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Publicación Instituciones y Narcotráfico: la geografía judicial de los delitos de drogas en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez ÁngelEste texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.Publicación Posconflicto para víctimas de violencia sexual: La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la pazAna Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Margarita Martínez OsorioEste documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural. Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país.Publicación Los remedios que da el derecho: El papel del juez constitucional cuando la interrupción del embarazo no se garantizaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Nina Chaparro GonzálezEste texto, que en principio parece abordar un debate meramente jurídico, en el fondo trata de resolver el drama humano de qué hacer cuando las mujeres intentan acceder al aborto legal, pero se enfrentan a innumerables barreras que terminan limitándolo. Las preguntas que nos hacemos son básicamente dos: ¿cuándo exactamente se vulnera el derecho a al interrupción del embarazo? y ¿qué tipo de medidas deberían adoptar los jueces en los casos en que se vulnera este derecho? Finalmente, los elementos que aquí exponemos son entonces relevantes desde el punto de vista jurídico y conceptual, pues permiten fortalecer la dogmática que respalda la garantía del derecho a la IVE. Pero también desde el punto de vista práctico, pues pueden contribuir a fortalecer los remedios judiciales que los jueces constitucionales deberían ordenar a favor de las mujeres, cuando su derecho a la IVE es vulnerado.Publicación Formación en violencia sexual en el conflicto armado: Una propuesta metodológica para funcionariosSilvia Rojas Castro; Annika DalénPor medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas.Publicación Casas de justicia: Una buena idea mal administradaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Sebastián Lalinde Ordóñez; Lina María Arroyave Velásquez; Carolina Villadiego BurbanoEl principal hallazgo de este libro es que las casas de justicia en Colombia constituyen una importante idea para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables económicamente, pero que es un modelo inacabado en la medida en que no se ha reflexionado lo suficiente, de manera que las casas de justicia puedan entenderse verdaderamente como un programa y no simplemente como un conjunto desarticulado de edificaciones en las cuales se prestan servicios de justicia. Así, la finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes y mejoren el acceso a la justicia. Para ello revisamos la literatura comparada sobre programas similares que se han implementado en otros países y los estudios que se han hecho en Colombia; realizamos entrevistas a distintas personas conocedoras de las casas de justicia, bien sea porque han estudiado académicamente el programa o porque tienen alguna relación a nivel laboral con las mismas; e hicimos observación y visitas a ocho casas de justicia.Publicación El derecho a la libertad de expresión: curso avanzado para jueces y operadores jurídicos en las AméricasCatalina Botero Marino; Federico Andreu Guzmán Duque; Sofía Jaramillo Otoya; Salomé Gómez UpeguiEsta guía recoge las principales reglas de derecho vigentes en el orden interamericano en materia de libertad de expresión y fue diseñada como un insumo básico y sintético para apoyar a los jueces y operadores jurídicos, a lo largo de las Américas, que deben aplicar las normas internacionales (especialmente las interamericanas) que consagran y protegen el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este curso tiene una relevancia especial en América Latina, debido a los múltiples y difíciles desafíos que enfrentan quienes ejercen y protegen este derecho fundamental, incluida la violencia, la censura indirecta, la persecución penal o el silenciamiento. La guía realizó con base en la información consolidada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la “Guía político-pedagógica sobre la incorporación de la temática de libertad de expresión y de acceso a la información pública, en la formación de operadores judiciales en América Latina” del 2016. Este documento hace parte del proyecto “Global Freedom of Expression”, de la Universidad de Columbia, que está trabajando en la sistematización de jurisprudencia global en el tema de libertad de expresión. Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Universidad Externado de Colombia, están trabajando juntas en él.