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Publicación Reflexiones sobre el cuidado como derecho en ColombiaLucía Ramírez Bolívar; Margarita Martínez Osorio; Nathalia Samhil González Gutiérrez; Anyer Mosquera SánchezEl 20 de enero de 2023, el Estado de Argentina presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Esta solicitud no es aislada ni fortuita. Por el contrario, se inscribe en un contexto en el que, gracias a décadas de activismo feminista, desde la academia y la sociedad civil en la región, los Estados han comenzado a incorporar el cuidado dentro de sus agendas, bien sea estableciendo políticas públicas, poniendo en marcha sistemas de cuidado, o avanzando en la construcción de marcos normativos que reconozcan al cuidado como un derecho y al Estado como su principal garante. El eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana resultará fundamental para fijar un estándar regional que contribuya a fortalecer las iniciativas de los Estados que ya han avanzado en la regulación del cuidado como un derecho y a promover estas mismas regulaciones en aquellos países en donde no ha habido tantos desarrollos. En ese contexto, el objetivo de esta investigación es brindar herramientas conceptuales, normativas y jurisprudenciales que aporten a la construcción de una definición y regulación del cuidado como derecho fundamental y autónomo en Colombia. Para ello, este documento sistematiza y analiza los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, así como la normatividad y jurisprudencia nacional y de otros países de la región relacionados con el cuidado. Los hallazgos de esta investigación pueden convertirse en un insumo para que las instituciones competentes del Estado colombiano avancen en la regulación del cuidado como un derecho.Publicación Pacigerancia: el valor jurídico de los acuerdos de paz en el derecho internacionalRodrigo Uprimny Yepes; Diana Isabel Güiza GómezEn el pasado, los procesos de paz entre un estado y un grupo armado irregular eran considerados un asunto interno, por lo cual el derecho internacional no los regulaba. En las últimas décadas dichos procesos han tenido una creciente dimensión internacional, debido, entre otras razones, al posible valor jurídico de los acuerdos de paz en el derecho internacional. Este artículo explora las categorías jurídicas existentes que pueden otorgarles fuerza vinculante a esos acuerdos en el ámbito internacional –un tratado internacional entre el Estado y el grupo insurgente, un tratado firmado por el Estado y terceros estados, un acuerdo especial humanitario, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y una declaración unilateral del Estado–. Ante la incertidumbre acerca de los efectos de los instrumentos jurídicos actuales, el artículo plantea la noción de pacigerancia, que se basa en la lex pacificatoria y el ius post bellum, así como en la experiencia colombiana. La pacigerancia le concede al grupo insurgente la personalidad jurídica para negociar y firmar la paz con los mismos derechos y deberes que tiene el Estado, con el fin de que esos acuerdos de paz puedan ser entendidos como verdaderos tratados vinculantes.Publicación La Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: ¿un tratamiento especial o preferencial?Camila Andrea Santamaría Chavarro; Diana Isabel Güiza Gómez; Rodrigo Uprimny YepesA lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Esta es la versión en español traducida por las autoras del capítulo de libro originalmente publicado en inglés y titulado «Colombia’s Fuerza Pública (Security Forces) in the Special Jurisdiction for Peace: Special Treatment or Preferential Treatment?», el cual hace parte del libro Jus Post Bellum. Restraint, Stabilisation, and Peace editado por Patrick Mileham (Leiden Boston: Brill | Nijhoff, 2020). Nuestro capítulo analiza los aspectos positivos del tratamiento penal especial, simultáneo, equilibrado y equitativo a la Fuerza Pública, así como algunos puntos problemáticos del desarrollo normativo y aplicación de ese tratamiento. En efecto, uno de los asuntos en común de la Justicia Transicional (JT) y el Jus Post Bellum (JPB) es el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por los crímenes que cometieron en guerras y el reajuste de su rol en situaciones de posconflicto. Este asunto es objeto de discusión hoy en Colombia, donde el Estado ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla FARC-EP. A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Sin embargo, en la práctica, pareciera que se ha otorgado un estándar de sanción menos riguroso a favor de la Fuerza Pública, pese a que este ejercía durante el conflicto la posición de garante de la ciudadanía. En el nivel normativo, la regulación de la responsabilidad de mando está en tensión con los requisitos mínimos exigidos por el derecho internacional público. Hay dos puntos que generan mayor preocupación: la prueba del mando y control efectivo del superior militar o policial, y el estándar de conocimiento. Igualmente, la reforma constitucional que creó la JEP excluye el Derecho Penal Internacional como fuente normativa para sancionar casos de Fuerza Pública, a pesar de que Colombia ya reconoció la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. En el nivel práctico, distintos jueces colombianos otorgaron los beneficios judiciales pactados en el acuerdo de paz a favor de la Fuerza Pública, incluso antes de que la JEP comenzara a funcionar, lo cual generó la ausencia de un monitoreo serio del cumplimiento de deberes frente a las víctimas, que es la contraprestación exigida a los miembros de las fuerzas armados por los beneficios judiciales. Este contexto parece indicar que el tratamiento de la Fuerza Pública está mutando de especial a preferencial. Claramente, ello desconoce los derechos de las víctimas e impide la consolidación de la paz y la reconciliación. Ahora que la JEP está en pleno funcionamiento, serán los magistrados de esa jurisdicción quienes deberán resolver estas situaciones anómalas y revertir cualquier tratamiento preferencial a la Fuerza Pública que obstaculice la rendición de cuentas, la reparación y la búsqueda de la verdad a favor de las víctimas.Publicación Los mercados de carbono en Colombia: entre los problemas de capacidad estatal y la judicialización verdeMaría Adelaida Ceballos BedoyaEste libro aborda dos objetivos: analizar las conexiones entre el funcionamiento de los mercados de carbono (MC) y la capacidad del Estado colombiano, y reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de la “judicialización verde”, entendida como la estrategia que privilegia el rol del Poder Judicial en la resolución de los conflictos socioambientales, como aquellos derivados de los MC. El texto plantea que, si bien los MC en principio ofrecen incentivos para la conservación medioambiental, ellos han sido duramente cuestionados, entre otras razones, por las violaciones de derechos humanos que traen para las comunidades encargadas de la conservación. Con el fin de explorar cómo se materializan los riesgos de los MC, el libro estudia el caso de un proyecto de carbono en un territorio indígena del municipio de Cumbal (Nariño, Colombia). Este caso ejemplifica los problemas de los MC en el contexto colombiano, caracterizados por la baja capacidad infraestructural del Estado en las periferias, así como por la débil voluntad política para regular y controlar los MC (especialmente cuando de comunidades étnicas se trata). El caso de Cumbal también es un escenario útil para mostrar que la vía judicial tiene potencialidades transformadoras, pero también tiene limitaciones pues abre la puerta a la cara represiva de la justicia y no siempre consigue satisfacer los reclamos de las comunidades afectadas. El texto concluye, pues, que es necesario complementar las estrategias judiciales con otras de incidencia política y acompañar a las comunidades locales en la defensa de sus derechos y territorios.Publicación Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito; Tatiana Andrea Alfonso Sierra; Isabel Cavelier AdarveEste trabajo, sin precedentes en el país por su tema y envergadura, tiene una doble finalidad. Primero, ofrece un diagnóstico sólido y certero de la situación de la población afrocolombiana y del grado de realización y violación de sus derechos. Segundo, hace propuestas y recomendaciones concretas de política pública que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a superar el mito de la democracia racial.Publicación Reparar en Colombia. Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusiónDiana Esther Guzmán Rodríguez; Catalina Díaz Gómez; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes; María Paula Saffon Sanín; Carlos H. Lozano Acosta; Camilo Ernesto Bernal Sarmiento; Foro Interétnico Solidaridad ChocóEste libro es fruto de una investigación participativa de dos años con organizaciones de víctimas de diversas regiones del país como el Pacífico, el norte del Valle y el Oriente antioqueño. Ofrece reflexiones con fundamento en aspectos empíricos y conceptuales sobre los principales debates en torno a la política de reparación en Colombia, tales como el proyecto de ley que pretendió establecer un estatuto para víctimas y el programa de reparación individual por vía administrativa. Asimismo, profundiza en aspectos como la dimensión transformadora de las reparaciones con vocación de redistribución, la pertinencia del análisis comparado, el uso de enfoques diferenciales como reconocimiento, los principios de justicia que deben orientar la reparación y la reivindicación del campo de la transicional desde abajo. Con ello se pretende contribuir a la búsqueda de salidas para los desafíos que enfrenta la necesidad de reparar graves violaciones cometidas en un contexto de guerra, pobreza y exclusión.Publicación La reparación de víctimas de actores económicos ante la JEPLaura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou Chaparro; María José León-Marín; Alejandro Jiménez Ospina; Aarón Alfredo AcostaEl cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes deben rendir cuentas ante la JEP es esencial para la legitimidad de los tratamientos especiales que podrían recibir, para la garantía de los derechos de las víctimas y para la reconciliación. La contribución a la reparación de las víctimas es clave en el caso de los actores económicos que pudieron tener responsabilidad en delitos de competencia de la JEP, como en los de los demás comparecientes. En este documento presentamos hallazgos y recomendaciones para avanzar en la construcción de procesos de reparación dialógicos con enfoque restaurativo que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la transición.Publicación La participación de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hallazgos y recomendaciones para casos de terceros civiles sometidos voluntariamenteLaura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou Chaparro; María José León-Marín; Alejandro Jiménez Ospina; Aarón Alfredo AcostaLa participación efectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz es un derecho de las víctimas y una condición de legalidad y legitimidad de los procedimientos de rendición de cuentas penal de actores que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. En el caso de terceros civiles, personas que sin pertenecer a ninguno de los bandos en confrontación participaron en el conflicto, el involucramiento de las víctimas en los procesos presenta desafíos especiales. Desde que se enteren de la existencia de los casos hasta su incidencia en la aprobación de los compromisos concretos, claros y programados de cumplimiento del régimen de condicionalidad. En este documento presentamos la aproximación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad a estos desafíos y postulamos posibles acciones que pueden contribuir a superarlos. Estos hallazgos y recomendaciones están sustentados en una investigación desarrollada durante el 2021 en donde indagamos, a través de un proceso de entrevistas semiestructuradas, por las percepciones sobre participación de víctimas en casos de terceros civiles de las personas que intervienen directamente en los casos: representantes de víctimas, Ministerio Público y personas que integran la JEP.Publicación El derecho a no ser discriminado: Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito; Tatiana Andrea Alfonso Sierra; Isabel Cavelier AdarveEste trabajo pone en tela de juicio el mito de la democracia racial colombiana. Según este mito, en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Suráfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis igualitaria. Esta creencia fundacional de la identidad colombiana está detrás de la negación de la discriminación racial. Este libro ofrece un diágnostico sólido y certero de la situación de la población afrocolombiana y del grado de realización y violación de sus derechos. Además, hace propuestas y recomendaciones concretas de política pública que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a superar el mito de la democracia racial.Publicación Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: Entre estándares normativos y barreras prácticasStefano Angeleri; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezCerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.