture or society in the twenty-first century. While presented as natural, logical, and innate, the differential treatment of men and women and boys and girls in the world of sport is largely the product of over a century of global socialization intent on preserving sport as a male-dominated pastime, lifestyle, and avenue of opportunity. As the most popular sport worldwide, football (or soccer) may be the poster child for lingering gender disparities in sport. Despite women’s presence on the pitch since the turn of the twentieth century, governments and football associations have proactively suppressed their ability to participate in the game through gender stereotypes, underinvestment, precarious professional opportunities, and disrespect. This report describes the various manifestations of gender-based discrimination that shape the game of football today, the role the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) plays in perpetuating this discrimination, and existing avenues for remedy (or lack thereof). The report concludes with key takeaways from the fight for gender equality to date, with an eye toward building a more just world of sport in the years to come.
Migración, pandemia y xenofobia en Colombia, Perú y Chile:Tres palabras que nunca debieron unirse
Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez
La crisis política, social, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha generado la migración forzada de millones de personas a toda la región, siendo Colombia, Perú y Chile los tres principales países receptores. Además, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19 no solo por el número de personas contagiadas y fallecidas, sino también por las consecuencias económicas que han profundizado la pobreza y las desigualdades sociales. Antes de la pandemia las personas migrantes venezolanas ya venían enfrentando dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la vivienda. Sin embargo, su situación se ha precarizado aún más durante este periodo. A lo que se suman los discursos y comportamientos xenófobos que enfrentan y que también se han incrementado durante la pandemia. Este artículo explora los efectos desproporcionados que la pandemia ha tenido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes y el aumento de narrativas discriminatorias en Colombia, Perú y Chile. Así como el impacto que estos discursos han tenido en la atención estatal en el marco de la crisis. Finalmente, propone una serie de recomendaciones para enfrentar la xenofobia en medio de la pandemia dirigidas a los gobiernos, los medios de comunicación, y la sociedad civil
Justicia restaurativa, diálogo, reparación y rendición de cuentas de actores económicos en Colombia
Aarón Alfredo Acosta; Ema Gómez Jaramillo; Alejandro Jiménez Ospina; María José León-Marín; Michael Monclou Chaparro; Laura Natalia Torres Acosta
A pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corporativa por atrocidades del pasado. Su modelo preminentemente restaurativo con componentes retributivos presenta una alternativa a las distintas aproximaciones que se han hecho en el mundo a la rendición de cuentas de actores económicos y, vale aclarar, a las que se han intentado en Colombia también. Uno de los componentes esenciales del modelo es el compromiso que adquieren los comparecientes, incluidos los actores económicos, de contribuir a la reparación de las víctimas y la restauración del daño para recibir una serie de beneficios penales. Durante más de dos años los y las autoras nos dimos a la tarea de entender cómo estaban funcionando efectivamente los procesos de construcción de compromisos de reparación de actores económicos que han acudido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Teníamos dos objetivos, que son los mismos que guían este libro. Primero, uno descriptivo, que busca entregar un recuento de cómo funciona, en la teoría y la práctica, el modelo alternativo de rendición de cuentas en que se basa la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, uno analítico, que pretende aventurar aproximaciones a cómo desarrollar de mejor manera los procesos de construcción de compromisos de reparación por parte de actores económicos en el marco de trámites dialógicos restaurativos.
Participación política de las mujeres y partidos: Posibilidades a partir de la reforma política de 2011
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto Dávila
Este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente. En el año 2011 fue aprobada una ley de reforma política (Ley 1475) con la que Colombia adoptó nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres. Se trata de una ley estatutaria que, además de regular la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, y algunos aspectos de las elecciones, contiene mandatos destinados a incentivar la participación de las mujeres en los partidos y en los procesos electorales. Es entonces la primera vez que una ley en Colombia establece normas destinadas a impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política y a fortalecer su participación en la misma. Es precisamente por ello que este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de esta ley, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente, entre otros, mediante la identificación de alternativas de política que permitan generar una mejor implementación de la ley.
