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Publicación Cartilla para personas migrantes y refugiadas en ColombiaAdriana Sabogal Moreno; Juan David Naranjo; Valentina Villa Orozco; David Andrés Molano Londoño; Carolina Pérez Sánchez; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Adriana AbramovitsDejusticia y el Proyecto Migración Venezuela diseñamos esta cartilla con el objetivo de brindarles información acerca de sus derechos y las rutas para acceder a ellos. Dejusticia y el Proyecto Migración Venezuela diseñamos esta cartilla con el objetivo de brindarles información acerca de sus derechos y las rutas para acceder a estos. Dado que la mayoría de las personas migrantes provienen de Venezuela, muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional están dirigidas a ellas. La cartilla incluye estas medidas y las demás aplicables a la población migrante en general. En el caso de que la normatividad solo aplique para la población venezolana, se hará la respectiva aclaración. Esta cartilla ofrece información sobre: 1. Las rutas abiertas actualmente para acceder a un estatus migratorio regular. 2. El derecho al refugio. 3. El derecho a la nacionalidad. 4. El derecho al debido proceso. 5. El derecho a la salud. 6. El derecho a la educación. 7. El derecho al trabajo. Adicionalmente, incluye una sección con conceptos importantes para tener en cuenta al momento de reclamar sus derechos. Por último, incluimos un directorio de instituciones y organizaciones a las cuales puede acudir en diferentes ciudades de entrada al país. Esperamos que esta cartilla permita acceder a información veraz, clara y concisa, así como tener un mayor conocimiento de sus derechos en Colombia, y de las rutas y mecanismos para su protección.Publicación La implementación de la despenalización parcial del aborto en ColombiaAnnika DalénLa implementación voluntaria del embarazo (IVE) se encuentra parcialmente despenalizada en Colombia desde 2006, mediante la Sentencia C-355. Dicha despenalización tuvo efectos no solamente en el ámbito penal sino también en relación con el derecho a la salud. En este sentido, generó obligaciones para el Estado y derechos para las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a pesar de que ya se han cumplido siete años desde la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional, persisten importantes barreras a la garantía efectiva del acceso a la IVE para las mujeres que se encuentran en los tres casos no penalizados. El propósito de este documento es entonces identificar algunos de los principales obstáculos que enfrenta la despenalización parcial del aborto en Colombia. La relevancia de esta identificación reside en que la existencia de barreras que dificultan o impiden el ejercicio de un derecho atenta contra el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas afectadas. Asimismo, el documento presenta algunas propuestas de política que apuntan a la solución de las problemáticas identificadas. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidadPublicación Cárcel y muerte: El secreto profesional como garantía fundamental en casos de abortoAna Jimena Bautista Revelo; Anna Joseph; Margarita Martínez OsorioEste libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas.Publicación Los remedios que da el derecho: El papel del juez constitucional cuando la interrupción del embarazo no se garantizaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Nina Chaparro GonzálezEste texto, que en principio parece abordar un debate meramente jurídico, en el fondo trata de resolver el drama humano de qué hacer cuando las mujeres intentan acceder al aborto legal, pero se enfrentan a innumerables barreras que terminan limitándolo. Las preguntas que nos hacemos son básicamente dos: ¿cuándo exactamente se vulnera el derecho a al interrupción del embarazo? y ¿qué tipo de medidas deberían adoptar los jueces en los casos en que se vulnera este derecho? Finalmente, los elementos que aquí exponemos son entonces relevantes desde el punto de vista jurídico y conceptual, pues permiten fortalecer la dogmática que respalda la garantía del derecho a la IVE. Pero también desde el punto de vista práctico, pues pueden contribuir a fortalecer los remedios judiciales que los jueces constitucionales deberían ordenar a favor de las mujeres, cuando su derecho a la IVE es vulnerado.Publicación El ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del conflicto armadoNina Chaparro González; Annika Dalén; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Margarita Martínez OsorioUno de los propósitos centrales de este texto es superar, en un primer intento, el vacío de información acerca de la IVE y el conflicto armado, y de las barreras que las mujeres enfrentan cuando quieren solicitar el procedimiento en esos escenarios.Publicación No interrumpir el derecho: Facultades de la Superintendencia Nacional de Salud en materia de IVENina Chaparro González; Annika DalénEste documento tiene la pretensión de contribuir con nuevos argumentos para avanzar en el debate sobre las garantías para la implementación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia, superando los obstáculos de la dispersión normativa y la confusión sobre el alcance de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional que posibilitan el aborto legal.Publicación Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales. Estrategias para los jueces, funcionarios y activistasCésar Rodríguez Garavito ; Celeste KauffmanPor generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos.Publicación La regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez ; Annika Dalén; Paola Molano AyalaEl propósito de este documento es abordar la pregunta sobre cuál es el estado actual de la reglamentación de la IVE en Colombia. Frente a ella, mostramos que a pesar de que en la actualidad no existe un decreto reglamentario, Colombia cuenta con un marco normativo que se ha desarrollado principalmente por vía jurisprudencial, desde la sentencia C-355, pues establece las bases dentro de las cuales se debe configurar la prestación del servicio, las cuales debería ser suficiente para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres que se encuentran en las causales despenalizadas. Además, existen normas de rango legal y reglamentario que son aplicables a la IVE, y que fijan condiciones específicas que resultan necesarias para que la prestación de los servicios de salud sea efectiva y segura.Publicación El derecho a la libertad de expresión: curso avanzado para jueces y operadores jurídicos en las AméricasCatalina Botero Marino; Federico Andreu Guzmán Duque; Sofía Jaramillo Otoya; Salomé Gómez UpeguiEsta guía recoge las principales reglas de derecho vigentes en el orden interamericano en materia de libertad de expresión y fue diseñada como un insumo básico y sintético para apoyar a los jueces y operadores jurídicos, a lo largo de las Américas, que deben aplicar las normas internacionales (especialmente las interamericanas) que consagran y protegen el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este curso tiene una relevancia especial en América Latina, debido a los múltiples y difíciles desafíos que enfrentan quienes ejercen y protegen este derecho fundamental, incluida la violencia, la censura indirecta, la persecución penal o el silenciamiento. La guía realizó con base en la información consolidada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la “Guía político-pedagógica sobre la incorporación de la temática de libertad de expresión y de acceso a la información pública, en la formación de operadores judiciales en América Latina” del 2016. Este documento hace parte del proyecto “Global Freedom of Expression”, de la Universidad de Columbia, que está trabajando en la sistematización de jurisprudencia global en el tema de libertad de expresión. Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Universidad Externado de Colombia, están trabajando juntas en él.