Políticas Públicas al Derecho
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Publicación Un contexto adverso para la movilización por la paz. Estigmatización y justificación de la violencia contra promotores del Derecho a la tierra en ColombiaIsabel Güiza Gómez; Abby CórdovaColombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para la movilización social por la paz, la democracia y la igualdad. A pesar de los compromisos redistributivos del acuerdo de paz de 2016, la violencia contra constructores de paz persiste: entre 2016 y 2023, fueron asesinados 1.804 líderes sociales y 351 firmantes del acuerdo. Esta violencia, sin embargo, no ha generado una contundente movilización ciudadana en rechazo. Este documento de política pública presenta hallazgos de una investigación académica que analiza las actitudes ciudadanas frente a la violencia letal contra líderes sociales y firmantes de paz, con énfasis en la estigmatización de estos actores y la justificación de dicha violencia. A partir de datos recolectados en dos encuestas en línea, las cuales son representativas de la población urbana con acceso a internet y fueron realizadas a finales de 2023, el estudio demuestra que la justificación de la violencia no depende principalmente de la identidad de los activistas—ya sean firmantes de paz o civiles que no participaron en la insurgencia—sino de las demandas que promueven. Cuando estos actores abogan por reformas estructurales como la redistribución de la tierra, son percibidos como amenazas al orden social. Los resultados subrayan que la implementación del acuerdo—especialmente, sus componentes redistributivos—es fundamental para contrarrestar la estigmatización y la justificación de la violencia contra los constructores de paz.Publicación La prevención incompleta: desafíos para la protección de los dere chos humanos en el licenciamiento ambientalLaura J. Santacoloma Méndez; Edwin Novoa; Sofia Villalba GneccoPese a ser la herramienta más importante para prevenir el daño al medio ambiente, el licenciamiento ambiental colombiano no incluye de manera específica un análisis de los impactos sobre los derechos humanos establecidos en las normas internacionales, la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Esto desconoce los compromisos internacionales que tiene el Estado en materia de protección y mantiene un vacío institucional sobre la protección de los derechos de las personas y comunidades afectadas por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. La literatura sobre el tema y diversos pronunciamientos ya han señalado la importancia de adoptar medidas preventivas no solo respecto a los impactos bióticos, abióticos y socioeconómicos, sino también sobre los riesgos a los derechos fundamentales. Así se podrían evitar graves daños como los que han sucedido en el pasado por la ejecución de megaproyectos en Colombia.Publicación A Human Rights Approach to Benefit-Sharing from the Use of Digital Sequence InformationAlex ReepThis policy brief outlines a human rights-based approach to the design and implementation of the multilateral mechanism and Cali Fund for benefit-sharing from the use of digital sequence information on genetic resources. Drawing on research conducted in Indigenous, Afro-descendant, and farming territories in Colombia, it highlights the urgent need for a fair and inclusive benefit-sharing system that recognizes the rights and contributions of Indigenous people and local communities (IP&LCs). This brief outlines critical recommendations for decision-making and advocacy in the wake of the 2024 United Nations Biodiversity Conference in an effort to ensure fair compensation and reciprocity for IP&LCs while addressing structural inequalities.Publicación Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos en Colombia: una estimación del universo - Actualización 2019 - 2023Valentina Rozo Ángel; Patrick BallEn 2018, Dejusticia y HRDAG publicamos nuestro primer informe donde estimamos el universo de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2016-2017. Además, mostramos que es posible usar un método estadístico conocido como “captura-recaptura” para estimar el subregistro en el universo de líderes sociales asesinados y que, además, la estimación era muy cercana al total documentado por las organizaciones en su conjunto. Un año después publicamos nuestro segundo informe, en el que actualizamos los datos a 2018. Cinco años después, actualizamos este ejercicio para incluir el periodo de 2019 a 2023, limitándonos a tres