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Publicación Alternativas al encarcelamiento de mujeres desde un enfoque de derechos Enseñanzas de la Ley de Utilidad Pública de Colombia y de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de DrogasClaudia Cardona; Julie Hannah; Isabel Pereira-Arana; Rebecca SchleiferEl encarcelamiento de las mujeres en Colombia está profundamente vinculado a la aplicación desproporcionada de las leyes sobre drogas y a las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en contextos de pobreza y responsabilidades de cuidado. Una nueva ley introducida en 2023 aborda estas cuestiones y permite a determinadas mujeres cabezas de familia que viven en condiciones de marginación cambiar la prisión por servicios sociales en libertad. La Ley 2292, la Ley de Utilidad Pública, es una expresión de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, y de los cambios normativos en Colombia en torno a la política criminal y el control de drogas. Este documento expone cómo Mujeres Libres, el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro Internacional para los Derechos Humanos y las Políticas de Drogas, con sede en la Universidad de Essex, se unieron para utilizar las Directrices como marco técnico y de promoción común para reforzar la aplicación de la Ley 2292. Dirigido a tomadores de decisiones, jueces, defensores públicos y la sociedad civil de América Latina y otros lugares, este documento ofrece un relato práctico de nuestros esfuerzos de implementación: cómo se formó nuestra asociación, cómo involucramos a actores estratégicos e identificamos vías clave de cambio, qué herramientas produjimos, qué resultados estamos empezando a ver y qué debería suceder a continuación.Publicación Informe a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Impactos de la política de drogas a los DDHH en Colombia y visión para el futuroPaula Aguirre Ospina; Adriana Muro Polo; Luis Felipe Cruz-Olivera; Isabel Pereira-AranaDesde Elementa y Dejusticia celebramos la oportunidad de presentar insumos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y consideramos que es fundamental que se prioricen cinco temas de importancia para la garantía de derechos. El contexto actual presenta oportunidades de avanzar hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social que le apueste a un cambio de estrategias, consolidando una aproximación que permita diagnosticar los daños causados por la política prohibicionista e identificar a las poblaciones directamente afectadas por su implementación para poder repararlas, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).