Repositorio

URI permanente para esta comunidadhttps://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/3

Examinar

Resultados de búsqueda

Mostrando 1 - 4 de 4
  • Miniatura
    Publicación
    Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en Colombia
    Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez Ángel
    Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.
  • Miniatura
    Publicación
    Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justicia
    Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto Dávila
    Este documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad
  • Miniatura
    Publicación
    El Derecho al Estado: los efectos del apartheid institucional en Colombia
    Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo
    El abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como “estado de cosas inconstitucional”. En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.
  • Miniatura
    Publicación
    Justicia para la Paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada
    Rodrigo Uprimny Yepes; Luz María Sánchez Duque; Nelson Camilo Sánchez León
    Este libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz. Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Este trabajo intenta pondera ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.