Este libro se basa en la idea de que las políticas públicas deben orientarse al respeto, la protección y garantía de los derechos humanos. Por ellos acoge la propuesta de Katarina Tomasevski, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, según la cual la educación es un derecho de todas las personas y una obligación de todos los Estados, que comprende cuatro componentes, a saber: disponibilidad, accesibilidad, permanencia y adaptabilidad.Este enfoque permite observar en qué medida el diseño y la implementación de las políticas públicas se ajustan a los postulados del derecho ala educación y cuál ha sido su contribución a su efectiva realización. Con esos elementos, los ensayos que se reúnen en este volúmen analizan la política pública educativa de Bogotá, comparándola con la de otras 4 ciudades, y un país de América Latina. Este exámen no sólo posibilita evaluar el ajuste de dichas políticas a los distintos componentes del derecho a la educación sino que además permite detectar buenas y malas prácticas que podrían ser implementadas y evitadas, respectivamente, por otros gobiernos locales en la región.
