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Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en Colombia
Mauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Javier Eduardo Revelo Rebolledo; José Rafael Espinosa Restrepo ; Natalia Duarte Mayorga
Los Acuerdos de Paz representan una gran variedad de retos para el país. Uno de ellos consiste en llevar a cabo el gran proyecto nacional de construcción de Estado en la periferia. Llevar el Estado a la periferia es una promesa incumplida y uno de los factores decisivos para la persistencia del conflicto armado. En este volumen de la colección 'Ideas para construir la paz', Dejusticia sostiene que el gran proyecto de aumentar la presencia estatal en todo el territorio debe tener al menos dos condiciones: 1) partir de un estudio juicioso de los distintos tipos de municipios y de las realidades sociales y políticas que allí existen, y 2) proponer un adecuado balance entre imposición del orden y participación popular. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, mediante los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
La consulta previa: Dilemas y soluciones
César Rodríguez Garavito; Natalia Orduz Salinas
El presente documento pretende reducir la incertidumbre jurídica y práctica de las consultas legislativas. Para ello, se concentra en el ámbito colombiano, en el que la jurisprudencia ha hecho avances considerables para elucidar algunas de las preguntas difíciles sobre la consulta. Y, en este mismo contexto, analiza con detenimiento un proceso legislativo que resulta ejemplar, al menos en comparación con la ausencia de consultas o la insuficiencia profunda de la gran mayoría de ellas. Se trata del proceso que, en 2011, dio lugar a la expedición de las normas con fuerza de ley sobre reparación y restitución de tierras a favor de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y otras violaciones graves de sus derechos (Decreto Ley 4366 de 2011; en adelante, Decreto Ley). La finalidad del documento es doble. De un lado, pretende documentar la experiencia de construcción y expedición de esta pieza legislativa fundamental para los pueblos indígenas y la justicia transicional en Colombia. De otro lado, extraer de él (y de la jurisprudencia y la práctica colombiana en general) algunos principios y reglas que pueden ser útiles para una regulación adecuada y garantista de la consulta, tanto en Colombia como en otros países.
Ganadería deforestadora. Vacíos y limitantes en el control y enfoque de derechos humanos
Natalia Katixa Escobar; Kelly Giraldo Viana; Daniela Cardona Arciniegas; Laura J. Santacoloma Méndez
Posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%; dentro de este porcentaje, la Amazonia es la región con mayor afectación en el país. Ante esto, desde 2018 el Estado ha implementado diferentes estrategias normativas y de política pública dirigidas al fortalecimiento institucional para el control de la deforestación, con resultados exiguos y con grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias diseñadas? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la eficacia en su cumplimiento? Y ¿cuáles son los riesgos para los derechos humanos que puede traer la aplicación de estas estrategias de control? Estas preguntas son las que orientan el presente análisis de política pública, con el propósito de identificar posibles ausencias y debilidades en su proceso de implementación, y ofrecer recomendaciones para el fortalecimiento de su actuación en un marco de protección de los derechos humanos.
¿A quiénes sancionar? Máximos responsables y participación determinante en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
El deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva. Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados. Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo responsable y participación determinante. Su consecuencia práctica es que mientras el máximo responsable siempre debe ser seleccionado por su rol en el diseño, formulación y planeación de los planes o políticas de violencia organizada (PPVO), el partícipe determinante contribuye sustancial y efectivamente para que estos PPVO se ejecuten y su selección es optativa. Más que dar respuestas unívocas, esta propuesta busca contribuir al debate y ofrecer herramientas analíticas para orientar el trabajo de la JEP. En particular, apunta a asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad y en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Justicia restaurativa, diálogo, reparación y rendición de cuentas de actores económicos en Colombia
Aarón Alfredo Acosta; Ema Gómez Jaramillo; Alejandro Jiménez Ospina; María José León-Marín; Michael Monclou Chaparro; Laura Natalia Torres Acosta
A pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corporativa por atrocidades del pasado. Su modelo preminentemente restaurativo con componentes retributivos presenta una alternativa a las distintas aproximaciones que se han hecho en el mundo a la rendición de cuentas de actores económicos y, vale aclarar, a las que se han intentado en Colombia también. Uno de los componentes esenciales del modelo es el compromiso que adquieren los comparecientes, incluidos los actores económicos, de contribuir a la reparación de las víctimas y la restauración del daño para recibir una serie de beneficios penales. Durante más de dos años los y las autoras nos dimos a la tarea de entender cómo estaban funcionando efectivamente los procesos de construcción de compromisos de reparación de actores económicos que han acudido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Teníamos dos objetivos, que son los mismos que guían este libro. Primero, uno descriptivo, que busca entregar un recuento de cómo funciona, en la teoría y la práctica, el modelo alternativo de rendición de cuentas en que se basa la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, uno analítico, que pretende aventurar aproximaciones a cómo desarrollar de mejor manera los procesos de construcción de compromisos de reparación por parte de actores económicos en el marco de trámites dialógicos restaurativos.
Participación política de las mujeres y partidos: Posibilidades a partir de la reforma política de 2011
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto Dávila
Este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente. En el año 2011 fue aprobada una ley de reforma política (Ley 1475) con la que Colombia adoptó nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres. Se trata de una ley estatutaria que, además de regular la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, y algunos aspectos de las elecciones, contiene mandatos destinados a incentivar la participación de las mujeres en los partidos y en los procesos electorales. Es entonces la primera vez que una ley en Colombia establece normas destinadas a impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política y a fortalecer su participación en la misma. Es precisamente por ello que este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de esta ley, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente, entre otros, mediante la identificación de alternativas de política que permitan generar una mejor implementación de la ley.
Los mercados de carbono en Colombia: entre los problemas de capacidad estatal y la judicialización verde
María Adelaida Ceballos Bedoya
Este libro aborda dos objetivos: analizar las conexiones entre el funcionamiento de los mercados de carbono (MC) y la capacidad del Estado colombiano, y reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de la “judicialización verde”, entendida como la estrategia que privilegia el rol del Poder Judicial en la resolución de los conflictos socioambientales, como aquellos derivados de los MC. El texto plantea que, si bien los MC en principio ofrecen incentivos para la conservación medioambiental, ellos han sido duramente cuestionados, entre otras razones, por las violaciones de derechos humanos que traen para las comunidades encargadas de la conservación. Con el fin de explorar cómo se materializan los riesgos de los MC, el libro estudia el caso de un proyecto de carbono en un territorio indígena del municipio de Cumbal (Nariño, Colombia). Este caso ejemplifica los problemas de los MC en el contexto colombiano, caracterizados por la baja capacidad infraestructural del Estado en las periferias, así como por la débil voluntad política para regular y controlar los MC (especialmente cuando de comunidades étnicas se trata). El caso de Cumbal también es un escenario útil para mostrar que la vía judicial tiene potencialidades transformadoras, pero también tiene limitaciones pues abre la puerta a la cara represiva de la justicia y no siempre consigue satisfacer los reclamos de las comunidades afectadas. El texto concluye, pues, que es necesario complementar las estrategias judiciales con otras de incidencia política y acompañar a las comunidades locales en la defensa de sus derechos y territorios.
Más allá de los máximos responsables. Los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez
El presente documento se pregunta cómo definir la situación jurídica de los comparecientes que no hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras que la situación jurídica de los máximos responsables en estos crímenes tiene que ser definida por vía de selección y sanción, la de los comparecientes con participación no determinante puede variar entre tratamientos penales especiales no sancionatorios (rutas de selección negativa) o, excepcionalmente, la selección con fines de imponer sanciones propias o alternativas inferiores a cinco años (rutas de selección positiva excepcional). En ese sentido, las preguntas principales que orientan esta reflexión son: ¿qué es la participación no determinante en los crímenes más graves y representativos? y ¿cómo definir la situación jurídica de aquellos comparecientes que pertenecen a esta categoría? El propósito de este documento es estudiar distintas opciones y su conveniencia para el trabajo de la JEP. Así, el texto se divide en tres partes. La primera examina el concepto de participación no determinante en los crímenes más graves y representativos. La segunda describe la definición de las situaciones jurídicas mediante el proceso de selección gradual, en las rutas de selección positiva excepcional y las rutas de selección negativa (o no selección) de los partícipes no determinantes. Para finalizar, la tercera plantea algunas recomendaciones sobre el tratamiento penal especial de estos comparecientes en la JEP.
Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales. Estrategias para los jueces, funcionarios y activistas
César Rodríguez Garavito ; Celeste Kauffman
Por generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos.
Omisiones que matan. Estándares en seguridad vehicular y calidad del aire, su impacto en los derechos humanos
Paula Angarita Tovar; Johnattan García Ruiz; Diana Guarnizo Peralta
Al año fallecen 1.35 millones de personas en el mundo como consecuencia de los siniestros viales. Estos son una de las principales causas de muerte y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. A su vez, millones de personas ven afectado su estado de salud por la nociva calidad del aire que se respira, una de cada ocho muertes fueron atribuibles a los efectos de la contaminación atmosférica. Si bien muchos países han tomado medidas para mejorar los marcos regulatorios e institucionales necesarios para apoyar los esfuerzos en estas problemáticas. Hoy en día no todos los vehículos cuentan con las mismas características en seguridad o control de emisiones contaminantes, dado que no todos los países cuentan con la regulación internacional para ello. Estas diferencias, generan efectos directos e indirectos en torno a la protección de los derechos humanos, entre distintos grupos socioeconómicos y entre distintos países, en especial los del sur global. En este documento se abordará, porqué una ausencia de regulación en torno a los vehículos ha supuesto una carga importante para la salud de las personas, que se manifiesta en forma de traumatismos por siniestros viales y enfermedades respiratorias. La seguridad vehicular y la contaminación atmosférica son un asunto de salud de pública que debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos para proteger y garantizar la vida, salud y medio ambiente de los ciudadanos.
Territorio Wayúu: entre distancias y ausencias. Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia
Julián Gutiérrez-Martínez; Ana María Narváez Olaya; Johnattan García Ruiz; Diana Guarnizo Peralta
La grave situación de derechos humanos que viven los niños y niñas Wayúu en la Alta y Media Guajira, llevó a que a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en 2015 y a que la Corte Constitucional declarara un Estado de Cosas Inconstitucional en 2017. Aunque no hay duda de que La Guajira es uno de los territorios con mayores índices de pobreza y desigualdad del país, poco se conoce sobre la manera en que esta realidad se expresa en los territorios más dispersos del municipio de Uribia y cómo afecta sus condiciones de acceso al agua y el alimento. A partir de un análisis cualitativo de fuentes estadísticas y bibliográficas, como de diferentes datos recolectados en entrevistas semiestructuradas y trabajo en territorio, esta investigación aborda la posible relación entre la desigualdad económico-geográfica y el acceso a agua y alimentos de calidad en los ambientes escolares de Uribia. Su foco se centra en los entornos escolares por ser el lugar donde los niños y niñas Wayúu adquieren gran parte de los alimentos del día y adquieren hábitos alimentarios. Esta investigación hace parte de la serie Desigualdad Económica en Colombia Desde una Perspectiva de Derechos Humanos que impulsa Dejusticia. El documento busca dar luces sobre cómo la desigualdad socioeconómica, entendida aquí como la distribución geográfica de la pobreza en una relación de centro-periferia, se vincula con las condiciones accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de alimentos y agua potable que tienen poblaciones altamente vulnerables y marginalizadas, como los niños y niñas Wayúu en la alta Guajira.
Los remedios que da el derecho: El papel del juez constitucional cuando la interrupción del embarazo no se garantiza
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Nina Chaparro González
Este texto, que en principio parece abordar un debate meramente jurídico, en el fondo trata de resolver el drama humano de qué hacer cuando las mujeres intentan acceder al aborto legal, pero se enfrentan a innumerables barreras que terminan limitándolo. Las preguntas que nos hacemos son básicamente dos: ¿cuándo exactamente se vulnera el derecho a al interrupción del embarazo? y ¿qué tipo de medidas deberían adoptar los jueces en los casos en que se vulnera este derecho? Finalmente, los elementos que aquí exponemos son entonces relevantes desde el punto de vista jurídico y conceptual, pues permiten fortalecer la dogmática que respalda la garantía del derecho a la IVE. Pero también desde el punto de vista práctico, pues pueden contribuir a fortalecer los remedios judiciales que los jueces constitucionales deberían ordenar a favor de las mujeres, cuando su derecho a la IVE es vulnerado.
Efectos del cambio climático en la vida de las mujeres: el caso de Providencia tras el huracán Iota
Margarita Martínez Osorio; Paula Andrea Hurtado Pardo; Lucía Ramírez Bolívar
En noviembre de 2020, en medio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, el huracán Iota conmocionó a los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante su paso por Providencia, Iota destruyó el 98 % de la infraestructura de la isla, dejando a sus comunidades en una situación de profunda crisis, cuyas secuelas todavía hoy son palpables. Este evento climático extremo impactó en múltiples dimensiones la vida de los habitantes de la isla como en sus medios de subsistencia, sus ecosistemas, la cultura, la seguridad, los servicios de salud y educación, así como sus casas e infraestructura. Esta investigación asume una perspectiva de género y étnica para estudiar los impactos del paso del huracán Iota sobre las mujeres de Providencia, con el fin de proponer claves interpretativas y recomendaciones para afrontar los fenómenos climáticos producto del calentamiento global de una forma más resiliente y desde una perspectiva que ponga en el centro la vida, la dignidad, la perspectiva y saberes de las comunidades ancestrales y nativas al Archipiélago. Utilizando las herramientas teóricas y metodológicas de la ecología política feminista, y centrando las memorias y experiencias de las mujeres de Providencia, este documento busca aportar a la literatura sobre cambio climático y género al proponer guías interpretativas para iluminar las cargas y desigualdades de género que se exacerban en el marco de fenómenos climáticos extremos y de los subsecuentes procesos de reconstrucción.
Principales implicados: La selección de los máximos responsables y partícipes no determinantes en la Jurisdicción Especial para la Paz, lecciones del Caso 03
Sabine Michalowski; Jorge Alberto Parra Norato; Tatiana Piñeros Rodríguez
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los conceptos de máximo responsable y de partícipe no determinante y cómo diferenciarlos depende quiénes son las personas con la más alta responsabilidad para los crímenes de sistema cometidos durante el conflicto colombiano que merecen un trato sancionatorio (máximos responsables) y quiénes recibirán un trato no sancionatorio, salvo en circunstancias excepcionales (participes no determinantes). Estos conceptos también determinan la ruta procesal para definir la situación jurídica de los comparecientes. Para evaluar los avances de la JEP sobre estos conceptos complejos y presentar recomendaciones para su futuro trabajo, con base en la jurisprudencia relevante de la Sección de Apelación de la JEP y de decisiones tomadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en cuatro sub-casos del macrocaso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), el documento analiza los criterios de selección positiva de los máximos responsables y de la selección positiva excepcional de algunos partícipes no determinantes, así como las decisiones sobre la remisión de los comparecientes no seleccionados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para tratamientos judiciales no sancionatorios. También presentamos reflexiones sobre los distintos mecanismos de control de la selección negativa.
Tendencias autoritarias en América Latina y estrategias de resistencia de la sociedad civil
Sofía Forero-Alba; Christy Baile Crouse; Daniel Tovar Medina
El autoritarismo se ha implantado como una dinámica recurrente en América Latina. Herencia de las estructuras políticas y sociales históricas que han constituido la región —como el colonialismo, el caudillismo y las dictaduras militares—, las tendencias autoritarias contemporáneas ponen en peligro la estabilidad democrática de los países donde se presentan y, debido a su expansión, de la región en general. Sumado a ello, problemas urgentes como la inseguridad o las desigualdades —particularmente la desigualdad socioeconómica— han afectado la solidez y legitimidad de nuestras democracias. En este contexto, emerge una preocupación por parte de los movimientos sociales y la sociedad civil en general, acerca de los riesgos que implica el avance de gobiernos con tendencias autoritarias en cada vez más países de América Latina. Al mismo tiempo, surgen preguntas sobre las herramientas con que contamos para hacerles frente y evitar que terminen anulando las garantías democráticas alcanzadas, erigiéndose en dictaduras. Por tanto, esta investigación identifica algunas derivas autoritarias que han venido presentándose en algunos países de la región en los años recientes —ataques a la independencia judicial, securitización y militarización, limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, restricciones a la protesta, hostigamiento y ataques a personas defensoras de derechos humanos, ataques al proceso electoral, entre otras—, así como las estrategias que ha empleado la sociedad civil para resistir e impedir la expansión del autoritarismo, procurando la defensa de la democracia y la garantía de derechos y libertades.
Cuidados Paliativos: El abordaje de la atención en salud desde un enfoque de derechos humanos
Isabel Pereira-Arana
Este informe presenta un diagnóstico de la situación de los cuidados paliativos en ocho países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay), con especial atención en el desarrollo institucional y el acceso a medicamentos controlados. Así mismo, recoge los resultados de una investigación realizada con el objetivo de dar cuenta la situación actual de los cuidados paliativos en ocho países de Latinoamérica. El objetivo general del proyecto —generar conciencia e incidencia en política pública sobre la necesidad de abordar los cuidados paliativos incorporando una perspectiva de derechos humanos— se vio realizado en el acercamiento entre profesionales de diversos ámbitos en la región, lo que en sí mismo es un avance para integrar las comunidades que defienden los derechos de los pacientes, así como las comunidades que abogan por una política de drogas centrada en un enfoque de salud pública. Esperamos que, como informe de diagnóstico, sea útil para las asociaciones profesionales, los profesionales de la salud, los defensores de los derechos de los pacientes, los activistas de reforma a la política de drogas y los tomadores de decisiones, con el fin de integrar de mejor manera los cuidados paliativos a los servicios generales de salud, así como de usar un lenguaje de derechos humanos para avanzar en estos cambios de política pública y garantizar de manera integral los derechos humanos de las personas en situación de dolor y sufrimiento en las Américas.
Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera
El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.
Sistema de justicia territorial para la paz
Carolina Villadiego Burbano; Sebastián Lalinde Ordóñez
En varias regiones de Colombia el Estado no se encuentra completamente consolidado, pues allí la sociedad no está completamente pacificada, el Estado de derecho no se ha impuesto, el Estado no se ha democratizado y la desigualdad social no se ha superado. Lo que hace aún más difícil la tarea de fortalecimiento estatal y construcción de un Estado social y democrático de derecho en estos territorios es que los propósitos de pacificación, limitación del poder, democratización y búsqueda de cierta igualdad material deben perseguirse simultáneamente y no de manera escalonada, que sería una forma más sencilla. Y entre todas las tareas que el Estado debe realizar para construir una paz estable y duradera, el sistema de justicia no puede ser olvidado. En todo caso, pese a su importancia, existen otros factores que inciden en el fortalecimiento institucional en todo el territorio nacional. Pensar pues en un sistema integral de justicia, que ayude en la consolidación del Estado para la construcción de una paz duradera y que funja como mecanismo para, en muchos casos, reemplazar efectivamente a los grupos armados ilegales y evitar su resurgimiento, es el objetivo de este texto, que está dividido en tres partes. En la primera, se presenta un diagnóstico del sistema de justicia en el territorio colombiano. En la segunda parte se muestran dos grandes desafíos que, en nuestra opinión, enfrenta el sistema de justicia: el fortalecimiento de un sistema articulado y legítimo en todo el territorio nacional con énfasis rural; y la superación de la justicia armada que opera en muchos lugares. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
¿Cómo contribuir a la paz con verdad y justicia? Aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad por quienes serán seleccionados en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
¿Qué significa ‘reconocer responsabilidad y aportar verdad’ ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta es la pregunta fundamental que se aborda en el presente documento. Esta pregunta se responde haciendo referencia exclusivamente a aquellos comparecientes que puedan ser seleccionados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad como máximos responsables o partícipes determinantes. Se parte de la distinción fundamental entre ‘aportes a la verdad’, entendidos como la contribución de información relevante para la JEP que los comparecientes hacen en el contexto de un macrocaso específico, y ‘reconocimiento de responsabilidad’, definido como el acto de admitir la ocurrencia de crímenes expresados en patrones y políticas de macrocriminalidad y el rol desempeñado en ellos. El documento presenta y analiza diferentes situaciones problemáticas que se pueden presentar en relación con dichos aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, a saber: los aportes parciales a la verdad; la valoración de la verdad subjetiva de los comparecientes; la posibilidad de controvertir la determinación de los hechos y conductas como presupuesto para materializar el principio dialógico; la relación entre el reconocimiento del patrón de macrocriminalidad y el reconocimiento de los hechos particulares; el alcance de la aceptación de responsabilidad; y la relación entre reconocer la responsabilidad y la selección como máximo responsable o partícipe determinante. Con base en el análisis de estas situaciones, en la sección final del documento se plantea un listado de recomendaciones específicas a la JEP sobre cómo enfrentar dichas dificultades.
Datos personales en información pública: Oscuridad en lo privado y luz en lo público
Vivian Newman-Pont
En este documento exploramos cuál ha sido la respuesta de la ley y la jurisprudencia colombianas frente a las tensiones entre la intimidad y la publicidad de los datos. Lo haremos a partir de un primer capítulo dedicado a la revisión de la normativa existente en materia de publicidad y protección de datos personales, así como a su conceptualización legal y jurisprudencial (I), y seguiremos con un segundo capítulo que analiza la legislación y las principales decisiones de la Corte Constitucional que han aplicado dicho marco normativo en la práctica para definir unos estándares de implementación en ciertas hipótesis (II). Finalmente, extraeremos unas conclusiones básicas que esperamos sean útiles en la armonización de esta tensión.