Repositorio
URI permanente para esta comunidadhttps://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/3
Examinar
6 resultados
Resultados de búsqueda
Publicación La consulta previa: Dilemas y solucionesCésar Rodríguez Garavito; Natalia Orduz SalinasEl presente documento pretende reducir la incertidumbre jurídica y práctica de las consultas legislativas. Para ello, se concentra en el ámbito colombiano, en el que la jurisprudencia ha hecho avances considerables para elucidar algunas de las preguntas difíciles sobre la consulta. Y, en este mismo contexto, analiza con detenimiento un proceso legislativo que resulta ejemplar, al menos en comparación con la ausencia de consultas o la insuficiencia profunda de la gran mayoría de ellas. Se trata del proceso que, en 2011, dio lugar a la expedición de las normas con fuerza de ley sobre reparación y restitución de tierras a favor de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y otras violaciones graves de sus derechos (Decreto Ley 4366 de 2011; en adelante, Decreto Ley). La finalidad del documento es doble. De un lado, pretende documentar la experiencia de construcción y expedición de esta pieza legislativa fundamental para los pueblos indígenas y la justicia transicional en Colombia. De otro lado, extraer de él (y de la jurisprudencia y la práctica colombiana en general) algunos principios y reglas que pueden ser útiles para una regulación adecuada y garantista de la consulta, tanto en Colombia como en otros países.Publicación Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras: reto a la reparación con vocación transformadoraHobeth Martínez CarrilloEn “Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras” se encuentran los resultados de una investigación acerca de las ocupaciones secundarias en el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011, elaborado a partir del análisis a profundidad de algunos casos en el departamento de Sucre. En el curso de la investigación se identificaron y analizaron dos problemáticas relacionadas: las dificultades de implementación de la política pública de restitución de tierras, particularmente las que han surgido a raíz de la situación de los segundos ocupantes vulnerables y la respuesta estatal que se le ha dado a la problemática, así como la situación de aqullas personas que, sin estar en una condición de vulnerabilidad socioeconómica en el presente, podrían legítimamente solicitar una atención del Estado para evitar una acción con daño. El principal planteamiento es que existe una respuesta institucional a los problemas asociados a los segundos ocupantes, pero que se observan fallas en la implementación de dicha respuesta institucional al menos en dos niveles: en primer lugar, en relación con los segundos ocupantes vulnerables, frente a los cuales se identifican algunas barreras de acceso que dificultan su efectiva y temprana atención, y que involucran la actividad de varias instituciones competentes dentro del proceso de restitución de tierras; en segundo lugar, en relación con otro tipo de segundos ocupantes que, sin ser vulnerables, legítimamente merecerían recibir la atención del Estado, pues como efecto de la restitución podrían caer en lo que acá se denomina como vulnerabilidad sobreviniente. Frente a estos es posible y legítimo, por vía de interpretación, que se les reconozcan y apliquen las mismas medidas desarrolladas para los segundos ocupantes vulnerables. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-segundos-ocupantes-en-el-proceso-de-restitucion-de-tierras/Publicación ¿Restitución de papel? Notas sobre el cumplimiento del posfalloCheryl Morris Rada; Ana Jimena Bautista Revelo; Juana Dávila SáenzEste documento es un acercamiento al cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras por parte de las diferentes instituciones encargadas de ejecutarlas. La restitución efectiva y transformadora que involucra la tierra y el territorio no termina con la sentencia, al contrario, comienza con esta. Por eso es una prioridad examinar en qué medida las instituciones obligadas están obedeciendo las órdenes impartidas por las y los jueces y magistrados/as de restitución de tierras. Finalmente, planteamos algunas conclusiones y recomendaciones orientadas a superar dos aspectos asociados a la capacidad institucional para dar cumplimiento a sentencias. El primero de ellos se relaciona con el seguimiento al cumplimiento de las sentencias en la etapa posfallo de restitución. El segundo aspecto es el de la articulación entre instituciones que deben dar cumplimiento a las órdenes, pues fue uno de los obstáculos recurrentes enunciados por las instituciones consultadas.Publicación Tierra en transición: Justicia transicional, restitución de tierras y política agraria en ColombiaNelson Camilo Sánchez LeónEsta nueva publicación de Dejusticia presenta un análisis sobre los procesos de transición en Colombia para enfrentar conflictos relacionados con la propiedad, tenencia y uso de la tierra. El ideario de la justicia transicional ha traspasado las discusiones sobre el castigo y los dispositivos penales que serán aplicados a los excombatientes, y se ha instalado en muchas de las conversaciones sobre los asuntos más importantes de la sociedad colombiana. Uno de esos temas estructurales son los conflictos sobre la regulación de la tierra y las estructuras agrarias del país. No obstante, tanto en el país como en discusiones internacionales existen debates sobre si temas como el modelo de propiedad rural deben ser abordados desde una agenda de transición, y si los mecanismos de la justicia transicional están suficientemente equipados para acometer dicha tarea. Este libro analiza las alternativas de política pública y regulación normativa sobre la estructura de la tierra en sociedades que adelantan políticas de transición de la guerra a la paz. Para ellos, se concentra en el estudio del caso colombiano y, particularmente, de la implementación de la política de restitución de tierras adoptada a partir de la Ley 1448 de 2011 y su legislación complementaria. Tras analizar las características de esta política el libro propone una teoría normativa, denominada justicia transicional civil, que busca llenar los vacíos jurídicos y de política pública que podrían hacer fracasar intentos de reversión del despojo, al no considerar los desafíos jurídicos que presenta la implementación de una política pública compleja como es la restitución masiva de tierras en un contexto de inequidad histórica en el acceso a la tierra.Publicación Debates sobre la acción de restituciónAura Patricia Bolívar Jaime; Laura Gabriela Gutiérrez Baquero; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny YepesLa restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto. La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva. Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por un lado entregamos un análisis sobre las peculiaridades de sus mecanismos y procedimientos, y además examinamos uno de sus retos más complejos: el examen del concepto de buena fe y sus efectos en la resolución de conflictos sobre la tierra. Y se considera la procedencia y el fundamento de las compensaciones tanto para las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras como para los “ocupantes secundarios”, quienes han sido reconocidos en normas internacionales. Este documento se realizó en el marco de un convenio de cooperación entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Dejusticia, con el fin de promover el análisis y la reflexión sobre los desafíos jurídicos de la implementación de la acción de restitución de tierras.Publicación La buena fe en la restitución de tierras: Sistematización de jurisprudenciaAura Patricia Bolívar Jaime ; Angie Paola Botero Giraldo; Laura Gabriela Gutiérrez BaqueroUna aplicación rígida e irreflexiva del principio de buena fe, incorporado en el proceso de restitución de tierras, puede llevar a desconocer o transgredir derechos fundamentales. Aquí, una recopilación de los diferentes problemas jurídicos que se han presentado. El proceso de restitución de tierras, creado con el fin de revertir el abandono y despojo de tierras que han sufrido los campesinos en las últimas décadas, incorpora una serie de principios como la buena fe y la inversión de la carga de la prueba en los procesos de restitución. Esto implica que el Estado tiene el deber de presumir la buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba que les exige. Además, esta ley prevé mecanismos para evitar la legalización de predios y el pago de compensaciones, a quienes apoyaron los desplazamientos o se aprovecharon del contexto de violencia para adquirir u ocupar los predios. Este estudio busca explorar los diferentes problemas jurídicos que suscita la aplicación de estos conceptos, con respecto a los diferentes tipos de intervinientes en el proceso. Esto, teniendo en cuenta que los predios reclamados han sido ocupados tanto por los opositores contemplados en la Ley 1448 de 2011 (victimarios y sujetos o empresas calificadas), como por campesinos en estado de vulnerabilidad, sujetos de especial protección constitucional y otras víctimas del conflicto armado. Esta situación, no prevista inicialmente por la norma, ha requerido un esfuerzo adicional de los jueces y magistrados de crear subreglas que armonicen sus decisiones con la Constitución, los estándares internacionales y la protección de derechos fundamentales.