Políticas Públicas al Derecho
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Publicación Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos en Colombia: una estimación del universo - Actualización 2019 - 2023Valentina Rozo Ángel; Patrick BallEn 2018, Dejusticia y HRDAG publicamos nuestro primer informe donde estimamos el universo de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2016-2017. Además, mostramos que es posible usar un método estadístico conocido como “captura-recaptura” para estimar el subregistro en el universo de líderes sociales asesinados y que, además, la estimación era muy cercana al total documentado por las organizaciones en su conjunto. Un año después publicamos nuestro segundo informe, en el que actualizamos los datos a 2018. Cinco años después, actualizamos este ejercicio para incluir el periodo de 2019 a 2023, limitándonos a tres de las seis organizaciones originales. Aquí mostramos que, si bien ha habido una disminución en el asesinato a líderes sociales desde el 2020, los niveles actuales son superiores a los del 2016 y 2017. También, evidenciamos que las organizaciones en su conjunto siguen acercándose al universo, pero en estos años se presentan los niveles más altos de subregistro. De todas formas, se observa una tendencia a la disminución.Publicación Una teoría jurídica sobre la dimensión ambiental del campesinadoCarlos Olaya Díaz; Alisson Angarita; Carlos Quesada; Rodrigo Uprimny YepesEn este documento esbozamos una teoría jurídica sobre el deber de “reconocer la dimensión ambiental del campesinado” contenido en el nuevo artículo 64 de la Constitución. Lo hacemos en tres pasos. Primero, definimos dicha dimensión como la relación dependiente y vulnerable que tiene la población campesina con su entorno. Así, señalamos que la condición de ser campesinos depende de mantener una relación con la naturaleza viva; si esta se deteriora, se afectan gravemente todos los derechos campesinos. Segundo, al analizar las “fallas de reconocimiento”, defendemos que es posible derivar de ellas algunas reglas para precisar el contenido del deber de reconocer la dimensión ambiental del campesinado. Tercero, utilizamos dos de estas fallas para proponer de allí reglas concretas para materializar este nuevo mandato constitucional.Publicación ¿Cuánto nos cuestan los gases lacrimógenos y las balas de goma? Estudio sobre comercio de armas menos letales y derechos humanos en ColombiaSofía Forero-Alba; Julián Gutiérrez-Martínez; Alejandro Rodríguez Pabón; Camilo Mendoza ZamudioEste documento analiza el comercio de armas menos letales en Colombia, sus implicaciones en los derechos humanos y la falta de transparencia en los procesos de adquisición. A su vez, revisa la expansión global de este mercado, haciendo un especial énfasis en América Latina, donde el uso desproporcionado –y en ocasiones letal– de estas armas ha vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes, produciendo traumas oculares y muertes. En Colombia, concretamente durante el paro nacional de 2021, se registraron al menos 103 casos de trauma ocular. La información sobre la comercialización de estas armas es opaca, escasa y difícil de obtener, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para ejercer veeduría. Este texto busca aportar a llenar este vacío y hacer un llamado a la necesidad de regular exhaustivamente dicho comercio, con el fin de proteger los derechos humanos. Además, se destaca la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas fabricantes e intermediarias de garantizar el uso adecuado y respetuoso de las armas, los elementos, los dispositivos y las municiones menos letales. Para esto, la investigación recurrió a diversas fuentes (investigaciones periodísticas, solicitudes de información, consultas a la plataforma de contratación estatal, entre otras), buscando construir un panorama sobre el comercio de estas armas. A partir de esto, concluimos que es necesario hacer más investigación y que haya más transparencia en este ámbito.Publicación Los beneficios de las Zonas Francas: Desafíos en su seguimiento con información pública limitadaMariana Matamoros Cárdenas; Randy Villalba ArangoEn los últimos años, se ha suscitado un amplio debate en torno al impacto del Régimen de Zonas Francas (ZF) en el desarrollo económico del país, siendo objeto de análisis y discusión en la academia, las organizaciones civiles y el ámbito gubernamental. Los focos de atención se han centrado en aspectos fundamentales: primero, la disparidad e ineficiencia tributaria entre las Zonas Francas que reciben incentivos fiscales y otros contribuyentes dentro del territorio aduanero nacional que carecen de estos beneficios; segundo, los costos fiscales generados para el Estado debido a los incentivos tributarios otorgados en las ZF; y, por último, la ausencia de herramientas de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos económicos establecidos para las Zonas Francas a fin de acceder a dichos beneficios tributarios. En este contexto y en consonancia con los principios de derechos humanos en la política fiscal, el propósito de esta investigación es evaluar la equidad económica y fiscal de este régimen. Adicionalmente, en el marco específico de Dejusticia, existe un interés particular en determinar si el sector de las bebidas endulzadas hace uso de las Zonas Francas para aprovechar exenciones y tarifas tributarias reducidas. Por lo tanto, otro objetivo crucial de esta investigación es identificar las empresas de este sector ubicadas en Zonas Francas y evaluar si cumplen con los requisitos normativos para acceder a los incentivos fiscales que les son otorgados.Publicación En busca de una decisión definitiva: Balance del avance de la Jurisdicción Especial para la Paz en la definición de la situación de los comparecientesPaola Molano Ayala; Paula Valencia Cortés; Salomé Vargas CuidaEl Acuerdo de Paz de 2016 creó un modelo de justicia transicional dentro del que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta está a cargo de la rendición de cuentas judicial, de imponer las sanciones a quienes fueran identificados como máximos responsables, y de otorgar otros tratamientos de justicia, como amnistías y renuncias a la persecución penal, a quienes no tuvieran dicha condición y además cumplieran con una serie de requisitos agrupados en lo que se denominó como régimen de condicionalidad. No obstante, pese a múltiples esfuerzos por parte de la JEP por poner en marcha los diferentes componentes de su mandato, la definición de la situación jurídica de quienes no son máximos responsables, pero participaron en los crímenes más graves y representativos está rezagada. Esta situación no garantiza la seguridad jurídica de los comparecientes, impide la satisfacción de los derechos de las víctimas y pone en riesgo las condiciones para la reintegración social de quienes cometieron crímenes en el marco del conflicto. En vista de esta situación, este documento busca comprender el estado de las decisiones sobre la situación jurídica de quienes no son máximos responsables en crímenes no amnistiables, entender dónde radican las principales dificultades y, a partir de ello, proponer algunos elementos para avanzar en una discusión pública que permita superar el retraso en el cumplimiento de este componente del mandato de la JEP.Publicación Las trabas constitucionales para la regulación del mercado de drogas en ColombiaSergio Pérez; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaEste texto es una respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal compatible con la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes: los clubes sociales cannábicos (CSC). Para llegar a estas conclusiones, partimos de la despenalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y sus efectos. Luego —desde un ejercicio de interpretación historicista— retomamos los debates que antecedieron a la prohibición constitucional del artículo 49, los exámenes de constitucionalidad que tuvo el acto legislativo que reformó la Constitución y la línea jurisprudencial sobre el tratamiento jurídico penal que le ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al porte de sustancias psicoactivas. Con esto se aclaran los efectos de la reforma y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y penal de las altas cortes bajo esta prohibición. Finalmente, se explica qué son CSC y por qué son una solución viable en el campo político.