de las seis organizaciones originales. Aquí mostramos que, si bien ha habido una disminución en el asesinato a líderes sociales desde el 2020, los niveles actuales son superiores a los del 2016 y 2017. También, evidenciamos que las organizaciones en su conjunto siguen acercándose al universo, pero en estos años se presentan los niveles más altos de subregistro. De todas formas, se observa una tendencia a la disminución.Publicación Una teoría jurídica sobre la dimensión ambiental del campesinadoCarlos Olaya Díaz; Alisson Angarita; Carlos Quesada; Rodrigo Uprimny YepesEn este documento esbozamos una teoría jurídica sobre el deber de “reconocer la dimensión ambiental del campesinado” contenido en el nuevo artículo 64 de la Constitución. Lo hacemos en tres pasos. Primero, definimos dicha dimensión como la relación dependiente y vulnerable que tiene la población campesina con su entorno. Así, señalamos que la condición de ser campesinos depende de mantener una relación con la naturaleza viva; si esta se deteriora, se afectan gravemente todos los derechos campesinos. Segundo, al analizar las “fallas de reconocimiento”, defendemos que es posible derivar de ellas algunas reglas para precisar el contenido del deber de reconocer la dimensión ambiental del campesinado. Tercero, utilizamos dos de estas fallas para proponer de allí reglas concretas para materializar este nuevo mandato constitucional.Publicación ¿Cuánto nos cuestan los gases lacrimógenos y las balas de goma? Estudio sobre comercio de armas menos letales y derechos humanos en ColombiaSofía Forero-Alba; Julián Gutiérrez-Martínez; Alejandro Rodríguez Pabón; Camilo Mendoza ZamudioEste documento analiza el comercio de armas menos letales en Colombia, sus implicaciones en los derechos humanos y la falta de transparencia en los procesos de adquisición. A su vez, revisa la expansión global de este mercado, haciendo un especial énfasis en América Latina, donde el uso desproporcionado –y en ocasiones letal– de estas armas ha vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes, produciendo traumas oculares y muertes. En Colombia, concretamente durante el paro nacional de 2021, se registraron al menos 103 casos de trauma ocular. La información sobre la comercialización de estas armas es opaca, escasa y difícil de obtener, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para ejercer veeduría. Este texto busca aportar a llenar este vacío y hacer un llamado a la necesidad de regular exhaustivamente dicho comercio, con el fin de proteger los derechos humanos. Además, se destaca la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas fabricantes e intermediarias de garantizar el uso adecuado y respetuoso de las armas, los elementos, los dispositivos y las municiones menos letales. Para esto, la investigación recurrió a diversas fuentes (investigaciones periodísticas, solicitudes de información, consultas a la plataforma de contratación estatal, entre otras), buscando construir un panorama sobre el comercio de estas armas. A partir de esto, concluimos que es necesario hacer más investigación y que haya más transparencia en este ámbito.Publicación Los beneficios de las Zonas Francas: Desafíos en su seguimiento con información pública limitadaMariana Matamoros Cárdenas; Randy Villalba ArangoEn los últimos años, se ha suscitado un amplio debate en torno al impacto del Régimen de Zonas Francas (ZF) en el desarrollo económico del país, siendo objeto de análisis y discusión en la academia, las organizaciones civiles y el ámbito gubernamental. Los focos de atención se han centrado en aspectos fundamentales: primero, la disparidad e ineficiencia tributaria entre las Zonas Francas que reciben incentivos fiscales y otros contribuyentes dentro del territorio aduanero nacional que carecen de estos beneficios; segundo, los costos fiscales generados para el Estado debido a los incentivos tributarios otorgados en las ZF; y, por último, la ausencia de herramientas de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos económicos establecidos para las Zonas Francas a fin de acceder a dichos beneficios tributarios. En este contexto y en consonancia con los principios de derechos humanos en la política fiscal, el propósito de esta investigación es evaluar la equidad económica y fiscal de este régimen. Adicionalmente, en el marco específico de Dejusticia, existe un interés particular en determinar si el sector de las bebidas endulzadas hace uso de las Zonas Francas para aprovechar exenciones y tarifas tributarias