Examinando por Autor "Luis Felipe Cruz-Olivera"

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A balancing act. Drug policy in Colombia after UNGASS 2016
Isabel Pereira-Arana; Luis Felipe Cruz-Olivera
This document is the result of a project developed by Dejusticia in cooperation with the Ministry of Justice and Law of Colombia and the British Embassy in Colombia, with funds from the United Kingdom through its embassy in Colombia. During 2016, two historic events were held to reflect about drug strategies in Colombia: the United Nations Special Session on the World Drug Problem (UNGASS 2016) and the signing of the Peace Agreement between the Government and the FARC-EP, which includes the agreement on the “Solution to the problem of illicit drugs”. In light of the commitments made by the Colombian State, there are challenges and possibilities for drug policy reform, particularly when hoping to achieve a better balance between a criminalization perspective and the recognition and guarantee of rights to populations affected by prohibition’s harmful effects. This balancing exercise calls for incorporating the lens of the 2030 Sustainable Development Agenda and its Objectives, as well as for integrating the sectors of defense, rural and agrarian development, protection and sustainable use of environmental resources, health and education, together with the efforts of peacebuilding in the territories most affected by war and drug trafficking. To achieve the goals proposed in these documents, the role of the international community in the coming years will be fundamental. The United Kingdom Embassy, concerned to broaden its horizons of cooperation, offers to share lessons learned and experiences hoping to improve institutional capacities to meet the challenges of organized crime, rural development, and the prevention and treatment of drug use. Thus, this document presents recommendations for cooperation between these two governments in the light of agreed obligations as well as opportunities to harmonize drug policy and peacebuilding.
Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdo
Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera
La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera
El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.
El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá
Luis Felipe Cruz-Olivera; Ana María Malagón Pérez; Camilo Castiblanco Sabogal
Dentro de un proceso de investigación que realizamos con el apoyo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) en el departamento del Caquetá, hicimos memoria sobre algunos daños que sufrieron las poblaciones campesinas a causa de las fumigaciones aéreas con glifosato. El informe que se titula “El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá” recoge un ejercicio de memoria histórica a través de las voces de cuatro campesinos sobre el territorio, la presencia de la coca, la guerra y los daños del glifosato en Caquetá. Este informe pretende recordar, en el marco de los procesos ante la Comisión de la Verdad, que bajo las avionetas quedó silenciada la población campesina sobre los daños que causa el glifosato en sus cuerpos y en sus tierras. Por esta razón, el texto cuenta con cuatro relatos escritos en primera persona, tejidos a partir de las observaciones, las entrevistas, los talleres y las conversaciones realizadas durante el trabajo de campo. A partir de las principales conclusiones extraídas de los relatos, el informe da algunas ideas sobre las aspersiones aéreas y su relación con el DIH para pensar las afectaciones como parte de infracciones al derecho internacional humanitario cuyas víctimas deben ser atendidas bajo los estándares del derecho internacional reconocidos por Colombia.
Executive Summary Fiscal Policy in the Regulation of Adult-Use Cannabis in Colombia
Alejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana’s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child’s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place. In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.
Fiscal Policy in the Regulation of Adult-Use Cannabis in Colombia
Alejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana’s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child’s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place. In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.
Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuro
Paula Aguirre Ospina; Adriana Muro Polo; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
Desde Elementa y Dejusticia celebramos la oportunidad de presentar insumos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y consideramos que es fundamental que se prioricen cinco temas de importancia para la garantía de derechos. El contexto actual presenta oportunidades de avanzar hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social que le apueste a un cambio de estrategias, consolidando una aproximación que permita diagnosticar los daños causados por la política prohibicionista e identificar a las poblaciones directamente afectadas por su implementación para poder repararlas, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).
Laberintos de prohibición y regulación: Los grises de la marihuana en Colombia
Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
La marihuana está saliendo del laberinto de la prohibición. Y lo hace gracias a una suma de fuerzas políticas y económicas, compuestas por movimientos cannábicos, empresarios, pacientes y organizaciones de la sociedad civil. En varios países de América Latina se reguló el acceso a la marimba para fines medicinales, lo que despertó intereses económicos que vaticinan una industria que empujará por la regulación para usos recreativos. En este texto exploramos aspectos históricos del cannabis, así como las consecuencias de su prohibición. No dudamos en afirmar que la regulación será el camino a recorrer en las próximas décadas, sin embargo, no hacemos cábalas de cuándo y cómo podría suceder. A partir de una caracterización de lo que hemos denominado los mercados ilegales, grises y legales del cannabis y los actores que están en esos segmentos, hacemos una radiografía de momento para reflexionar sobre lo que debería tener una regulación en materia de comercio justo, salud pública y derechos humanos. Defendemos que la mejor regulación posible será aquella que reconozca de manera particular la historia de la prohibición, sus daños, estigmatizaciones y la potencialidad creativa de lo que hemos denominado los actores del mercado gris, una franja ambigua de personas que comercia con la marihuana sin las formalidades legales pero que no hacen parte de las dinámicas del crimen organizado. Desertar la prohibición no será suficiente para resarcir los daños de la guerra contra las drogas: será también necesario una regulación que respete estándares de DDHH y reclamos históricos de poblaciones vulnerables
Las trabas constitucionales para la regulación del mercado de drogas en Colombia
Sergio Pérez; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
Este texto es una respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal compatible con la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes: los clubes sociales cannábicos (CSC). Para llegar a estas conclusiones, partimos de la despenalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y sus efectos. Luego —desde un ejercicio de interpretación historicista— retomamos los debates que antecedieron a la prohibición constitucional del artículo 49, los exámenes de constitucionalidad que tuvo el acto legislativo que reformó la Constitución y la línea jurisprudencial sobre el tratamiento jurídico penal que le ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al porte de sustancias psicoactivas. Con esto se aclaran los efectos de la reforma y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y penal de las altas cortes bajo esta prohibición. Finalmente, se explica qué son CSC y por qué son una solución viable en el campo político.
Materiales de investigación. El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá
Luis Felipe Cruz-Olivera; Ana María Malagón Pérez; Camilo Castiblanco Sabogal
Este documento contiene los anexos al informe El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá, preparado por Dejusticia en asocio con Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).
Mitigando la adicción punitiva: Alternativas al encarcelamiento para delitos de drogas
Rodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera; Catalina Pérez Correa; Karen Silva Mora; Gianella Bardazano Gradin; Jorge Paladines Rodríguez
El presente documento resume los avances en la discusión sobre alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas en las Américas, presenta algunas razones por las que resulta urgente implementar esta clase de medidas en la región y discute la pertinencia de algunas de las alternativas implementadas. Finalmente concluye con unas recomendaciones a los Estados para avanzar en la adopción de alternativas al encarcelamiento respetuosas de los derechos humanos, que sean eficaces para reducir el hacinamiento carcelario y proteger la seguridad y la salud públicas.
Mujeres, política de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes; Margarita Martínez Osorio; Luis Felipe Cruz-Olivera; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Nina Chaparro González
La guerra contra las drogas no ha funcionado: a pesar de que cada vez más personas son encarceladas por delitos de drogas, el consumo no se ha reducido, las redes de narcotráfico continúan enriqueciéndose y la violencia asociada a este fenómeno no ha cesado. La política de drogas en Colombia ha centrado sus esfuerzos en perseguir y encarcelar a los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, personas que mayoritariamente son pobres y ocupan posiciones de vulnerabilidad en la sociedad. En Colombia, hay una tendencia creciente a que las mujeres pobres cabeza de hogar y con pocos recursos para estudiar o conseguir trabajos formales se involucren en los mercados ilegales, siendo encarceladas por desempeñar tareas de baja remuneración y alto riesgo. Esta Guía, por un lado, hace un diagnóstico de la situación de las mujeres vinculadas con delitos de drogas en Colombia y de los impactos de la privación de la libertad sobre sus vidas y las de sus familias y, por otro lado, formula recomendaciones tendientes a mitigar los efectos desproporcionados del encarcelamiento y a evitar que estos continúen existiendo en el futuro.
Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en Colombia
Alejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
En medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.
Resumen ejecutivo Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en Colombia
Alejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-Arana
En medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.
