En este documento exploramos las necesidad de que el Estado adopte medidas para reducir el riesgo de la población carcelaria frente al coronavirus, específicamente en al menos dos frentes: i) la reducción de los factores que favorecen el contagio sin deteriorar aún más el goce efectivo de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y ii) fortalecer la capacidad del sistema penitenciario y carcelario para responder ante los casos de infección, de modo que se brinde a las personas infectadas la atención médica necesaria y prevenir que ocurran muertes evitables.
