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En el marco de los 25 años del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Dejusticia lanza esta publicación en la que se documentan las tendencias de la regulación de la diversidad en el continente, así como los reclamos de reconocimiento de las comunidades afro e indígenas que han tenido lugar desde los años noventa, cuando surgió el ‘constitucionalismo multicultural’. Este libro de Dejusticia presenta un marco analítico y un panorama empírico de la realidad de los derechos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la región. Para esto, rastrea las tendencias, avances y tensiones de la regulación de la diversidad cultural y la justicia étnico-racial a través del análisis de cuatro temas: el derecho a la consulta previa, las leyes penales contra el racismo, el reconocimiento de derechos territoriales y la implementación de programas de acciones afirmativas en la educación superior. Y, así mismo, se pueden encontrar también algunos de los casos emblemáticos como la implementación del derecho a la consulta previa en Perú, la situación del pueblo sarayaku en Ecuador, y la regulación de la consulta en Chile.

El modelo de desarrollo extractivista viene generando un impacto en los territorios indígenas y afrodescendientes que, analizado de manera interrelacionada, va más allá de las violaciones a la integridad física de las comunidades y del despojo de sus tierras. Este modelo, que privilegia la extracción de recursos naturales para transformarlos en mercancías, se materializa, también, en violaciones a los derechos humanos de los pueblos y en restricciones a su autodeterminación política, jurídica y ontológica. En ese sentido, la importancia de consultar previamente a los pueblos interesados acerca de cualquier medida que pudiera afectarlos, siguiendo los procedimientos requeridos por sus instituciones representativas es, en efecto, un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional y por el derecho de los derechos humanos. En los debates contemporáneos sobre la apropiación y la explotación de los recursos naturales en territorios étnicos, se han discutido, entre otros puntos, el impacto socioambiental y el cambio en las dinámicas sociales de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos; los efectos de la movilización social para frenar dichos proyectos y las desigualdades entre los actores en disputa; la relación intrínseca entre los procesos de consulta y los conflictos sociales; y la forma en que estos conflictos dependen de las prácticas de exclusión de los pueblos étnicos en el contexto de las negociaciones entre el Estado, las empresas y las comunidades. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de las repercusiones culturales más amplias y a largo plazo en los pueblos étnicos, sus identidades, sus cosmologías y su entorno social. En este sentido, esta cartilla además de identificar los estándares de los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, explora hasta qué punto el incumplimiento de estos derechos se traduce en nuevas violaciones de derechos humanos de indígenas y afrodescendientes relativas a (i) sus dimensiones territoriales y organizativas; (ii) su integridad física y cultural; y (iii) el respeto de las decisiones de sus comunidades y de su punto de vista frente a las dimensiones materiales y formales del derecho internacional. Para hacerlo, la cartilla analiza la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado en perspectiva intercultural. De un lado, presenta ejemplos de consulta propia en pueblos indígenas y afrodescendientes mientras, del otro, señala la importancia de promover la coordinación interjurisdiccional entre las jurisdicciones ancestrales y la jurisdicción del Estado. Finalmente, presenta diez recomendaciones de buenas prácticas de aplicación de estos derechos cruzando el derecho propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes con los estándares de derecho internacional.

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