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Publicación Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez ÁngelEste texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.Publicación País de bosques y culturas: el rol del Estado en ColombiaLaura J. Santacoloma MéndezA pesar del crecimiento desordenado de las normas ambientales, el Estado carece de una estructura institucional adecuada para enfrentar los retos sociales en zonas destinada a usos forestales. Históricamente las políticas y regulaciones sobre bosques han influido en las dinámicas sociales locales, perpetuando o transformando desigualdades y conflictos. Esta investigación, parte de la colección sobre cambio climático de Dejusticia, reconstruye esta historia normativa, señalando los hitos que dan cuenta de la ausencia de enfoques de derechos de las comunidades locales en normas que aún están vigentes, a su vez del giro reciente en la política agraria y de preservación ambiental que ha promovido el reconocimiento de la dignidad de las personas y su relación de habitación con los territorios boscosos. Todas estas apuestas confluyen principalmente en territorios que han sido declarados bajo alguna categoría de protección, dentro del amplio grupo de áreas de especial importancia ambiental (AEIA). Aunque esta compleja política de conservación sigue siendo crucial, su origen y conflictos son producto de circunstancias específicas que se entrelazan con reivindicaciones territoriales, violencia armada y la emergencia climática. Por ello, es urgente actualizar y simplificar el sistema normativo sobre usos, propiedad y conservación de los bosques, para abordar los desafíos de un Estado social de derecho y garantizar la dignidad de las generaciones presentes y futuras.Publicación Entre la bata y la toga: el rol de los tribunales de ética médica en la garantía de los derechos sexuales y reproductivosMaría Ximena Dávila Contreras; Nina Chaparro GonzálezLos Tribunales de Ética Médica (TEM) fueron creados mediante la Ley 23 de 1981 y cumplen una función crucial en el orden jurídico colombiano. Son los encargados de juzgar las faltas ético-disciplinarias de los profesionales de la salud y, de esa forma, asegurar estándares éticos para el desarrollo de la medicina. Sin embargo, la importancia de su labor contrasta con el lugar invisible que ocupan en la discusión pública. No hacen parte de ningún debate jurídico, no se han realizado estudios sobre su labor y sus decisiones no son objeto de atención ciudadana. Desde Dejusticia decidimos indagar cuál es el rol que ha cumplido el Tribunal Nacional de Ética Médica (TNEM), el principal órgano de este entramado institucional, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en ColombiaPublicación DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°1 ¿Controlando la excepcionalidad permanente en Colombia? Una defensa prudente del control judicial de los estados de excepciónMauricio García Villegas; Rodrigo Uprimny YepesEn Colombia, la constitución pocas veces ha regido en forma plena. Una prueba de ello es el recurso permanente que los gobiernos han hecho a los mecanismos de excepción. Así, en la época de la llamada Regeneración (1886-1910), el país fue gobernado durante 24 años con base en una norma 'transitoria' —la disposición K— y en una ley muy represiva —la Ley 61 de 1888 o Ley de los Caballos—, que autorizaban al Ejecutivo a reprimir administrativamente "los abusos de prensa", "los delitos contra el orden público", las conspiraciones, etc. Luego, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se expidió la Ley Heroica, que dio tratamiento policial a las protestas sociales que surgían por el inicio de la industrialización. Igualmente, desde el cierre del Congreso —en noviembre de 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950)— hasta la expedición de la Constitución de 1991, Colombia vivió prácticamente en un régimen de excepción permanente. Al amparo de ese régimen de excepción, no sólo expidió el gobierno normas relativas a todos los aspectos de la vida social sustituyendo así de facto al Congreso como legislador—, sino que su vigencia posibilitó la violación de numerosos derechos ciudadanos. De esa manera, un régimen que debía ser de excepción y de duración transitoria, conforme a lo preceptuado por el artículo 121 de la Carta de 1886, en la práctica se convirtió en un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político, con lo cual el régimen constitucional se desfiguró. Estos antecedentes históricos muestran que Colombia ha vivido una suerte excepcionalidad jurídica permanente. También explican la importancia del debate en torno a si debe o no existir un control judicial de la declaratoria de un estado de excepción por parte del presidente. Este artículo aborda ese debate y defiende una tesis que tiene los siguientes tres componentes: (1) la posibilidad de declarar el estado de excepción es compatible con el constitucionalismo y existe en todas las constituciones democráticas del mundo. (2) El problema del estado de excepción en Colombia no deriva de las normas que lo consagran; más aún, éstas parecen más moderadas que en otros países con democracias más consolidadas. El problema se origina en el uso normalizado que en Colombia se ha hecho de dicha facultad. (3) La mejor manera de combinar la necesidad de la excepción con la necesidad de evitar el peligro de su uso normalizado es a través de un control constitucional sobre los decretos de excepción, tal como lo prevé actualmente la Corte Constitucional. Adicionalmente, sostenemos la idea de que la manera como se ha utilizado el estado de excepción en Colombia ha implicado un desdibujamiento del Estado de derecho e, incluso, del propio Estado, en beneficio de su "afuera salvaje" o de la ilegalidad. El Estado cambia de roles según los escenarios; es un Estado camaleónico. Los mismos agentes estatales actúan con libretos diferentes según las condiciones. El estado de emergencia o de excepción ilustra esta posibilidad. La misma institucionalidad fronteriza que caracteriza al estado de excepción propicia el paso —un paso muy corto— hacia uno u otro lado de la frontera legal e institucional del Estado. Para sustentar dichas tesis, el artículo tiene seis partes. Comienza por presentar el debate teórico general en torno al control judicial de los poderes de excepción. Luego describe brevemente algunos rasgos del sistema jurídico y político colombiano, importantes para entender el contexto en que se desenvuelve la labor de la Corte Constitucional en este punto. Posteriormente analiza de forma concreta esta labor de la Corte. Después, a fin de evaluar las bondades o los riesgos de tal intervención judicial para la precaria democracia colombiana, el texto estudia los efectos que ha tenido en Colombia el abuso de los estados de excepción, para contrastarlos con los beneficios, los costos y los riesgos del control ejercido por la Corte, todo lo cual permite llegar a defender, pero con algunas reservas, el control material de la declaratoria de los estados de excepción ejercido por la Corte.Publicación La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del plan estratégico de las FARC-EP en el Tolima (1993-2002)Juana Dávila Sáenz; Felipe León Villamil; Bibiana Ramírez; Ricardo Cruz; Juan Diego RestrepoRecordar, conocer y reconocer la guerra con las antiguas FARC-EP es un ejercicio necesario para la reparación de las comunidades más afectadas y para la reconciliación política más ampliamente considerada. Con ese objetivo, hemos preparado este informe sobre las tomas armadas de pueblos en el Tolima, quizás el teatro de la guerra de más larga duración en la historia del conflicto armado con esa guerrilla. A partir de una investigación y un relato de índole periodística, ofrecemos a un público no especializado una reconstrucción histórica de las tomas guerrilleras como práctica de guerra y su papel en el plan que se habían trazado las FARC para la toma del poder. Este análisis de "las tomas para la toma del poder" lo acompañamos, además, de argumentos socio-jurídicos para que, con fines restaurativos, eventualmente la Jurisdicción Especial para la Paz juzgue este patrón de conducta.Publicación DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 7 Crimen, conflicto armado y Estado en Colombia, México y GuatemalaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa RestrepoHasta hace algunos años la criminalidad en Colombia, México y Guatemala era un fenómeno circunscrito casi de manera exclusiva a los entornos nacionales. Cada país tenía sus cifras sobre crimen y delincuencia sin que fuera posible establecer mayores conexiones transnacionales de esas cifras. Eso ha cambiado en los últimos años. La criminalidad es un fenómeno que adquiere connotaciones cada vez más globales en la región. No obstante la importancia de este tema, es muy poca la literatura regional comparada que explora esta problemática. En este artículo hacemos una contribución preliminar en este sentido y para tal efecto intentamos hacer una comparación de la criminalidad en Colombia, México y Guatemala sin perder de vista su relación con la capacidad de las instituciones estatales. Nuestra hipótesis es que cada vez es más evidente la existencia de conexiones y de tendencias que solo se pueden entender globalmente y que ello se debe, sobre todo, al carácter transnacional del narcotráfico. El texto está dividido en tres partes. La primera muestra y analiza la distribución de la capacidad institucional a lo largo del territorio de los tres países. La segunda relaciona estas distribuciones con los fenómenos de criminalidad, y la tercera, a manera de conclusión, presenta algunos paralelos entre los tres países.Publicación La paz ambiental: Retos y propuestas para el posacuerdoCésar Rodríguez Garavito; Diana Rodríguez Franco; Helena Durán CraneA lo largo de estas cinco décadas de conflicto armado en Colombia, las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazadas con la violencia de formas muy diversas. Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Igualmente, buena parte del conflicto armado se ha desarrollado en zonas altamente biodiversas, cubiertas por bosques o selvas tropicales. La voladura de oleoductos, la deforestación asociada a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son tan solo algunos de los flagelos que han dejado estas décadas de conflicto sobre el medio ambiente. Sin embargo, como mostramos en este documento, la violencia también ha tenido un efecto ambiental preservador y paradójico. Los actores armados han impuesto barreras de hecho sobre áreas altamente biodiversas y, en cierta medida, han ayudado a conservarlas. Por lo anterior, consideramos que para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia es necesario prevenir y tramitar pacíficamente los conflictos socioambientales. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Raza y vivienda en Colombia: la segregación residencial y las condiciones de vida en las ciudadesNatalia Duarte Mayorga; Sebastián Villamizar Santamaría; María José Álvarez Rivadulla (Dir.); César Rodríguez Garavito (Dir.)Este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. ¿Qué implicaciones tiene que un barrio sea “de blancos”, “de negros” o “mezclado” en Colombia? A partir de una visión de sociología urbana, este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. El documento muestra distintas formas en las que se combinan las vulnerabilidades socioeconómicas con la concentración de personas de un grupo racial en las ciudades. Ofrece, por tanto, insumos para el diseño de programas y políticas públicas que combatan la segregación y garanticen una mejor calidad de vida para los afrocolombianos, quienes son los más afectados por este fenómeno en el país.Publicación La implementación de la despenalización parcial del aborto en ColombiaAnnika DalénLa implementación voluntaria del embarazo (IVE) se encuentra parcialmente despenalizada en Colombia desde 2006, mediante la Sentencia C-355. Dicha despenalización tuvo efectos no solamente en el ámbito penal sino también en relación con el derecho a la salud. En este sentido, generó obligaciones para el Estado y derechos para las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a pesar de que ya se han cumplido siete años desde la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional, persisten importantes barreras a la garantía efectiva del acceso a la IVE para las mujeres que se encuentran en los tres casos no penalizados. El propósito de este documento es entonces identificar algunos de los principales obstáculos que enfrenta la despenalización parcial del aborto en Colombia. La relevancia de esta identificación reside en que la existencia de barreras que dificultan o impiden el ejercicio de un derecho atenta contra el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas afectadas. Asimismo, el documento presenta algunas propuestas de política que apuntan a la solución de las problemáticas identificadas. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidadPublicación Vigilancia de las comunicaciones en Colombia: El abismo entre la capacidad tecnológica y los controles legalesCarlos Cortés CastilloEl objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales.