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Tejido vivo
Nina Chaparro González
El proceso de construcción de este libro reunió a periodistas aliados y a investigadoras e investigadores de Dejusticia que, desde sus distintos quehaceres como parte de la sociedad civil, han dedicado su trabajo a reflexionar sobre la riqueza de este tercer sector y sobre su papel en el mismo. Quien lea este libro se encontrará con 32 historias de organizaciones colombianas de la sociedad civil que, por medio de sus valores colectivos, de solidaridad y empatía, le han aportado inmensamente al avance de la protección jurídica y social de los derechos humanos en el país, y al fortalecimiento de su democracia. Son historias narradas desde un estilo periodístico que cuentan la razón de ser de estas organizaciones, por qué nacieron y qué es lo que le aportan a nuestra sociedad. Este libro también ofrece historias de personas valientes que, lejos del interés en el poder político y del ánimo de lucro empresarial, se han organizado voluntariamente y han logrado grandes conquistas en el terreno de los derechos humanos, a pesar de la constante violencia que azota a los líderes y lideresas sociales del país. Organizaciones, en su mayoría rurales y de base comunitaria, que desde distintos lugares del territorio colombiano han creado formas de resistir a la discriminación, la guerra y la violencia, por medio de nuevas alternativas económicas, políticas y jurídicas, en donde la música, el arte y la cultura son un elemento esencial de su quehacer y activismo. El proceso de construcción de este libro reunió a periodistas aliados y a investigadoras e investigadores de Dejusticia, que desde sus distintos quehaceres como parte de la sociedad civil, han dedicado su trabajo a reflexionar sobre la riqueza de este tercer sector y sobre su papel en el mismo.
La Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: ¿un tratamiento especial o preferencial?
Camila Andrea Santamaría Chavarro; Diana Isabel Güiza Gómez; Rodrigo Uprimny Yepes
A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Esta es la versión en español traducida por las autoras del capítulo de libro originalmente publicado en inglés y titulado «Colombia’s Fuerza Pública (Security Forces) in the Special Jurisdiction for Peace: Special Treatment or Preferential Treatment?», el cual hace parte del libro Jus Post Bellum. Restraint, Stabilisation, and Peace editado por Patrick Mileham (Leiden Boston: Brill | Nijhoff, 2020). Nuestro capítulo analiza los aspectos positivos del tratamiento penal especial, simultáneo, equilibrado y equitativo a la Fuerza Pública, así como algunos puntos problemáticos del desarrollo normativo y aplicación de ese tratamiento. En efecto, uno de los asuntos en común de la Justicia Transicional (JT) y el Jus Post Bellum (JPB) es el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por los crímenes que cometieron en guerras y el reajuste de su rol en situaciones de posconflicto. Este asunto es objeto de discusión hoy en Colombia, donde el Estado ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla FARC-EP. A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Sin embargo, en la práctica, pareciera que se ha otorgado un estándar de sanción menos riguroso a favor de la Fuerza Pública, pese a que este ejercía durante el conflicto la posición de garante de la ciudadanía. En el nivel normativo, la regulación de la responsabilidad de mando está en tensión con los requisitos mínimos exigidos por el derecho internacional público. Hay dos puntos que generan mayor preocupación: la prueba del mando y control efectivo del superior militar o policial, y el estándar de conocimiento. Igualmente, la reforma constitucional que creó la JEP excluye el Derecho Penal Internacional como fuente normativa para sancionar casos de Fuerza Pública, a pesar de que Colombia ya reconoció la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. En el nivel práctico, distintos jueces colombianos otorgaron los beneficios judiciales pactados en el acuerdo de paz a favor de la Fuerza Pública, incluso antes de que la JEP comenzara a funcionar, lo cual generó la ausencia de un monitoreo serio del cumplimiento de deberes frente a las víctimas, que es la contraprestación exigida a los miembros de las fuerzas armados por los beneficios judiciales. Este contexto parece indicar que el tratamiento de la Fuerza Pública está mutando de especial a preferencial. Claramente, ello desconoce los derechos de las víctimas e impide la consolidación de la paz y la reconciliación. Ahora que la JEP está en pleno funcionamiento, serán los magistrados de esa jurisdicción quienes deberán resolver estas situaciones anómalas y revertir cualquier tratamiento preferencial a la Fuerza Pública que obstaculice la rendición de cuentas, la reparación y la búsqueda de la verdad a favor de las víctimas.
