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Publicación ¿A quiénes sancionar? Máximos responsables y participación determinante en la Jurisdicción Especial para la PazSabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez CarrilloEl deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva. Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados. Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo responsable y participación determinante. Su consecuencia práctica es que mientras el máximo responsable siempre debe ser seleccionado por su rol en el diseño, formulación y planeación de los planes o políticas de violencia organizada (PPVO), el partícipe determinante contribuye sustancial y efectivamente para que estos PPVO se ejecuten y su selección es optativa. Más que dar respuestas unívocas, esta propuesta busca contribuir al debate y ofrecer herramientas analíticas para orientar el trabajo de la JEP. En particular, apunta a asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad y en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.Publicación Academia y ciudadanía: Profesores universitarios cumpliendo y violando normasMauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Andrea Ramírez Pisco; Juan Camilo Cárdenas Campo¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas. En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula. Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.Publicación Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justiciaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaEste documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidadPublicación Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdoAna María Ramírez Mourraille; María Paula Ángel Arango ; Mauricio Albarracín Caballero; Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-PontLos mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano: Avances, retos y recomendacionesSilvia Ruiz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; Valentina Rozo ÁngelLos niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional. Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.Publicación Acoso sexual, universidades y futuros posibles. Enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las solucionesMaría Ximena Dávila Contreras; Nina Chaparro GonzálezEste libro ofrece una serie de reflexiones en torno a la relación entre universidades, género y violencias. Bajo el entendido de que el acoso sexual es una conducta que nos permite vislumbrar las estructuras que sostienen las violencias de género, el propósito de este libro es proponer una lectura alternativa que permita abrir discusiones políticas y conceptuales que permitan retar nuestro entendimiento sobre los daños de esta conducta, la forma en que las instituciones universitarias están enmarcadas en sistemas de poder y los caminos que pueden tomarse para universidades más justas para quienes las habitan a diario. Aunque este texto se vale de reflexiones teóricas sobre el acoso sexual y los espacios universitarios, nuestra principal ambición es prospectiva y práctica: de allí que este libro otorgue un lugar prevalente a los futuros posibles. A partir de las voces de profesoras y colectivas feministas, así como de revisión de fuentes primarias y secundarias, planteamos algunas reflexiones, vías y preguntas que pueden ser útiles para que las instituciones de educación superior y las autoridades estatales puedan construir mejores estrategias contra el acoso y la discriminación. En ese sentido, buscamos dilucidar algunos caminos que pueden tomar las universidades, así como las entidades públicas del sector de la educación, para construir espacios seguros, formar ciudadanos y ciudadanas que sean agentes de su vida sexual y promover relaciones e interacciones menos violentas y más centradas en el cuidado.Publicación Adicción punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Adiós río. La disputa por la tierra; el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de UrráCésar Rodríguez Garavito; Natalia Orduz SalinasLa historia de los 20 años de la represa de Urrá condensa los procesos medulares de la violencia y la disputa por la tierra y los recursos naturales en la Colombia contemporánea: el ascenso del paramilitarismo y su penetración en la política; el involucramiento de las FARC en el narcotráfico y en la lucha por controlar los lugares de cultivo y transporte; el desplazamiento forzado y la usurpación de la tierra; la complicidad de amplios sectores del empresariado rural con el despojo y la violencia; la carrera por los recursos naturales en un país que gira hacia una economía minero-energética; y el impacto trágico de todo lo anterior sobre los pueblos indígenas, cuyos territorios, cultura y vida misma penden hoy de un hilo