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Publicación Resumen ejecutivo: Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Daniel Marín LópezAunque es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto, y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que existen muchos que sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país. Con la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Lo anterior llevaba a pensar si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que Dejusticia y la Universidad de Essex decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los «actores económicos» dentro del conflicto armado colombiano, dándole vida a un libro que se aproxima a las respuestas de tantas preguntas que dejó el acuerdo.Publicación Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Nelson Camilo Sánchez León; Daniel Marín López; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Valentina Domínguez Mazhari; Lina María Arroyave VelásquezCon la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que en Dejusticia y la Universidad de Essex se decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los “actores económicos” dentro del conflicto armado colombiano. Si bien es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que algunos sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país.Publicación Cuentas claras: El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombianoNelson Camilo Sánchez León; Leigh A. Payne; Jose Roberto Gabriel Pereira; Laura Bernal-Bermúdez; Daniel Marín López; Miguel Barboza LópezEl establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano. Si bien sus retos son enormes, las posibilidades que abre este nuevo mecanismo han generado una gran expectativa en la sociedad colombiana y, especialmente, en las víctimas del conflicto. Uno de los retos que enfrenta la CEV es abordar de la mejor manera posible el rol que jugó la complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. La información judicial y académica existente demuestra que dicha complicidad no ha sido aislada. Igualmente, la información de experiencias comparadas muestra, por un lado, que estas relaciones son comunes en conflictos armados o regímenes autoritarios y, por el otro, que las comisiones de la verdad pueden jugar un papel muy importante en su develación. De hecho, 22 comisiones de la verdad en el mundo han revelado ciertos patrones de participación de terceros en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. El presente informe tiene como objetivo contribuir a la definición de lineamientos que permitirán a la CEV una aproximación estratégica, planeada y sensible frente a esta problemática. Para ello, un grupo de investigación conjunto integrado por académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, en Colombia, unimos esfuerzos por casi dos años para producir información empírica relevante que sustente la toma de decisiones de la CEV en esta materia.