Derecho en breve

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Argumentos y vías para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores
Isabel Pereira-Arana; Julián Salamanca Latorre
El 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, Convención sobre Personas Mayores).La Convención, única en su tipo, parte del respeto que se le debe a los derechos humanos y la necesidad de su promoción y protección a partir de lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Parte del principio de que la búsqueda del ideal de un ser humano libre, exento de temor y miseria solo puede mantenerse en tanto se garanticen condiciones de vida que le permitan a cada persona disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, en particular por motivos de edad.
Caso 260 de 2013 Sentencia no. 260/2013
3ª Sala Penal del Tribunal de Casación
En el Líbano el principio de "tratamiento en lugar de judicialización" quedó inactivo por más de quince años, luego de que la Ley de Drogas fuera aprobada en el año 1998, pero no se activaran sus mecanismos. La lógica punitiva se mantuvo en el trabajo de judicialización de los delitos asociados a la drogadicción, y logró sobrepasar los textos legales incluso después de que el Comité para la Drogadicción fuera aprobado a principios del 2013. Este texto explora los resultados del esfuerzo que la organización Skoun llevó a cabo a partir de una iniciativa de litigio estratégico para que después de tantos años se reconociera el principio de "tratamiento en lugar de judicialización" estipulado en la Ley de Drogas. El tribunal donde se pudo llegar a esta decisión citó el principio de que las "leyes existen para ser cumplidas, no ignoradas", además, consideró la defensa procedimental que constituye el que un usuario de drogas solicite someterse a un tratamiento por adicción. Después de esta decisión, más tribunales se sumaron al uso del "tratamiento en lugar de judicialización" como mecanismo de judicialización, creando un efectó dominó que lleva a este principio a tener presedencia sobre la lógica punitiva que se había mantenido, sin embargo, aún quedan muchos esfuerzos de los abogados y jueces por hacer para volverlo un principio general y de implemetación automática.
Contar la verdad. Estadística en la develación de patrones de violencia
Alejandro Jiménez Ospina; Valentina Rozo Ángel; Daniel Ospina-Celis; Michael Monclou Chaparro; Lucía Camacho Gutiérrez; Juan Carlos Upegui Mejía
Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las bases de datos de estas violaciones tienen dos tipos de vacíos de información: campos faltantes y registros faltantes. La estadística contribuye a la superación de estos vacíos, reconociendo la incertidumbre. Entonces, por medio del uso de métodos estadísticos se puede estimar la magnitud de la violencia dentro de un rango posible. En este documento explicamos cómo la estadística contribuye a garantizar el derecho a la verdad, especialmente en su dimensión colectiva. También, cómo gracias a las estimaciones es posible servir al esclarecimiento del pasado atroz con un impacto en las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la verdad.
Cuando los familiares de los desaparecidos llevan su caso a las cortes
Nizar Saghieh
Este documento traduce la decisión de la 3a Sala Penal del Tribunal de Casación en el Líbano, compuesta por la presidenta, Souheir Haraki, y los jueces auxiales, Ghassan Fawaz y Nahida Khaddaj, sobre el caso No. 293/2013 en el cual el representado por el abogado Nizar Saghieh, presentó un recurso de casación contra la fiscalía para impugnar la Sentencia 75/2013 emitida el 8 de mayo de 2013 por la 8a Sala del Tribunal de Delitos Menores de Beirut. En el texto se exponen las decisiones tomadas por la Sala Penal en términos procedimentales y del mérito, que permiten compreder el estado del caso. Además, se evidencia lo ocurrido en la etapa de precasación y poscasación, y permite entender la conclusión del retorno de los documentos a su fuente.
Decision T-543 of 2017 Executive Summary
Diana Guarnizo Peralta
The Constitutional Court held that the Superintendency of Industry and Commerce censored the organization Educar Consumidores, and it cautioned the Superintendency that henceforth it could not exercise prior control over informational contents. The Court also decided that consumers have the right to receive information about the risks that sugary drinks pose to our health.
Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud con respecto a la adopción del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas para hacer frente a las enfermedades no transmisibles (Traducción no oficial)
Relator Especial de las Naciones Unidas
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son un gran desafío de este siglo, que tiene sus raíces en el sobrepeso, la obesidad y las dietas malsanas. Como parte de sus deberes en materia de derecho a la salud, los Estados deben afrontar los factores de riesgo prevenibles de las ENT relacionadas con el régimen alimentario y promover marcos en los que la industria de alimentos y bebidas transmita información precisa, fácilmente comprensible, transparente e inteligible sobre sus productos. A este respecto, las normas de etiquetado frontal de advertencia son muy necesarias. Descripción tomada de esta publicación.
Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 (Traducción no oficial)
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Presentamos una Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que los Estados adopten medidas contra la Covid-19 basadas en los derechos humanos. Se espera que una vacuna segura y efectiva reduzca los riesgos que la COVID-19 plantea para la salud y la vida, permitiendo, al mismo tiempo, el levantamiento progresivo de algunas de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del virus. También ayudará a recuperarse de los graves efectos negativos que estas medidas han tenido en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas y marginadas. Si bien esta declaración se refiere esencialmente al acceso equitativo y universal a las vacunas para COVID-19, el Comité considera que sus principales consideraciones son pertinentes, con los cambios necesarios, en relación con las obligaciones de los Estados de garantizar también el acceso universal y equitativo al tratamiento para la COVID-19. Esta traducción fue elaborada por Dejusticia con el fin de contribuir a la difusión de un documento que consideramos de relevancia pública. No es una traducción oficial de Naciones Unidas. Todos los errores son nuestros.
Desafíos en la aplicación de fotomultas: equilibrando responsabilidad objetiva y sanción individual
Jorge Iván Rincón Córdoba; María Gabriela Vargas Parada; Isabel Cristina Annear Camero; Diana Guarnizo Peralta
La siniestralidad vial constituye una preocupación global que anualmente resulta en la pérdida de aproximadamente 1.19 millones de vidas y numerosas lesiones graves. En Colombia, entre enero y noviembre de 2023, se reportaron 7,576 víctimas fatales en siniestros viales. El exceso de velocidad se destaca como uno de los principales factores de riesgo tanto en Colombia como globalmente, implicado en cerca del 40% de los accidentes mortales, según la Organización Mundial de la Salud. Este factor subraya la urgencia de políticas más estrictas y campañas efectivas de concienciación para mejorar la seguridad vial. Las fotomultas emergen como una herramienta complementaria, pero crucial, dentro del marco legal para gestionar el tráfico y mejorar la seguridad vial. Para que las fotomultas se conviertan en un verdadero instrumento de cambio en la seguridad vial y la salud pública, es esencial no solo aplicar la sanción, sino también cultivar entre los ciudadanos una conciencia sobre el uso responsable de las carreteras. Este documento busca aportar al debate sobre la efectividad de las fotomultas brindando elementos, a través de un enfoque que integre tecnología, legislación, educación y evaluación continua, que permitan avanzar tanto en el análisis legal sobre la imputación legal de la sanción, como en la correcta implementación de las sanciones. Además presenta un análisis riguroso que pueda servir de base para un debate informado y la mejora de las políticas de seguridad vial en el contexto colombiano.
Descriminalizar para proteger. Modelos alternativos de regulación del aborto: Despenalización total y regulación sanitaria en Canadá, Australia y Nueva York
María Ximena Dávila Contreras ; María Clara Zea Gallego; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Nina Chaparro González
Hoy existen en el derecho comparado varios modelos de regulación del aborto, los cuales transitan en un espectro de mayor o menor uso del derecho penal o en la exigencia de requisitos necesarios para acceder al servicio. De un lado, encontramos aquellos modelos más cercanos al uso intensivo del derecho penal que criminalizan a la mujer y a quienes prestan el servicio del aborto. Y, de otro lado, están aquellos que reducen el uso del derecho penal, ya sea por medio de causales -en donde es permitido el aborto en ciertas circunstancias generalmente extremas- o de plazos -en donde las mujeres pueden acceder al aborto sin requisitos los primeros meses de gestación-. En este texto presentamos una nueva alternativa que se desprende por completo del derecho penal y regula el aborto únicamente a través de leyes sanitarias. A este modelo le llamamos despenalización total y regulación sanitaria. Nuestro objetivo es mostrar que la despenalización total, entendida como la eliminación del delito de aborto de los códigos penales, es posible y puede coexistir con una regulación basada en la salud pública, orientada a garantizar el acceso a los servicios de aborto. Para esto, presentaremos tres casos de estudio de países y estados federales que han regulado el aborto exclusivamente mediante leyes sanitarias y, por lo tanto, han prescindido de cualquier tipo de criminalización en contra de mujeres o profesionales de la salud que accedan o practiquen un aborto, respectivamente. Los tres lugares que estudiamos en este texto son: i) Canadá, que despenalizó el aborto en 1988 mediante la decisión R. vs. Morgentaler; ii) El Territorio Capital de Australia (TCA), en Australia, que eliminó el delito de aborto del Código Penal mediante una enmienda legal en 2002; y iii) El Estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde se eliminó el delito de los códigos federales mediante el Reproductive Health Act de 2019.
El efecto dominó en los casos de drogadicción: el principio de “tratamiento en lugar de judicialización” avanza en los juzgados luego de una decisión histórica de casación
Karim Nammour
Este artículo discute los distintos caminos que se tomaron en el transcurso del litigio estratégico que apuntaba a consagrar el derecho de los familiares de las personas desaparecidas durante la guerra civil en el Líbano a saber qué pasó con ellas, o como se denominó, "el derecho a saber". Además, aborda los motivos por los que utilizar el litigio estratégico permite trasladar efectivamente un tema de la arena política a la judicial; los criterios que utiliza y las cosideraciones hechas en la selección de los casos, y los métodos de trabajo. Finalmente, el artículo plantea las herramientas que se deben tener en cuenta para estar preparado para abordar las acciones de la corte en los medios, y combatir cualquier reincidencia judicial al respecto o cualquier intervención de los poderes políticos que pretenda reorientar la corte o prevenir la implementación de sus fallos.
El etiquetado frontal de advertencia de productos comestibles ultra procesados desde una mirada del derecho internacional económico
Johnattan García Ruiz
El etiquetado frontal de advertencia (EFA), que advierte sobre el contenido en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, es compatible con la regulación internacional en materia de libre comercio y protección de inversiones. En este documento, explicamos por qué el EFA se ajusta a los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como a los acuerdos de comercio preferencial. Además, se examina la medida a la luz de las normas técnicas sobre alimentación compiladas por la Comisión del Codex Alimentarius y se explica por qué el EFA también es compatible con tratados de protección de inversiones. Descripción tomada y adaptada de esta publicación.
Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuro
Paula Aguirre Ospina; Adriana Muro Polo; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
Desde Elementa y Dejusticia celebramos la oportunidad de presentar insumos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y consideramos que es fundamental que se prioricen cinco temas de importancia para la garantía de derechos. El contexto actual presenta oportunidades de avanzar hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social que le apueste a un cambio de estrategias, consolidando una aproximación que permita diagnosticar los daños causados por la política prohibicionista e identificar a las poblaciones directamente afectadas por su implementación para poder repararlas, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).
Informe de actor interesado. Examen Periódico Universal 44° periodo de sesiones - Colombia
Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
Este informe pretende generar dudas y planteamientos acerca de la protección de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, la intimidad, la protección de datos personales, el cierre de espacios de la sociedad civil y el derecho a la protesta y los derechos de la población migrante y refugiada venezolana. A través de 52 apartados con información sobre distintos casos en los que se muestra el uso desmedido de la fuerza pública sobre los emigrantes y los protestantes, la realidad de la violencia digital sobre las mujeres por cuestiones de género, las existentes barreras de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, la dificultad del acceso al trabajo y permanencia en el mercado laboral por parte de la población migrante; y otras líneas de la no protección de los derechos humanos, Dejusticia, la Fundación Karisma y Privacy International exponen estos casos de violencia y de discriminación, para proponer, al final, una lista de recomendaciones al Estado colombiano con respecto a los casos anteriores.
Introducción al modelo de acción judicial para defender a personas adictas a las drogas
Legal Agenda
Desde que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y drogadicción ha evolucionado y traído diferentes investigaciones encaminadas al entendimiento de los problemas con los que viven las personas cuyo consumo de drogas es problemático, ya no se ve a una persona adicta como criminal, cuyo único fin es ser judicializada y castigada, sino como alguien marginalizado que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de dichas sustancias. En este texto se se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje de la addición a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. Por último, en estas páginas se exploran los modelos de acción judicial que permiten defender a las personas adictas estipulados en la Ley de Drogas, que busca aproximarse a las personas cuyo consumo es problemático desde la educación y el camino del tratamiento.