por encontrarse en medio del fuego cruzado. Este libro cuenta esta historia desconocida. Basada en entrevistas, trabajo de campo y análisis minucioso de archivos, la crónica reconstruye las vidas (y las amenazas contra ellas) que se entrecruzan en el caso de Urrá. Y extrae las lecciones para los muchos casos similares que se multiplican hoy por todo el paíPublicación Aliviar el hacinamiento carcelario: Salvavidas en tiempos de COVIDAlejandro Corda; Gloria Rose Marie de Achá; Isabel Pereira-Arana; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol Arriagada; Jorge Paladines Rodríguez; Catalina Pérez Correa; Ricardo Soberón; Gianella Bardazano Gradin; Andrés Antillano; Coletta YoungersLa declaración global de la pandemia de la covid-19 a inicios de marzo agravó la crisis carcelaria que se vivía en las Américas desde hace décadas. De reformas necesarias, se pasó al punto crítico de exigir reformas urgentes para facilitar la descongestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. De esta manera, la covid-19 ha puesto al límite los sistemas penitenciarios, ya que desde el primer momento en que el virus entra a los centros de reclusión se puede esperar, bajo las condiciones actuales, que (i) la gran mayoría de la población probablemente resulte contagiada, (ii) que las personas privadas de la libertad con condiciones subyacentes de salud mueran a una tasa más alta que sus pares por fuera de la prisión y, por lo tanto, (iii) se podría hablar de una catástrofe humanitaria en las cárceles.Publicación Alternatividad penal para mujeres cabeza de familia La Ley 2292 de 2023: Un camino hacia la justicia de género en las políticas de drogas en ColombiaMujeres Libres; Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DejusticiaLa Ley 2292 de 2023 en Colombia representa un avance hacia la justicia de género en las políticas de drogas, al ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores o relacionados con drogas. Estas mujeres, muchas en condiciones de marginalidad y con responsabilidades de cuidado, pueden sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios públicos no remunerados. La ley se inspira en las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Política de Drogas y busca corregir la sobrerrepresentación femenina en las cárceles por delitos no violentos. A pesar de su potencial, la implementación ha sido limitada, con retos como la falta de apoyo estatal, definición ambigua de beneficiarias, y escasa articulación institucional. Se propone fortalecer políticas públicas integrales, eliminar antecedentes penales y garantizar participación activa de mujeres con experiencia vivida para asegurar una aplicación efectiva y justa.Publicación Ante la justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en ColombiaMiguel Emilio La Rota Uprimny; Sebastián Lalinde Ordóñez; Sandra Santa Mora; Rodrigo Uprimny YepesEste libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia realizado hasta hoy en Colombia. En las conclusiones, el libro repiensa las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas mejor a las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para redirigir los recursos a superar las falencias e insuficiencias más importantes. Para mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es necesario tener en cuenta cuatro asuntos: la magnitud y las características de las necesidades jurídicas, cuáles de estas se encuentran satisfechas o no, y los factores que facilitan o dificultan dicha satisfacción. Integramos varias investigaciones realizadas en Dejusticia en los últimos años. Primero, una encuesta, aplicada en las principales catorce ciudades del país, acerca de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población general, la población en extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad. Segundo, mostramos los resultados de una profundización cualitativa acerca de los conflictos y los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres, los afrocolombianos, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las personas LGTBI y de aquellos que viven en situación de pobreza. El análisis arroja un panorama que no es positivo. El sistema de justicia descrito en este libro no tramita la mayoría de necesidades jurídicas que sufren los colombianos. Pero, de manera más grave, contiene múltiples barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas de grupos desaventajados. En ocasiones, el sistema desconoce abierta y explícitamente la situación de vulnerabilidad de algunas personas.Publicación Argumentos y vías para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Personas MayoresIsabel Pereira-Arana; Julián Salamanca LatorreEl 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, Convención sobre Personas Mayores).La Convención, única en su tipo, parte del respeto que se le debe a los derechos humanos y la necesidad de su promoción y protección a partir de lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Parte del principio de que la búsqueda del ideal de un ser humano libre, exento de temor y miseria solo puede mantenerse en tanto se garanticen condiciones de vida que le permitan a cada persona disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, en particular por motivos de edad.Publicación Asesinatos a líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universoPatrick Ball; César Rodríguez Garavito; Valentina Rozo ÁngelEste análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta. Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados. La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes. Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017. El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales.Publicación Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos en Colombia: una estimación del universo - Actualización 2019 - 2023Valentina Rozo Ángel; Patrick BallEn 2018, Dejusticia y HRDAG publicamos nuestro primer informe donde estimamos el universo de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2016-2017. Además, mostramos que es posible usar un método estadístico conocido como “captura-recaptura” para estimar el subregistro en el universo de líderes sociales asesinados y que, además, la estimación era muy cercana al total documentado por las organizaciones en su conjunto. Un año después publicamos nuestro segundo informe, en el que actualizamos los datos a 2018. Cinco años después, actualizamos este ejercicio para incluir el periodo de 2019 a 2023, limitándonos a tres de las seis organizaciones originales. Aquí mostramos que, si bien ha habido una disminución en el asesinato a líderes sociales desde el 2020, los niveles actuales son superiores a los del 2016 y 2017. También, evidenciamos que las organizaciones en su conjunto siguen acercándose al universo, pero en estos años se presentan los niveles más altos de subregistro. De todas formas, se observa una tendencia a la disminución.Publicación Bancada de mujeres del Congreso: una historia por contarDiana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaDurante el periodo legislativo 2006-2010 se conformó en el Congreso de la República de Colombia la Bancada de Mujeres. En esta confluyeron todas las congresistas, con el propósito común de trabajar por los derechos de las mujeres. A pesar de su potencial para promover proyectos legislativos relacionados con dichos derechos y de los logros que ha tenido, la bancada ha sido poco estudiada y su trabajo poco documentado. Este texto tiene como propósito darle visibilidad a dicho proceso, a partir de la reconstrucción de su historia, retos y logros. En este sentido, aquí se identifican los antecedentes, las gestoras(es) claves y el funcionamiento de la Bancada de Mujeres desde el año 2006 hasta el 2011. A su vez, se destacan los principales logros y obstáculos de esta alianza a lo largo de estos años con el fin de sugerir algunas vías para fortalecer este ejercicio de acción colectiva. El documento pretende entonces ser una herramienta útil no solo para el fortalecimiento de la Bancada de Mujeres en el Congreso, sino también para el debate en torno a la participación política de las mujeres en la democracia colombiana.Publicación ¿Barreras insuperables? Un análisis de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierrasAarón Alfredo Acosta; Nelson Camilo Sánchez LeónLejos de cumplir con sus promesas de ser distinto, y de ofrecer más acceso a justicia para las víctimas, el sistema de restitución de tierras ha negado la mayoría de las solicitudes (el 65%) en la etapa administrativa del proceso. Además, los solicitantes cuyas solicitudes han sido negadas no tienen un recurso efectivo para controvertir las negaciones. A la fecha, las razones que explican esta alta tasa de negaciones eluden tanto a los expertos como a los académicos, debido a que no existe información que explique los motivos de las decisiones negativas. Aunque la extensión de la política de restitución por 10 años ofrece una oportunidad para corregir el camino, la simple extensión, sin revisar los graves problemas de los cuales han caracterizado el proceso, solo terminaría siendo una repetición de los primeros 10 años. Con el ánimo de prevenir este resultado y contribuir al goce efectivo de los derechos de las víctimas a restitución, en este documento de política pretendemos hacer dos cosas: destacar algunos de los grandes y serios problemas que han sido parte de la implementación de la política de restitución de tierras; y proponer un conjunto de recomendaciones a varias entidades implementadoras para abordar esta problemática. Específicamente, sostenemos