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    Rights-Based Alternatives to Incarceration for Women Lessons from Colombia’s Public Utility Law and the International Guidelines on Human Rights and Drug Policy
    Claudia Cardona; Julie Hannah; Isabel Pereira-Arana; Rebecca Schleifer
    Women’s incarceration in Colombia is deeply linked to the disproportionate enforcement of drug laws and to the gendered inequalities women face in contexts of poverty and caretaking responsibilities. A novel law introduced in 2023 addresses these issues and allows certain women heads of household living in conditions of marginality to exchange prison for public service in freedom. Law 2292, the Public Utility Law, is an expression of the International Guidelines on Human Rights and Drug Policy, and of normative shifts in Colombia around criminal policy and drug control. This paper documents how Mujeres Libres, the Center for Law, Justice and Society (Dejusticia), and the International Centre for Human Rights and Drug Policy, based at the University of Essex, came together to use the Guidelines as a shared advocacy and technical framework to strengthen the implementation of Law 2292. Aimed at policymakers, judges, public defenders, and civil society in Latin America and beyond, this paper offers a practical account of our implementation efforts: how our partnership formed, how we engaged strategic actors and identified key pathways of change, what tools we produced, what results we are beginning to see, and what should happen next.
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    Alternativas al encarcelamiento de mujeres desde un enfoque de derechos Enseñanzas de la Ley de Utilidad Pública de Colombia y de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas
    Claudia Cardona; Julie Hannah; Isabel Pereira-Arana; Rebecca Schleifer
    El encarcelamiento de las mujeres en Colombia está profundamente vinculado a la aplicación desproporcionada de las leyes sobre drogas y a las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en contextos de pobreza y responsabilidades de cuidado. Una nueva ley introducida en 2023 aborda estas cuestiones y permite a determinadas mujeres cabezas de familia que viven en condiciones de marginación cambiar la prisión por servicios sociales en libertad. La Ley 2292, la Ley de Utilidad Pública, es una expresión de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, y de los cambios normativos en Colombia en torno a la política criminal y el control de drogas. Este documento expone cómo Mujeres Libres, el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro Internacional para los Derechos Humanos y las Políticas de Drogas, con sede en la Universidad de Essex, se unieron para utilizar las Directrices como marco técnico y de promoción común para reforzar la aplicación de la Ley 2292. Dirigido a tomadores de decisiones, jueces, defensores públicos y la sociedad civil de América Latina y otros lugares, este documento ofrece un relato práctico de nuestros esfuerzos de implementación: cómo se formó nuestra asociación, cómo involucramos a actores estratégicos e identificamos vías clave de cambio, qué herramientas produjimos, qué resultados estamos empezando a ver y qué debería suceder a continuación.
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    Alternative sentencing for female heads of household Law 2292 of 2023: A path toward gender justice in drug policy in Colombia
    Mujeres Libres; International Centre for Human Rights and Drug Policy at the University of Essex; Center of Study on Law, Justice and Society - Dejusticia.
    Law 2292 of 2023 introduces an innovative sentencing alternative in Colombia for female heads of household, particularly those involved in drug-related crimes due to socioeconomic vulnerability. Instead of incarceration, eligible women can serve their sentences through unpaid community service. This approach recognizes caregiving roles and aligns with international human rights and drug policy guidelines. It addresses structural inequalities, aiming to prevent incarceration and facilitate reintegration. However, the law’s implementation faces several challenges: limited outreach, inconsistent eligibility criteria, and a lack of employment transition policies. Only a small fraction of eligible women have benefited so far. The document calls for reforms such as expunging criminal records, involving trial judges early in sentencing, and enabling active participation of women with lived experience in monitoring the law. This model aspires to shift from punitive to restorative justice, offering a blueprint for other nations grappling with the incarceration crisis among women.
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    Alternatividad penal para mujeres cabeza de familia La Ley 2292 de 2023: Un camino hacia la justicia de género en las políticas de drogas en Colombia
    Mujeres Libres; Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
    La Ley 2292 de 2023 en Colombia representa un avance hacia la justicia de género en las políticas de drogas, al ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores o relacionados con drogas. Estas mujeres, muchas en condiciones de marginalidad y con responsabilidades de cuidado, pueden sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios públicos no remunerados. La ley se inspira en las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Política de Drogas y busca corregir la sobrerrepresentación femenina en las cárceles por delitos no violentos. A pesar de su potencial, la implementación ha sido limitada, con retos como la falta de apoyo estatal, definición ambigua de beneficiarias, y escasa articulación institucional. Se propone fortalecer políticas públicas integrales, eliminar antecedentes penales y garantizar participación activa de mujeres con experiencia vivida para asegurar una aplicación efectiva y justa.
