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Publicación Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez ÁngelEste texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.Publicación Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justiciaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaEste documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidadPublicación Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdoSergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraLa implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Posconflicto para víctimas de violencia sexual: La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la pazAna Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Margarita Martínez OsorioEste documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural. Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país.Publicación Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en ColombiaMauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Javier Eduardo Revelo Rebolledo; José Rafael Espinosa Restrepo ; Natalia Duarte MayorgaLos Acuerdos de Paz representan una gran variedad de retos para el país. Uno de ellos consiste en llevar a cabo el gran proyecto nacional de construcción de Estado en la periferia. Llevar el Estado a la periferia es una promesa incumplida y uno de los factores decisivos para la persistencia del conflicto armado. En este volumen de la colección 'Ideas para construir la paz', Dejusticia sostiene que el gran proyecto de aumentar la presencia estatal en todo el territorio debe tener al menos dos condiciones: 1) partir de un estudio juicioso de los distintos tipos de municipios y de las realidades sociales y políticas que allí existen, y 2) proponer un adecuado balance entre imposición del orden y participación popular. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, mediante los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Los remedios que da el derecho: El papel del juez constitucional cuando la interrupción del embarazo no se garantizaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Nina Chaparro GonzálezEste texto, que en principio parece abordar un debate meramente jurídico, en el fondo trata de resolver el drama humano de qué hacer cuando las mujeres intentan acceder al aborto legal, pero se enfrentan a innumerables barreras que terminan limitándolo. Las preguntas que nos hacemos son básicamente dos: ¿cuándo exactamente se vulnera el derecho a al interrupción del embarazo? y ¿qué tipo de medidas deberían adoptar los jueces en los casos en que se vulnera este derecho? Finalmente, los elementos que aquí exponemos son entonces relevantes desde el punto de vista jurídico y conceptual, pues permiten fortalecer la dogmática que respalda la garantía del derecho a la IVE. Pero también desde el punto de vista práctico, pues pueden contribuir a fortalecer los remedios judiciales que los jueces constitucionales deberían ordenar a favor de las mujeres, cuando su derecho a la IVE es vulnerado.Publicación Formación en violencia sexual en el conflicto armado: Una propuesta metodológica para funcionariosSilvia Rojas Castro; Annika DalénPor medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas.Publicación Casas de justicia: Una buena idea mal administradaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Sebastián Lalinde Ordóñez; Lina María Arroyave Velásquez; Carolina Villadiego BurbanoEl principal hallazgo de este libro es que las casas de justicia en Colombia constituyen una importante idea para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables económicamente, pero que es un modelo inacabado en la medida en que no se ha reflexionado lo suficiente, de manera que las casas de justicia puedan entenderse verdaderamente como un programa y no simplemente como un conjunto desarticulado de edificaciones en las cuales se prestan servicios de justicia. Así, la finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes y mejoren el acceso a la justicia. Para ello revisamos la literatura comparada sobre programas similares que se han implementado en otros países y los estudios que se han hecho en Colombia; realizamos entrevistas a distintas personas conocedoras de las casas de justicia, bien sea porque han estudiado académicamente el programa o porque tienen alguna relación a nivel laboral con las mismas; e hicimos observación y visitas a ocho casas de justicia.Publicación Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales. Estrategias para los jueces, funcionarios y activistasCésar Rodríguez Garavito ; Celeste KauffmanPor generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos.