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Publicación Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez ÁngelEste texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.Publicación Fraught with Pain: Access to Palliative Care and Treatment for Heroin Use Disorder in ColombiaIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarThis books seeks to facilitate linkages between discussions on the right to health and discussions on drug policy reform. The populations we talk about here are the noes most in need of a change whereby drug culture measures cease to stand in the way of a life free from pain. The suffering and pain experienced by people with terminal illnesses and people with heroin use disorder can be alleviated through opioids. At the same time, the enforcement of international drug control treaties means that these medicines are subjected to strict controls that create excessive red tape and contribute to generalized fear among patients and health professionals concerning these medicines’ use. Although many opioids are included in the World Health Organization’s list of essential medicines, the fact that they are controlled substances means that in practice, the right to health of these two populations often is violated. Fraught with Pain offers a diagnosis of five Colombian cities with regard to the barrieres that both populations—patients at the end of life and individuals with heroin use disorder—face when trying to access opioids. The hurdles they encounter can be grouped into four categories: 1. Structural failings of the Colombian health system 2. A lack of institutional capacity to mantain sufficient opioid stocks in small and medium cities 3. A lack of specialized training among health professionals in small and medium cities on the issues of palliative care and psychoactive substance use disorders 4. Stigma surrounding opioids and the people who use them Analyzing the enjoyment of the right to health among these two groups of people would seem ill advised, for what could they and the health care they receive possibly have in common? However, this book argues that someone facing the end of life and someone with a heroin use disorder actually face similar challenges: they are both in need of the same controlled substances; they both require interdisciplinary treatment that extendes beyond opioids; they both seek health services during moments of extreme vulnerability; and they are both often treated negligently by health systems that are ill equipped to handle death and drug dependence. Fraught with Pain seeks to facilitate linkages between discussions on the right to health and discussions on drug policy reform. The populations we talk about here are the noes most in need of a change whereby drug culture measures cease to stand in the way of a life free from pain. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/en/publication/fraught-with-pain-access-to-palliative-care-and-treatment-for-heroin-use-disorder-in-colombia/Publicación Adicción punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdoSergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraLa implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Cuidados Paliativos: El abordaje de la atención en salud desde un enfoque de derechos humanosIsabel Pereira-AranaEste informe presenta un diagnóstico de la situación de los cuidados paliativos en ocho países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay), con especial atención en el desarrollo institucional y el acceso a medicamentos controlados. Así mismo, recoge los resultados de una investigación realizada con el objetivo de dar cuenta la situación actual de los cuidados paliativos en ocho países de Latinoamérica. El objetivo general del proyecto —generar conciencia e incidencia en política pública sobre la necesidad de abordar los cuidados paliativos incorporando una perspectiva de derechos humanos— se vio realizado en el acercamiento entre profesionales de diversos ámbitos en la región, lo que en sí mismo es un avance para integrar las comunidades que defienden los derechos de los pacientes, así como las comunidades que abogan por una política de drogas centrada en un enfoque de salud pública. Esperamos que, como informe de diagnóstico, sea útil para las asociaciones profesionales, los profesionales de la salud, los defensores de los derechos de los pacientes, los activistas de reforma a la política de drogas y los tomadores de decisiones, con el fin de integrar de mejor manera los cuidados paliativos a los servicios generales de salud, así como de usar un lenguaje de derechos humanos para avanzar en estos cambios de política pública y garantizar de manera integral los derechos humanos de las personas en situación de dolor y sufrimiento en las Américas.Publicación Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en ColombiaRodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraEl encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.Publicación Los caminos del dolor. Acceso a cuidados paliativos y tratamiento por consumo de heroína en ColombiaIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarEl sufrimiento y el dolor que experimentan las personas al final de la vida y quienes dependen de la heroína encuentran alivio en los opioides. Estos medicamentos están sometidos a un estricto régimen de fiscalización, producto de la aplicación de los tratados internacionales de drogas, que implica una excesiva burocracia y un miedo generalizado tanto en pacientes como en profesionales de la salud para usarlos. Muchos opioides están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ser esenciales, su carácter controlado genera en la práctica una vulneración del derecho a la salud de estas dos poblaciones. En este libro presentamos un diagnóstico realizado en cinco ciudades colombianas sobre las barreras de acceso a opioides que enfrentan los pacientes en los dos ámbitos. Estas barreras se pueden agrupar en cuatro categorías: 1. Fallas estructurales del sistema de salud colombiano. 2. Falta de capacidad institucional para mantener el abastecimiento de opioides en pequeñas y medianas ciudades. 3. Falta de formación profesional en cuidados paliativos y tratamiento para la dependencia de la heroína en pequeñas y medianas ciudades. 4. Estigma hacia las sustancias y hacia las personas que se relacionan con ellas. Analizar conjuntamente el goce del derecho a la salud de personas que usan heroína y de pacientes que sufren enfermedades terminales parece desacertado a primera vista, pues, ¿qué tendrían en común esas poblaciones y la atención en salud que reciben? En este libro defendemos que una persona al final de la vida y aquella que usa heroína enfrentan retos similares: necesitan los mismos medicamentos controlados, requieren un tratamiento interdisciplinar que va más allá de los opioides, llegan a los servicios de salud en momentos de gran vulnerabilidad y son, generalmente, tratados con negligencia por un sistema de salud que no se encuentra preparado para enfrentar la muerte o la dependencia a las drogas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-caminos-del-dolor-acceso-a-cuidados-paliativos-y-tratamiento-por-consumo-de-heroina-en-colombia/Publicación Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulaciónAlejandro Corda; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol ArriagadaLas Américas están a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. En Estados Unidos, desde 2012, diez estados y el distrito de Columbia aprobaron iniciativas para regular el cannabis para usos no médicos (“recreativos”), ya sea por elecciones o por aprobación de leyes. La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos hoy viven en estados con algún tipo de acceso legal a cannabis medicinal o recreativo, aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico; uno de los objetivos principales del gobierno era separar el mercado del cannabis de los mercados de otras sustancias. En 2018, Canadá se sumó a Uruguay y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis. México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.Publicación Palliative Care: A Human Rights Approach to Health CareIsabel Pereira-AranaThis report compiles the results of a research project aimed at describing the current palliative care situation in eight Latin American countries. The project’s general objective—to raise awareness and influence public policy around the need to approach palliative care from a human rights perspective—was achieved through rapprochement among professionals from various fields in the region, which in and of itself is a key step forward in terms of bringing together communities that defend patients’ rights with communities that advocate a drug policy embracing a public health focus. We hope that this diagnostic report is useful for professional associations, health professionals, patients’ rights advocates, drug policy reform activists, and decision makers, who can rely on its findings to better integrate palliative care into general health services and to use human rights language to promote public policy reform and guarantee the human rights of those in the Americas who suffer from severe and chronic pain.Publicación Addicted to Punishment: The Disporportionality of Drug Laws in Latin AmericaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoThis document analyzes the proportionality of drug related crimes in seven Latin American countries through the study of the evolution of their criminal legislations from 1950 until 2012. The study suggests the existence of a regional tendency to maximize the use of criminal law for combating this type of conducts. This is reflected in: i) the gradual increase in the number of drug-related conducts described as criminal, ii) the exponential growth of the penalties with which those conducts are punished and iii) the incomprehensible tendency of punishing with more severity the drug-related crimes rather than those more evidently severe such as homicide, rape and aggravated robbery. Those upward trends indicate that the Latin American States have become addicted to punishment because of their frequent and empirically groundless increasing of the punitive dose, regardless of its constantly decreasing benefits. Addicted to punishment is part of a series of studies carried out by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) that critically analyze the application of the proportionality principle in relation with drug crimes. The studies find that the punishments imposed and the punitive treatment of the offenders is disproportional, often generating more damages than benefits.