Mosaicos de la Justicia – Justice Mosaics: How context shapes Transitional Justice in fratured societies
Roger Duthie (Ed.); Paul Seils (Ed.)
Esta publicación presenta los principales hallazgos de un proyecto de investigación de varios años, dirigido por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), sobre los desafíos y oportunidades que se presentan en la justicia transicional, cuando se busca responder a violaciones masivas de derechos humanos, en contextos diferentes. El capítulo 8 sobre Colombia, fue escrito por dos investigadores de Dejusticia. La historia muestra que las transiciones en Argentina y Chile difirieron significativamente de las transiciones en Guatemala y El Salvador, así como difirió la transición en Sur África de las transiciones de Europa Oriental y Central. Las diferencias en estas transiciones no solo fueron geográficas y temporales, sino también institucionales, políticas, sociales y económicas. Mientras los países han aprendido lecciones valiosas de la similitudes en las experiencias de cada uno, es importante mantener en mente sus diferencias también. Este volúmen editado de la investigación incluyó 12 de los 21 proyectos comisionados en este tema, en todo el mundo. El capítulo 8 sobre Colombia, fue escrito por Rodrigo Uprimny y Camilo Sánchez, investigadores de Dejusticia.
En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina
Catalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)
El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.
Reflexiones y recomendaciones sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América Latina
María Adelaida Ceballos Bedoya; Kelly Giraldo Viana; Carolina Villadiego Burbano; Rodrigo Uprimny Yepes
Este texto, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer México, plantea desafíos y los esfuerzos de reforma en materia de independencia judicial y de procedimientos de selección de altas autoridades judiciales en varios países de América Latina. Esta investigación surge con el ánimo de aportar a esos debates actuales, pero sobre todo con la convicción de la importancia de promover la adopción de mecanismos adecuados de selección de altas autoridades judiciales (AAJ). Concretamente, se pregunta cuáles son las características que deberían reunir dichos mecanismos de selección atendiendo a consideraciones normativas, conceptuales y contextuales. Por tal razón, urge fortalecer a dichos mecanismos para asegurar que se orienten a incluir a AAJ más transparentes, diversas, idóneas, independientes, íntegras y legítimas. Los mecanismos de selección adecuados también son esenciales para salvaguardar la independencia judicial, lo que resulta fundamental, pues –como ha insistido Norberto Bobbio (1985)– sin esa independencia no existe realmente Estado de derecho y sin Estado de derecho no es posible una democracia genuina.
Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho
Rodrigo Uprimny Yepes; César Rodríguez Garavito
Este artículo es el resultado preliminar de un trabajo más amplio, sobre la Constitución y la política económica en Colombia. Esta versión está basada en Uprimny, Rodrigo, "Modelo Económico y Constitución", ponencia presentada en el seminario sobre el tema organizado por el Ministerio de Hacienda (Bogotá, septiembre de 2004), complementada por la ponencia de César A. Rodríguez en el seminario "Constitución y Modelo Económico", organizado por Fedesarrollo y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de Los Andes (Bogotá, 22 de noviembre de 2005).
Reimagining Human Rights
César Rodríguez Garavito
Nuestro director, César Rodríguez, publicó su nuevo artículo «Reimaginando los derechos humanos» en la Revista de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Uno de los momentos más humildes de mi carrera como académico-practicante de derechos humanos tuvo lugar en Kibera, el barrio más grande de Nairobi, y uno de los más grandes del mundo. Estuve allí junto con un grupo de casi cincuenta activistas que participaban en una conferencia mundial sobre derechos económicos y sociales. Durante la visita, los líderes religiosos y sociales que nos habían invitado nos explicaron la dura realidad que era evidente ante nuestros ojos: los niños sufrían de desnutrición crónica; No había agua potable; No había caminos públicos; Y los habitantes de Kibera vivían en las preciaras cabañas de cartón y zinc que me recordaban a las comunidades afro-latinoamericanas con las que he trabajado al otro lado del océano Atlántico.
Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas
Magdalena Albar Diaz; Juan Auz; Juan Bautista López; Camila Bustos; Juan Martín Carballo; Valentina Castillo Barnetche; Gastón Médici-Colombo; Ananda María Lavayen; Adrián Martínez; Claudia Pineda; Joyce Tan
Este informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados. El informe, desde una perspectiva de derechos humanos, ahonda en: los Impactos del cambio climático, las consideraciones que deben tener medidas de respuesta para enfrentar al cambio climático, las afectaciones diferenciales a grupos vulnerables, las obligaciones de los Estados y responsabilidades de actores no-estatales en el contexto del cambio climático y los derechos humanos. Finalmente, concluye con recomendaciones para la protección de los derechos humanos de cara al cambio climático entre las que se incluyen, entre otras: el abordaje de las causas estructurales de la vulnerabilidad a los impactos climáticos (como la pobreza, la desigualdad, y la discriminación), y el garantizar que las medidas de respuesta y los esfuerzos para abordar el cambio climático no exacerben desigualdades, garantizando transparencia y acceso a la información, así como participación pública, amplia y significativa. El informe fue presentado ante la CIDH en septiembre de 2019 haciendo énfasis en el llamado a los Estados a tomar acciones que pongan fin a la crisis climática y a promover modelos de transición energética que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los más vulnerables asegurando su participación efectiva y su no discriminación.
Resumen Ejecutivo: Reflexiones y recomendaciones sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América Latina
María Adelaida Ceballos Bedoya; Kelly Giraldo Viana; Carolina Villadiego Burbano; Rodrigo Uprimny Yepes
En la última década, muchos países latinoamericanos han atravesado crisis en sus sistemas judiciales. Estas crisis suelen ser provocadas por los poderes Ejecutivos que buscan tener jueces aliados (o temerosos) que aprueben sus políticas y hagan la vista gorda cuando abusen de sus cargos. En otros casos, los problemas surgen desde dentro del propio Poder Judicial, donde la corrupción y la falta de idoneidad son endémicas, especialmente en las altas Cortes. Dichos problemas han intensificado la desconfianza ciudadana en la justicia. En el marco de estas crisis, con frecuencia han surgido controversias sobre cómo deberían seleccionarse las autoridades judiciales en una democracia. En particular, se ha debatido acerca de las fórmulas de selección de las altas autoridades judiciales (AAJ), pues es claro que las embestidas contra la cúpula judicial no sólo pueden facilitar la cooptación del resto de la justicia, sino que permiten bloquear el control judicial respecto de los poderes dominantes. Con el fin de contribuir a estos debates apremiantes, desarrollamos una investigación que ofrece reflexiones normativas, empíricas y conceptuales sobre los mecanismos más adecuados para seleccionar AAJ, especialmente en contextos de hiperpresidencialismo, como los latinoamericanos. Específicamente buscamos analizar los estándares internacionales en cuanto a la selección de AAJ y evaluar de qué manera se pueden aplicar esos estándares en lugares específicos, a la luz de consideraciones contextuales y de filosofía política.
PretorIA y la automatización del procesamiento de causas de derechos humanos
Víctor Práxedes Saavedra Rionda; Juan Carlos Upegui Mejía
Esta investigación busca contribuir al conocimiento sobre PretorIA, un proyecto de inteligencia artificial adelantado por la Corte Constitucional, que busca hacer más eficiente el proceso de selección de tutelas. PretorIA es un proyecto de inteligencia artificial en desarrollo, adelantado por la Corte Constitucional colombiana, que tiene el propósito de hacer más eficiente el proceso de selección de los casos de tutela judicial de los derechos fundamentales. El caso de PretorIA es de interés por la entidad que lo desarrolla y por el contexto en que lo hace. Es un proyecto desarrollado por la Corte Constitucional para filtrar mejor los casos y optimizar su desempeño como máximo intérprete de la Constitución. Es de interés también como parte de los procesos de despliegue de tecnologías digitales en el sector justicia, tanto en su vertiente puramente técnica, como por los impactos en la organización. Adicionalmente, esta investigación busca describir el proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto desde su concepción original a finales de 2018, a partir del sistema Prometea, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, hasta su situación actual a finales de 2020, previa a su entrada en producción, con un piloto en relación con casos de tutela relacionados con el derecho fundamental a la salud. El objetivo de esta investigación, a cargo de los investigadores Víctor Saavedra y Juan Carlos Upegui, es contribuir al conocimiento de PretorIA y de su potencialidad. Buscamos también apoyar una comprensión aterrizada de este tipo de despliegues, apuntando a la importancia no solo de los sistemas, sino de los procesos decisionales, de desarrollo y de socialización. Este documento hace parte del proyecto de investigación “Inteligencia Artificial e inclusión en América Latina”, realizado por la organización Derechos Digitales junto con aliados de Brasil, Chile, Uruguay y Colombia.
NATIONAL ACTION PLANS (NAPS) ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
Cindy Woods; Jérôme Chaplier; Claret Vargas
Dejusticia junto con el ICAR y el ECCJ presentan una actualización del reporte Assessments of Existing National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights, que evalúa los Planes Nacionales de Acción en Negocios y Derechos Humanos (NAPS) de 12 países de Europa y América, incluyendo el de Colombia. A medida que la creación de Planes Nacionales de Acción (PNAs) en negocios y derechos humanos continua proliferando globalmente, es esencial que los PNAs existentes se analicen cuidadosamente, en términos de su contenido y sus procesos para sugerir mejoras y conseguir mejores prácticas. Estas evaluaciones estructuradas de los PNAs están basadas en el ICAR-Danish Human Rights Institute (DIHR) NAPs Toolkit, publicado en Junio del 2014 que establece 25 criterios para evaluar los procesos de los Estados y los contenidos de los planes. La evaluación de los PNAs por parte del ICAR, ECCJ y Dejusticia busca construir una retroalimentación crítica y estructurada para los Estados que ya han desarrollado sus planes y establecer un punto de referencia para los Estados que los están desarrollando.
In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America
Catalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)
The Drugs and Rights Studies Collective published a new report that examines government responses to the consumption of illicit drugs in eight countries in Latin America: Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Uruguay and Bolivia. This report presents the results of the most recent study by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD). The study, entitled “In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America,” analyzes States’ responses to the consumption of illicitly used drugs, focusing on two key areas–criminal justice responses and health responses–in eight Latin American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay. An international consensus appears to be emerging that drug use is not a criminal matter, but a health issue. Nevertheless, as shown by the country investigations that are part of this study, Latin American government responses to the use of illicit substances remain predominantly punitive and handled through the criminal justice system; it is through judicial, rather than healthcare, institutions that states address the illicit use of drugs and drug users. Even in countries in which drug use is not a crime, persistent criminalization of drug users is found.
After the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy
John Collins (Ed.)
El fin de la guerra contra las drogas ha llegado. La Asamblea General de Naciones Unidas de abril de 2016 será el comienzo de una nueva era. Este libro presenta abundante evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas. En su reemplazo plantea la necesidad de que las políticas de drogas sean pensadas desde un enfoque de desarrollo humano. El grupo de expertos en economía de la política de drogas del London School of Economics –conformado por académicos e investigadores de distintas partes del mundo– aporta propuestas basadas en la evidencia disponible para reemplazar las políticas de drogas existentes por otras más inteligentes y eficaces, basadas en un enfoque de salud pública y derechos humanos. Rodrigo Uprimny y Sergio Chaparro, investigadores de Dejusticia, y Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE en México, contribuyeron con un capítulo sobre cómo ponerle fin a la criminalización del uso de drogas en América Latina. Cinco premios Nobel respaldaron este informe en el que solicitan a los Estados del mundo adoptar un cambio de paradigma en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en abril de este año -UNGASS 2016-.
Pacigerancia: el valor jurídico de los acuerdos de paz en el derecho internacional
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Isabel Güiza Gómez
En el pasado, los procesos de paz entre un estado y un grupo armado irregular eran considerados un asunto interno, por lo cual el derecho internacional no los regulaba. En las últimas décadas dichos procesos han tenido una creciente dimensión internacional, debido, entre otras razones, al posible valor jurídico de los acuerdos de paz en el derecho internacional. Este artículo explora las categorías jurídicas existentes que pueden otorgarles fuerza vinculante a esos acuerdos en el ámbito internacional –un tratado internacional entre el Estado y el grupo insurgente, un tratado firmado por el Estado y terceros estados, un acuerdo especial humanitario, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y una declaración unilateral del Estado–. Ante la incertidumbre acerca de los efectos de los instrumentos jurídicos actuales, el artículo plantea la noción de pacigerancia, que se basa en la lex pacificatoria y el ius post bellum, así como en la experiencia colombiana. La pacigerancia le concede al grupo insurgente la personalidad jurídica para negociar y firmar la paz con los mismos derechos y deberes que tiene el Estado, con el fin de que esos acuerdos de paz puedan ser entendidos como verdaderos tratados vinculantes.