Los mercados de carbono en Colombia: entre los problemas de capacidad estatal y la judicialización verde
María Adelaida Ceballos Bedoya
Este libro aborda dos objetivos: analizar las conexiones entre el funcionamiento de los mercados de carbono (MC) y la capacidad del Estado colombiano, y reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de la “judicialización verde”, entendida como la estrategia que privilegia el rol del Poder Judicial en la resolución de los conflictos socioambientales, como aquellos derivados de los MC. El texto plantea que, si bien los MC en principio ofrecen incentivos para la conservación medioambiental, ellos han sido duramente cuestionados, entre otras razones, por las violaciones de derechos humanos que traen para las comunidades encargadas de la conservación. Con el fin de explorar cómo se materializan los riesgos de los MC, el libro estudia el caso de un proyecto de carbono en un territorio indígena del municipio de Cumbal (Nariño, Colombia). Este caso ejemplifica los problemas de los MC en el contexto colombiano, caracterizados por la baja capacidad infraestructural del Estado en las periferias, así como por la débil voluntad política para regular y controlar los MC (especialmente cuando de comunidades étnicas se trata). El caso de Cumbal también es un escenario útil para mostrar que la vía judicial tiene potencialidades transformadoras, pero también tiene limitaciones pues abre la puerta a la cara represiva de la justicia y no siempre consigue satisfacer los reclamos de las comunidades afectadas. El texto concluye, pues, que es necesario complementar las estrategias judiciales con otras de incidencia política y acompañar a las comunidades locales en la defensa de sus derechos y territorios.
La lucha por el derecho y los derechos: Dejusticia y sus más de quince años de esfuerzos por la justicia socioambiental y el Estado de Derecho
Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-Pont
Los textos que hoy publicamos son dos ponencias que preparamos para el anuncio y la entrega del Premio Tang que recibiera Dejusticia en 2020. En el primer texto desarrollamos la relación entre una organización civil como Dejusticia y el Estado social de derecho. Explicamos brevemente las diferencias entre una ong como Dejusticia y otras organizaciones civiles y la metodología de trabajo de investigación-acción que nos caracteriza y permite conectar nuestro trabajo con la realidad que nos rodea. Luego pasamos al concepto y rol del Estado social de derecho en la sociedad contemporánea, donde se requieren urgentes cambios sociales y finalizamos con los retos pasados y futuros de organizaciones como la nuestra. En el segundo texto desarrollamos las potencialidades y limitaciones de una de nuestra principales herramientas de trabajo: el litigio estratégico o de interés público de la mano de nuestras comunidades aliadas, como instrumento para el cambio social y ambiental. Ofrecemos además ejemplos exitosos de avances logrados por Dejusticia y nuestros aliados a través del litigio ante altas cortes y lecciones aprendidas a lo largo de nuestros más de 17 años de ejercicio del derecho para cambiar vidas. Esperamos que las líneas que siguen resulten valiosas para individuos y colectivos que entienden que el derecho no puede ser una herramienta de mantenimiento del status quo, especialmente si el mismo denota un alto nivel de desigualdad, prevalencia de la justicia formal sobre la real y desinterés ante los efectos globales del cambio climático.
Más allá de los máximos responsables. Los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez
El presente documento se pregunta cómo definir la situación jurídica de los comparecientes que no hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras que la situación jurídica de los máximos responsables en estos crímenes tiene que ser definida por vía de selección y sanción, la de los comparecientes con participación no determinante puede variar entre tratamientos penales especiales no sancionatorios (rutas de selección negativa) o, excepcionalmente, la selección con fines de imponer sanciones propias o alternativas inferiores a cinco años (rutas de selección positiva excepcional). En ese sentido, las preguntas principales que orientan esta reflexión son: ¿qué es la participación no determinante en los crímenes más graves y representativos? y ¿cómo definir la situación jurídica de aquellos comparecientes que pertenecen a esta categoría? El propósito de este documento es estudiar distintas opciones y su conveniencia para el trabajo de la JEP. Así, el texto se divide en tres partes. La primera examina el concepto de participación no determinante en los crímenes más graves y representativos. La segunda describe la definición de las situaciones jurídicas mediante el proceso de selección gradual, en las rutas de selección positiva excepcional y las rutas de selección negativa (o no selección) de los partícipes no determinantes. Para finalizar, la tercera plantea algunas recomendaciones sobre el tratamiento penal especial de estos comparecientes en la JEP.
Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales. Estrategias para los jueces, funcionarios y activistas
César Rodríguez Garavito ; Celeste Kauffman
Por generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos.
Summary of the CEDD regional report
Alejandro Corda; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol Arriagada
This research analyzes how punitive drug laws disproportionately affect cannabis users, growers and small-scale sellers. This paper is based on the report, Cannabis in Latin America: The Green Wave and the Challenges to Regulation.
Los medicamentos opioides en Cúcuta: entre esenciales y fiscalizados
Isabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez Bolívar
Los caminos del dolor que atraviesan quienes necesitan acceder a medicamentos opioides están plagados de frustración, pero en no escasas ocasiones, también están las historias de redención, de pares comunitarios que acompañan, enfermeras que entienden la importancia de la reducción de daños, profesionales de la salud que cuidan el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, sino la posibilidad de despedirse sin dolor. Les invitamos a conocer un poco más de estas historias en estas cartillas. Encontramos a varios profesionales y voluntarios pioneros y visionarios de los cuidados paliativos, y una ciudad que, desde las autoridades locales, se comprometió a dar financiación a los vitales programas de reducción de daños para atender a las personas con consumos problemáticos de drogas.
Omisiones que matan. Estándares en seguridad vehicular y calidad del aire, su impacto en los derechos humanos
Paula Angarita Tovar; Johnattan García Ruiz; Diana Guarnizo Peralta
Al año fallecen 1.35 millones de personas en el mundo como consecuencia de los siniestros viales. Estos son una de las principales causas de muerte y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. A su vez, millones de personas ven afectado su estado de salud por la nociva calidad del aire que se respira, una de cada ocho muertes fueron atribuibles a los efectos de la contaminación atmosférica. Si bien muchos países han tomado medidas para mejorar los marcos regulatorios e institucionales necesarios para apoyar los esfuerzos en estas problemáticas. Hoy en día no todos los vehículos cuentan con las mismas características en seguridad o control de emisiones contaminantes, dado que no todos los países cuentan con la regulación internacional para ello. Estas diferencias, generan efectos directos e indirectos en torno a la protección de los derechos humanos, entre distintos grupos socioeconómicos y entre distintos países, en especial los del sur global. En este documento se abordará, porqué una ausencia de regulación en torno a los vehículos ha supuesto una carga importante para la salud de las personas, que se manifiesta en forma de traumatismos por siniestros viales y enfermedades respiratorias. La seguridad vehicular y la contaminación atmosférica son un asunto de salud de pública que debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos para proteger y garantizar la vida, salud y medio ambiente de los ciudadanos.
A Human Rights Approach to Benefit-Sharing from the Use of Digital Sequence Information
Alex Reep
This policy brief outlines a human rights-based approach to the design and implementation of the multilateral mechanism and Cali Fund for benefit-sharing from the use of digital sequence information on genetic resources. Drawing on research conducted in Indigenous, Afro-descendant, and farming territories in Colombia, it highlights the urgent need for a fair and inclusive benefit-sharing system that recognizes the rights and contributions of Indigenous people and local communities (IP&LCs). This brief outlines critical recommendations for decision-making and advocacy in the wake of the 2024 United Nations Biodiversity Conference in an effort to ensure fair compensation and reciprocity for IP&LCs while addressing structural inequalities.