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Publicación Cartilla para personas migrantes y refugiadas en ColombiaAdriana Sabogal Moreno; Juan David Naranjo; Valentina Villa Orozco; David Andrés Molano Londoño; Carolina Pérez Sánchez; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Adriana AbramovitsDejusticia y el Proyecto Migración Venezuela diseñamos esta cartilla con el objetivo de brindarles información acerca de sus derechos y las rutas para acceder a ellos. Dejusticia y el Proyecto Migración Venezuela diseñamos esta cartilla con el objetivo de brindarles información acerca de sus derechos y las rutas para acceder a estos. Dado que la mayoría de las personas migrantes provienen de Venezuela, muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional están dirigidas a ellas. La cartilla incluye estas medidas y las demás aplicables a la población migrante en general. En el caso de que la normatividad solo aplique para la población venezolana, se hará la respectiva aclaración. Esta cartilla ofrece información sobre: 1. Las rutas abiertas actualmente para acceder a un estatus migratorio regular. 2. El derecho al refugio. 3. El derecho a la nacionalidad. 4. El derecho al debido proceso. 5. El derecho a la salud. 6. El derecho a la educación. 7. El derecho al trabajo. Adicionalmente, incluye una sección con conceptos importantes para tener en cuenta al momento de reclamar sus derechos. Por último, incluimos un directorio de instituciones y organizaciones a las cuales puede acudir en diferentes ciudades de entrada al país. Esperamos que esta cartilla permita acceder a información veraz, clara y concisa, así como tener un mayor conocimiento de sus derechos en Colombia, y de las rutas y mecanismos para su protección.Publicación ¿Qué es el programa de movilidad segura?Lina María Arroyave Velásquez; Christy Baile Crouse; Camila Chabayta; Erin Williams; William SteereEl objetivo de esta infografía es presentar una visión general del Programa de Movilidad Segura, una política migratoria relativamente reciente de Estados Unidos. En este documento describimos en qué consiste esta política, quiénes pueden acceder a ella y cómo se desarrolla el proceso. Además, ofrecemos un contexto sobre las razones y motivaciones que llevaron a la creación de esta iniciativa. Finalmente, incluimos un gráfico con algunos de los datos más recientes sobre solicitantes y los resultados del programa hasta la fecha.Publicación Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: Entre estándares normativos y barreras prácticasStefano Angeleri; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezCerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.Publicación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Jessica Corredor VillamilColombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave. La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este. En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? presenta un análisis de las barreras que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.Publicación Casas de justicia: Una buena idea mal administradaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Sebastián Lalinde Ordóñez; Lina María Arroyave Velásquez; Carolina Villadiego BurbanoEl principal hallazgo de este libro es que las casas de justicia en Colombia constituyen una importante idea para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables económicamente, pero que es un modelo inacabado en la medida en que no se ha reflexionado lo suficiente, de manera que las casas de justicia puedan entenderse verdaderamente como un programa y no simplemente como un conjunto desarticulado de edificaciones en las cuales se prestan servicios de justicia. Así, la finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes y mejoren el acceso a la justicia. Para ello revisamos la literatura comparada sobre programas similares que se han implementado en otros países y los estudios que se han hecho en Colombia; realizamos entrevistas a distintas personas conocedoras de las casas de justicia, bien sea porque han estudiado académicamente el programa o porque tienen alguna relación a nivel laboral con las mismas; e hicimos observación y visitas a ocho casas de justicia.Publicación Migración, pandemia y xenofobia en Colombia, Perú y Chile:Tres palabras que nunca debieron unirseLucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezLa crisis política, social, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha generado la migración forzada de millones de personas a toda la región, siendo Colombia, Perú y Chile los tres principales países receptores. Además, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19 no solo por el número de personas contagiadas y fallecidas, sino también por las consecuencias económicas que han profundizado la pobreza y las desigualdades sociales. Antes de la pandemia las personas migrantes venezolanas ya venían enfrentando dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la vivienda. Sin embargo, su situación se ha precarizado aún más durante este periodo. A lo que se suman los discursos y comportamientos xenófobos que enfrentan y que también se han incrementado durante la pandemia. Este artículo explora los efectos desproporcionados que la pandemia ha tenido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes y el aumento de narrativas discriminatorias en Colombia, Perú y Chile. Así como el impacto que estos discursos han tenido en la atención estatal en el marco de la crisis. Finalmente, propone una serie de recomendaciones para enfrentar la xenofobia en medio de la pandemia dirigidas a los gobiernos, los medios de comunicación, y la sociedad civilPublicación Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Nelson Camilo Sánchez León; Daniel Marín López; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Valentina Domínguez Mazhari; Lina María Arroyave VelásquezCon la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que en Dejusticia y la Universidad de Essex se decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los “actores económicos” dentro del conflicto armado colombiano. Si bien es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que algunos sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país.