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Publicación Adición punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Academia y ciudadanía: Profesores universitarios cumpliendo y violando normasMauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Andrea Ramírez Pisco; Juan Camilo Cárdenas Campo¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas. En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula. Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.Publicación Constitución, democracia y derechos. Textos escogidos de Juan Fernando Jaramillo PérezJuan Fernando Jaramillo Pérez; Mauricio García Villegas (Ed.); Andrés Abel Rodríguez Villabona (Ed.); Rodrigo Uprimny Yepes (Ed.); Diana Isabel Güiza Gómez (Ed.)Constitución, democracia y derechos es una compilación de algunos de los mejores artículos de derecho constitucional de Juan Fernando Jaramillo, socio fundador de Dejusticia, fallecido tempranamente hace cuatro años. El pensamiento de Juan Jaramillo gira alrededor del derecho constitucional. Pero la perspectiva con la cual abordaba este tema no era disciplinaria, sino abierta a todos los saberes sociales, sobre todo a la historia, a la sociología y a la ciencia política. Su obra no se reduce a las relaciones que el derecho constitucional mantiene con cada uno de estos tres ámbitos. Por el contrario, en sus textos se aprecia un interés marcado por comprender las Constituciones en toda su complejidad, desde un enfoque social, histórico y político, bajo el entendido de que ninguno de estos podía dar suficientes luces sin tener en cuenta sus relaciones con los demás. El carácter interdisciplinario de la obra de Juan Jaramillo se constata igualmente por el hecho de abordar diversos tipos de cuestiones. Sus trabajos pueden ser clasificados alrededor de tres temas centrales, ente los cuales existen múltiples relaciones: i) el estudio de la Constitución colombiana, pero situándola en su contexto histórico, ii) el análisis de los sistemas electorales comparados, con énfasis en el caso colombiano; y iii) el análisis de la justicia constitucional y su relación con derechos fundamentales. En estos tres campos, Juan publicó importantes artículos científicos en libros y revistas especializadas, que representan aportes académicos notables, algunos de los cuales hemos reunido en este libro.Publicación Un ejercicio de equilibrio. Las políticas de drogas en Colombia después de UNGASS 2016Isabel Pereira-Arana; Luis Felipe Cruz-OliveraDurante el 2016 se vivieron dos episodios históricos para la reflexión sobre las estrategias de drogas en Colombia: la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (UNGASS 2016) y la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que incluye lo pactado sobre la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. A la luz de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, surgen retos y posibilidades para reformar la política de drogas, en búsqueda de un mayor equilibrio entre abordaje desde una perspectiva de criminalización y el reconocimiento y garantía de derechos a poblaciones afectadas por los efectos nocivos de la prohibición. Este ejercicio de equilibrio llama a incorporar el lente de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y sus Objetivos, así como a integrar de mejor manera los sectores defensa, desarrollo rural y agrario, protección y uso sostenible de recursos ambientales, salud y educación, sumado a los esfuerzos de la construcción de paz en los territorios más afectados por la guerra y el narcotráfico. Para alcanzar las metas propuestas en estos documentos, la participación de la comunidad internacional en los próximos años será fundamental. La Embajada del Reino Unido, preocupada por ampliar sus horizontes de cooperación se ofrece a compartir lecciones aprendidas y experiencias con el ánimo de mejorar las capacidades institucionales para enfrentar los retos del crimen organizado, el desarrollo rural y la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Este documento presenta entonces recomendaciones a los dos gobiernos sobre los ejes pertinentes de cooperación, a la luz de las obligaciones pactadas, y las oportunidades para armonizar la política de drogas y la construcción de paz. Este documento es el resultado de un proyecto desarrollado por Dejusticia en cooperación con el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Embajada Británica en Colombia, con fondos del Reino Unido a través de su embajada en Colombia.