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Publicación Resumen ejecutivo: Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Daniel Marín LópezAunque es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto, y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que existen muchos que sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país. Con la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Lo anterior llevaba a pensar si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que Dejusticia y la Universidad de Essex decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los «actores económicos» dentro del conflicto armado colombiano, dándole vida a un libro que se aproxima a las respuestas de tantas preguntas que dejó el acuerdo.Publicación Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Nelson Camilo Sánchez León; Daniel Marín López; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Valentina Domínguez Mazhari; Lina María Arroyave VelásquezCon la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que en Dejusticia y la Universidad de Essex se decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los “actores económicos” dentro del conflicto armado colombiano. Si bien es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que algunos sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país.Publicación El proceso de extinción de dominio. Cartilla explicativa enfocada en las conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícitoDavid Filomena VelandiaEsta cartilla explica el proceso de extinción de dominio enfocándose en las causales en las que se pueden ver inmersos los bienes de campesinos y campesinas que derivan su subsistencia de la producción de cultivos de uso ilícito. El documento sigue la estructura de la acción de extinción de dominio establecida en la Ley 1708 de 2014, incluyendo las modificaciones de la Ley 1849 de 2017 y cuenta con dos infografías en las que se busca explicar 1) a qué tipo de bienes debe dirigirse la figura y, 2) cómo el Acuerdo Final de Paz afectó su uso cuando se trate de bienes de propiedad de campesinos que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.Publicación El proceso penal Cartilla explicativa Enfocada en las conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícitoDavid Filomena VelandiaEsta cartilla explica la estructura del proceso penal alrededor de los tipos penales en los que se pueden ver inmersos los campesinos y campesinas que derivan su subsistencia de la producción de cultivos de uso ilícito. Consta de dos partes. En la primera, dirigida a organizaciones campesinas, se explican todas las audiencias y actos que componen el proceso penal. En la segunda, dirigida a las y los defensores que asuman los casos, se proponen estrategias de litigio acordes con los estándares constitucionales, la dogmática penal y el Acuerdo Final de Paz tendientes a mejorar la defensa técnica en estos procesos.