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Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en Colombia
Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez Ángel
Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.
País de bosques y culturas: el rol del Estado en Colombia
Laura J. Santacoloma Méndez
A pesar del crecimiento desordenado de las normas ambientales, el Estado carece de una estructura institucional adecuada para enfrentar los retos sociales en zonas destinada a usos forestales. Históricamente las políticas y regulaciones sobre bosques han influido en las dinámicas sociales locales, perpetuando o transformando desigualdades y conflictos. Esta investigación, parte de la colección sobre cambio climático de Dejusticia, reconstruye esta historia normativa, señalando los hitos que dan cuenta de la ausencia de enfoques de derechos de las comunidades locales en normas que aún están vigentes, a su vez del giro reciente en la política agraria y de preservación ambiental que ha promovido el reconocimiento de la dignidad de las personas y su relación de habitación con los territorios boscosos. Todas estas apuestas confluyen principalmente en territorios que han sido declarados bajo alguna categoría de protección, dentro del amplio grupo de áreas de especial importancia ambiental (AEIA). Aunque esta compleja política de conservación sigue siendo crucial, su origen y conflictos son producto de circunstancias específicas que se entrelazan con reivindicaciones territoriales, violencia armada y la emergencia climática. Por ello, es urgente actualizar y simplificar el sistema normativo sobre usos, propiedad y conservación de los bosques, para abordar los desafíos de un Estado social de derecho y garantizar la dignidad de las generaciones presentes y futuras.
Entre la bata y la toga: el rol de los tribunales de ética médica en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos
María Ximena Dávila Contreras; Nina Chaparro González
Los Tribunales de Ética Médica (TEM) fueron creados mediante la Ley 23 de 1981 y cumplen una función crucial en el orden jurídico colombiano. Son los encargados de juzgar las faltas ético-disciplinarias de los profesionales de la salud y, de esa forma, asegurar estándares éticos para el desarrollo de la medicina. Sin embargo, la importancia de su labor contrasta con el lugar invisible que ocupan en la discusión pública. No hacen parte de ningún debate jurídico, no se han realizado estudios sobre su labor y sus decisiones no son objeto de atención ciudadana. Desde Dejusticia decidimos indagar cuál es el rol que ha cumplido el Tribunal Nacional de Ética Médica (TNEM), el principal órgano de este entramado institucional, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Colombia
DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°1 ¿Controlando la excepcionalidad permanente en Colombia? Una defensa prudente del control judicial de los estados de excepción
Mauricio García Villegas; Rodrigo Uprimny Yepes
En Colombia, la constitución pocas veces ha regido en forma plena. Una prueba de ello es el recurso permanente que los gobiernos han hecho a los mecanismos de excepción. Así, en la época de la llamada Regeneración (1886-1910), el país fue gobernado durante 24 años con base en una norma 'transitoria' —la disposición K— y en una ley muy represiva —la Ley 61 de 1888 o Ley de los Caballos—, que autorizaban al Ejecutivo a reprimir administrativamente "los abusos de prensa", "los delitos contra el orden público", las conspiraciones, etc. Luego, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se expidió la Ley Heroica, que dio tratamiento policial a las protestas sociales que surgían por el inicio de la industrialización. Igualmente, desde el cierre del Congreso —en noviembre de 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950)— hasta la expedición de la Constitución de 1991, Colombia vivió prácticamente en un régimen de excepción permanente. Al amparo de ese régimen de excepción, no sólo expidió el gobierno normas relativas a todos los aspectos de la vida social sustituyendo así de facto al Congreso como legislador—, sino que su vigencia posibilitó la violación de numerosos derechos ciudadanos. De esa manera, un régimen que debía ser de excepción y de duración transitoria, conforme a lo preceptuado por el artículo 121 de la Carta de 1886, en la práctica se convirtió en un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político, con lo cual el régimen constitucional se desfiguró. Estos antecedentes históricos muestran que Colombia ha vivido una suerte excepcionalidad jurídica permanente. También explican la importancia del debate en torno a si debe o no existir un control judicial de la declaratoria de un estado de excepción por parte del presidente. Este artículo aborda ese debate y defiende una tesis que tiene los siguientes