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Publicación Justicia restaurativa, diálogo, reparación y rendición de cuentas de actores económicos en ColombiaAarón Alfredo Acosta; Ema Gómez Jaramillo; Alejandro Jiménez Ospina; María José León-Marín; Michael Monclou Chaparro; Laura Natalia Torres AcostaA pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corporativa por atrocidades del pasado. Su modelo preminentemente restaurativo con componentes retributivos presenta una alternativa a las distintas aproximaciones que se han hecho en el mundo a la rendición de cuentas de actores económicos y, vale aclarar, a las que se han intentado en Colombia también. Uno de los componentes esenciales del modelo es el compromiso que adquieren los comparecientes, incluidos los actores económicos, de contribuir a la reparación de las víctimas y la restauración del daño para recibir una serie de beneficios penales. Durante más de dos años los y las autoras nos dimos a la tarea de entender cómo estaban funcionando efectivamente los procesos de construcción de compromisos de reparación de actores económicos que han acudido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Teníamos dos objetivos, que son los mismos que guían este libro. Primero, uno descriptivo, que busca entregar un recuento de cómo funciona, en la teoría y la práctica, el modelo alternativo de rendición de cuentas en que se basa la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, uno analítico, que pretende aventurar aproximaciones a cómo desarrollar de mejor manera los procesos de construcción de compromisos de reparación por parte de actores económicos en el marco de trámites dialógicos restaurativos.Publicación Más allá de los máximos responsables. Los partícipes no determinantes en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la PazSabine Michalowski; Michael Cruz RodríguezEl presente documento se pregunta cómo definir la situación jurídica de los comparecientes que no hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras que la situación jurídica de los máximos responsables en estos crímenes tiene que ser definida por vía de selección y sanción, la de los comparecientes con participación no determinante puede variar entre tratamientos penales especiales no sancionatorios (rutas de selección negativa) o, excepcionalmente, la selección con fines de imponer sanciones propias o alternativas inferiores a cinco años (rutas de selección positiva excepcional). En ese sentido, las preguntas principales que orientan esta reflexión son: ¿qué es la participación no determinante en los crímenes más graves y representativos? y ¿cómo definir la situación jurídica de aquellos comparecientes que pertenecen a esta categoría? El propósito de este documento es estudiar distintas opciones y su conveniencia para el trabajo de la JEP. Así, el texto se divide en tres partes. La primera examina el concepto de participación no determinante en los crímenes más graves y representativos. La segunda describe la definición de las situaciones jurídicas mediante el proceso de selección gradual, en las rutas de selección positiva excepcional y las rutas de selección negativa (o no selección) de los partícipes no determinantes. Para finalizar, la tercera plantea algunas recomendaciones sobre el tratamiento penal especial de estos comparecientes en la JEP.Publicación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Jessica Corredor VillamilColombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave. La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este. En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? presenta un análisis de las barreras que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.Publicación Renta básica feminista: de la utopía a la necesidad urgenteMaría Ximena Dávila Contreras; Nina Chaparro González; Alejandro Rodríguez Llach; Diana León TorresEn este libro ofrecemos una propuesta, teórica y práctica, para lograr una renta básica feminista en Colombia. En un intento por reconciliar lo ideal y lo posible, queremos poner en discusión algunas ideas para atenuar las desigualdades de largo aliento, muchas de ellas profundizadas por las crisis que hemos vivido en los últimos años. En el capítulo 1 presentamos una radiografía de la desigualdad y la pobreza en Colombia, observando en detalle cómo estas categorías atraviesan la experiencia vital de las mujeres y clausuran muchas de sus posibilidades de tener un ingreso y un trabajo dignos, de acceder a educación, de tener momentos de descanso y autocuidado o de tomar decisiones sobre su bienestar y su futuro. En el capítulo 2 examinamos algunas ideas alrededor de la renta básica y defendemos la necesidad de una renta básica con orientación feminista, una que pone los lazos de cuidado, el reconocimiento del trabajo reproductivo y el sostenimiento de la vida del 99% como norte de la política social. Finalmente, en el capítulo 3 proponemos algunas vías para hacer realidad, en un contexto austero y contradictorio como el actual, una renta básica guiada por principios feministas. Además, hacemos énfasis en la necesidad de que la renta básica no sea una política aislada y solitaria, sino que sea parte de un sistema amplio de bienestar que atienda las necesidades de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. En un panorama de crisis que se extiende y se intensifica, la renta básica deja de verse como una utopía para convertirse en una solución necesaria para los apremios de nuestra época.Publicación Transparente como el aire. Ni información, ni calidad, ni derechosLaura J. Santacoloma Méndez; Daniel Bernal Bolaños; Alba Cecilia Sandoval Dueñas; Daniela del Pilar Cardona ArciniegasLa mala calidad del aire es un problema ambiental y de salud pública de urgente atención por parte de los estados, quienes han adquirido compromisos internacionales que los obliga a adoptar medidas preventivas, regulatorias y de control. En colombia existen debilidades en el monitoreo del aire, así como en la institucionalidad que debe proteger los derechos de la ciudadanía. Particularmente bogotá, una de las ciudades que mayor polución tiene, se presenta como un caso de estudio para intercomparar datos del sistema oficial de medición de la calidad del aire y los sensores de bajo costo como apuesta para complementar y reforzar la línea base de datos públicos, así como para involucrar a la ciudadanía en la producción de cienciaPublicación Reflexiones sobre la remisión temprana de comparecientes a la Unidad de Investigación y Acusación. El caso fundacional de Almario RojasSabine Michalowski; Michael Cruz RodríguezEn el contexto de la investigación por macrocasos que debe adelantar la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la SRVR debe remitir a aquellos responsables que no reconocen su responsabilidad por los crímenes más graves y representativos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que se inicie un procedimiento adversarial. Lo que no esta del todo claro es si esta remision debería hacerse antes o después de expedirse un Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en el que se definen los patrones y políticas de macrocriminalidad y se identifican e imputan los máximos responsables. El presente texto analiza las implicaciones del caso de Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de una remisión temprana antes de la expedición de un ADHC . Una de las preocupaciones mas importantes que plantea el caso de Almario es la de cuáles son los problemas potenciales con identificar un máximo responsable en una etapa temprana, fuera de un ADHC que evalúa la máxima responsabilidad en el contexto de una determinación exhaustiva de las políticas y patrones de la macrocriminalidad en los que se da esta responsabilidad. ¿Qué elementos definen un presunto máximo responsable? ¿Se puede identificar un máximo responsable por su participación en hechos concretos? ¿Podría una remisión temprana alterar el enfoque de investigación por macrocasos hacia una investigación caso a caso? ¿Y qué repercusiones puede tener una decisión como esta para la investigación por macrocasos?Publicación Cuando lo esencial es invisible al Estado: derechos fundamentales y megamineríaLaura J. Santacoloma MéndezEste documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones estatales sobre desarrollo sostenible y prevención en materia de derechos fundamentales de las personas. El Estado colombiano ha sido permisivo con la megaminería pese a los conflictos sociales e impactos en los territorios y las personas, situaciones de las que dan cuenta las múltiples sentencias judiciales sobre protección de derechos individuales y colectivos, así como la consolidación de procesos territoriales que se oponen a su realización. En general, la regulación de la minería en el país se ha orientado al beneficio de particulares sin que el Estado se ocupe de la prevención en materia de derechos humanos y medio ambiente con el rigor suficiente, por lo que la declaratoria de la actividad como de utilidad pública e interés general no cuenta con estándares objetivos que permitan establecer si un proyecto responde o no a los parámetros constitucionales.Publicación ¿La paz al menor costo? Análisis presupuestal de la implementación de la paz territorial y el sistema integralAlejandro Rodríguez Llach; Hobeth Martínez CarrilloEste documento es un primer intento de consolidación de información relevante sobre la financiación de los puntos más protagónicos del Acuerdo Final de Paz (AFP): la Reforma Rural Integral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Para lograr esto, el documento explora - con un énfasis especial en el punto 1- las distintas fuentes de financiación, distribución de recursos y asignaciones presupuestales de los años que lleva la implementación del Acuerdo, considerando al mismo tiempo la capacidad fiscal del Estado colombiano y la economía política de las políticas fiscales en el país. Adicionalmente, se presentan detalles de la gobernanza de los recursos destinados a la implementación del AFP, con el objetivo de ofrecer mayor claridad sobre los mecanismos existentes con los que se cuentan para garantizar recursos fiscales suficientes a los objetivos propuestos en las políticas de justicia transicional que incluyen aspectos socioeconómicos. De este modo, se analizan tendencias en las asignaciones presupuestales a nivel de sector y entidad, y se comparan los resultados entre estas dimensiones del AFP para poder llegar a conclusiones preliminares sobre el estado actual de la financiación y los retos que existen para poder ofrecer suficientes recursos para una implementación exitosa.