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    Argumentos y vías para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores
    Isabel Pereira-Arana; Julián Salamanca Latorre
    El 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, Convención sobre Personas Mayores).La Convención, única en su tipo, parte del respeto que se le debe a los derechos humanos y la necesidad de su promoción y protección a partir de lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Parte del principio de que la búsqueda del ideal de un ser humano libre, exento de temor y miseria solo puede mantenerse en tanto se garanticen condiciones de vida que le permitan a cada persona disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, en particular por motivos de edad.
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    Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 (Traducción no oficial)
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Presentamos una Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que los Estados adopten medidas contra la Covid-19 basadas en los derechos humanos. Se espera que una vacuna segura y efectiva reduzca los riesgos que la COVID-19 plantea para la salud y la vida, permitiendo, al mismo tiempo, el levantamiento progresivo de algunas de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del virus. También ayudará a recuperarse de los graves efectos negativos que estas medidas han tenido en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas y marginadas. Si bien esta declaración se refiere esencialmente al acceso equitativo y universal a las vacunas para COVID-19, el Comité considera que sus principales consideraciones son pertinentes, con los cambios necesarios, en relación con las obligaciones de los Estados de garantizar también el acceso universal y equitativo al tratamiento para la COVID-19. Esta traducción fue elaborada por Dejusticia con el fin de contribuir a la difusión de un documento que consideramos de relevancia pública. No es una traducción oficial de Naciones Unidas. Todos los errores son nuestros.
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    Informe de actor interesado. Examen Periódico Universal 44° periodo de sesiones - Colombia
    Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
    Este informe pretende generar dudas y planteamientos acerca de la protección de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, la intimidad, la protección de datos personales, el cierre de espacios de la sociedad civil y el derecho a la protesta y los derechos de la población migrante y refugiada venezolana. A través de 52 apartados con información sobre distintos casos en los que se muestra el uso desmedido de la fuerza pública sobre los emigrantes y los protestantes, la realidad de la violencia digital sobre las mujeres por cuestiones de género, las existentes barreras de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, la dificultad del acceso al trabajo y permanencia en el mercado laboral por parte de la población migrante; y otras líneas de la no protección de los derechos humanos, Dejusticia, la Fundación Karisma y Privacy International exponen estos casos de violencia y de discriminación, para proponer, al final, una lista de recomendaciones al Estado colombiano con respecto a los casos anteriores.
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    Traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la COVID-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual.
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Reconocer los esfuerzos de la cooperación científica internacional, la aguda investigación y el apoyo financiero de los Estados que han permitido el desarrollo de varias vacunas seguras y eficaces contra la Covid-19 en un tiempo récord es de vital importancia. Con el desarrollo que ha tenido la pandemia ocasionada por dicho virus, se espera que una vacuna —elaborada teniendo en cuenta la importancia de no comprometer la seguridad de ninguna persona en el mundo, y siguiendo los protocolos y directrices internacionales aceptadas por las respectivas autoridades sanitarias—, sea una forma de mitigar los efectos negativos que ha traído esta en la sociedad. Este documento presenta una traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la covid-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual elaborada por Dejusticia con el fin de difundir un documento, considerado de relevancia pública, que contribuye a informar y educar sobre un tema coyuntural. Además, permite llamar la atención a los Estados, quienes deben ser conscientes de la obligación que tienen para cooperar en la adquisición de las vacunas y el acceso a estas por parte de todas las personas del mundo.
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a personas adictas a las drogas
    Legal Agenda
    Desde que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y drogadicción ha evolucionado y traído diferentes investigaciones encaminadas al entendimiento de los problemas con los que viven las personas cuyo consumo de drogas es problemático, ya no se ve a una persona adicta como criminal, cuyo único fin es ser judicializada y castigada, sino como alguien marginalizado que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de dichas sustancias. En este texto se se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje de la addición a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. Por último, en estas páginas se exploran los modelos de acción judicial que permiten defender a las personas adictas estipulados en la Ley de Drogas, que busca aproximarse a las personas cuyo consumo es problemático desde la educación y el camino del tratamiento.
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    El etiquetado frontal de advertencia de productos comestibles ultra procesados desde una mirada del derecho internacional económico
    Johnattan García Ruiz
    El etiquetado frontal de advertencia (EFA), que advierte sobre el contenido en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, es compatible con la regulación internacional en materia de libre comercio y protección de inversiones. En este documento, explicamos por qué el EFA se ajusta a los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como a los acuerdos de comercio preferencial. Además, se examina la medida a la luz de las normas técnicas sobre alimentación compiladas por la Comisión del Codex Alimentarius y se explica por qué el EFA también es compatible con tratados de protección de inversiones. Descripción tomada y adaptada de esta publicación.