Derecho en breve

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    Alternative sentencing for female heads of household Law 2292 of 2023: A path toward gender justice in drug policy in Colombia
    Mujeres Libres; International Centre for Human Rights and Drug Policy at the University of Essex; Center of Study on Law, Justice and Society - Dejusticia.
    Law 2292 of 2023 introduces an innovative sentencing alternative in Colombia for female heads of household, particularly those involved in drug-related crimes due to socioeconomic vulnerability. Instead of incarceration, eligible women can serve their sentences through unpaid community service. This approach recognizes caregiving roles and aligns with international human rights and drug policy guidelines. It addresses structural inequalities, aiming to prevent incarceration and facilitate reintegration. However, the law’s implementation faces several challenges: limited outreach, inconsistent eligibility criteria, and a lack of employment transition policies. Only a small fraction of eligible women have benefited so far. The document calls for reforms such as expunging criminal records, involving trial judges early in sentencing, and enabling active participation of women with lived experience in monitoring the law. This model aspires to shift from punitive to restorative justice, offering a blueprint for other nations grappling with the incarceration crisis among women.
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    Alternatividad penal para mujeres cabeza de familia La Ley 2292 de 2023: Un camino hacia la justicia de género en las políticas de drogas en Colombia
    Mujeres Libres; Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
    La Ley 2292 de 2023 en Colombia representa un avance hacia la justicia de género en las políticas de drogas, al ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores o relacionados con drogas. Estas mujeres, muchas en condiciones de marginalidad y con responsabilidades de cuidado, pueden sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios públicos no remunerados. La ley se inspira en las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Política de Drogas y busca corregir la sobrerrepresentación femenina en las cárceles por delitos no violentos. A pesar de su potencial, la implementación ha sido limitada, con retos como la falta de apoyo estatal, definición ambigua de beneficiarias, y escasa articulación institucional. Se propone fortalecer políticas públicas integrales, eliminar antecedentes penales y garantizar participación activa de mujeres con experiencia vivida para asegurar una aplicación efectiva y justa.
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    Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 (Traducción no oficial)
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Presentamos una Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que los Estados adopten medidas contra la Covid-19 basadas en los derechos humanos. Se espera que una vacuna segura y efectiva reduzca los riesgos que la COVID-19 plantea para la salud y la vida, permitiendo, al mismo tiempo, el levantamiento progresivo de algunas de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del virus. También ayudará a recuperarse de los graves efectos negativos que estas medidas han tenido en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas y marginadas. Si bien esta declaración se refiere esencialmente al acceso equitativo y universal a las vacunas para COVID-19, el Comité considera que sus principales consideraciones son pertinentes, con los cambios necesarios, en relación con las obligaciones de los Estados de garantizar también el acceso universal y equitativo al tratamiento para la COVID-19. Esta traducción fue elaborada por Dejusticia con el fin de contribuir a la difusión de un documento que consideramos de relevancia pública. No es una traducción oficial de Naciones Unidas. Todos los errores son nuestros.
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    Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud con respecto a la adopción del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas para hacer frente a las enfermedades no transmisibles (Traducción no oficial)
    Relator Especial de las Naciones Unidas
    Las enfermedades no transmisibles (ENT) son un gran desafío de este siglo, que tiene sus raíces en el sobrepeso, la obesidad y las dietas malsanas. Como parte de sus deberes en materia de derecho a la salud, los Estados deben afrontar los factores de riesgo prevenibles de las ENT relacionadas con el régimen alimentario y promover marcos en los que la industria de alimentos y bebidas transmita información precisa, fácilmente comprensible, transparente e inteligible sobre sus productos. A este respecto, las normas de etiquetado frontal de advertencia son muy necesarias. Descripción tomada de esta publicación.
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    Traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la COVID-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual.
