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    Making Social Rights Real: Implementation strategies for Courts, Decision Makers and Civil Society
    César Rodríguez Garavito ; Celeste Kauffman
    Given the disappointing implementation levels in various countries and across human rights systems, this guide seeks to contribute to the discussion regarding strategies for courts, international decision-makers, and civil society to increase the implementation of ESCR decisions. For generations, human rights defenders have struggled to secure recognition of economic, social and cultural rights (ESC rights) and ensure their justiciability in national, regional and international courts, a struggle that has been very successful. National courts around the world, including in Colombia, India, South Africa and Kenya, are expressing their views on ESC rights on a regular basis, and several countries have explicitly included the justiciability of ESC rights in their constitutions. Regional tribunals such as the Inter-American Court of Human Rights and the African Commission on Human and Peoples’ Rights now consider petitions on ESCR. At the international level, in 2013, the Optional Protocol to the International Covenant on Economic and Social Rights entered into force, allowing the Committee on Economic and Social Rights to hear individual complaints concerning violations of ESC rights
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a personas adictas a las drogas
    Legal Agenda
    Desde que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y drogadicción ha evolucionado y traído diferentes investigaciones encaminadas al entendimiento de los problemas con los que viven las personas cuyo consumo de drogas es problemático, ya no se ve a una persona adicta como criminal, cuyo único fin es ser judicializada y castigada, sino como alguien marginalizado que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de dichas sustancias. En este texto se se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje de la addición a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. Por último, en estas páginas se exploran los modelos de acción judicial que permiten defender a las personas adictas estipulados en la Ley de Drogas, que busca aproximarse a las personas cuyo consumo es problemático desde la educación y el camino del tratamiento.
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a refugiados en casos de deportación y detención arbitraria
    Legal Agenda
    En el Líbano existen una serie de prácticas que violan los derechos humanos más básicos. Una de estas prácticas es la falta de garantías que existe en el sistema legal para la protección de los refugiados o las personas que solicitan asilo. Los refugiados carecen de un marco legal que garantice su derecho a la protección, y pueden llegar a ser arrestados y juzgados por entrar de manera clandestina al territorio libanés. En este artículo se exponen los fracasos de los intentos por resolver el asunto de la falta de protección a los refugiados a través de procesos administrativos de parte de la Seguridad General del Ministerio del Interior y la Fiscalía Pública de Casación, frente a las estrategias que debieron buscar los abogados y activistas para detener una transgresión doble. Así, se exponen dos modelos de defensa desarrollados: el primero para defender a los refugiados procesados por la entrada clandestina para evitar su deportación, y el segundo para obligar al Estado a que libere a los refugiados detenidos de manera arbitraria después de que se finalicen sus respectivas sentencias.
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    El efecto dominó en los casos de drogadicción: el principio de “tratamiento en lugar de judicialización” avanza en los juzgados luego de una decisión histórica de casación
    Karim Nammour
    Este artículo discute los distintos caminos que se tomaron en el transcurso del litigio estratégico que apuntaba a consagrar el derecho de los familiares de las personas desaparecidas durante la guerra civil en el Líbano a saber qué pasó con ellas, o como se denominó, "el derecho a saber". Además, aborda los motivos por los que utilizar el litigio estratégico permite trasladar efectivamente un tema de la arena política a la judicial; los criterios que utiliza y las cosideraciones hechas en la selección de los casos, y los métodos de trabajo. Finalmente, el artículo plantea las herramientas que se deben tener en cuenta para estar preparado para abordar las acciones de la corte en los medios, y combatir cualquier reincidencia judicial al respecto o cualquier intervención de los poderes políticos que pretenda reorientar la corte o prevenir la implementación de sus fallos.
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    Caso 260 de 2013 Sentencia no. 260/2013
    3ª Sala Penal del Tribunal de Casación
    En el Líbano el principio de "tratamiento en lugar de judicialización" quedó inactivo por más de quince años, luego de que la Ley de Drogas fuera aprobada en el año 1998, pero no se activaran sus mecanismos. La lógica punitiva se mantuvo en el trabajo de judicialización de los delitos asociados a la drogadicción, y logró sobrepasar los textos legales incluso después de que el Comité para la Drogadicción fuera aprobado a principios del 2013. Este texto explora los resultados del esfuerzo que la organización Skoun llevó a cabo a partir de una iniciativa de litigio estratégico para que después de tantos años se reconociera el principio de "tratamiento en lugar de judicialización" estipulado en la Ley de Drogas. El tribunal donde se pudo llegar a esta decisión citó el principio de que las "leyes existen para ser cumplidas, no ignoradas", además, consideró la defensa procedimental que constituye el que un usuario de drogas solicite someterse a un tratamiento por adicción. Después de esta decisión, más tribunales se sumaron al uso del "tratamiento en lugar de judicialización" como mecanismo de judicialización, creando un efectó dominó que lleva a este principio a tener presedencia sobre la lógica punitiva que se había mantenido, sin embargo, aún quedan muchos esfuerzos de los abogados y jueces por hacer para volverlo un principio general y de implemetación automática.
