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Publicación Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulaciónAlejandro Corda; Ernesto Cortés Amador; Diego Piñol ArriagadaLas Américas están a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. En Estados Unidos, desde 2012, diez estados y el distrito de Columbia aprobaron iniciativas para regular el cannabis para usos no médicos (“recreativos”), ya sea por elecciones o por aprobación de leyes. La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos hoy viven en estados con algún tipo de acceso legal a cannabis medicinal o recreativo, aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico; uno de los objetivos principales del gobierno era separar el mercado del cannabis de los mercados de otras sustancias. En 2018, Canadá se sumó a Uruguay y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis. México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.Publicación Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras: reto a la reparación con vocación transformadoraHobeth Martínez CarrilloEn “Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras” se encuentran los resultados de una investigación acerca de las ocupaciones secundarias en el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011, elaborado a partir del análisis a profundidad de algunos casos en el departamento de Sucre. En el curso de la investigación se identificaron y analizaron dos problemáticas relacionadas: las dificultades de implementación de la política pública de restitución de tierras, particularmente las que han surgido a raíz de la situación de los segundos ocupantes vulnerables y la respuesta estatal que se le ha dado a la problemática, así como la situación de aqullas personas que, sin estar en una condición de vulnerabilidad socioeconómica en el presente, podrían legítimamente solicitar una atención del Estado para evitar una acción con daño. El principal planteamiento es que existe una respuesta institucional a los problemas asociados a los segundos ocupantes, pero que se observan fallas en la implementación de dicha respuesta institucional al menos en dos niveles: en primer lugar, en relación con los segundos ocupantes vulnerables, frente a los cuales se identifican algunas barreras de acceso que dificultan su efectiva y temprana atención, y que involucran la actividad de varias instituciones competentes dentro del proceso de restitución de tierras; en segundo lugar, en relación con otro tipo de segundos ocupantes que, sin ser vulnerables, legítimamente merecerían recibir la atención del Estado, pues como efecto de la restitución podrían caer en lo que acá se denomina como vulnerabilidad sobreviniente. Frente a estos es posible y legítimo, por vía de interpretación, que se les reconozcan y apliquen las mismas medidas desarrolladas para los segundos ocupantes vulnerables. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-segundos-ocupantes-en-el-proceso-de-restitucion-de-tierras/Publicación Elogio a la bulla. Protesta y democracia en ColombiaSebastián Lalinde Ordóñez“Elogio a la bulla” parte de la premisa de que la dinámica de la protesta social en Colombia es compleja en la medida en que alrededor de ella confluyen muchos factores. Primero, una regulación normativa que, en muchos sentidos, es proclive a desalentar la protesta. Segundo, un control policial, en ciertos casos violento y excesivo, en el que los manifestantes son considerados enemigos mas que ciudadanos y frente al cual algunos manifestantes responden con abusos, lo cual produce un círculo vicioso de violencias en el que los policías desconfían de los manifestantes; y los manifestantes, de los policías. Tercero, un sistema judicial que instrumentaliza el derecho penal para desincentivar la movilización social. Y cuarto, unos medios de comunicación que suelen reportar solo las protestas en las que hay violencia y que, por ese camino, incentivan que las manifestaciones no solo ocurran pacíficamente, de un lado, y que la protesta no tenga mucha legitimidad social, de otro. Todos estos elementos combinados y sumados al hecho de que la protesta, con frecuencia, produce afectaciones en los derechos de terceras personas sugieren que su regulación no es fácil. La tesis que se defiende en este libro es que, si bien la contención policial de la protesta es la más visible, no es la única forma de controlarla. En Colombia hay al menos cuatro tipos de herramientas para controlar la protesta y que podrían tener como efecto desestimular el ejercicio de este derecho que es vital en una democracia y, por tanto, merece la mayor protección: la contención normativa, la contención policial, la contención judicial y la contención mediática. “Elogio a la bulla”, a través de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, lleva a la conclusión de que en Colombia el Estado no es muy favorable a este derecho y que él no goza de mucha legitimidad social, lo cual deteriora los indicadores de democracia. Con este horizonte, “Elogio a la bulla” ofrece algunas recomendaciones de política pública con el objetivio de eliminar o al menos minimizar las consecuencias perversas para el derecho a la protesta social de las cuatro maneras de contenerla.Publicación Los terceros complejos: Recomendaciones para el ejercicio de la competencia limitada de la JEP en casos de actores económicosSabine Michalowski; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Daniel Marín LópezEste documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto. Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia.Publicación Dime dónde estudias y te diré qué comesValentina Rozo ÁngelLos entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta este contexto, visitamos 21 colegios en Bogotá a los que asisten alumnos con distinta capacidad económica. El sobrepeso y la obesidad infantil son un problema que va en aumento en Colombia. De hecho, en los últimos 40 años se ha multiplicado por diez el número de personas entre 5 y 18 años con obesidad y, para 2022, se espera que los niños, las niñas y los adolescentes sufran más de obesidad que de bajo peso. Esto es grave, pues la obesidad infantil se asocia con muerte prematura, dificultades respiratorias, enfermedades vasculares y efectos psicológicos. Este fue el principal motivo de nuestra investigadora Valentina Rozo para investigar sobre lo que se oferta en las tiendas escolares. Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Aunque estos pasan gran parte de su tiempo allí, en Colombia no existe ninguna regulación a nivel nacional que establezca cuáles son los productos que se pueden vender o publicitar en estos lugares. Por tanto, depende de los entes territoriales desarrollar o no las normas. Teniendo en cuenta este contexto, visitamos 21 colegios en Bogotá a los que asisten alumnos con distinta capacidad económica: siete colegios con mayoría de alumnos de estrato 1 y 2, siete de estrato 3, y cuatro y siete de estratos 5 y 6. Allí entrevistamos a los rectores y a los tenderos, y documentamos qué se vende en las tiendas y a qué publicidad se enfrentan los alumnos. En el trabajo de campo identificamos que los alumnos de colegios de estratos medios son los más vulnerables: es allí donde la oferta de productos comestibles ultraprocesados es más alta y, a su vez, en donde hay mayor publicidad. Este hallazgo es más acorde con la teoría, pues en los países de ingreso medio, como Colombia, a medida que aumenta el ingreso también lo hace el consumo de productos elaborados principalmente con ingredientes industriales y con poco o bajo contenido de alimento natural. Sin embargo, hay un punto de inflexión en los estratos altos en el que, si bien hay suficiente ingreso para comprar productos comestibles ultraprocesados, la información sobre los efectos en la salud hace que en este grupo se reduzca el consumo. El documento responde a otras preguntas: ¿se cumple la Resolución 2092 de 2015 en los colegios oficiales? ¿La autorregulación de la industria de bebidas no alcohólicas funciona? Además, plantea otras preguntas cuyas respuestas reflejan la desigualdad generada en las tiendas escolares: ¿cuáles son las modalidades de la tienda escolar?, ¿quién es el tomador de decisiones acerca de los productos que se ofertan? y ¿la oferta cambia según la edad? son algunas de ellas.Publicación Los caminos del dolor. Acceso a cuidados paliativos y tratamiento por consumo de heroína en ColombiaIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarEl sufrimiento y el dolor que experimentan las personas al final de la vida y quienes dependen de la heroína encuentran alivio en los opioides. Estos medicamentos están sometidos a un estricto régimen de fiscalización, producto de la aplicación de los tratados internacionales de drogas, que implica una excesiva burocracia y un miedo generalizado tanto en pacientes como en profesionales de la salud para usarlos. Muchos opioides están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ser esenciales, su carácter controlado genera en la práctica una vulneración del derecho a la salud de estas dos poblaciones. En este libro presentamos un diagnóstico realizado en cinco ciudades colombianas sobre las barreras de acceso a opioides que enfrentan los pacientes en los dos ámbitos. Estas barreras se pueden agrupar en cuatro categorías: 1. Fallas estructurales del sistema de salud colombiano. 2. Falta de capacidad institucional para mantener el abastecimiento de opioides en pequeñas y medianas ciudades. 3. Falta de formación profesional en cuidados paliativos y tratamiento para la dependencia de la heroína en pequeñas y medianas ciudades. 4. Estigma hacia las sustancias y hacia las personas que se relacionan con ellas. Analizar conjuntamente el goce del derecho a la salud de personas que usan heroína y de pacientes que sufren enfermedades terminales parece desacertado a primera vista, pues, ¿qué tendrían en común esas poblaciones y la atención en salud que reciben? En este libro defendemos que una persona al final de la vida y aquella que usa heroína enfrentan retos similares: necesitan los mismos medicamentos controlados, requieren un tratamiento interdisciplinar que va más allá de los opioides, llegan a los servicios de salud en momentos de gran vulnerabilidad y son, generalmente, tratados con negligencia por un sistema de salud que no se encuentra preparado para enfrentar la muerte o la dependencia a las drogas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-caminos-del-dolor-acceso-a-cuidados-paliativos-y-tratamiento-por-consumo-de-heroina-en-colombia/Publicación Resumen ejecutivo: Los terceros complejos: Recomendaciones para el ejercicio de la competencia limitada de la JEP en casos de actores económicosSabine Michalowski; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Daniel Marín LópezFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto. Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia.