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    Resumen Ejecutivo: Reflexiones y recomendaciones sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América Latina
    María Adelaida Ceballos Bedoya; Kelly Giraldo Viana; Carolina Villadiego Burbano; Rodrigo Uprimny Yepes
    En la última década, muchos países latinoamericanos han atravesado crisis en sus sistemas judiciales. Estas crisis suelen ser provocadas por los poderes Ejecutivos que buscan tener jueces aliados (o temerosos) que aprueben sus políticas y hagan la vista gorda cuando abusen de sus cargos. En otros casos, los problemas surgen desde dentro del propio Poder Judicial, donde la corrupción y la falta de idoneidad son endémicas, especialmente en las altas Cortes. Dichos problemas han intensificado la desconfianza ciudadana en la justicia. En el marco de estas crisis, con frecuencia han surgido controversias sobre cómo deberían seleccionarse las autoridades judiciales en una democracia. En particular, se ha debatido acerca de las fórmulas de selección de las altas autoridades judiciales (AAJ), pues es claro que las embestidas contra la cúpula judicial no sólo pueden facilitar la cooptación del resto de la justicia, sino que permiten bloquear el control judicial respecto de los poderes dominantes. Con el fin de contribuir a estos debates apremiantes, desarrollamos una investigación que ofrece reflexiones normativas, empíricas y conceptuales sobre los mecanismos más adecuados para seleccionar AAJ, especialmente en contextos de hiperpresidencialismo, como los latinoamericanos. Específicamente buscamos analizar los estándares internacionales en cuanto a la selección de AAJ y evaluar de qué manera se pueden aplicar esos estándares en lugares específicos, a la luz de consideraciones contextuales y de filosofía política.
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    Reimagining Human Rights
    César Rodríguez Garavito
    Nuestro director, César Rodríguez, publicó su nuevo artículo «Reimaginando los derechos humanos» en la Revista de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Uno de los momentos más humildes de mi carrera como académico-practicante de derechos humanos tuvo lugar en Kibera, el barrio más grande de Nairobi, y uno de los más grandes del mundo. Estuve allí junto con un grupo de casi cincuenta activistas que participaban en una conferencia mundial sobre derechos económicos y sociales. Durante la visita, los líderes religiosos y sociales que nos habían invitado nos explicaron la dura realidad que era evidente ante nuestros ojos: los niños sufrían de desnutrición crónica; No había agua potable; No había caminos públicos; Y los habitantes de Kibera vivían en las preciaras cabañas de cartón y zinc que me recordaban a las comunidades afro-latinoamericanas con las que he trabajado al otro lado del océano Atlántico.
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    Mosaicos de la Justicia – Justice Mosaics: How context shapes Transitional Justice in fratured societies
    Roger Duthie (Ed.); Paul Seils (Ed.)
    Esta publicación presenta los principales hallazgos de un proyecto de investigación de varios años, dirigido por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), sobre los desafíos y oportunidades que se presentan en la justicia transicional, cuando se busca responder a violaciones masivas de derechos humanos, en contextos diferentes. El capítulo 8 sobre Colombia, fue escrito por dos investigadores de Dejusticia. La historia muestra que las transiciones en Argentina y Chile difirieron significativamente de las transiciones en Guatemala y El Salvador, así como difirió la transición en Sur África de las transiciones de Europa Oriental y Central. Las diferencias en estas transiciones no solo fueron geográficas y temporales, sino también institucionales, políticas, sociales y económicas. Mientras los países han aprendido lecciones valiosas de la similitudes en las experiencias de cada uno, es importante mantener en mente sus diferencias también. Este volúmen editado de la investigación incluyó 12 de los 21 proyectos comisionados en este tema, en todo el mundo. El capítulo 8 sobre Colombia, fue escrito por Rodrigo Uprimny y Camilo Sánchez, investigadores de Dejusticia.
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    After the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy
    John Collins (Ed.)
    El fin de la guerra contra las drogas ha llegado. La Asamblea General de Naciones Unidas de abril de 2016 será el comienzo de una nueva era. Este libro presenta abundante evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas. En su reemplazo plantea la necesidad de que las políticas de drogas sean pensadas desde un enfoque de desarrollo humano. El grupo de expertos en economía de la política de drogas del London School of Economics –conformado por académicos e investigadores de distintas partes del mundo– aporta propuestas basadas en la evidencia disponible para reemplazar las políticas de drogas existentes por otras más inteligentes y eficaces, basadas en un enfoque de salud pública y derechos humanos. Rodrigo Uprimny y Sergio Chaparro, investigadores de Dejusticia, y Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE en México, contribuyeron con un capítulo sobre cómo ponerle fin a la criminalización del uso de drogas en América Latina. Cinco premios Nobel respaldaron este informe en el que solicitan a los Estados del mundo adoptar un cambio de paradigma en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en abril de este año -UNGASS 2016-.
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    En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina
    Catalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)
    El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.
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    In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America
    Catalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)
    The Drugs and Rights Studies Collective published a new report that examines government responses to the consumption of illicit drugs in eight countries in Latin America: Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Uruguay and Bolivia. This report presents the results of the most recent study by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD). The study, entitled “In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America,” analyzes States’ responses to the consumption of illicitly used drugs, focusing on two key areas–criminal justice responses and health responses–in eight Latin American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay. An international consensus appears to be emerging that drug use is not a criminal matter, but a health issue. Nevertheless, as shown by the country investigations that are part of this study, Latin American government responses to the use of illicit substances remain predominantly punitive and handled through the criminal justice system; it is through judicial, rather than healthcare, institutions that states address the illicit use of drugs and drug users. Even in countries in which drug use is not a crime, persistent criminalization of drug users is found.
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    Reflexiones y recomendaciones sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América Latina
    María Adelaida Ceballos Bedoya; Kelly Giraldo Viana; Carolina Villadiego Burbano; Rodrigo Uprimny Yepes
    Este texto, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer México, plantea desafíos y los esfuerzos de reforma en materia de independencia judicial y de procedimientos de selección de altas autoridades judiciales en varios países de América Latina. Esta investigación surge con el ánimo de aportar a esos debates actuales, pero sobre todo con la convicción de la importancia de promover la adopción de mecanismos adecuados de selección de altas autoridades judiciales (AAJ). Concretamente, se pregunta cuáles son las características que deberían reunir dichos mecanismos de selección atendiendo a consideraciones normativas, conceptuales y contextuales. Por tal razón, urge fortalecer a dichos mecanismos para asegurar que se orienten a incluir a AAJ más transparentes, diversas, idóneas, independientes, íntegras y legítimas. Los mecanismos de selección adecuados también son esenciales para salvaguardar la independencia judicial, lo que resulta fundamental, pues –como ha insistido Norberto Bobbio (1985)– sin esa independencia no existe realmente Estado de derecho y sin Estado de derecho no es posible una democracia genuina.
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    Tejido vivo
    Nina Chaparro González
    El proceso de construcción de este libro reunió a periodistas aliados y a investigadoras e investigadores de Dejusticia que, desde sus distintos quehaceres como parte de la sociedad civil, han dedicado su trabajo a reflexionar sobre la riqueza de este tercer sector y sobre su papel en el mismo. Quien lea este libro se encontrará con 32 historias de organizaciones colombianas de la sociedad civil que, por medio de sus valores colectivos, de solidaridad y empatía, le han aportado inmensamente al avance de la protección jurídica y social de los derechos humanos en el país, y al fortalecimiento de su democracia. Son historias narradas desde un estilo periodístico que cuentan la razón de ser de estas organizaciones, por qué nacieron y qué es lo que le aportan a nuestra sociedad. Este libro también ofrece historias de personas valientes que, lejos del interés en el poder político y del ánimo de lucro empresarial, se han organizado voluntariamente y han logrado grandes conquistas en el terreno de los derechos humanos, a pesar de la constante violencia que azota a los líderes y lideresas sociales del país. Organizaciones, en su mayoría rurales y de base comunitaria, que desde distintos lugares del territorio colombiano han creado formas de resistir a la discriminación, la guerra y la violencia, por medio de nuevas alternativas económicas, políticas y jurídicas, en donde la música, el arte y la cultura son un elemento esencial de su quehacer y activismo. El proceso de construcción de este libro reunió a periodistas aliados y a investigadoras e investigadores de Dejusticia, que desde sus distintos quehaceres como parte de la sociedad civil, han dedicado su trabajo a reflexionar sobre la riqueza de este tercer sector y sobre su papel en el mismo.