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    Cuando los familiares de los desaparecidos llevan su caso a las cortes
    Nizar Saghieh
    Este documento traduce la decisión de la 3a Sala Penal del Tribunal de Casación en el Líbano, compuesta por la presidenta, Souheir Haraki, y los jueces auxiales, Ghassan Fawaz y Nahida Khaddaj, sobre el caso No. 293/2013 en el cual el representado por el abogado Nizar Saghieh, presentó un recurso de casación contra la fiscalía para impugnar la Sentencia 75/2013 emitida el 8 de mayo de 2013 por la 8a Sala del Tribunal de Delitos Menores de Beirut. En el texto se exponen las decisiones tomadas por la Sala Penal en términos procedimentales y del mérito, que permiten compreder el estado del caso. Además, se evidencia lo ocurrido en la etapa de precasación y poscasación, y permite entender la conclusión del retorno de los documentos a su fuente.
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    Migración, pandemia y xenofobia en Colombia, Perú y Chile:Tres palabras que nunca debieron unirse
    Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez
    La crisis política, social, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha generado la migración forzada de millones de personas a toda la región, siendo Colombia, Perú y Chile los tres principales países receptores. Además, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19 no solo por el número de personas contagiadas y fallecidas, sino también por las consecuencias económicas que han profundizado la pobreza y las desigualdades sociales. Antes de la pandemia las personas migrantes venezolanas ya venían enfrentando dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la vivienda. Sin embargo, su situación se ha precarizado aún más durante este periodo. A lo que se suman los discursos y comportamientos xenófobos que enfrentan y que también se han incrementado durante la pandemia. Este artículo explora los efectos desproporcionados que la pandemia ha tenido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes y el aumento de narrativas discriminatorias en Colombia, Perú y Chile. Así como el impacto que estos discursos han tenido en la atención estatal en el marco de la crisis. Finalmente, propone una serie de recomendaciones para enfrentar la xenofobia en medio de la pandemia dirigidas a los gobiernos, los medios de comunicación, y la sociedad civil
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    Espacios democráticos en tiempos de pandemia: desafíos y respuestas
    Jessica Corredor Villamil
    En este texto se analizan los efectos de las medidas tomadas por los gobiernos para contener la pandemia del coronavirus en los espacios democráticos. En la primera parte se hace un recuento de las afectaciones más graves al espacio cívico por causa de las diferentes respuestas que han tenido los gobiernos, con un enfoque especial en los del Sur Global y, en particular, en los países donde las democracias son frágiles o están bajo un Gobierno autocrático o populista. En la segunda parte, se presenta una serie de recomendaciones dirigidas a la sociedad civil, teniendo en cuenta las diferentes iniciativas de movilización social y de solidaridad que han surgido desde el comienzo de la crisis sanitaria.
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    Luchar contra la corriente: derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüe
    Jessica Corredor Villamil (Ed.); Alejandra Donoso Cáceres; Seyedmahdi Khodaei; Bruno Martins Morais; Mildred Meléndez Otero
    Este libro es el resultado del esfuerzo colectivo por parte de los talleristas de la séptima edición del Taller Global de Iinvestigación Aacción para Jjóvenes Aactivistas del Sur global, que se llevó a cabo entre Bogotá y el Putumayo, en Colombia, en el 2019. En esta ocasión reunimos a 17 personas de diferentes países del Sur global para reflexionar sobre los desafíos que representan las consecuencias de la crisis climática actual y sobre las posibles soluciones y estrategias que pongan siempre a los derechos humanos en el centro de las discusiones. A través de cuatro capítulos con casos de de Puerto Rico, Chile, Brasil e Irán, las personas que lean este libro encontrarán que, aunque el panorama de los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos es sombrío, también hay esperanza cuando se ubican a las personas y sus derechos se ubican en el centro de las conversaciones sobre esta problemática. En suma, este libro permite evidenciar que la lucha climática debe ser transversal a las demás demandas sociales, y que es a través de la acción colectiva por los derechos humanos, sustentada en investigaciones robustas, que se puede hacer frente a la crisis climática.
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    Defender los derechos humanos en Venezuela. Los retos de la sociedad civil para enfrentar el cierre del espacio democrático
    Ezequiel Monsalve Fernández; Ligia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez Bolívar; Jessica Corredor Villamil
    A pesar de la larga trayectoria en la protección y promoción de los derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) venezolanas, y de su importante rol en la superación de la crisis que atraviesa el país, su voz no es ampliamente difundida y la mirada de la comunidad internacional se ha centrado principalmente en atender las consecuencias de la crisis. En el marco del trabajo de Dejusticia sobre el cierre de espacios de la sociedad civil en contextos autoritarios, y de la estrategia de solidaridad con el movimiento de derechos humanos del Sur gGlobal que promueve la organización, esta investigación presenta un diagnóstico de la situación de las OSC venezolana con el fin de visibilizar su trabajo y sus necesidades, así como las barreras y los retos que enfrentan en el contexto complejo en el cual adelantan sus labores. Se espera que este documento se convierta en una herramienta para la comunidad internacional (donantes y organizaciones regionales, entre otros) que requiere más información para tomar decisiones relacionadas con el apoyo al movimiento de derechos humanos en Venezuela. Este diagnóstico permitirá tener un mejor entendimiento de los desafíos y las tensiones que enfrentan las OSC. El trabajo de estas organizaciones inspira a seguir buscando alternativas para el fortalecimiento de la sociedad civil. Al contrario de lo que muchas personas piensan, no todo está perdido y en los actores de la región recae una buena parte de la responsabilidad en contribuir a que esta labor pueda mantenerse