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    Sembrando el derecho a la alimentación en Colombia: avances y propuestas desde los territorios
    Diana Guarnizo-Peralta; Felipe Roa-Clavijo
    El Acto Legislativo 01 de 2025 marcó un hito para Colombia: reformó el artículo 65 de la Constitución Política para incluir el derecho humano a la alimentación adecuada, un avance celebrado por muchos sectores. Aunque la reforma avanza en su reconocimiento constitucional, falta mucho para que este marco se transforme en leyes, políticas y reglamentos que contribuyan efectivamente a la alimentación en el país. Dejusticia, en asocio con profesores universitarios de distintas regiones, se unieron en esta obra colectiva, que tiene el objetivo de ahondar en distintas aproximaciones al derecho a la alimentación; sus dilemas, desafíos y oportunidades. Así, buscamos “sembrar” ideas que les permitan a legisladores, hacedores de política y académicos un adecuado desarrollo legal que contribuya a garantizar este derecho humano. El libro se divide en tres secciones. La primera explora críticamente la visión del alimento como mercancía, defendida principalmente por acuerdos comerciales internacionales. La segunda resalta los valores del alimento más allá de lo nutricional, enfocándose en el trabajo local y colectivo, el valor de las semillas nativas, la alimentación saludable en contextos universitarios y el rol de las mujeres en proyectos agroecológicos. La tercera invita a repensar este derecho en perspectiva biocultural, por medio de la experiencia de comunidades en Montes de María y la jurisprudencia comparada.
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    Derecho, comercio y etiquetado nutricional: Reflexiones y experiencias desde América Latina. 2.ª edición.
    Diana Guarnizo-Peralta (Ed.); René Urueña Hernández (Ed.); Juan Martín Carballo (Ed.); Laís Amaral Mais; Paula Angarita Tovar; Mariana de Araújo Ferraz; María Paula Barbosa; Simón Barquera; Renato Barreto Florentino; Ana Paula Bortoletto Martins; Juan Martín Carballo; Luciana Castronuovo; Berenice Cerra; Patricia Chaves Gentil; Alejandra Contreras Manzano; Carlos Cruz Casarrubias; Maria Cecília Cury Chaddad; Jaime Delgado Zegarra; Daniel Felipe Dorado Torres; Victoria Fullerton Soto; Janine Giuberti Coutinho; Mariana Gondo dos Santos; Leila Guarnieri; Diana Guarnizo-Peralta; Julián Gutiérrez-Martínez; Gabriela Guzmán-Pérez; Lucas Landivar; Daniel López Lizama; María Luján Abramo; Lucía Martínez; Ana Munguía; María Elisabet Pizarro; Sergio Procelli; Diego Rodríguez; Raquel Sánchez; Gianella Severini; Rafael Tamayo-Álvarez; María Victoria Tiscornia; Lizbeth Tolentino Mayo; Adriana Torres Bastidas; René Urueña Hernández; Daniela Valdivieso Riofrío; Andrés Vélez Serna; Javier Zúñiga
    América Latina ha liderado la adopción e implementación de políticas de etiquetado frontal de advertencia en el mundo. Actualmente, al menos ocho países de la región ya cuentan con etiquetados frontales, y se discute su adopción en Centroamérica, África y algunos países del Sudeste Asiático. Esta medida ha sido recomendada por la OMS y la OPS, al considerarse adecuada para promover ambientes alimentarios más saludables, mejorar los hábitos de consumo y reducir la obesidad. Este libro busca profundizar en los argumentos legales, tanto de derechos humanos como de derecho económico, que sustentan esta medida, al tiempo que se documenta el proceso de adopción de esta política de salud pública en varios países latinoamericanos: México, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. Tres años después de su primera edición, las políticas de etiquetado se han seguido extendiendo y consolidando en América Latina, por lo que es necesario ampliar el análisis de los países estudiados. Esta segunda edición incluye, entonces, una revisión de los capítulos incluidos en la primera edición y dos capítulos nuevos. Así, se busca que sea una obra de referencia para quienes quieran explorar cómo se ha desarrollado la adopción de políticas de etiquetado en la región y cuáles han sido sus principales desafíos legales. Fiel a su objetivo original, el libro busca aportar al debate sobre etiquetado nutricional conectando ámbitos de discusión que no siempre se vinculan. Para lograrlo, por un lado, conecta argumentos de derechos humanos y salud pública con análisis propios del derecho económico, para mostrar que la adopción de este tipo de medidas puede armonizarse a la luz de cuerpos legales diversos. Por otro lado, apuesta por conectar la experiencia del activismo, la práctica legal y los debates académicos, con el fin de ofrecer reflexiones que parten de la experiencia práctica, pero profundizan en la reflexión teórica.
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    Transición energética justa para La Guajira
    Julián Gutiérrez-Martínez; Luisa Fernanda Guerra-Carrera; Ivonne Elena Díaz García; Jhonatan Malagón Palacios; Diana Guarnizo-Peralta
    Esta investigación analiza el proceso de transición energética en La Guajira y examina si sus cargas y beneficios se distribuyen de manera justa. Con un enfoque sociojurídico y anfibio, que combina la etnografía y la investigación-acción participativa, este documento describe las desigualdades estructurales que afectan las comunidades Wayuu, explica sociológicamente cómo las prácticas de las empresas y el Estado reproducen estas desigualdades, y propone un análisis crítico desde las justicias distributiva y procedural. Al dialogar con las voces del territorio, se subrayan varias continuidades entre las “viejas y nuevas empresas” y su relacionamiento con el Estado, resaltando que esta transición se manifiesta como un ‘extractivismo verde’. Este enfoque crítico revela cómo las soluciones para la crisis climática pueden replicar dinámicas de enclave, coloniales y extractivistas, concentrando beneficios en actores corporativos y cargando a las comunidades con las consecuencias. El estudio concluye que la transición energética, si bien es vital para enfrentar el cambio climático, puede perpetuar desigualdades históricas si no se aborda desde acuerdos claros con enfoque transformador, repensando los modelos de participación y beneficio, buscando la justicia epistémica e intergeneracional, para que estas comunidades sean protagonistas de un proceso profundamente equitativo y restaurativo.
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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°3 Tutela contra sentencias: documentos para el debate
    Mauricio García Villegas; Catalina Botero Marino; Diana Guarnizo-Peralta; Juan Fernando Jaramillo Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes
    La tutela contra sentencias (TCS) ha estado, desde hace varios años, en el centro de muchas polémicas jurídicas y políticas, en especial debido al llamado “choque de trenes”. Estos enfrentamientos entre las altas cortes han sido perjudiciales para el país, pues generan incoherencias en el sistema judicial, con grave perjuicio para la seguridad jurídica y para los derechos fundamentales de los colombianos. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” ha querido contribuir a la búsqueda de una solución de este problema, recogiendo en nuestra serie de “documentos de discusión” varios textos que varios de nuestros socios e investigadores han elaborado sobre el tema en los últimos años. Consideramos oportuna la publicación conjunta de esos trabajos, teniendo en cuenta que el debate en el país sobre el tema se ha intensificado en los últimos meses. En particular, al momento de escribir estas líneas, el debate se ha trasladado al Congreso, quien tiene la oportunidad de encontrar una salida a este problema, debido a la presentación de dos proyectos de acto legislativo vinculados al tema. De un lado, el proyecto 133/06 Cámara presentado por el Ministerio del Interior y de otro lado, el proyecto 13/06 Senado, presentado por el Consejo de Estado y coadyuvado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación.
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    Diferentes industrias, un mismo manual. Interferencia de las industrias de tabaco, alcohol y ultraprocesados en las políticas para la prevención de enfermedades no transmisibles en Colombia
    Diana Guarnizo-Peralta; Paula Angarita Tovar; Adriana Torres Bastidas
    El consumo de tabaco, alcohol y productos ultraprocesados está relacionado con el incremento de enfermedades no transmisibles, las cuales son responsables del 62% de las muertes en Colombia. La OMS recomienda desincentivar el consumo de estos productos por medio de políticas de prevención. Sin embargo, la adopción de estas políticas no ha sido rápida y muchas siguen sin adoptarse debido, en parte, a las acciones que estas industrias han desplegado en el debate público. ¿Cuáles son las tácticas utilizadas por estas tres industrias para interferir en las políticas de prevención de enfermedades en el país? ¿Es posible encontrar tácticas similares de acción entre estas industrias? El resultado de esta investigación es un catálogo amplio y variado de acciones con las que estas industrias, haciendo uso de estrategias replicables, buscan interferir, de manera directa e indirecta, en la construcción de la política pública. Dentro de dichas acciones se encuentra el cabildeo, el mercadeo agresivo, los acuerdos de autorregulación, entre otras. Argumentamos que, aunque son prácticas perfectamente legales, estas tácticas resultan lesivas al debate democrático. Esta publicación busca contribuir al debate sobre determinantes comerciales de la salud. Esta dirigida a salubristas, hacedores de política y personas interesadas en conocer cómo las industrias de productos no saludables intentan, y en algunas ocasiones logran, moldear las políticas públicas de prevención en salud en el país.
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    Impuesto a las bebidas azucaradas. Una idea a favor de la salud pública
    Diana León Torres; Alejandro Rodríguez Llach; Diana Guarnizo-Peralta
    En Colombia, más del 50 por ciento de la población adulta tiene exceso de peso. Las recomendaciones expertas han hecho un llamado a que se incluya en los regímenes fiscales un tributo al consumo de bebidas azucaradas que desincentive este hábito no saludable. Aunque la medida ha sido respaldada por la academia, parte del sector público, las organizaciones civiles y la población en general, aún no se cuenta con esta medida en el régimen fiscal del país. En este documento hacemos un análisis de los impactos directos e indirectos que tendría un impuesto a las bebidas azucaradas en el país y los retos en su implementación desde una visión económica y de los derechos humanos. Nuestro análisis señala que Colombia necesita una política fiscal que efectivamente aumente el precio relativo de las bebidas azucaradas y use el recaudo para ayudar a los hogares a internalizar la problemática. Dicha política puede llegar a ser progresiva si se implementa de la manera adecuada. En el corto plazo, el recaudo del tributo permitiría que se implementen otras políticas complementarias que incentiven a los colombianos a disminuir su consumo de bebidas azucaradas. En el mediano y largo plazo, a pesar de que caiga el recaudo, la disminución del consumo de bebidas azucaradas impactaría positivamente no sólo la salud de los colombianos, sino la productividad laboral y el bienestar de la población. El documento también señala algunos posibles retos en su implementación y sugiere algunas vías de cómo abordarlos.
