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Publicación Reflexiones sobre el cuidado como derecho en ColombiaLucía Ramírez Bolívar; Margarita Martínez Osorio; Nathalia Samhil González Gutiérrez; Anyer Mosquera SánchezEl 20 de enero de 2023, el Estado de Argentina presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Esta solicitud no es aislada ni fortuita. Por el contrario, se inscribe en un contexto en el que, gracias a décadas de activismo feminista, desde la academia y la sociedad civil en la región, los Estados han comenzado a incorporar el cuidado dentro de sus agendas, bien sea estableciendo políticas públicas, poniendo en marcha sistemas de cuidado, o avanzando en la construcción de marcos normativos que reconozcan al cuidado como un derecho y al Estado como su principal garante. El eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana resultará fundamental para fijar un estándar regional que contribuya a fortalecer las iniciativas de los Estados que ya han avanzado en la regulación del cuidado como un derecho y a promover estas mismas regulaciones en aquellos países en donde no ha habido tantos desarrollos. En ese contexto, el objetivo de esta investigación es brindar herramientas conceptuales, normativas y jurisprudenciales que aporten a la construcción de una definición y regulación del cuidado como derecho fundamental y autónomo en Colombia. Para ello, este documento sistematiza y analiza los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, así como la normatividad y jurisprudencia nacional y de otros países de la región relacionados con el cuidado. Los hallazgos de esta investigación pueden convertirse en un insumo para que las instituciones competentes del Estado colombiano avancen en la regulación del cuidado como un derecho.Publicación Defender los derechos humanos en Venezuela. Los retos de la sociedad civil para enfrentar el cierre del espacio democráticoEzequiel Monsalve Fernández; Ligia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez Bolívar; Jessica Corredor VillamilA pesar de la larga trayectoria en la protección y promoción de los derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) venezolanas, y de su importante rol en la superación de la crisis que atraviesa el país, su voz no es ampliamente difundida y la mirada de la comunidad internacional se ha centrado principalmente en atender las consecuencias de la crisis. En el marco del trabajo de Dejusticia sobre el cierre de espacios de la sociedad civil en contextos autoritarios, y de la estrategia de solidaridad con el movimiento de derechos humanos del Sur gGlobal que promueve la organización, esta investigación presenta un diagnóstico de la situación de las OSC venezolana con el fin de visibilizar su trabajo y sus necesidades, así como las barreras y los retos que enfrentan en el contexto complejo en el cual adelantan sus labores. Se espera que este documento se convierta en una herramienta para la comunidad internacional (donantes y organizaciones regionales, entre otros) que requiere más información para tomar decisiones relacionadas con el apoyo al movimiento de derechos humanos en Venezuela. Este diagnóstico permitirá tener un mejor entendimiento de los desafíos y las tensiones que enfrentan las OSC. El trabajo de estas organizaciones inspira a seguir buscando alternativas para el fortalecimiento de la sociedad civil. Al contrario de lo que muchas personas piensan, no todo está perdido y en los actores de la región recae una buena parte de la responsabilidad en contribuir a que esta labor pueda mantenersePublicación Los medicamentos opioides en Armenia: entre esenciales y fiscalizadosIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarLos caminos del dolor que atraviesan quienes necesitan acceder a medicamentos opioides están plagados de frustración, pero en no escasas ocasiones, también están las historias de redención, de pares comunitarios que acompañan, enfermeras que entienden la importancia de la reducción de daños, profesionales de la salud que cuidan el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, sino la posibilidad de despedirse sin dolor. Les invitamos a conocer un poco más de estas historias en estas cartillas. Encontramos a varios profesionales y voluntarios pioneros y visionarios de los cuidados paliativos, y una ciudad que, desde las autoridades locales, se comprometió a dar financiación a los vitales programas de reducción de daños para atender a las personas con consumos problemáticos de drogas.Publicación Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano: Avances, retos y recomendacionesSilvia Ruiz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; Valentina Rozo ÁngelLos niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional. Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.Publicación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Jessica Corredor VillamilColombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave. La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este. En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? presenta un análisis de las barreras que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.Publicación Summary: Protecting Human Rights on the Ground. Case Studies on the Origin and Development of OHCHR Country Offices and their Relevance for the Situation in VenezuelaLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarThe following is a summary of the findings and conclusions of a comparative study regarding OHCHR country offices in four locations (Cambodia, Colombia, Guatemala and Tunisia). The study ultimately aims to generate reflections derived from these comparative experiences for the case of Venezuela. The study’s methodology included document review and conducting interviews with around 60 officials and former officials of OHCHR, human rights defenders from the four countries studied and from Venezuela, representatives of international human rights NGOs, officials of the United Nations system with knowledge of the situation in Venezuela and former officials of public institutions of the countries studiedPublicación Migración, pandemia y xenofobia en Colombia, Perú y Chile:Tres palabras que nunca debieron unirseLucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezLa crisis política, social, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha generado la migración forzada de millones de personas a toda la región, siendo Colombia, Perú y Chile los tres principales países receptores. Además, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19 no solo por el número de personas contagiadas y fallecidas, sino también por las consecuencias económicas que han profundizado la pobreza y las desigualdades sociales. Antes de la pandemia las personas migrantes venezolanas ya venían enfrentando dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la vivienda. Sin embargo, su situación se ha precarizado aún más durante este periodo. A lo que se suman los discursos y comportamientos xenófobos que enfrentan y que también se han incrementado durante la pandemia. Este artículo explora los efectos desproporcionados que la pandemia ha tenido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes y el aumento de narrativas discriminatorias en Colombia, Perú y Chile. Así como el impacto que estos discursos han tenido en la atención estatal en el marco de la crisis. Finalmente, propone una serie de recomendaciones para enfrentar la xenofobia en medio de la pandemia dirigidas a los gobiernos, los medios de comunicación, y la sociedad civilPublicación Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: Entre estándares normativos y barreras prácticasStefano Angeleri; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezCerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.Publicación Voices from the Coca Fields: Women Building Rural CommunitiesAna Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Luis Felipe Cruz-Olivera; Margarita Martínez Osorio; Isabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarColombia’s response to the country’s drug problem has been based on the repression of the weakest links in the drug chain—namely consumers and small farmers—which has led to disproportionate rates of imprisonment and has involved a heavy focus on forced crop eradication. Not only has such an approach failed to effectively control the cocaine market, but it has also unleashed harmful side effects in terms of security, social development, and human rights as they concern communities in coca-growing areas. Moreover, although scholars and practitioners have analyzed Colombia’s drug problem from a variety of perspectives, these efforts have tended to overlook women’s experiences. This report explores the ways that rural norms, gender structures, the armed conflict, and illegal markets have played out in the lives of women coca growers in Colombia’s Andes-Amazon region, an area distinguished by the presence of illegal armed groups, violence, poverty, and weak state institutions. In this region of Colombia, coca cultivation has offered an important source of income for rural families, which in turn has affected women’s roles in society and has placed them in a vulnerable position vis- à-vis armed actors. The Andes-Amazon region is an area where the country’s war on drugs and its armed conflict converged and unmasked the gender structures dominating the countryside. These structures affected rural women in various ways: through everyday violence, the fumigation of illicit and licit crops alike, and women’s stigmatization due to their involvement in an illegal trade. But coca was also a source of livelihood that helped them attain economic independence and gave them the ability to improve their well-being and that of their families. The recent peace accord signed between the Colombian government and the country’s main guerrilla group represents a historic opportunity to learn from past mistakes in terms of the illicit crop problem and the social and political demands of coca-growing communities. Against this backdrop, it is time to recognize the contributions that women coca growers have made in both the public and the private spheres toward the construction of a peaceful countryside in the most remote and forgotten regions of the country.Publicación Los medicamentos opioides en Cúcuta: entre esenciales y fiscalizadosIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarLos caminos del dolor que atraviesan quienes necesitan acceder a medicamentos opioides están plagados de frustración, pero en no escasas ocasiones, también están las historias de redención, de pares comunitarios que acompañan, enfermeras que entienden la importancia de la reducción de daños, profesionales de la salud que cuidan el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, sino la posibilidad de despedirse sin dolor. Les invitamos a conocer un poco más de estas historias en estas cartillas. Encontramos a varios profesionales y voluntarios pioneros y visionarios de los cuidados paliativos, y una ciudad que, desde las autoridades locales, se comprometió a dar financiación a los vitales programas de reducción de daños para atender a las personas con consumos problemáticos de drogas.
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