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Publicación Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdoSergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraLa implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Posconflicto para víctimas de violencia sexual: La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la pazAna Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Margarita Martínez OsorioEste documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural. Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país.Publicación Los territorios de la paz: La construcción del Estado local en ColombiaMauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Javier Eduardo Revelo Rebolledo; José Rafael Espinosa Restrepo ; Natalia Duarte MayorgaLos Acuerdos de Paz representan una gran variedad de retos para el país. Uno de ellos consiste en llevar a cabo el gran proyecto nacional de construcción de Estado en la periferia. Llevar el Estado a la periferia es una promesa incumplida y uno de los factores decisivos para la persistencia del conflicto armado. En este volumen de la colección 'Ideas para construir la paz', Dejusticia sostiene que el gran proyecto de aumentar la presencia estatal en todo el territorio debe tener al menos dos condiciones: 1) partir de un estudio juicioso de los distintos tipos de municipios y de las realidades sociales y políticas que allí existen, y 2) proponer un adecuado balance entre imposición del orden y participación popular. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, mediante los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación La buena fe en la restitución de tierras: Sistematización de jurisprudenciaAura Patricia Bolívar Jaime ; Angie Paola Botero Giraldo; Laura Gabriela Gutiérrez BaqueroUna aplicación rígida e irreflexiva del principio de buena fe, incorporado en el proceso de restitución de tierras, puede llevar a desconocer o transgredir derechos fundamentales. Aquí, una recopilación de los diferentes problemas jurídicos que se han presentado. El proceso de restitución de tierras, creado con el fin de revertir el abandono y despojo de tierras que han sufrido los campesinos en las últimas décadas, incorpora una serie de principios como la buena fe y la inversión de la carga de la prueba en los procesos de restitución. Esto implica que el Estado tiene el deber de presumir la buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba que les exige. Además, esta ley prevé mecanismos para evitar la legalización de predios y el pago de compensaciones, a quienes apoyaron los desplazamientos o se aprovecharon del contexto de violencia para adquirir u ocupar los predios. Este estudio busca explorar los diferentes problemas jurídicos que suscita la aplicación de estos conceptos, con respecto a los diferentes tipos de intervinientes en el proceso. Esto, teniendo en cuenta que los predios reclamados han sido ocupados tanto por los opositores contemplados en la Ley 1448 de 2011 (victimarios y sujetos o empresas calificadas), como por campesinos en estado de vulnerabilidad, sujetos de especial protección constitucional y otras víctimas del conflicto armado. Esta situación, no prevista inicialmente por la norma, ha requerido un esfuerzo adicional de los jueces y magistrados de crear subreglas que armonicen sus decisiones con la Constitución, los estándares internacionales y la protección de derechos fundamentales.Publicación El derecho a la libertad de expresión: curso avanzado para jueces y operadores jurídicos en las AméricasCatalina Botero Marino; Federico Andreu Guzmán Duque; Sofía Jaramillo Otoya; Salomé Gómez UpeguiEsta guía recoge las principales reglas de derecho vigentes en el orden interamericano en materia de libertad de expresión y fue diseñada como un insumo básico y sintético para apoyar a los jueces y operadores jurídicos, a lo largo de las Américas, que deben aplicar las normas internacionales (especialmente las interamericanas) que consagran y protegen el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este curso tiene una relevancia especial en América Latina, debido a los múltiples y difíciles desafíos que enfrentan quienes ejercen y protegen este derecho fundamental, incluida la violencia, la censura indirecta, la persecución penal o el silenciamiento. La guía realizó con base en la información consolidada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la “Guía político-pedagógica sobre la incorporación de la temática de libertad de expresión y de acceso a la información pública, en la formación de operadores judiciales en América Latina” del 2016. Este documento hace parte del proyecto “Global Freedom of Expression”, de la Universidad de Columbia, que está trabajando en la sistematización de jurisprudencia global en el tema de libertad de expresión. Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Universidad Externado de Colombia, están trabajando juntas en él.