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    Elementos para la regulación del mercadeo y la publicidad sobre productos comestibles ultraprocesados (PCU) dirigidos a niños y niñas
    Diana Guarnizo-Peralta; Julián Gutiérrez-Martínez
    El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si dichas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. De tal forma, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: primero, el porqué es una preocupación central para la salud pública y los derechos humanos; segundo, cuáles son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; tercero, cuál es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifican el deber del Estado de regular estas prácticas; y cuarto, cómo dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto que no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y niñas a la alimentación, salud y su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persiste la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria, los cuales se han mostrado ineficaces y no ajustados a estándares internacionales en materia de derechos humanos
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    Sin impacto comprobado: análisis de un impuesto a las bebidas azucaradas en el mercado laboral colombiano
    Randy Villalba Arango; Diana Guarnizo-Peralta
    Se ha demostrado que en los países donde se ha implementado el impuesto no ha habido pérdidas de puestos en las industrias afectadas ¿Por qué? por la propensión de los consumidores a comprar más de otros productos en el mismo sector. Al final se utilizará la misma mano de obra pero ahora en la producción donde se trasladó el nuevo gasto de los hogares. La alta productividad de la industria colombiana de bebidas le brinda la posibilidad de variar la producción sin tener que reconfigurar su planta de empleados ni incurrir en grandes costes, solo disminuir la capacidad de lo que produce la maquinaria dada la baja intensidad en trabajo, y más bien alta en capital (muy característico de esta industria). Por esto, los empleos fijos para esta industria no han aumentado pero las ventas sí lo han hecho en la última década. Más bien ha aumentado la contratación de personal administrativo y de ventas temporal (que son la mayoría de los trabajadores). Estos últimos son quienes potencialmente podrían ver las afectaciones en el corto plazo. Sin embargo, se han aumentado los esfuerzos en ventas y publicidad, en línea con los planes de reformulación que la misma industria ha anunciado. Esto quiere decir que ya se cuenta con toda la capacidad productiva y lo que quieren es aumentar las ventas vía estrategias publicitarias. Por lo tanto, tampoco se van a ver afectados los empleados temporales de ventas ya que fácilmente podrá ser trasladado su trabajo a los productos no gravados.
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    Cruce seguro: Sistemas de Retención Infantil y Derechos Humanos contra la siniestralidad vial en Colombia
    María Gabriela Vargas Parada; Julián Gutiérrez-Martínez; Randy Villalba Arango; Diana Guarnizo-Peralta
    En Colombia, el incremento de siniestros viales impacta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia de COVID-19 generó una disminución temporal en estos eventos, la reactivación que la siguió ha provocado un aumento alarmante de estos eventos, exacerbado por el uso intensivo de vehículos privados y por conductas de conducción peligrosas. Este documento tiene dos objetivos esenciales: informar y sensibilizar sobre la grave situación de siniestralidad vial que afecta a la infancia, por un lado, y promover la incorporación de sistemas de retención infantil (SRI) como un componente crucial de las políticas nacionales de seguridad vial, por otro. Mediante un análisis detallado de estadísticas tanto nacionales como internacionales, el texto demuestra la imperiosa necesidad de adoptar medidas específicas de protección y además explora los desafíos asociados a su implementación, subrayando la importancia que tiene la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Así, este documento no solo aborda una crisis de salud pública, sino que también plantea un marco para mejorar las políticas de seguridad vial, integrándolas a un contexto más amplio de salud pública y derechos humanos. Adicionalmente, se inscribe en los esfuerzos hechos por Dejusticia para tratar la seguridad vial como un asunto clave de salud pública y fomentar políticas que efectivamente reduzcan esta problemática.
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    Seguridad vehicular y derecho internacional económico: preguntas y respuestas para Colombia
    René Urueña Hernández; Paula Angarita Tovar; Diana Guarnizo-Peralta
    Cada año, millones de personas en todo el mundo mueren por causas prevenibles relacionadas con afectaciones a la salud pública, entre ellas, los siniestros de tránsito. Conscientes de la importancia del marco regulatorio en la mejora de las condiciones de movilidad, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial recomendó la adopción de estándares en seguridad vehicular como uno de los pilares fundamentales. Sin embargo, la incorporación de estándares regulatorios más claros en materia de seguridad vehicular trae también nuevas preguntas para Colombia. La finalidad de este documento es, entonces, analizar, de manera sencilla y práctica, las implicaciones que traería para Colombia la incorporación de estándares internacionales en seguridad vehicular y cómo se armonizan estos con los compromisos adquiridos por el país en el marco de los acuerdos comerciales e inversión