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    PretorIA y la automatización del procesamiento de causas de derechos humanos
    Víctor Práxedes Saavedra Rionda; Juan Carlos Upegui Mejía
    Esta investigación busca contribuir al conocimiento sobre PretorIA, un proyecto de inteligencia artificial adelantado por la Corte Constitucional, que busca hacer más eficiente el proceso de selección de tutelas. PretorIA es un proyecto de inteligencia artificial en desarrollo, adelantado por la Corte Constitucional colombiana, que tiene el propósito de hacer más eficiente el proceso de selección de los casos de tutela judicial de los derechos fundamentales. El caso de PretorIA es de interés por la entidad que lo desarrolla y por el contexto en que lo hace. Es un proyecto desarrollado por la Corte Constitucional para filtrar mejor los casos y optimizar su desempeño como máximo intérprete de la Constitución. Es de interés también como parte de los procesos de despliegue de tecnologías digitales en el sector justicia, tanto en su vertiente puramente técnica, como por los impactos en la organización. Adicionalmente, esta investigación busca describir el proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto desde su concepción original a finales de 2018, a partir del sistema Prometea, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, hasta su situación actual a finales de 2020, previa a su entrada en producción, con un piloto en relación con casos de tutela relacionados con el derecho fundamental a la salud. El objetivo de esta investigación, a cargo de los investigadores Víctor Saavedra y Juan Carlos Upegui, es contribuir al conocimiento de PretorIA y de su potencialidad. Buscamos también apoyar una comprensión aterrizada de este tipo de despliegues, apuntando a la importancia no solo de los sistemas, sino de los procesos decisionales, de desarrollo y de socialización. Este documento hace parte del proyecto de investigación “Inteligencia Artificial e inclusión en América Latina”, realizado por la organización Derechos Digitales junto con aliados de Brasil, Chile, Uruguay y Colombia.
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    Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas
    Magdalena Albar Diaz; Juan Auz; Juan Bautista López; Camila Bustos; Juan Martín Carballo; Valentina Castillo Barnetche; Gastón Médici-Colombo; Ananda María Lavayen; Adrián Martínez; Claudia Pineda; Joyce Tan
    Este informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados. El informe, desde una perspectiva de derechos humanos, ahonda en: los Impactos del cambio climático, las consideraciones que deben tener medidas de respuesta para enfrentar al cambio climático, las afectaciones diferenciales a grupos vulnerables, las obligaciones de los Estados y responsabilidades de actores no-estatales en el contexto del cambio climático y los derechos humanos. Finalmente, concluye con recomendaciones para la protección de los derechos humanos de cara al cambio climático entre las que se incluyen, entre otras: el abordaje de las causas estructurales de la vulnerabilidad a los impactos climáticos (como la pobreza, la desigualdad, y la discriminación), y el garantizar que las medidas de respuesta y los esfuerzos para abordar el cambio climático no exacerben desigualdades, garantizando transparencia y acceso a la información, así como participación pública, amplia y significativa. El informe fue presentado ante la CIDH en septiembre de 2019 haciendo énfasis en el llamado a los Estados a tomar acciones que pongan fin a la crisis climática y a promover modelos de transición energética que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los más vulnerables asegurando su participación efectiva y su no discriminación.