tres componentes: (1) la posibilidad de declarar el estado de excepción es compatible con el constitucionalismo y existe en todas las constituciones democráticas del mundo. (2) El problema del estado de excepción en Colombia no deriva de las normas que lo consagran; más aún, éstas parecen más moderadas que en otros países con democracias más consolidadas. El problema se origina en el uso normalizado que en Colombia se ha hecho de dicha facultad. (3) La mejor manera de combinar la necesidad de la excepción con la necesidad de evitar el peligro de su uso normalizado es a través de un control constitucional sobre los decretos de excepción, tal como lo prevé actualmente la Corte Constitucional. Adicionalmente, sostenemos la idea de que la manera como se ha utilizado el estado de excepción en Colombia ha implicado un desdibujamiento del Estado de derecho e, incluso, del propio Estado, en beneficio de su "afuera salvaje" o de la ilegalidad. El Estado cambia de roles según los escenarios; es un Estado camaleónico. Los mismos agentes estatales actúan con libretos diferentes según las condiciones. El estado de emergencia o de excepción ilustra esta posibilidad. La misma institucionalidad fronteriza que caracteriza al estado de excepción propicia el paso —un paso muy corto— hacia uno u otro lado de la frontera legal e institucional del Estado. Para sustentar dichas tesis, el artículo tiene seis partes. Comienza por presentar el debate teórico general en torno al control judicial de los poderes de excepción. Luego describe brevemente algunos rasgos del sistema jurídico y político colombiano, importantes para entender el contexto en que se desenvuelve la labor de la Corte Constitucional en este punto. Posteriormente analiza de forma concreta esta labor de la Corte. Después, a fin de evaluar las bondades o los riesgos de tal intervención judicial para la precaria democracia colombiana, el texto estudia los efectos que ha tenido en Colombia el abuso de los estados de excepción, para contrastarlos con los beneficios, los costos y los riesgos del control ejercido por la Corte, todo lo cual permite llegar a defender, pero con algunas reservas, el control material de la declaratoria de los estados de excepción ejercido por la Corte.
La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del plan estratégico de las FARC-EP en el Tolima (1993-2002)
Juana Dávila Sáenz; Felipe León Villamil; Bibiana Ramírez; Ricardo Cruz; Juan Diego Restrepo
Recordar, conocer y reconocer la guerra con las antiguas FARC-EP es un ejercicio necesario para la reparación de las comunidades más afectadas y para la reconciliación política más ampliamente considerada. Con ese objetivo, hemos preparado este informe sobre las tomas armadas de pueblos en el Tolima, quizás el teatro de la guerra de más larga duración en la historia del conflicto armado con esa guerrilla. A partir de una investigación y un relato de índole periodística, ofrecemos a un público no especializado una reconstrucción histórica de las tomas guerrilleras como práctica de guerra y su papel en el plan que se habían trazado las FARC para la toma del poder. Este análisis de "las tomas para la toma del poder" lo acompañamos, además, de argumentos socio-jurídicos para que, con fines restaurativos, eventualmente la Jurisdicción Especial para la Paz juzgue este patrón de conducta.
DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 7 Crimen, conflicto armado y Estado en Colombia, México y Guatemala
Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo
Hasta hace algunos años la criminalidad en Colombia, México y Guatemala era un fenómeno circunscrito casi de manera exclusiva a los entornos nacionales. Cada país tenía sus cifras sobre crimen y delincuencia sin que fuera posible establecer mayores conexiones transnacionales de esas cifras. Eso ha cambiado en los últimos años. La criminalidad es un fenómeno que adquiere connotaciones cada vez más globales en la región. No obstante la importancia de este tema, es muy poca la literatura regional comparada que explora esta problemática. En este artículo hacemos una contribución preliminar en este sentido y para tal efecto intentamos hacer una comparación de la criminalidad en Colombia, México y Guatemala sin perder de vista su relación con la capacidad de las instituciones estatales. Nuestra hipótesis es que cada vez es más evidente la existencia de conexiones y de tendencias que solo se pueden entender globalmente y que ello se debe, sobre todo, al carácter transnacional del narcotráfico. El texto está dividido en tres partes. La primera muestra y analiza la distribución de la capacidad institucional a lo largo del territorio de los tres países. La segunda relaciona estas distribuciones con los fenómenos de criminalidad, y la tercera, a manera de conclusión, presenta algunos paralelos entre los tres países.
