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Publicación El Estado en la periferia: Historias locales de debilidad institucionalMauricio García Villegas (Dir.); Javier Eduardo Revelo Rebolledo (Dir.)Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) entregaran las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento del Estado local. La paz negociada es una condición necesaria, pero insuficiente, para conseguir la paz en general. La otra condición (también necesaria e insuficiente) es la presencia del Estado. En la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos, o los políticos que viven de él. Mientras no exista un Estado eficaz en los territorios, la violencia —incluso la violencia política— seguirá presente. La razón es esta: sin eso (un Estado eficaz) todos los demás atributos del Estado, en particular la legitimidad, se vienen al piso. La eficacia y la legitimidad del Estado son cosas distintas: puede haber instituciones eficaces que no son legítimas y viceversa. Pero eso solo pasa en la teoría jurídica; en la práctica, en cambio, ambas cosas se consiguen juntas y también se pierden juntas. Un Estado que se impone por medio de la fuerza, sin conseguir la adhesión de la población, termina por perder la capacidad que tenía para imponerse. Y un Estado legítimo que no logra imponer el orden o someter a las organizaciones ilegales termina con una población que le pierde el respeto.Publicación Debates sobre la acción de restituciónAura Patricia Bolívar Jaime; Laura Gabriela Gutiérrez Baquero; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny YepesLa restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto. La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva. Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por un lado entregamos un análisis sobre las peculiaridades de sus mecanismos y procedimientos, y además examinamos uno de sus retos más complejos: el examen del concepto de buena fe y sus efectos en la resolución de conflictos sobre la tierra. Y se considera la procedencia y el fundamento de las compensaciones tanto para las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras como para los “ocupantes secundarios”, quienes han sido reconocidos en normas internacionales. Este documento se realizó en el marco de un convenio de cooperación entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Dejusticia, con el fin de promover el análisis y la reflexión sobre los desafíos jurídicos de la implementación de la acción de restitución de tierras.Publicación La buena fe en la restitución de tierras: Sistematización de jurisprudenciaAura Patricia Bolívar Jaime ; Angie Paola Botero Giraldo; Laura Gabriela Gutiérrez BaqueroUna aplicación rígida e irreflexiva del principio de buena fe, incorporado en el proceso de restitución de tierras, puede llevar a desconocer o transgredir derechos fundamentales. Aquí, una recopilación de los diferentes problemas jurídicos que se han presentado. El proceso de restitución de tierras, creado con el fin de revertir el abandono y despojo de tierras que han sufrido los campesinos en las últimas décadas, incorpora una serie de principios como la buena fe y la inversión de la carga de la prueba en los procesos de restitución. Esto implica que el Estado tiene el deber de presumir la buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba que les exige. Además, esta ley prevé mecanismos para evitar la legalización de predios y el pago de compensaciones, a quienes apoyaron los desplazamientos o se aprovecharon del contexto de violencia para adquirir u ocupar los predios. Este estudio busca explorar los diferentes problemas jurídicos que suscita la aplicación de estos conceptos, con respecto a los diferentes tipos de intervinientes en el proceso. Esto, teniendo en cuenta que los predios reclamados han sido ocupados tanto por los opositores contemplados en la Ley 1448 de 2011 (victimarios y sujetos o empresas calificadas), como por campesinos en estado de vulnerabilidad, sujetos de especial protección constitucional y otras víctimas del conflicto armado. Esta situación, no prevista inicialmente por la norma, ha requerido un esfuerzo adicional de los jueces y magistrados de crear subreglas que armonicen sus decisiones con la Constitución, los estándares internacionales y la protección de derechos fundamentales.