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    En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina
    Catalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)
    El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.
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    El sistema interamericano como herramienta para garantizar el acceso a los cuidados paliativos y el alivio del dolor
    Diana Guarnizo Peralta
    Con el apoyo financiero de Open Society Foundations, Dejusticia desarrolló una investigación con el diagnóstico de ocho países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay), sobre la situación de acceso a cuidados paliativos, el desarrollo institucional y normativo que le respalda y las barreras de acceso a medicamentos opioides – esenciales para el manejo del dolor. Como enfoque de atención, los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, mediante una intervención que incorpora control y manejo de síntomas, apoyo psicosocial, y espiritual. Es un esfuerzo interdisciplinario en el que la medicina se aplica desde una perspectiva de sanación, independiente del pronóstico de la enfermedad que aqueja a la persona, y se aplica en su mayoría en enfermedades crónicas, degenerativas y debilitantes. En las Américas se atraviesa un importante momento de oportunidad: en 2015 se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que dispone obligaciones específicas para que los Estados incorporen medidas que regulen el acceso a los cuidados paliativos como componente del derecho humano a la salud, y garanticen que las personas mayores puedan decidir sobre el curso de los tratamientos que desean recibir en salud. La eventual ratificación y posterior implementación de esta Convención abre la posibilidad de incorporar la dimensión de cuidado y manejo de síntomas a nuestros sistemas generales de salud. Este proyecto también busca analizar el proceso de alistamiento para la implementación de las medidas de la Convención Interamericana con respecto a los cuidados paliativos y el nivel de interacción con otras esferas del activismo, como el movimiento de derechos humanos y salud pública en la reforma a la política de drogas.