La paz ambiental: Retos y propuestas para el posacuerdo
César Rodríguez Garavito; Diana Rodríguez Franco; Helena Durán Crane
A lo largo de estas cinco décadas de conflicto armado en Colombia, las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazadas con la violencia de formas muy diversas. Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Igualmente, buena parte del conflicto armado se ha desarrollado en zonas altamente biodiversas, cubiertas por bosques o selvas tropicales. La voladura de oleoductos, la deforestación asociada a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son tan solo algunos de los flagelos que han dejado estas décadas de conflicto sobre el medio ambiente. Sin embargo, como mostramos en este documento, la violencia también ha tenido un efecto ambiental preservador y paradójico. Los actores armados han impuesto barreras de hecho sobre áreas altamente biodiversas y, en cierta medida, han ayudado a conservarlas. Por lo anterior, consideramos que para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia es necesario prevenir y tramitar pacíficamente los conflictos socioambientales. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
Raza y vivienda en Colombia: la segregación residencial y las condiciones de vida en las ciudades
Natalia Duarte Mayorga; Sebastián Villamizar Santamaría; María José Álvarez Rivadulla (Dir.); César Rodríguez Garavito (Dir.)
Este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. ¿Qué implicaciones tiene que un barrio sea “de blancos”, “de negros” o “mezclado” en Colombia? A partir de una visión de sociología urbana, este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. El documento muestra distintas formas en las que se combinan las vulnerabilidades socioeconómicas con la concentración de personas de un grupo racial en las ciudades. Ofrece, por tanto, insumos para el diseño de programas y políticas públicas que combatan la segregación y garanticen una mejor calidad de vida para los afrocolombianos, quienes son los más afectados por este fenómeno en el país.
La implementación de la despenalización parcial del aborto en Colombia
Annika Dalén
La implementación voluntaria del embarazo (IVE) se encuentra parcialmente despenalizada en Colombia desde 2006, mediante la Sentencia C-355. Dicha despenalización tuvo efectos no solamente en el ámbito penal sino también en relación con el derecho a la salud. En este sentido, generó obligaciones para el Estado y derechos para las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a pesar de que ya se han cumplido siete años desde la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional, persisten importantes barreras a la garantía efectiva del acceso a la IVE para las mujeres que se encuentran en los tres casos no penalizados. El propósito de este documento es entonces identificar algunos de los principales obstáculos que enfrenta la despenalización parcial del aborto en Colombia. La relevancia de esta identificación reside en que la existencia de barreras que dificultan o impiden el ejercicio de un derecho atenta contra el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas afectadas. Asimismo, el documento presenta algunas propuestas de política que apuntan a la solución de las problemáticas identificadas. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad
Vigilancia de las comunicaciones en Colombia: El abismo entre la capacidad tecnológica y los controles legales
Carlos Cortés Castillo
El objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales.
Voces wayuu del agua y el viento. Encuentros ontológicos en La Guajira frente a la transición energética
Paulo Ilich Bacca Benavides; Dayanna Gladys Palmar Uriana; Carlos Manuel Guerra López
Voces Wayuu del Agua y el Viento: Encuentros Ontológicos en la Guajira frente a la Transición Energética es una obra que nos invita a sumergirnos en la cosmovisión Wayuu, un pueblo que entiende el mundo a través de los sueños y el respeto profundo por el agua y el viento. Inspirado en los poemas de Vito Apüshana, cada capítulo de este libro despliega el pensamiento Wayuu, revelando los seres y significados que componen su filosofía de vida. Con una perspectiva que entrelaza la etnografía, el feminismo, las críticas al extractivismo verde, el giro ontológico en la antropología y la traducción interlegal, los autores —Paulo Ilich Bacca, Dayanna Palmar Uriana y Carlos Manuel Guerra— examinan la crisis climática y la transición energética desde la mirada indígena Wayuu en la Guajira. Lejos del esencialismo, esta obra permite un diálogo entre mundos: una abogada y periodista Wayuu venezolana que reinterpreta el feminismo occidental desde su cultura, un abogado y académico Wayuu que observa críticamente los procesos de su propio pueblo, y un etnógrafo legal que desafía las estructuras del derecho internacional y climático al traducirlo desde las cosmologías indígenas. Juntos, ofrecen una reflexión única sobre el poder de la diversidad y la posibilidad de un futuro sostenible que incluya todas las voces.
Making Social Rights Real: Implementation strategies for Courts, Decision Makers and Civil Society
César Rodríguez Garavito ; Celeste Kauffman
Given the disappointing implementation levels in various countries and across human rights systems, this guide seeks to contribute to the discussion regarding strategies for courts, international decision-makers, and civil society to increase the implementation of ESCR decisions. For generations, human rights defenders have struggled to secure recognition of economic, social and cultural rights (ESC rights) and ensure their justiciability in national, regional and international courts, a struggle that has been very successful. National courts around the world, including in Colombia, India, South Africa and Kenya, are expressing their views on ESC rights on a regular basis, and several countries have explicitly included the justiciability of ESC rights in their constitutions. Regional tribunals such as the Inter-American Court of Human Rights and the African Commission on Human and Peoples’ Rights now consider petitions on ESCR. At the international level, in 2013, the Optional Protocol to the International Covenant on Economic and Social Rights entered into force, allowing the Committee on Economic and Social Rights to hear individual complaints concerning violations of ESC rights
Transición energética justa para La Guajira
Julián Gutiérrez-Martínez; Luisa Fernanda Guerra-Carrera; Ivonne Elena Díaz García; Jhonatan Malagón Palacios; Diana Guarnizo Peralta
Esta investigación analiza el proceso de transición energética en La Guajira y examina si sus cargas y beneficios se distribuyen de manera justa. Con un enfoque sociojurídico y anfibio, que combina la etnografía y la investigación-acción participativa, este documento describe las desigualdades estructurales que afectan las comunidades Wayuu, explica sociológicamente cómo las prácticas de las empresas y el Estado reproducen estas desigualdades, y propone un análisis crítico desde las justicias distributiva y procedural. Al dialogar con las voces del territorio, se subrayan varias continuidades entre las “viejas y nuevas empresas” y su relacionamiento con el Estado, resaltando que esta transición se manifiesta como un ‘extractivismo verde’. Este enfoque crítico revela cómo las soluciones para la crisis climática pueden replicar dinámicas de enclave, coloniales y extractivistas, concentrando beneficios en actores corporativos y cargando a las comunidades con las consecuencias. El estudio concluye que la transición energética, si bien es vital para enfrentar el cambio climático, puede perpetuar desigualdades históricas si no se aborda desde acuerdos claros con enfoque transformador, repensando los modelos de participación y beneficio, buscando la justicia epistémica e intergeneracional, para que estas comunidades sean protagonistas de un proceso profundamente equitativo y restaurativo.
Formación en violencia sexual en el conflicto armado: Una propuesta metodológica para funcionarios
Silvia Rojas Castro; Annika Dalén
Por medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas.
DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 9 Incorporación institucional de la periferia en Colombia: descentralización, regalías y el Plan Nacional de Consolidación
Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo
Este texto parte del diagnóstico presentado en el libro “Los estados del país. Instituciones municipales y realidades locales” (2011) para, con un enfoque menos académico y más de recomendaciones de política pública, analizar tres procesos de formación de Estado en Colombia: el proceso de descentralización, el impacto de las regalías en los municipios y el Plan Nacional de Consolidación Territorial que actualmente se está implementando en algunas zonas del país.
Efectos del cambio climático en la vida de las mujeres: el caso de Providencia tras el huracán Iota
Margarita Martínez Osorio; Paula Andrea Hurtado Pardo; Lucía Ramírez Bolívar
En noviembre de 2020, en medio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, el huracán Iota conmocionó a los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante su paso por Providencia, Iota destruyó el 98 % de la infraestructura de la isla, dejando a sus comunidades en una situación de profunda crisis, cuyas secuelas todavía hoy son palpables. Este evento climático extremo impactó en múltiples dimensiones la vida de los habitantes de la isla como en sus medios de subsistencia, sus ecosistemas, la cultura, la seguridad, los servicios de salud y educación, así como sus casas e infraestructura. Esta investigación asume una perspectiva de género y étnica para estudiar los impactos del paso del huracán Iota sobre las mujeres de Providencia, con el fin de proponer claves interpretativas y recomendaciones para afrontar los fenómenos climáticos producto del calentamiento global de una forma más resiliente y desde una perspectiva que ponga en el centro la vida, la dignidad, la perspectiva y saberes de las comunidades ancestrales y nativas al Archipiélago. Utilizando las herramientas teóricas y metodológicas de la ecología política feminista, y centrando las memorias y experiencias de las mujeres de Providencia, este documento busca aportar a la literatura sobre cambio climático y género al proponer guías interpretativas para iluminar las cargas y desigualdades de género que se exacerban en el marco de fenómenos climáticos extremos y de los subsecuentes procesos de reconstrucción.