Introducción al modelo de acción judicial para defender a refugiados en casos de deportación y detención arbitraria
Legal Agenda
En el Líbano existen una serie de prácticas que violan los derechos humanos más básicos. Una de estas prácticas es la falta de garantías que existe en el sistema legal para la protección de los refugiados o las personas que solicitan asilo. Los refugiados carecen de un marco legal que garantice su derecho a la protección, y pueden llegar a ser arrestados y juzgados por entrar de manera clandestina al territorio libanés. En este artículo se exponen los fracasos de los intentos por resolver el asunto de la falta de protección a los refugiados a través de procesos administrativos de parte de la Seguridad General del Ministerio del Interior y la Fiscalía Pública de Casación, frente a las estrategias que debieron buscar los abogados y activistas para detener una transgresión doble. Así, se exponen dos modelos de defensa desarrollados: el primero para defender a los refugiados procesados por la entrada clandestina para evitar su deportación, y el segundo para obligar al Estado a que libere a los refugiados detenidos de manera arbitraria después de que se finalicen sus respectivas sentencias.
La búsqueda y la participación en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada: la perspectiva actual en Colombia y El Salvador
Ana Srovin Coralli; Heli Jeremías Hernández; Alejandro Jiménez Ospina; Lisa Ott
En este artículo realizamos un análisis sistemático de la normativa sobre búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en El Salvador y Colombia y sobre la participación de las víctimas en estos procesos. Al estudiar ambos cuerpos normativos, en consonancia con los instrumentos de derecho internacional aplicables y los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU, encontramos diferencias tanto en la consagración de los derechos a la búsqueda y a la participación como en su contenidos y alcances. En dos contextos distintos, uno de hiperinflación normativa (Colombia) y otro de ausencia de regulación explícita (El Salvador), la consecuencia parece seguir siendo la misma – las víctimas siguen esperando que se busque a sus seres queridos.
La publicidad de alimentos y bebidas ultraprocesados para niños en América Latina: responsabilidades empresariales y deberes de los Estados
Diana Guarnizo Peralta
Se ha demostrado que la exposición a la promoción de productos y bebidas ultraprocesadas es perjudicial para la salud de los niños. Este artículo explora este tema desde la perspectiva de las empresas y los derechos humanos, con el propósito de comprender las responsabilidades de las empresas y los deberes de los Estados respecto a la promoción deliberada de productos ultraprocesados para niños. Para ello, este artículo se refiere a los tres pilares de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como al derecho internacional de los derechos humanos. Su análisis se centra no solo en el contenido normativo de las obligaciones, responsabilidades y derechos bajo el derecho internacional, sino también en su implementación y en los desafíos actuales en el contexto latinoamericano.
Marco legal del impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia
César Rodríguez Garavito; Diana Guarnizo Peralta; Valentina Rozo Ángel
La OMS y la OPS han expedido normas claras recomendando la implementación de políticas fiscales como una estrategia efectiva en la reducción de la obesidad. En el plano nacional, la Ley de Obesidad y diversos documentos de política pública ratifican el deber y compromiso del Estado colombiano de reducir la obesidad y promover una alimentación saludable.
Resumen Ejecutivo Sentencia T-543
Diana Guarnizo Peralta
La Corte Constitucional resolvió que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) censuró a la organización Educar Consumidores y le advirtió que en adelante no podrá hacer control previo de contenidos informativos. En agosto de 2016, Educar Consumidores, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la implementación de políticas saludables en el país, lanzó un comercial televisado y emitido también en varias emisoras radiales, en el cual se mostraba la cantidad de azúcar de varias bebidas azucaradas. El comercial fue demandado por Postobón S.A., una compañía de bebidas azucaradas colombiana, por supuesta “publicidad engañosa”. En decisión del 7 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad colombiana encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, emitió la Resolución 59.176 ordenando a Educar retirar el comercial de todos los medios en los que circulaba, incluyendo internet. Además, le ordenó “remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas […] antes de su emisión para que se lleve un control preventivo sobre la información”.
Stakeholder Submission. Universal Periodic Review 44th Session - Colombia
Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
This report aims to generate doubts and raise questions about the protection of the rights to freedom of expression and opinion, privacy, personal data protection, the closing of spaces for civil society, and the right to protest, as well as the rights of the Venezuelan migrant and refugee population. Through 52 sections containing information about various cases that demonstrate the excessive use of public force against migrants and protesters, the reality of digital violence against women due to gender-related issues, the existing barriers to access to education for migrant girls, boys, and adolescents, the difficulties in accessing and remaining in the labor market for migrant populations, and other aspects of the lack of human rights protection, Dejusticia, the Karisma Foundation, and Privacy International expose these cases of violence and discrimination. In the end, they propose a list of recommendations to the Colombian government regarding the aforementioned cases