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Publicación ¿Barreras insuperables? Un análisis de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierrasAarón Alfredo Acosta; Nelson Camilo Sánchez LeónLejos de cumplir con sus promesas de ser distinto, y de ofrecer más acceso a justicia para las víctimas, el sistema de restitución de tierras ha negado la mayoría de las solicitudes (el 65%) en la etapa administrativa del proceso. Además, los solicitantes cuyas solicitudes han sido negadas no tienen un recurso efectivo para controvertir las negaciones. A la fecha, las razones que explican esta alta tasa de negaciones eluden tanto a los expertos como a los académicos, debido a que no existe información que explique los motivos de las decisiones negativas. Aunque la extensión de la política de restitución por 10 años ofrece una oportunidad para corregir el camino, la simple extensión, sin revisar los graves problemas de los cuales han caracterizado el proceso, solo terminaría siendo una repetición de los primeros 10 años. Con el ánimo de prevenir este resultado y contribuir al goce efectivo de los derechos de las víctimas a restitución, en este documento de política pretendemos hacer dos cosas: destacar algunos de los grandes y serios problemas que han sido parte de la implementación de la política de restitución de tierras; y proponer un conjunto de recomendaciones a varias entidades implementadoras para abordar esta problemática. Específicamente, sostenemos que es necesario revisar las decisiones negativas tomadas por la URT para asegurar que los derechos de las víctimas no han sido vulnerados.Publicación Estrategias para una reforma rural transicionalNelson Camilo Sánchez LeónCon la firma del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, Colombia entra en una nueva fase. Estamos ahora ante el desafío de cumplir las promesas ambiciosas y necesarias del acuerdo. La creación de unas nuevas políticas rurales y la regulación de las estructuras agrarias, están en la base de las prioridades de la agenda de construcción de paz. La discusión sobre transición política y justicia transicional puede ser usada como puerta de entrada a la implementación de las políticas sobre ruralidad, incluyendo las de acceso a la tierra y producción rural. Dada la especificidad del conflicto colombiano, la ruta institucional que ha tenido el país (tanto en sus aciertos como en sus fracasos) y el momento de apertura política que trae la etapa de posacuerdo, Colombia debería reforzar sus políticas de justicia transicional concentradas en la restitución de tierras y complementarlas con políticas integrales de acceso y uso de la tierra. La mejor manera de enfrentar los inmensos desafíos de la transformación de las relaciones rurales en el país, es profundizar los esfuerzos actuales de restitución enganchándolos a una política de más larga escala, que debería ser diseñada en coordinación y a partir de los acumulados positivos de la experiencia de restitución de tierras reciente. La historia muestra enormes deudas de la institucionalidad colombiana con los problemas rurales. Y la implementación de los acuerdos vuelven a traer a la discusión política una oportunidad de saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano y con ello, evitar la repetición de los múltiples fracasos del pasado. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Nelson Camilo Sánchez León; Daniel Marín López; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Valentina Domínguez Mazhari; Lina María Arroyave VelásquezCon la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que en Dejusticia y la Universidad de Essex se decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los “actores económicos” dentro del conflicto armado colombiano. Si bien es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que algunos sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país.Publicación Tierra en transición: Justicia transicional, restitución de tierras y política agraria en ColombiaNelson Camilo Sánchez LeónEsta nueva publicación de Dejusticia presenta un análisis sobre los procesos de transición en Colombia para enfrentar conflictos relacionados con la propiedad, tenencia y uso de la tierra. El ideario de la justicia transicional ha traspasado las discusiones sobre el castigo y los dispositivos penales que serán aplicados a los excombatientes, y se ha instalado en muchas de las conversaciones sobre los asuntos más importantes de la sociedad colombiana. Uno de esos temas estructurales son los conflictos sobre la regulación de la tierra y las estructuras agrarias del país. No obstante, tanto en el país como en discusiones internacionales existen debates sobre si temas como el modelo de propiedad rural deben ser abordados desde una agenda de transición, y si los mecanismos de la justicia transicional están suficientemente equipados para acometer dicha tarea. Este libro analiza las alternativas de política pública y regulación normativa sobre la estructura de la tierra en sociedades que adelantan políticas de transición de la guerra a la paz. Para ellos, se concentra en el estudio del caso colombiano y, particularmente, de la implementación de la política de restitución de tierras adoptada a partir de la Ley 1448 de 2011 y su legislación complementaria. Tras analizar las características de esta política el libro propone una teoría normativa, denominada justicia transicional civil, que busca llenar los vacíos jurídicos y de política pública que podrían hacer fracasar intentos de reversión del despojo, al no considerar los desafíos jurídicos que presenta la implementación de una política pública compleja como es la restitución masiva de tierras en un contexto de inequidad histórica en el acceso a la tierra.Publicación Cuentas claras: El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombianoNelson Camilo Sánchez León; Leigh A. Payne; Jose Roberto Gabriel Pereira; Laura Bernal-Bermúdez; Daniel Marín López; Miguel Barboza LópezEl establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano. Si bien sus retos son enormes, las posibilidades que abre este nuevo mecanismo han generado una gran expectativa en la sociedad colombiana y, especialmente, en las víctimas del conflicto. Uno de los retos que enfrenta la CEV es abordar de la mejor manera posible el rol que jugó la complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. La información judicial y académica existente demuestra que dicha complicidad no ha sido aislada. Igualmente, la información de experiencias comparadas muestra, por un lado, que estas relaciones son comunes en conflictos armados o regímenes autoritarios y, por el otro, que las comisiones de la verdad pueden jugar un papel muy importante en su develación. De hecho, 22 comisiones de la verdad en el mundo han revelado ciertos patrones de participación de terceros en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. El presente informe tiene como objetivo contribuir a la definición de lineamientos que permitirán a la CEV una aproximación estratégica, planeada y sensible frente a esta problemática. Para ello, un grupo de investigación conjunto integrado por académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, en Colombia, unimos esfuerzos por casi dos años para producir información empírica relevante que sustente la toma de decisiones de la CEV en esta materia.