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Publicación En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América LatinaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.Publicación Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: Entre estándares normativos y barreras prácticasStefano Angeleri; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezCerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.Publicación Lo que no debe ser contado: Tensiones entre el derecho a la intimidad y el acceso a la información en casos de interrupción voluntaria del embarazoNina Chaparro González; Diana Esther Guzmán Rodríguez ; Silvia Rojas CastroEl derecho a la intimidad de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo se encuentra en constante amenaza. Un ejemplo de esto son los casos donde médicos o jueces, sin ni siquiera saber si están cometiendo un delito, revelan sus datos personales o incluso las denuncian. Para el 2016 existían cerca de 1.604 procesos penales abiertos en contra de mujeres que se practicaron abortos (Caracol Radio, 2016), y que según el exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, llegaron en gran medida a la Fiscalía por las denuncias de los mismos médicos y profesionales de la salud que atendieron a estas mujeres. Esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de las causales despenalizadas, sumada a otros obstáculos propios de la cultura y del sistema jurídico, hace que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas para realizarse el aborto antes de usar el sistema de salud. El instituto Guttmacher señala que de los 400.400 abortos practicados en el 2008 en Colombia, solo 322 se realizaron dentro del sistema nacional de salud. Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de estas tensiones que se presentan entre el derecho a la intimidad, y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, como el derecho a acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Estas tensiones resultan relevantes, pues las fórmulas que se adopten para resolverlas pueden limitar de manera desproporcionada la realización efectiva de estos derechos o, por el contrario, pueden contribuir a garantizarlos de manera integral. Por lo que este texto busca hacer una doble contribución constitucional, pues al avanzar en la discusión sobre las fórmulas de armonización más adecuadas puede, por un lado, aportar a la consolidación de una dogmática adecuada de estos derechos y, por el otro, a la garantía efectiva de los mismos.Publicación El ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del conflicto armadoNina Chaparro González; Annika Dalén; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Margarita Martínez OsorioUno de los propósitos centrales de este texto es superar, en un primer intento, el vacío de información acerca de la IVE y el conflicto armado, y de las barreras que las mujeres enfrentan cuando quieren solicitar el procedimiento en esos escenarios.Publicación Lejos del Derecho: La interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de seguridad social en saludNina Chaparro González; Catherin García Núñez; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Silvia Rojas Castro; Nathalia Sandoval RojasCon este estudio se pretende hacer una contribución empírica y rigurosa a las investigaciones sobre IVE. Busca ofrecer al sector de la salud, algunas recomendaciones que permitan superar los obstáculos que impiden que las mujeres pueden contar con servicios de IVE dignos, seguros y oportunos, que no pongan en riesgo su vida, su salud e integridad.Publicación El sistema interamericano como herramienta para garantizar el acceso a los cuidados paliativos y el alivio del dolorDiana Guarnizo PeraltaCon el apoyo financiero de Open Society Foundations, Dejusticia desarrolló una investigación con el diagnóstico de ocho países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay), sobre la situación de acceso a cuidados paliativos, el desarrollo institucional y normativo que le respalda y las barreras de acceso a medicamentos opioides – esenciales para el manejo del dolor. Como enfoque de atención, los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, mediante una intervención que incorpora control y manejo de síntomas, apoyo psicosocial, y espiritual. Es un esfuerzo interdisciplinario en el que la medicina se aplica desde una perspectiva de sanación, independiente del pronóstico de la enfermedad que aqueja a la persona, y se aplica en su mayoría en enfermedades crónicas, degenerativas y debilitantes. En las Américas se atraviesa un importante momento de oportunidad: en 2015 se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que dispone obligaciones específicas para que los Estados incorporen medidas que regulen el acceso a los cuidados paliativos como componente del derecho humano a la salud, y garanticen que las personas mayores puedan decidir sobre el curso de los tratamientos que desean recibir en salud. La eventual ratificación y posterior implementación de esta Convención abre la posibilidad de incorporar la dimensión de cuidado y manejo de síntomas a nuestros sistemas generales de salud. Este proyecto también busca analizar el proceso de alistamiento para la implementación de las medidas de la Convención Interamericana con respecto a los cuidados paliativos y el nivel de interacción con otras esferas del activismo, como el movimiento de derechos humanos y salud pública en la reforma a la política de drogas.