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Reconocer los esfuerzos de la cooperación científica internacional, la aguda investigación y el apoyo financiero de los Estados que han permitido el desarrollo de varias vacunas seguras y eficaces contra la Covid-19 en un tiempo récord es de vital importancia. Con el desarrollo que ha tenido la pandemia ocasionada por dicho virus, se espera que una vacuna —elaborada teniendo en cuenta la importancia de no comprometer la seguridad de ninguna persona en el mundo, y siguiendo los protocolos y directrices internacionales aceptadas por las respectivas autoridades sanitarias—, sea una forma de mitigar los efectos negativos que ha traído esta en la sociedad. Este documento presenta una traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la covid-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual elaborada por Dejusticia con el fin de difundir un documento, considerado de relevancia pública, que contribuye a informar y educar sobre un tema coyuntural. Además, permite llamar la atención a los Estados, quienes deben ser conscientes de la obligación que tienen para cooperar en la adquisición de las vacunas y el acceso a estas por parte de todas las personas del mundo.
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a personas adictas a las drogas
    Legal Agenda
    Desde que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y drogadicción ha evolucionado y traído diferentes investigaciones encaminadas al entendimiento de los problemas con los que viven las personas cuyo consumo de drogas es problemático, ya no se ve a una persona adicta como criminal, cuyo único fin es ser judicializada y castigada, sino como alguien marginalizado que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de dichas sustancias. En este texto se se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje de la addición a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. Por último, en estas páginas se exploran los modelos de acción judicial que permiten defender a las personas adictas estipulados en la Ley de Drogas, que busca aproximarse a las personas cuyo consumo es problemático desde la educación y el camino del tratamiento.
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a refugiados en casos de deportación y detención arbitraria
    Legal Agenda
    En el Líbano existen una serie de prácticas que violan los derechos humanos más básicos. Una de estas prácticas es la falta de garantías que existe en el sistema legal para la protección de los refugiados o las personas que solicitan asilo. Los refugiados carecen de un marco legal que garantice su derecho a la protección, y pueden llegar a ser arrestados y juzgados por entrar de manera clandestina al territorio libanés. En este artículo se exponen los fracasos de los intentos por resolver el asunto de la falta de protección a los refugiados a través de procesos administrativos de parte de la Seguridad General del Ministerio del Interior y la Fiscalía Pública de Casación, frente a las estrategias que debieron buscar los abogados y activistas para detener una transgresión doble. Así, se exponen dos modelos de defensa desarrollados: el primero para defender a los refugiados procesados por la entrada clandestina para evitar su deportación, y el segundo para obligar al Estado a que libere a los refugiados detenidos de manera arbitraria después de que se finalicen sus respectivas sentencias.
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    Informe de actor interesado. Examen Periódico Universal 44° periodo de sesiones - Colombia
    Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
    Este informe pretende generar dudas y planteamientos acerca de la protección de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, la intimidad, la protección de datos personales, el cierre de espacios de la sociedad civil y el derecho a la protesta y los derechos de la población migrante y refugiada venezolana. A través de 52 apartados con información sobre distintos casos en los que se muestra el uso desmedido de la fuerza pública sobre los emigrantes y los protestantes, la realidad de la violencia digital sobre las mujeres por cuestiones de género, las existentes barreras de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, la dificultad del acceso al trabajo y permanencia en el mercado laboral por parte de la población migrante; y otras líneas de la no protección de los derechos humanos, Dejusticia, la Fundación Karisma y Privacy International exponen estos casos de violencia y de discriminación, para proponer, al final, una lista de recomendaciones al Estado colombiano con respecto a los casos anteriores.
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    Stakeholder Submission. Universal Periodic Review 44th Session - Colombia
    Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
    This report aims to generate doubts and raise questions about the protection of the rights to freedom of expression and opinion, privacy, personal data protection, the closing of spaces for civil society, and the right to protest, as well as the rights of the Venezuelan migrant and refugee population. Through 52 sections containing information about various cases that demonstrate the excessive use of public force against migrants and protesters, the reality of digital violence against women due to gender-related issues, the existing barriers to access to education for migrant girls, boys, and adolescents, the difficulties in accessing and remaining in the labor market for migrant populations, and other aspects of the lack of human rights protection, Dejusticia, the Karisma Foundation, and Privacy International expose these cases of violence and discrimination. In the end, they propose a list of recommendations to the Colombian government regarding the aforementioned cases
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    Decision T-543 of 2017 Executive Summary
    Diana Guarnizo Peralta
    The Constitutional Court held that the Superintendency of Industry and Commerce censored the organization Educar Consumidores, and it cautioned the Superintendency that henceforth it could not exercise prior control over informational contents. The Court also decided that consumers have the right to receive information about the risks that sugary drinks pose to our health.