Derecho en breve

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    El etiquetado frontal de advertencia de productos comestibles ultra procesados desde una mirada del derecho internacional económico
    Johnattan García Ruiz
    El etiquetado frontal de advertencia (EFA), que advierte sobre el contenido en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, es compatible con la regulación internacional en materia de libre comercio y protección de inversiones. En este documento, explicamos por qué el EFA se ajusta a los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como a los acuerdos de comercio preferencial. Además, se examina la medida a la luz de las normas técnicas sobre alimentación compiladas por la Comisión del Codex Alimentarius y se explica por qué el EFA también es compatible con tratados de protección de inversiones. Descripción tomada y adaptada de esta publicación.
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    Decision T-543 of 2017 Executive Summary
    Diana Guarnizo Peralta
    The Constitutional Court held that the Superintendency of Industry and Commerce censored the organization Educar Consumidores, and it cautioned the Superintendency that henceforth it could not exercise prior control over informational contents. The Court also decided that consumers have the right to receive information about the risks that sugary drinks pose to our health.
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    Traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la COVID-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual.
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Reconocer los esfuerzos de la cooperación científica internacional, la aguda investigación y el apoyo financiero de los Estados que han permitido el desarrollo de varias vacunas seguras y eficaces contra la Covid-19 en un tiempo récord es de vital importancia. Con el desarrollo que ha tenido la pandemia ocasionada por dicho virus, se espera que una vacuna —elaborada teniendo en cuenta la importancia de no comprometer la seguridad de ninguna persona en el mundo, y siguiendo los protocolos y directrices internacionales aceptadas por las respectivas autoridades sanitarias—, sea una forma de mitigar los efectos negativos que ha traído esta en la sociedad. Este documento presenta una traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la covid-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual elaborada por Dejusticia con el fin de difundir un documento, considerado de relevancia pública, que contribuye a informar y educar sobre un tema coyuntural. Además, permite llamar la atención a los Estados, quienes deben ser conscientes de la obligación que tienen para cooperar en la adquisición de las vacunas y el acceso a estas por parte de todas las personas del mundo.
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a personas adictas a las drogas
    Legal Agenda
    Desde que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y drogadicción ha evolucionado y traído diferentes investigaciones encaminadas al entendimiento de los problemas con los que viven las personas cuyo consumo de drogas es problemático, ya no se ve a una persona adicta como criminal, cuyo único fin es ser judicializada y castigada, sino como alguien marginalizado que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de dichas sustancias. En este texto se se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje de la addición a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. Por último, en estas páginas se exploran los modelos de acción judicial que permiten defender a las personas adictas estipulados en la Ley de Drogas, que busca aproximarse a las personas cuyo consumo es problemático desde la educación y el camino del tratamiento.
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    Informe de actor interesado. Examen Periódico Universal 44° periodo de sesiones - Colombia
    Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
    Este informe pretende generar dudas y planteamientos acerca de la protección de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, la intimidad, la protección de datos personales, el cierre de espacios de la sociedad civil y el derecho a la protesta y los derechos de la población migrante y refugiada venezolana. A través de 52 apartados con información sobre distintos casos en los que se muestra el uso desmedido de la fuerza pública sobre los emigrantes y los protestantes, la realidad de la violencia digital sobre las mujeres por cuestiones de género, las existentes barreras de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, la dificultad del acceso al trabajo y permanencia en el mercado laboral por parte de la población migrante; y otras líneas de la no protección de los derechos humanos, Dejusticia, la Fundación Karisma y Privacy International exponen estos casos de violencia y de discriminación, para proponer, al final, una lista de recomendaciones al Estado colombiano con respecto a los casos anteriores.
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    Argumentos y vías para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores
    Isabel Pereira-Arana; Julián Salamanca Latorre
    El 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, Convención sobre Personas Mayores).La Convención, única en su tipo, parte del respeto que se le debe a los derechos humanos y la necesidad de su promoción y protección a partir de lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Parte del principio de que la búsqueda del ideal de un ser humano libre, exento de temor y miseria solo puede mantenerse en tanto se garanticen condiciones de vida que le permitan a cada persona disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, en particular por motivos de edad.
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    Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 (Traducción no oficial)
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Presentamos una Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que los Estados adopten medidas contra la Covid-19 basadas en los derechos humanos. Se espera que una vacuna segura y efectiva reduzca los riesgos que la COVID-19 plantea para la salud y la vida, permitiendo, al mismo tiempo, el levantamiento progresivo de algunas de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del virus. También ayudará a recuperarse de los graves efectos negativos que estas medidas han tenido en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas y marginadas. Si bien esta declaración se refiere esencialmente al acceso equitativo y universal a las vacunas para COVID-19, el Comité considera que sus principales consideraciones son pertinentes, con los cambios necesarios, en relación con las obligaciones de los Estados de garantizar también el acceso universal y equitativo al tratamiento para la COVID-19. Esta traducción fue elaborada por Dejusticia con el fin de contribuir a la difusión de un documento que consideramos de relevancia pública. No es una traducción oficial de Naciones Unidas. Todos los errores son nuestros.
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    Resumen Ejecutivo Sentencia T-543
    Diana Guarnizo Peralta
    La Corte Constitucional resolvió que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) censuró a la organización Educar Consumidores y le advirtió que en adelante no podrá hacer control previo de contenidos informativos. En agosto de 2016, Educar Consumidores, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la implementación de políticas saludables en el país, lanzó un comercial televisado y emitido también en varias emisoras radiales, en el cual se mostraba la cantidad de azúcar de varias bebidas azucaradas. El comercial fue demandado por Postobón S.A., una compañía de bebidas azucaradas colombiana, por supuesta “publicidad engañosa”. En decisión del 7 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad colombiana encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, emitió la Resolución 59.176 ordenando a Educar retirar el comercial de todos los medios en los que circulaba, incluyendo internet. Además, le ordenó “remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas […] antes de su emisión para que se lleve un control preventivo sobre la información”.
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    Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuro
    Paula Aguirre Ospina; Adriana Muro Polo; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
    Desde Elementa y Dejusticia celebramos la oportunidad de presentar insumos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y consideramos que es fundamental que se prioricen cinco temas de importancia para la garantía de derechos. El contexto actual presenta oportunidades de avanzar hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social que le apueste a un cambio de estrategias, consolidando una aproximación que permita diagnosticar los daños causados por la política prohibicionista e identificar a las poblaciones directamente afectadas por su implementación para poder repararlas, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).
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    Stakeholder Submission. Universal Periodic Review 44th Session - Colombia
    Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
    This report aims to generate doubts and raise questions about the protection of the rights to freedom of expression and opinion, privacy, personal data protection, the closing of spaces for civil society, and the right to protest, as well as the rights of the Venezuelan migrant and refugee population. Through 52 sections containing information about various cases that demonstrate the excessive use of public force against migrants and protesters, the reality of digital violence against women due to gender-related issues, the existing barriers to access to education for migrant girls, boys, and adolescents, the difficulties in accessing and remaining in the labor market for migrant populations, and other aspects of the lack of human rights protection, Dejusticia, the Karisma Foundation, and Privacy International expose these cases of violence and discrimination. In the end, they propose a list of recommendations to the Colombian government regarding the aforementioned cases