que es necesario revisar las decisiones negativas tomadas por la URT para asegurar que los derechos de las víctimas no han sido vulnerados.Publicación Boletín mercado inflado #01Randy Villalba ArangoSegún los últimos datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), aunque la inflación en 2023 cayó (del 13 % en 2022 al 9 % en 2023 y en alimentos del 18 al 5 %), aún sigue siendo positiva. Es decir que los precios no han bajado, solo están subiendo a un ritmo menor. Pero este no es un informe sobre percentiles o índices de precios. Es un documento vivo, que busca seguirles la pista a los problemas para acceder a una alimentación real, en términos físicos y económicos, y acorde con nuestra identidad cultural. De esta manera, en este boletín Dejusticia pone en evidencia la falta de acciones para controlar la subida de precios de los alimentos, además de presentar un análisis con datos e historias que demuestran la necesidad de impulsar medidas de salud pública que garanticen el derecho a la alimentación.Publicación Boletín mercado inflado #02Randy Villalba ArangoA pesar de que, a octubre de 2024, la inflación ha mermado un poco, en general los precios de los alimentos no han disminuido; tan solo están aumentando a un ritmo más lento. El alza en el costo del mercado está obligando a muchos hogares a renunciar a la compra de alimentos que antes si podían adquirir. Si los precios de los alimentos naturales continúan en aumento, también lo harán los niveles de hambre y malnutrición. Por lo tanto, es crucial entender qué medidas y opciones existen para alimentarse adecuadamente con un presupuesto limitado. Este boletín se dedica a hacerles un seguimiento trimestral a los precios de los alimentos desde la perspectiva humana de aquellas familias que todos los días se enfrentan a decisiones difíciles sobre qué debe entrar o salir de su canasta de mercado.Publicación Boletín mercado inflado #03Randy Villalba ArangoEl boletín analiza la persistente alza en los precios de alimentos en Colombia, a pesar de una leve reducción en la inflación general en 2024. Aunque los alimentos naturales han sido los más afectados por la inflación, los productos ultraprocesados siguen siendo más accesibles, lo que favorece su consumo en detrimento de la salud pública. Para enfrentar esta situación, se implementó el "impuesto saludable" en noviembre de 2023, con el fin de encarecer productos ultraprocesados y reducir su consumo. Aunque ha logrado aumentar los precios de algunos productos, como dulces y bebidas azucaradas, otros ultraprocesados no se han visto tan afectados. Además, alimentos saludables como el agua mineral también han subido de precio, dificultando su acceso como alternativa. El boletín también recoge testimonios de familias que enfrentan dificultades para mantener una alimentación adecuada, especialmente durante celebraciones como Navidad. Se propone crear una Canasta Básica Saludable y Territorial que refleje la diversidad cultural y nutricional del país. El documento concluye que la garantía del derecho a la alimentación requiere políticas más integrales que solo impuestos, incluyendo subsidios y una reforma a la política fiscal.Publicación Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las AméricasMagdalena Albar Diaz; Juan Auz; Juan Bautista López; Camila Bustos; Juan Martín Carballo; Valentina Castillo Barnetche; Gastón Médici-Colombo; Ananda María Lavayen; Adrián Martínez; Claudia Pineda; Joyce TanEste informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados. El informe, desde una perspectiva de derechos humanos, ahonda en: los Impactos del cambio climático, las consideraciones que deben tener medidas de respuesta para enfrentar al cambio climático, las afectaciones diferenciales a grupos vulnerables, las obligaciones de los Estados y responsabilidades de actores no-estatales en el contexto del cambio climático y los derechos humanos. Finalmente, concluye con recomendaciones para la protección de los derechos humanos de cara al cambio climático entre las que se incluyen, entre otras: el abordaje de las causas estructurales de la vulnerabilidad a los impactos climáticos (como la pobreza, la desigualdad, y la discriminación), y el garantizar que las medidas de respuesta y los esfuerzos para abordar el cambio climático no exacerben desigualdades, garantizando transparencia y acceso a la información, así como participación pública, amplia y significativa. El informe fue presentado ante la CIDH en septiembre de 2019 haciendo énfasis en el llamado a los Estados a tomar acciones que pongan fin a la crisis climática y a promover modelos de transición energética que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los más vulnerables asegurando su participación efectiva y su no discriminación.