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Publicación La paz ambiental: Retos y propuestas para el posacuerdoCésar Rodríguez Garavito; Diana Rodríguez Franco; Helena Durán CraneA lo largo de estas cinco décadas de conflicto armado en Colombia, las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazadas con la violencia de formas muy diversas. Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Igualmente, buena parte del conflicto armado se ha desarrollado en zonas altamente biodiversas, cubiertas por bosques o selvas tropicales. La voladura de oleoductos, la deforestación asociada a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son tan solo algunos de los flagelos que han dejado estas décadas de conflicto sobre el medio ambiente. Sin embargo, como mostramos en este documento, la violencia también ha tenido un efecto ambiental preservador y paradójico. Los actores armados han impuesto barreras de hecho sobre áreas altamente biodiversas y, en cierta medida, han ayudado a conservarlas. Por lo anterior, consideramos que para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia es necesario prevenir y tramitar pacíficamente los conflictos socioambientales. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Sistema de justicia territorial para la pazCarolina Villadiego Burbano; Sebastián Lalinde OrdóñezEn varias regiones de Colombia el Estado no se encuentra completamente consolidado, pues allí la sociedad no está completamente pacificada, el Estado de derecho no se ha impuesto, el Estado no se ha democratizado y la desigualdad social no se ha superado. Lo que hace aún más difícil la tarea de fortalecimiento estatal y construcción de un Estado social y democrático de derecho en estos territorios es que los propósitos de pacificación, limitación del poder, democratización y búsqueda de cierta igualdad material deben perseguirse simultáneamente y no de manera escalonada, que sería una forma más sencilla. Y entre todas las tareas que el Estado debe realizar para construir una paz estable y duradera, el sistema de justicia no puede ser olvidado. En todo caso, pese a su importancia, existen otros factores que inciden en el fortalecimiento institucional en todo el territorio nacional. Pensar pues en un sistema integral de justicia, que ayude en la consolidación del Estado para la construcción de una paz duradera y que funja como mecanismo para, en muchos casos, reemplazar efectivamente a los grupos armados ilegales y evitar su resurgimiento, es el objetivo de este texto, que está dividido en tres partes. En la primera, se presenta un diagnóstico del sistema de justicia en el territorio colombiano. En la segunda parte se muestran dos grandes desafíos que, en nuestra opinión, enfrenta el sistema de justicia: el fortalecimiento de un sistema articulado y legítimo en todo el territorio nacional con énfasis rural; y la superación de la justicia armada que opera en muchos lugares. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Estrategias para una reforma rural transicionalNelson Camilo Sánchez LeónCon la firma del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, Colombia entra en una nueva fase. Estamos ahora ante el desafío de cumplir las promesas ambiciosas y necesarias del acuerdo. La creación de unas nuevas políticas rurales y la regulación de las estructuras agrarias, están en la base de las prioridades de la agenda de construcción de paz. La discusión sobre transición política y justicia transicional puede ser usada como puerta de entrada a la implementación de las políticas sobre ruralidad, incluyendo las de acceso a la tierra y producción rural. Dada la especificidad del conflicto colombiano, la ruta institucional que ha tenido el país (tanto en sus aciertos como en sus fracasos) y el momento de apertura política que trae la etapa de posacuerdo, Colombia debería reforzar sus políticas de justicia transicional concentradas en la restitución de tierras y complementarlas con políticas integrales de acceso y uso de la tierra. La mejor manera de enfrentar los inmensos desafíos de la transformación de las relaciones rurales en el país, es profundizar los esfuerzos actuales de restitución enganchándolos a una política de más larga escala, que debería ser diseñada en coordinación y a partir de los acumulados positivos de la experiencia de restitución de tierras reciente. La historia muestra enormes deudas de la institucionalidad colombiana con los problemas rurales. Y la implementación de los acuerdos vuelven a traer a la discusión política una oportunidad de saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano y con ello, evitar la repetición de los múltiples fracasos del pasado. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Restitución de tierras, política de vivienda y proyectos productivos: Ideas para el poscuerdoAura Patricia Bolívar Jaime; Angie Paola Botero Giraldo; Laura Gabriela Gutiérrez BaqueroEste documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse. En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la vida productiva en el campo, sin los cuales no sería posible garantizar el retorno en condiciones dignas y duraderas y lograr un desarrollo económico e inclusión social democrática. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Academia y ciudadanía: Profesores universitarios cumpliendo y violando normasMauricio García Villegas; Nicolás Torres Echeverry; Andrea Ramírez Pisco; Juan Camilo Cárdenas Campo¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas. En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula. Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.Publicación Sobredosis carcelaria y política de drogas en América LatinaSergio Raúl Chaparro Hernández; Catalina Pérez CorreaEl CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas. El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social.Publicación Coca, instituciones y desarrollo: Los retos de los municipios productores en el posacuerdoSergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraLa implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Sobrepeso y contrapesos: La autorregulación de la industria no es suficiente para proteger a los menores de edadValentina Rozo ÁngelMediante un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá, este texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares. ¿La regulación en materia de oferta y publicidad de productos comestibles ultraprocesados funciona en Bogotá? ¿La autorregulación por parte de la industria de bebidas azucaradas se está cumpliendo? ¿Los rectores de los colegios de Ciudad Bolívar se preocupan por la alimentación de sus estudiantes? Para responder a estas preguntas se llevó a cabo un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá. Este texto aborda estas preguntas a partir de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, que permite identificar el incumplimiento de la regulación existente. Además, se evidencia el desconocimiento del acuerdo de autorregulación de la industria de bebidas azucaradas y el incumplimiento del mismo. El texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares. Lo anterior toma mayor relevancia si se tiene en cuenta la ineficiencia de los mecanismos de autorregulación plasmada en el documento.Publicación Lo que no debe ser contado: Tensiones entre el derecho a la intimidad y el acceso a la información en casos de interrupción voluntaria del embarazoNina Chaparro González; Diana Esther Guzmán Rodríguez ; Silvia Rojas CastroEl derecho a la intimidad de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo se encuentra en constante amenaza. Un ejemplo de esto son los casos donde médicos o jueces, sin ni siquiera saber si están cometiendo un delito, revelan sus datos personales o incluso las denuncian. Para el 2016 existían cerca de 1.604 procesos penales abiertos en contra de mujeres que se practicaron abortos (Caracol Radio, 2016), y que según el exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, llegaron en gran medida a la Fiscalía por las denuncias de los mismos médicos y profesionales de la salud que atendieron a estas mujeres. Esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de las causales despenalizadas, sumada a otros obstáculos propios de la cultura y del sistema jurídico, hace que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas para realizarse el aborto antes de usar el sistema de salud. El instituto Guttmacher señala que de los 400.400 abortos practicados en el 2008 en Colombia, solo 322 se realizaron dentro del sistema nacional de salud. Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de estas tensiones que se presentan entre el derecho a la intimidad, y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, como el derecho a acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Estas tensiones resultan relevantes, pues las fórmulas que se adopten para resolverlas pueden limitar de manera desproporcionada la realización efectiva de estos derechos o, por el contrario, pueden contribuir a garantizarlos de manera integral. Por lo que este texto busca hacer una doble contribución constitucional, pues al avanzar en la discusión sobre las fórmulas de armonización más adecuadas puede, por un lado, aportar a la consolidación de una dogmática adecuada de estos derechos y, por el otro, a la garantía efectiva de los mismos.Publicación Sin reglas ni controles: Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edadDiana Guarnizo Peralta¿Qué impacto tiene el consumo de alimentos y bebidas no saludables en la obesidad? ¿Qué papel juega la publicidad en el consumo de alimentos y bebidas no saludables, particularmente en los niños? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano por controlar la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en los menores de edad? ¿Podemos confiar en la autorregulación de la industria? Este texto aborda estas preguntas a partir de un análisis de la normatividad existente en Colombia en materia de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edad. En él se documentan los pocos avances regulatorio en esta materia, así como los vacíos existentes y las dificultades en su implementación. El documento es escéptico acerca de los mecanismos de autorregulación propuestos por la industria, y se constituye en un llamado para que el Estado regule una materia que hasta ahora se encuentra sin reglas ni controles.