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¿A quiénes sancionar? Máximos responsables y participación determinante en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
El deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva. Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados. Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo responsable y participación determinante. Su consecuencia práctica es que mientras el máximo responsable siempre debe ser seleccionado por su rol en el diseño, formulación y planeación de los planes o políticas de violencia organizada (PPVO), el partícipe determinante contribuye sustancial y efectivamente para que estos PPVO se ejecuten y su selección es optativa. Más que dar respuestas unívocas, esta propuesta busca contribuir al debate y ofrecer herramientas analíticas para orientar el trabajo de la JEP. En particular, apunta a asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad y en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Academia y ciudadanía: Profesores universitarios cumpliendo y violando normas
Mauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Andrea Ramírez Pisco; Juan Camilo Cárdenas Campo
¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas. En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula. Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.
Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justicia
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto Dávila
Este documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad
Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo
Ana María Ramírez Mourraille; María Paula Ángel Arango ; Mauricio Albarracín Caballero; Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-Pont
Los mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano: Avances, retos y recomendaciones
Silvia Ruiz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; Valentina Rozo Ángel
Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional. Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.
Accountability of Google and other businesses in Colombia: The protection of personal data in the digital age
Vivian Newman-Pont; María Paula Ángel Arango
In this document we analyze the privacy policies of 30 companies with data-driven business models that collect data in Colombia and identify practices that have not been sufficiently contemplated by the personal data protection regime currently applicable in our country. But what has been done in Colombia to guarantee these rights in the digital economy framework? In this document, we explore the degree of preparedness of our legal personal data protection regime and data protection authorities for tackling the risks that the digital era poses to different values and rights, thereby holding accountable the companies with data-driven business models (DDBM). From the review of their privacy policies, we analyze the modus operandi of an illustrative sample of 30 DDBM, among which are included—for their economic, technological, and social power—the so-called GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft). After this analysis, we identify several practices that have not been sufficiently contemplated by the personal data protection regime currently applicable in Colombia, and whose regulation, in comparison with the European GDPR and the CCPA of California, has significant room for improvement. Likewise, we identify several shortcomings in the capacities of the Colombian data protection authorities in holding the DDBM accountable and therefore, propose some corrective measures. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/accountability-of-google-and-other-data-driven-business-models-data-protection-in-the-digital-age/
Addicted to Punishment: The Disporportionality of Drug Laws in Latin America
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato
This document analyzes the proportionality of drug related crimes in seven Latin American countries through the study of the evolution of their criminal legislations from 1950 until 2012. The study suggests the existence of a regional tendency to maximize the use of criminal law for combating this type of conducts. This is reflected in: i) the gradual increase in the number of drug-related conducts described as criminal, ii) the exponential growth of the penalties with which those conducts are punished and iii) the incomprehensible tendency of punishing with more severity the drug-related crimes rather than those more evidently severe such as homicide, rape and aggravated robbery. Those upward trends indicate that the Latin American States have become addicted to punishment because of their frequent and empirically groundless increasing of the punitive dose, regardless of its constantly decreasing benefits. Addicted to punishment is part of a series of studies carried out by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) that critically analyze the application of the proportionality principle in relation with drug crimes. The studies find that the punishments imposed and the punitive treatment of the offenders is disproportional, often generating more damages than benefits.
Adicción punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América Latina
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato
Este documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.
Are reparations impossible to pay? Colombia’s reparation policy for survivors of sexual violence and victims of the armed conflict
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Paula Valencia Cortés; Randy Villalba Arango; Paola Molano Ayala
The right to reparation for victims of human rights violations is one of the cornerstones of transitional justice and is a widely recognized principle in both the literature and human rights standards. Despite its importance, administrative reparation programs are often seen as costly and ineffective policies. Nevertheless, the literature on reparations has overlooked the question of the financial feasibility of these programs. In an effort to address this question, this text contributes to the analysis of the financing of administrative reparation programs, particularly regarding reparations for sexual violence, based on the Colombian experience. We examine how the financial feasibility of the reparations policy created in 2011 was determined, how the budget allocated to reparations has behaved between 2012 and 2022, and the role of reparations for acts of sexual violence within this framework. This study allows us to identify important methodological, conceptual, and political elements in order to establish what has worked well and what has been problematic in this process. Based on this, we discuss factors that should be taken into account in different contexts to ensure sustainable programs that fulfill the rights of victims of human rights violations, especially survivors of sexual violence.
Bancada de mujeres del Congreso: una historia por contar
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto Dávila
Durante el periodo legislativo 2006-2010 se conformó en el Congreso de la República de Colombia la Bancada de Mujeres. En esta confluyeron todas las congresistas, con el propósito común de trabajar por los derechos de las mujeres. A pesar de su potencial para promover proyectos legislativos relacionados con dichos derechos y de los logros que ha tenido, la bancada ha sido poco estudiada y su trabajo poco documentado. Este texto tiene como propósito darle visibilidad a dicho proceso, a partir de la reconstrucción de su historia, retos y logros. En este sentido, aquí se identifican los antecedentes, las gestoras(es) claves y el funcionamiento de la Bancada de Mujeres desde el año 2006 hasta el 2011. A su vez, se destacan los principales logros y obstáculos de esta alianza a lo largo de estos años con el fin de sugerir algunas vías para fortalecer este ejercicio de acción colectiva. El documento pretende entonces ser una herramienta útil no solo para el fortalecimiento de la Bancada de Mujeres en el Congreso, sino también para el debate en torno a la participación política de las mujeres en la democracia colombiana.
¿Barreras insuperables? Un análisis de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras
Aarón Alfredo Acosta; Nelson Camilo Sánchez León
Lejos de cumplir con sus promesas de ser distinto, y de ofrecer más acceso a justicia para las víctimas, el sistema de restitución de tierras ha negado la mayoría de las solicitudes (el 65%) en la etapa administrativa del proceso. Además, los solicitantes cuyas solicitudes han sido negadas no tienen un recurso efectivo para controvertir las negaciones. A la fecha, las razones que explican esta alta tasa de negaciones eluden tanto a los expertos como a los académicos, debido a que no existe información que explique los motivos de las decisiones negativas. Aunque la extensión de la política de restitución por 10 años ofrece una oportunidad para corregir el camino, la simple extensión, sin revisar los graves problemas de los cuales han caracterizado el proceso, solo terminaría siendo una repetición de los primeros 10 años. Con el ánimo de prevenir este resultado y contribuir al goce efectivo de los derechos de las víctimas a restitución, en este documento de política pretendemos hacer dos cosas: destacar algunos de los grandes y serios problemas que han sido parte de la implementación de la política de restitución de tierras; y proponer un conjunto de recomendaciones a varias entidades implementadoras para abordar esta problemática. Específicamente, sostenemos que es necesario revisar las decisiones negativas tomadas por la URT para asegurar que los derechos de las víctimas no han sido vulnerados.
Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulación
Alejandro Corda; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol Arriagada
Las Américas están a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. En Estados Unidos, desde 2012, diez estados y el distrito de Columbia aprobaron iniciativas para regular el cannabis para usos no médicos (“recreativos”), ya sea por elecciones o por aprobación de leyes. La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos hoy viven en estados con algún tipo de acceso legal a cannabis medicinal o recreativo, aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico; uno de los objetivos principales del gobierno era separar el mercado del cannabis de los mercados de otras sustancias. En 2018, Canadá se sumó a Uruguay y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis. México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.
Cárcel y muerte: El secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto
Ana Jimena Bautista Revelo; Anna Joseph; Margarita Martínez Osorio
Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas.
Casas de justicia: Una buena idea mal administrada
Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Sebastián Lalinde Ordóñez; Lina María Arroyave Velásquez; Carolina Villadiego Burbano
El principal hallazgo de este libro es que las casas de justicia en Colombia constituyen una importante idea para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables económicamente, pero que es un modelo inacabado en la medida en que no se ha reflexionado lo suficiente, de manera que las casas de justicia puedan entenderse verdaderamente como un programa y no simplemente como un conjunto desarticulado de edificaciones en las cuales se prestan servicios de justicia. Así, la finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes y mejoren el acceso a la justicia. Para ello revisamos la literatura comparada sobre programas similares que se han implementado en otros países y los estudios que se han hecho en Colombia; realizamos entrevistas a distintas personas conocedoras de las casas de justicia, bien sea porque han estudiado académicamente el programa o porque tienen alguna relación a nivel laboral con las mismas; e hicimos observación y visitas a ocho casas de justicia.
Catastro para la paz. Tensiones, problemas, posibilidades
Felipe León Villamil; Juana Dávila Sáenz
Este estudio está dirigido a reconstruir y a analizar la evolución de la política de catastro multipropósito y su oscilación entre diversos modelos, y generar recomendaciones en clave de una “justicia transicional económica”.
Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdo
Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera
La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
Communications Surveillance in Colombia: The Chasm between Technological Capacity and the Legal Framework
Carlos Cortés Castillo; Celeste Kauffman (Trad.)
This book aims to examinate the colombian legal and jurisprudential framework related to the communication surveillance of today’s technologies. Phrased in the form of hypothesis, the purpose is to demonstrate how intelligence-related laws and jurisprudence fail to ensure that potentially affected rights remain intact.
¿Cómo contribuir a la paz con verdad y justicia? Aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad por quienes serán seleccionados en la Jurisdicción Especial para la Paz
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo
¿Qué significa ‘reconocer responsabilidad y aportar verdad’ ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta es la pregunta fundamental que se aborda en el presente documento. Esta pregunta se responde haciendo referencia exclusivamente a aquellos comparecientes que puedan ser seleccionados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad como máximos responsables o partícipes determinantes. Se parte de la distinción fundamental entre ‘aportes a la verdad’, entendidos como la contribución de información relevante para la JEP que los comparecientes hacen en el contexto de un macrocaso específico, y ‘reconocimiento de responsabilidad’, definido como el acto de admitir la ocurrencia de crímenes expresados en patrones y políticas de macrocriminalidad y el rol desempeñado en ellos. El documento presenta y analiza diferentes situaciones problemáticas que se pueden presentar en relación con dichos aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, a saber: los aportes parciales a la verdad; la valoración de la verdad subjetiva de los comparecientes; la posibilidad de controvertir la determinación de los hechos y conductas como presupuesto para materializar el principio dialógico; la relación entre el reconocimiento del patrón de macrocriminalidad y el reconocimiento de los hechos particulares; el alcance de la aceptación de responsabilidad; y la relación entre reconocer la responsabilidad y la selección como máximo responsable o partícipe determinante. Con base en el análisis de estas situaciones, en la sección final del documento se plantea un listado de recomendaciones específicas a la JEP sobre cómo enfrentar dichas dificultades.
Cruce seguro: Sistemas de Retención Infantil y Derechos Humanos contra la siniestralidad vial en Colombia
María Gabriela Vargas Parada; Julián Gutiérrez-Martínez; Randy Villalba Arango; Diana Guarnizo Peralta
En Colombia, el incremento de siniestros viales impacta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia de COVID-19 generó una disminución temporal en estos eventos, la reactivación que la siguió ha provocado un aumento alarmante de estos eventos, exacerbado por el uso intensivo de vehículos privados y por conductas de conducción peligrosas. Este documento tiene dos objetivos esenciales: informar y sensibilizar sobre la grave situación de siniestralidad vial que afecta a la infancia, por un lado, y promover la incorporación de sistemas de retención infantil (SRI) como un componente crucial de las políticas nacionales de seguridad vial, por otro. Mediante un análisis detallado de estadísticas tanto nacionales como internacionales, el texto demuestra la imperiosa necesidad de adoptar medidas específicas de protección y además explora los desafíos asociados a su implementación, subrayando la importancia que tiene la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Así, este documento no solo aborda una crisis de salud pública, sino que también plantea un marco para mejorar las políticas de seguridad vial, integrándolas a un contexto más amplio de salud pública y derechos humanos. Adicionalmente, se inscribe en los esfuerzos hechos por Dejusticia para tratar la seguridad vial como un asunto clave de salud pública y fomentar políticas que efectivamente reduzcan esta problemática.
Cuando lo esencial es invisible al Estado: derechos fundamentales y megaminería
Laura J. Santacoloma Méndez
Este documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones estatales sobre desarrollo sostenible y prevención en materia de derechos fundamentales de las personas. El Estado colombiano ha sido permisivo con la megaminería pese a los conflictos sociales e impactos en los territorios y las personas, situaciones de las que dan cuenta las múltiples sentencias judiciales sobre protección de derechos individuales y colectivos, así como la consolidación de procesos territoriales que se oponen a su realización. En general, la regulación de la minería en el país se ha orientado al beneficio de particulares sin que el Estado se ocupe de la prevención en materia de derechos humanos y medio ambiente con el rigor suficiente, por lo que la declaratoria de la actividad como de utilidad pública e interés general no cuenta con estándares objetivos que permitan establecer si un proyecto responde o no a los parámetros constitucionales.