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Publicación Rights-Based Alternatives to Incarceration for Women Lessons from Colombia’s Public Utility Law and the International Guidelines on Human Rights and Drug PolicyClaudia Cardona; Julie Hannah; Isabel Pereira-Arana; Rebecca SchleiferWomen’s incarceration in Colombia is deeply linked to the disproportionate enforcement of drug laws and to the gendered inequalities women face in contexts of poverty and caretaking responsibilities. A novel law introduced in 2023 addresses these issues and allows certain women heads of household living in conditions of marginality to exchange prison for public service in freedom. Law 2292, the Public Utility Law, is an expression of the International Guidelines on Human Rights and Drug Policy, and of normative shifts in Colombia around criminal policy and drug control. This paper documents how Mujeres Libres, the Center for Law, Justice and Society (Dejusticia), and the International Centre for Human Rights and Drug Policy, based at the University of Essex, came together to use the Guidelines as a shared advocacy and technical framework to strengthen the implementation of Law 2292. Aimed at policymakers, judges, public defenders, and civil society in Latin America and beyond, this paper offers a practical account of our implementation efforts: how our partnership formed, how we engaged strategic actors and identified key pathways of change, what tools we produced, what results we are beginning to see, and what should happen next.Publicación Alternativas al encarcelamiento de mujeres desde un enfoque de derechos Enseñanzas de la Ley de Utilidad Pública de Colombia y de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de DrogasClaudia Cardona; Julie Hannah; Isabel Pereira-Arana; Rebecca SchleiferEl encarcelamiento de las mujeres en Colombia está profundamente vinculado a la aplicación desproporcionada de las leyes sobre drogas y a las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en contextos de pobreza y responsabilidades de cuidado. Una nueva ley introducida en 2023 aborda estas cuestiones y permite a determinadas mujeres cabezas de familia que viven en condiciones de marginación cambiar la prisión por servicios sociales en libertad. La Ley 2292, la Ley de Utilidad Pública, es una expresión de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, y de los cambios normativos en Colombia en torno a la política criminal y el control de drogas. Este documento expone cómo Mujeres Libres, el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro Internacional para los Derechos Humanos y las Políticas de Drogas, con sede en la Universidad de Essex, se unieron para utilizar las Directrices como marco técnico y de promoción común para reforzar la aplicación de la Ley 2292. Dirigido a tomadores de decisiones, jueces, defensores públicos y la sociedad civil de América Latina y otros lugares, este documento ofrece un relato práctico de nuestros esfuerzos de implementación: cómo se formó nuestra asociación, cómo involucramos a actores estratégicos e identificamos vías clave de cambio, qué herramientas produjimos, qué resultados estamos empezando a ver y qué debería suceder a continuación.Publicación Alternative sentencing for female heads of household Law 2292 of 2023: A path toward gender justice in drug policy in ColombiaMujeres Libres; International Centre for Human Rights and Drug Policy at the University of Essex; Center of Study on Law, Justice and Society - Dejusticia.Law 2292 of 2023 introduces an innovative sentencing alternative in Colombia for female heads of household, particularly those involved in drug-related crimes due to socioeconomic vulnerability. Instead of incarceration, eligible women can serve their sentences through unpaid community service. This approach recognizes caregiving roles and aligns with international human rights and drug policy guidelines. It addresses structural inequalities, aiming to prevent incarceration and facilitate reintegration. However, the law’s implementation faces several challenges: limited outreach, inconsistent eligibility criteria, and a lack of employment transition policies. Only a small fraction of eligible women have benefited so far. The document calls for reforms such as expunging criminal records, involving trial judges early in sentencing, and enabling active participation of women with lived experience in monitoring the law. This model aspires to shift from punitive to restorative justice, offering a blueprint for other nations grappling with the incarceration crisis among women.Publicación Alternatividad penal para mujeres cabeza de familia La Ley 2292 de 2023: Un camino hacia la justicia de género en las políticas de drogas en ColombiaMujeres Libres; Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DejusticiaLa Ley 2292 de 2023 en Colombia representa un avance hacia la justicia de género en las políticas de drogas, al ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores o relacionados con drogas. Estas mujeres, muchas en condiciones de marginalidad y con responsabilidades de cuidado, pueden sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios públicos no remunerados. La ley se inspira en las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Política de Drogas y busca corregir la sobrerrepresentación femenina en las cárceles por delitos no violentos. A pesar de su potencial, la implementación ha sido limitada, con retos como la falta de apoyo estatal, definición ambigua de beneficiarias, y escasa articulación institucional. Se propone fortalecer políticas públicas integrales, eliminar antecedentes penales y garantizar participación activa de mujeres con experiencia vivida para asegurar una aplicación efectiva y justa.Publicación Resumen ejecutivo: Cuidados paliativos el abordaje de la atención en salud desde un enfoque de derechos humanosIsabel Pereira-AranaLa región de las Américas, al igual que el resto del mundo, atraviesa una transición demográfica. Se calcula que para el 2050, la población mayor de 60 años se habrá duplicado en relación al año 2010. Para el 2010, el 9.7% de la población en Latinoamérica se ubica en este rango etario y se proyecta que para 2050 la proporción sea el 25.4%. Asimismo, se presenta una transformación de los perfiles epidemiológicos, con aumentos significativos de prevalencia de enfermedades no transmisibles como el cáncer y otras enfermedades crónicas que amenazan la vida. Esta realidad implica una serie de nuevas necesidades para los sistemas de salud y protección social, que deben ahora incorporar un enfoque de cuidados paliativos a fin de garantizar el derecho a la salud y la vida digna de aquellos pacientes que lo requieran, ya no con el objetivo de curar, sino de aliviar el sufrimiento. Los cuidados paliativos son un enfoque de atención en salud, y están consagrados a dar la debida atención a los síntomas físicos, psicosociales y espirituales que generan las enfermedades amenazantes para la vida, así como los tratamientos que se aplican para dichas enfermedades. El objetivo de brindar cuidados paliativos es alcanzar la mejor calidad de vida posible en el curso de enfermedades crónicas y degenerativas.Publicación After the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug PolicyJohn Collins (Ed.)El fin de la guerra contra las drogas ha llegado. La Asamblea General de Naciones Unidas de abril de 2016 será el comienzo de una nueva era. Este libro presenta abundante evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas. En su reemplazo plantea la necesidad de que las políticas de drogas sean pensadas desde un enfoque de desarrollo humano. El grupo de expertos en economía de la política de drogas del London School of Economics –conformado por académicos e investigadores de distintas partes del mundo– aporta propuestas basadas en la evidencia disponible para reemplazar las políticas de drogas existentes por otras más inteligentes y eficaces, basadas en un enfoque de salud pública y derechos humanos. Rodrigo Uprimny y Sergio Chaparro, investigadores de Dejusticia, y Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE en México, contribuyeron con un capítulo sobre cómo ponerle fin a la criminalización del uso de drogas en América Latina. Cinco premios Nobel respaldaron este informe en el que solicitan a los Estados del mundo adoptar un cambio de paradigma en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en abril de este año -UNGASS 2016-.Publicación En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América LatinaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.Publicación In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin AmericaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)The Drugs and Rights Studies Collective published a new report that examines government responses to the consumption of illicit drugs in eight countries in Latin America: Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Uruguay and Bolivia. This report presents the results of the most recent study by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD). The study, entitled “In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America,” analyzes States’ responses to the consumption of illicitly used drugs, focusing on two key areas–criminal justice responses and health responses–in eight Latin American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay. An international consensus appears to be emerging that drug use is not a criminal matter, but a health issue. Nevertheless, as shown by the country investigations that are part of this study, Latin American government responses to the use of illicit substances remain predominantly punitive and handled through the criminal justice system; it is through judicial, rather than healthcare, institutions that states address the illicit use of drugs and drug users. Even in countries in which drug use is not a crime, persistent criminalization of drug users is found.Publicación Una sustitución precaria: política de drogas y conservación sin el campesinadoLuis Felipe Cruz-Olivera; María José León-MarínEl Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta del Acuerdo de Paz para reemplazar los ingresos que obtienen las familias del mercado ilegal de la coca. Sin embargo, el PNIS replicó errores de programas de sustitución anteriores, y en su diseño desconoció el hecho de que la mitad de los cultivos declarados ilícitos están en zonas de manejo especial. El aumento de los cultivos de hoja de coca en estas zonas genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La conclusión es que el PNIS desconoció los derechos a la participación, debido proceso y mínimo vital de las familias campesinas que firmaron acuerdos de sustitución, y tampoco avanzó en la implementación del enfoque ambiental. Nuestra postura es que ninguna de las acciones de la política de drogas, de la mitigación o adaptación del cambio climático o la conservación ambiental debe ir en contravía de los derechos de las poblaciones campesinas que habitan la Amazonía, no sólo porque es inconstitucional sino porque es ineficiente desde la política pública. No hay sustitución de cultivos sin economía campesina fuerte, así como no hay protección de los bosques sin derechos de las poblaciones que los habitan. Al final sugerimos algunas ideas para armonizar conservación y derechos de las familias campesinas que cultivan coca.Publicación Palliative Care: A Human Rights Approach to Health CareIsabel Pereira-AranaThis report compiles the results of a research project aimed at describing the current palliative care situation in eight Latin American countries. The project’s general objective—to raise awareness and influence public policy around the need to approach palliative care from a human rights perspective—was achieved through rapprochement among professionals from various fields in the region, which in and of itself is a key step forward in terms of bringing together communities that defend patients’ rights with communities that advocate a drug policy embracing a public health focus. We hope that this diagnostic report is useful for professional associations, health professionals, patients’ rights advocates, drug policy reform activists, and decision makers, who can rely on its findings to better integrate palliative care into general health services and to use human rights language to promote public policy reform and guarantee the human rights of those in the Americas who suffer from severe and chronic pain.