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Publicación Una sustitución precaria: política de drogas y conservación sin el campesinadoLuis Felipe Cruz-Olivera; María José León-MarínEl Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta del Acuerdo de Paz para reemplazar los ingresos que obtienen las familias del mercado ilegal de la coca. Sin embargo, el PNIS replicó errores de programas de sustitución anteriores, y en su diseño desconoció el hecho de que la mitad de los cultivos declarados ilícitos están en zonas de manejo especial. El aumento de los cultivos de hoja de coca en estas zonas genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La conclusión es que el PNIS desconoció los derechos a la participación, debido proceso y mínimo vital de las familias campesinas que firmaron acuerdos de sustitución, y tampoco avanzó en la implementación del enfoque ambiental. Nuestra postura es que ninguna de las acciones de la política de drogas, de la mitigación o adaptación del cambio climático o la conservación ambiental debe ir en contravía de los derechos de las poblaciones campesinas que habitan la Amazonía, no sólo porque es inconstitucional sino porque es ineficiente desde la política pública. No hay sustitución de cultivos sin economía campesina fuerte, así como no hay protección de los bosques sin derechos de las poblaciones que los habitan. Al final sugerimos algunas ideas para armonizar conservación y derechos de las familias campesinas que cultivan coca.Publicación Adición punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulaciónAlejandro Corda; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol ArriagadaLas Américas están a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. En Estados Unidos, desde 2012, diez estados y el distrito de Columbia aprobaron iniciativas para regular el cannabis para usos no médicos (“recreativos”), ya sea por elecciones o por aprobación de leyes. La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos hoy viven en estados con algún tipo de acceso legal a cannabis medicinal o recreativo, aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico; uno de los objetivos principales del gobierno era separar el mercado del cannabis de los mercados de otras sustancias. En 2018, Canadá se sumó a Uruguay y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis. México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.Publicación Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez ÁngelEste texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.Publicación Mujeres, calle y prohibición: Cuidado y violencia a los dos lados del OtúnIsabel Pereira-Arana; María Ximena Dávila Contreras; Mariana Escobar Roldán; David Filomena Velandia; Angélica Jiménez Izquierdo; Hugo Castro CortésEl libro explora lo que significa usar drogas y ser mujer en contextos de vulnerabilidad económica en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, a través de entrevistas con 54 mujeres, en su mayoría de las redes atendidas por los programas de reducción de daños en esas ciudades. Las políticas de drogas, y la experiencia femenina con el uso de drogas, considerada como transgresora, es recibida con misoginia institucional, exacerbando así condiciones adversas de salud y condiciones generales de vida. Tomando como referencia los relatos de 54 mujeres que usan distintas drogas ilícitas, se abordan las experiencias en el inicio del consumo, las condiciones estructurales de vida, los ciclos de violencia que han experimentado, la salud sexual y la agencia reproductiva, la maternidad, el papel de la reducción de daños en sus vidas, y la búsqueda de tratamiento. El libro propone, por un lado, que la política actual de drogas empeora la calidad de vida de mujeres inmersas en el consumo, y propone, desde la experiencia comunitaria, unas claves para incluir enfoques de cuidado en estas políticas.Publicación Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en ColombiaRodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraEl encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.Publicación Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdoSergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraLa implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Los caminos del dolor. Acceso a cuidados paliativos y tratamiento por consumo de heroína en ColombiaIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarEl sufrimiento y el dolor que experimentan las personas al final de la vida y quienes dependen de la heroína encuentran alivio en los opioides. Estos medicamentos están sometidos a un estricto régimen de fiscalización, producto de la aplicación de los tratados internacionales de drogas, que implica una excesiva burocracia y un miedo generalizado tanto en pacientes como en profesionales de la salud para usarlos. Muchos opioides están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ser esenciales, su carácter controlado genera en la práctica una vulneración del derecho a la salud de estas dos poblaciones. En este libro presentamos un diagnóstico realizado en cinco ciudades colombianas sobre las barreras de acceso a opioides que enfrentan los pacientes en los dos ámbitos. Estas barreras se pueden agrupar en cuatro categorías: 1. Fallas estructurales del sistema de salud colombiano. 2. Falta de capacidad institucional para mantener el abastecimiento de opioides en pequeñas y medianas ciudades. 3. Falta de formación profesional en cuidados paliativos y tratamiento para la dependencia de la heroína en pequeñas y medianas ciudades. 4. Estigma hacia las sustancias y hacia las personas que se relacionan con ellas. Analizar conjuntamente el goce del derecho a la salud de personas que usan heroína y de pacientes que sufren enfermedades terminales parece desacertado a primera vista, pues, ¿qué tendrían en común esas poblaciones y la atención en salud que reciben? En este libro defendemos que una persona al final de la vida y aquella que usa heroína enfrentan retos similares: necesitan los mismos medicamentos controlados, requieren un tratamiento interdisciplinar que va más allá de los opioides, llegan a los servicios de salud en momentos de gran vulnerabilidad y son, generalmente, tratados con negligencia por un sistema de salud que no se encuentra preparado para enfrentar la muerte o la dependencia a las drogas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-caminos-del-dolor-acceso-a-cuidados-paliativos-y-tratamiento-por-consumo-de-heroina-en-colombia/Publicación Sobredosis carcelaria y política de drogas en América LatinaSergio Raúl Chaparro Hernández; Catalina Pérez CorreaEl CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas. El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social.Publicación Cuidados Paliativos: El abordaje de la atención en salud desde un enfoque de derechos humanosIsabel Pereira-AranaEste informe presenta un diagnóstico de la situación de los cuidados paliativos en ocho países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay), con especial atención en el desarrollo institucional y el acceso a medicamentos controlados. Así mismo, recoge los resultados de una investigación realizada con el objetivo de dar cuenta la situación actual de los cuidados paliativos en ocho países de Latinoamérica. El objetivo general del proyecto —generar conciencia e incidencia en política pública sobre la necesidad de abordar los cuidados paliativos incorporando una perspectiva de derechos humanos— se vio realizado en el acercamiento entre profesionales de diversos ámbitos en la región, lo que en sí mismo es un avance para integrar las comunidades que defienden los derechos de los pacientes, así como las comunidades que abogan por una política de drogas centrada en un enfoque de salud pública. Esperamos que, como informe de diagnóstico, sea útil para las asociaciones profesionales, los profesionales de la salud, los defensores de los derechos de los pacientes, los activistas de reforma a la política de drogas y los tomadores de decisiones, con el fin de integrar de mejor manera los cuidados paliativos a los servicios generales de salud, así como de usar un lenguaje de derechos humanos para avanzar en estos cambios de política pública y garantizar de manera integral los derechos humanos de las personas en situación de dolor y sufrimiento en las Américas.