reducidas. Por lo tanto, otro objetivo crucial de esta investigación es identificar las empresas de este sector ubicadas en Zonas Francas y evaluar si cumplen con los requisitos normativos para acceder a los incentivos fiscales que les son otorgados.Publicación En busca de una decisión definitiva: Balance del avance de la Jurisdicción Especial para la Paz en la definición de la situación de los comparecientesPaola Molano Ayala; Paula Valencia Cortés; Salomé Vargas CuidaEl Acuerdo de Paz de 2016 creó un modelo de justicia transicional dentro del que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta está a cargo de la rendición de cuentas judicial, de imponer las sanciones a quienes fueran identificados como máximos responsables, y de otorgar otros tratamientos de justicia, como amnistías y renuncias a la persecución penal, a quienes no tuvieran dicha condición y además cumplieran con una serie de requisitos agrupados en lo que se denominó como régimen de condicionalidad. No obstante, pese a múltiples esfuerzos por parte de la JEP por poner en marcha los diferentes componentes de su mandato, la definición de la situación jurídica de quienes no son máximos responsables, pero participaron en los crímenes más graves y representativos está rezagada. Esta situación no garantiza la seguridad jurídica de los comparecientes, impide la satisfacción de los derechos de las víctimas y pone en riesgo las condiciones para la reintegración social de quienes cometieron crímenes en el marco del conflicto. En vista de esta situación, este documento busca comprender el estado de las decisiones sobre la situación jurídica de quienes no son máximos responsables en crímenes no amnistiables, entender dónde radican las principales dificultades y, a partir de ello, proponer algunos elementos para avanzar en una discusión pública que permita superar el retraso en el cumplimiento de este componente del mandato de la JEP.Publicación La reparación de víctimas de actores económicos ante la JEPLaura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou Chaparro; María José León-Marín; Alejandro Jiménez Ospina; Aarón Alfredo AcostaEl cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes deben rendir cuentas ante la JEP es esencial para la legitimidad de los tratamientos especiales que podrían recibir, para la garantía de los derechos de las víctimas y para la reconciliación. La contribución a la reparación de las víctimas es clave en el caso de los actores económicos que pudieron tener responsabilidad en delitos de competencia de la JEP, como en los de los demás comparecientes. En este documento presentamos hallazgos y recomendaciones para avanzar en la construcción de procesos de reparación dialógicos con enfoque restaurativo que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la transición.Publicación Impuesto a las bebidas azucaradas. Una idea a favor de la salud públicaDiana León Torres; Alejandro Rodríguez Llach; Diana Guarnizo PeraltaEn Colombia, más del 50 por ciento de la población adulta tiene exceso de peso. Las recomendaciones expertas han hecho un llamado a que se incluya en los regímenes fiscales un tributo al consumo de bebidas azucaradas que desincentive este hábito no saludable. Aunque la medida ha sido respaldada por la academia, parte del sector público, las organizaciones civiles y la población en general, aún no se cuenta con esta medida en el régimen fiscal del país. En este documento hacemos un análisis de los impactos directos e indirectos que tendría un impuesto a las bebidas azucaradas en el país y los retos en su implementación desde una visión económica y de los derechos humanos. Nuestro análisis señala que Colombia necesita una política fiscal que efectivamente aumente el precio relativo de las bebidas azucaradas y use el recaudo para ayudar a los hogares a internalizar la problemática. Dicha política puede llegar a ser progresiva si se implementa de la manera adecuada. En el corto plazo, el recaudo del tributo permitiría que se implementen otras políticas complementarias que incentiven a los colombianos a disminuir su consumo de bebidas azucaradas. En el mediano y largo plazo, a pesar de que caiga el recaudo, la disminución del consumo de bebidas azucaradas impactaría positivamente no sólo la salud de los colombianos, sino la productividad laboral y el bienestar de la población. El documento también señala algunos posibles retos en su implementación y sugiere algunas vías de cómo abordarlos.
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