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Publicación Adición punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en ColombiaRodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraEl encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.