Sistema de justicia territorial para la paz
Carolina Villadiego Burbano; Sebastián Lalinde Ordóñez
En varias regiones de Colombia el Estado no se encuentra completamente consolidado, pues allí la sociedad no está completamente pacificada, el Estado de derecho no se ha impuesto, el Estado no se ha democratizado y la desigualdad social no se ha superado. Lo que hace aún más difícil la tarea de fortalecimiento estatal y construcción de un Estado social y democrático de derecho en estos territorios es que los propósitos de pacificación, limitación del poder, democratización y búsqueda de cierta igualdad material deben perseguirse simultáneamente y no de manera escalonada, que sería una forma más sencilla. Y entre todas las tareas que el Estado debe realizar para construir una paz estable y duradera, el sistema de justicia no puede ser olvidado. En todo caso, pese a su importancia, existen otros factores que inciden en el fortalecimiento institucional en todo el territorio nacional. Pensar pues en un sistema integral de justicia, que ayude en la consolidación del Estado para la construcción de una paz duradera y que funja como mecanismo para, en muchos casos, reemplazar efectivamente a los grupos armados ilegales y evitar su resurgimiento, es el objetivo de este texto, que está dividido en tres partes. En la primera, se presenta un diagnóstico del sistema de justicia en el territorio colombiano. En la segunda parte se muestran dos grandes desafíos que, en nuestra opinión, enfrenta el sistema de justicia: el fortalecimiento de un sistema articulado y legítimo en todo el territorio nacional con énfasis rural; y la superación de la justicia armada que opera en muchos lugares. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 8 Historias municipales de debilidad institucional Los casos de Riohacha, Mocoa y Arauca
Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Sebastián Rubiano Galvis
El presente documento complementa, desde un enfoque cualitativo, la investigación recogida en el libro «Los estados del país. Instituciones municipales y realidades locales». Aquí se presentan las “historias de vida” de tres municipios –Riohacha, Mocoa y Arauca- en los que el poder del Estado no es tan fuerte como en otros territorios del país. En estas historias quisimos “poner en contexto” los datos duros de la parte cuantitativa y enlazar algunos indicadores institucionales con una historia y una realidad social y política específica. Quisimos, en resumen, “contar una historia de debilidad institucional”.
Estrategias para una reforma rural transicional
Nelson Camilo Sánchez León
Con la firma del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, Colombia entra en una nueva fase. Estamos ahora ante el desafío de cumplir las promesas ambiciosas y necesarias del acuerdo. La creación de unas nuevas políticas rurales y la regulación de las estructuras agrarias, están en la base de las prioridades de la agenda de construcción de paz. La discusión sobre transición política y justicia transicional puede ser usada como puerta de entrada a la implementación de las políticas sobre ruralidad, incluyendo las de acceso a la tierra y producción rural. Dada la especificidad del conflicto colombiano, la ruta institucional que ha tenido el país (tanto en sus aciertos como en sus fracasos) y el momento de apertura política que trae la etapa de posacuerdo, Colombia debería reforzar sus políticas de justicia transicional concentradas en la restitución de tierras y complementarlas con políticas integrales de acceso y uso de la tierra. La mejor manera de enfrentar los inmensos desafíos de la transformación de las relaciones rurales en el país, es profundizar los esfuerzos actuales de restitución enganchándolos a una política de más larga escala, que debería ser diseñada en coordinación y a partir de los acumulados positivos de la experiencia de restitución de tierras reciente. La historia muestra enormes deudas de la institucionalidad colombiana con los problemas rurales. Y la implementación de los acuerdos vuelven a traer a la discusión política una oportunidad de saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano y con ello, evitar la repetición de los múltiples fracasos del pasado. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
¿Restitución de papel? Notas sobre el cumplimiento del posfallo
Cheryl Morris Rada; Ana Jimena Bautista Revelo; Juana Dávila Sáenz
Este documento es un acercamiento al cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras por parte de las diferentes instituciones encargadas de ejecutarlas. La restitución efectiva y transformadora que involucra la tierra y el territorio no termina con la sentencia, al contrario, comienza con esta. Por eso es una prioridad examinar en qué medida las instituciones obligadas están obedeciendo las órdenes impartidas por las y los jueces y magistrados/as de restitución de tierras. Finalmente, planteamos algunas conclusiones y recomendaciones orientadas a superar dos aspectos asociados a la capacidad institucional para dar cumplimiento a sentencias. El primero de ellos se relaciona con el seguimiento al cumplimiento de las sentencias en la etapa posfallo de restitución. El segundo aspecto es el de la articulación entre instituciones que deben dar cumplimiento a las órdenes, pues fue uno de los obstáculos recurrentes enunciados por las instituciones consultadas.