Resumen ejecutivo Voces desde el cocal
Ana Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Luis Felipe Cruz-Olivera; Margarita Martínez Osorio; Isabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez Bolívar
Este texto que Dejusticia lanza en colaboración con Fensuagro, sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres. Durante más de 30 años, la estrategia de los gobiernos para controlar el tamaño de la extensión de cultivos de uso ilícito ha sido la represión contra los eslabones primarios de la cadena de productiva de la coca: el campesinado. En nombre de la salud pública se han asperjado con agrotóxicos los territorios que habitan las protagonistas de esta historia, sin que estas estrategias hayan aportado efectivamente a la solución del problema de las drogas declaradas ilícitas. Por el contrario, ha contribuido a la estigmatización del cultivo de coca. Además de resaltar el fracaso del prohibicionismo, el texto recoge las voces de las mujeres cultivadoras de coca de los departamentos del Putmayo, Cauca y Nariño, y sus condiciones de vida, trayectorias y experiencias personales. El esfuerzo se centró en mostrar cómo a pesar de las difíciles condiciones del contexto, a través de su liderazgo y participación comunitaria, las mujeres han construido un territorio donde el Estado colombiano permanece ausente, y no ha atendido las necesidades básicas de la población. El relato construido de la economía de la coca no ha capturado de manera justa el hecho que, a la par que la coca ha sido la fuente de ingresos para las familias campesinas tuvo un impacto en los roles de las mujeres y su forma de relacionarse con la comunidad. La coca fue una fuente extraordinaria de ingresos que les permitió tener algo de independencia económica y les dio la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, así como invertir en educación, vivienda e infraestructura comunitaria
Un ejercicio de equilibrio. Las políticas de drogas en Colombia después de UNGASS 2016
Isabel Pereira-Arana; Luis Felipe Cruz-Olivera
Durante el 2016 se vivieron dos episodios históricos para la reflexión sobre las estrategias de drogas en Colombia: la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (UNGASS 2016) y la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que incluye lo pactado sobre la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. A la luz de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, surgen retos y posibilidades para reformar la política de drogas, en búsqueda de un mayor equilibrio entre abordaje desde una perspectiva de criminalización y el reconocimiento y garantía de derechos a poblaciones afectadas por los efectos nocivos de la prohibición. Este ejercicio de equilibrio llama a incorporar el lente de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y sus Objetivos, así como a integrar de mejor manera los sectores defensa, desarrollo rural y agrario, protección y uso sostenible de recursos ambientales, salud y educación, sumado a los esfuerzos de la construcción de paz en los territorios más afectados por la guerra y el narcotráfico. Para alcanzar las metas propuestas en estos documentos, la participación de la comunidad internacional en los próximos años será fundamental. La Embajada del Reino Unido, preocupada por ampliar sus horizontes de cooperación se ofrece a compartir lecciones aprendidas y experiencias con el ánimo de mejorar las capacidades institucionales para enfrentar los retos del crimen organizado, el desarrollo rural y la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Este documento presenta entonces recomendaciones a los dos gobiernos sobre los ejes pertinentes de cooperación, a la luz de las obligaciones pactadas, y las oportunidades para armonizar la política de drogas y la construcción de paz. Este documento es el resultado de un proyecto desarrollado por Dejusticia en cooperación con el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Embajada Británica en Colombia, con fondos del Reino Unido a través de su embajada en Colombia.
Una sustitución precaria: política de drogas y conservación sin el campesinado
Luis Felipe Cruz-Olivera; María José León-Marín
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta del Acuerdo de Paz para reemplazar los ingresos que obtienen las familias del mercado ilegal de la coca. Sin embargo, el PNIS replicó errores de programas de sustitución anteriores, y en su diseño desconoció el hecho de que la mitad de los cultivos declarados ilícitos están en zonas de manejo especial. El aumento de los cultivos de hoja de coca en estas zonas genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La conclusión es que el PNIS desconoció los derechos a la participación, debido proceso y mínimo vital de las familias campesinas que firmaron acuerdos de sustitución, y tampoco avanzó en la implementación del enfoque ambiental. Nuestra postura es que ninguna de las acciones de la política de drogas, de la mitigación o adaptación del cambio climático o la conservación ambiental debe ir en contravía de los derechos de las poblaciones campesinas que habitan la Amazonía, no sólo porque es inconstitucional sino porque es ineficiente desde la política pública. No hay sustitución de cultivos sin economía campesina fuerte, así como no hay protección de los bosques sin derechos de las poblaciones que los habitan. Al final sugerimos algunas ideas para armonizar conservación y derechos de las familias campesinas que cultivan coca.
Voces desde el cocal: mujeres que construyen territorio
Ana Jimena Bautista Revelo ; Blanca Capacho Niño; Luis Felipe Cruz-Olivera; Margarita Martínez Osorio; Isabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez Bolívar
Este texto que Dejusticia lanza en colaboración con Fensuagro, sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres. Durante más de 30 años, la estrategia de los gobiernos para controlar el tamaño de la extensión de cultivos de uso ilícito ha sido la represión contra los eslabones primarios de la cadena de productiva de la coca: el campesinado. En nombre de la salud pública se han asperjado con agrotóxicos los territorios que habitan las protagonistas de esta historia, sin que estas estrategias hayan aportado efectivamente a la solución del problema de las drogas declaradas ilícitas. Por el contrario, ha contribuido a la estigmatización del cultivo de coca. Además de resaltar el fracaso del prohibicionismo, el texto recoge las voces de las mujeres cultivadoras de coca de los departamentos del Putmayo, Cauca y Nariño, y sus condiciones de vida, trayectorias y experiencias personales. El esfuerzo se centró en mostrar cómo a pesar de las difíciles condiciones del contexto, a través de su liderazgo y participación comunitaria, las mujeres han construido un territorio donde el Estado colombiano permanece ausente, y no ha atendido las necesidades básicas de la población. El relato construido de la economía de la coca no ha capturado de manera justa el hecho que, a la par que la coca ha sido la fuente de ingresos para las familias campesinas tuvo un impacto en los roles de las mujeres y su forma de relacionarse con la comunidad. La coca fue una fuente extraordinaria de ingresos que les permitió tener algo de independencia económica y les dio la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, así como invertir en educación, vivienda e infraestructura comunitaria
Voices from the Coca Fields: Women Building Rural Communities
Ana Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Luis Felipe Cruz-Olivera; Margarita Martínez Osorio; Isabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez Bolívar
Colombia’s response to the country’s drug problem has been based on the repression of the weakest links in the drug chain—namely consumers and small farmers—which has led to disproportionate rates of imprisonment and has involved a heavy focus on forced crop eradication. Not only has such an approach failed to effectively control the cocaine market, but it has also unleashed harmful side effects in terms of security, social development, and human rights as they concern communities in coca-growing areas. Moreover, although scholars and practitioners have analyzed Colombia’s drug problem from a variety of perspectives, these efforts have tended to overlook women’s experiences. This report explores the ways that rural norms, gender structures, the armed conflict, and illegal markets have played out in the lives of women coca growers in Colombia’s Andes-Amazon region, an area distinguished by the presence of illegal armed groups, violence, poverty, and weak state institutions. In this region of Colombia, coca cultivation has offered an important source of income for rural families, which in turn has affected women’s roles in society and has placed them in a vulnerable position vis- à-vis armed actors. The Andes-Amazon region is an area where the country’s war on drugs and its armed conflict converged and unmasked the gender structures dominating the countryside. These structures affected rural women in various ways: through everyday violence, the fumigation of illicit and licit crops alike, and women’s stigmatization due to their involvement in an illegal trade. But coca was also a source of livelihood that helped them attain economic independence and gave them the ability to improve their well-being and that of their families. The recent peace accord signed between the Colombian government and the country’s main guerrilla group represents a historic opportunity to learn from past mistakes in terms of the illicit crop problem and the social and political demands of coca-growing communities. Against this backdrop, it is time to recognize the contributions that women coca growers have made in both the public and the private spheres toward the construction of a peaceful countryside in the most remote and forgotten regions of the country.
Women, Drug Policies, and Incarceration: A Guide for Policy Reform in Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes; Margarita Martínez Osorio; Luis Felipe Cruz-Olivera; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Nina Chaparro González
The war on drugs has been a failure: even though more people have been incarcerated, accused of drug crimes, the consumption of substances hasn’t reduced, the narcotic traffic keeps growing and the violence associated to it has increased. The drug policy in Colombia has focused on criminalizing and imprisoning the lowest-ranking members of the drug trade, who are mainly poor people that occupy a marginal relationship with the business and with society. And there is a particular tendency for single mothers, who haven’t been able to find a formal job, to get involved in the illegal drug trade networks, developing high-risk tasks which are poorly remunerated. This document, on the one hand, makes a diagnosis about the situation of women linked with drug crimes in Colombia and the impact that has in their lives and families. On the other hand, It also offers public policy recommendations aimed at mitigating incarceration’s disproportionate effects on these women, with an eye toward preventing such effects in the future.