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Publicación Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las AméricasMagdalena Albar Diaz; Juan Auz; Juan Bautista López; Camila Bustos; Juan Martín Carballo; Valentina Castillo Barnetche; Gastón Médici-Colombo; Ananda María Lavayen; Adrián Martínez; Claudia Pineda; Joyce TanEste informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados. El informe, desde una perspectiva de derechos humanos, ahonda en: los Impactos del cambio climático, las consideraciones que deben tener medidas de respuesta para enfrentar al cambio climático, las afectaciones diferenciales a grupos vulnerables, las obligaciones de los Estados y responsabilidades de actores no-estatales en el contexto del cambio climático y los derechos humanos. Finalmente, concluye con recomendaciones para la protección de los derechos humanos de cara al cambio climático entre las que se incluyen, entre otras: el abordaje de las causas estructurales de la vulnerabilidad a los impactos climáticos (como la pobreza, la desigualdad, y la discriminación), y el garantizar que las medidas de respuesta y los esfuerzos para abordar el cambio climático no exacerben desigualdades, garantizando transparencia y acceso a la información, así como participación pública, amplia y significativa. El informe fue presentado ante la CIDH en septiembre de 2019 haciendo énfasis en el llamado a los Estados a tomar acciones que pongan fin a la crisis climática y a promover modelos de transición energética que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los más vulnerables asegurando su participación efectiva y su no discriminación.Publicación La prevención incompleta: desafíos para la protección de los dere chos humanos en el licenciamiento ambientalLaura J. Santacoloma Méndez; Edwin Novoa; Sofia Villalba GneccoPese a ser la herramienta más importante para prevenir el daño al medio ambiente, el licenciamiento ambiental colombiano no incluye de manera específica un análisis de los impactos sobre los derechos humanos establecidos en las normas internacionales, la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Esto desconoce los compromisos internacionales que tiene el Estado en materia de protección y mantiene un vacío institucional sobre la protección de los derechos de las personas y comunidades afectadas por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. La literatura sobre el tema y diversos pronunciamientos ya han señalado la importancia de adoptar medidas preventivas no solo respecto a los impactos bióticos, abióticos y socioeconómicos, sino también sobre los riesgos a los derechos fundamentales. Así se podrían evitar graves daños como los que han sucedido en el pasado por la ejecución de megaproyectos en Colombia.Publicación País de bosques y culturas: el rol del Estado en ColombiaLaura J. Santacoloma MéndezA pesar del crecimiento desordenado de las normas ambientales, el Estado carece de una estructura institucional adecuada para enfrentar los retos sociales en zonas destinada a usos forestales. Históricamente las políticas y regulaciones sobre bosques han influido en las dinámicas sociales locales, perpetuando o transformando desigualdades y conflictos. Esta investigación, parte de la colección sobre cambio climático de Dejusticia, reconstruye esta historia normativa, señalando los hitos que dan cuenta de la ausencia de enfoques de derechos de las comunidades locales en normas que aún están vigentes, a su vez del giro reciente en la política agraria y de preservación ambiental que ha promovido el reconocimiento de la dignidad de las personas y su relación de habitación con los territorios boscosos. Todas estas apuestas confluyen principalmente en territorios que han sido declarados bajo alguna categoría de protección, dentro del amplio grupo de áreas de especial importancia ambiental (AEIA). Aunque esta compleja política de conservación sigue siendo crucial, su origen y conflictos son producto de circunstancias específicas que se entrelazan con reivindicaciones territoriales, violencia armada y la emergencia climática. Por ello, es urgente actualizar y simplificar el sistema normativo sobre usos, propiedad y conservación de los bosques, para abordar los desafíos de un Estado social de derecho y garantizar la dignidad de las generaciones presentes y futuras.Publicación Ganadería deforestadora. Vacíos y limitantes en el control y enfoque de derechos humanosNatalia Katixa Escobar; Kelly Giraldo Viana; Daniela Cardona Arciniegas; Laura J. Santacoloma MéndezPosterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%; dentro de este porcentaje, la Amazonia es la región con mayor afectación en el país. Ante esto, desde 2018 el Estado ha implementado diferentes estrategias normativas y de política pública dirigidas al fortalecimiento institucional para el control de la deforestación, con resultados exiguos y con grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias diseñadas? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la eficacia en su cumplimiento? Y ¿cuáles son los riesgos para los derechos humanos que puede traer la aplicación de estas estrategias de control? Estas preguntas son las que orientan el presente análisis de política pública, con el propósito de identificar posibles ausencias y debilidades en su proceso de implementación, y ofrecer recomendaciones para el fortalecimiento de su actuación en un marco de protección de los derechos humanos.Publicación ¿Carne deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en ColombiaCarlos Olaya Díaz; Natalia Daza Niño; Isabel Cristina Annear CameroEste texto tuvo como objetivo identificar cuellos de botella en el control a las cadenas de suministro de carne para frenar la deforestación. Surgió como un intento por comprender los problemas que tiene el Estado colombiano para evitar que la demanda de carne esté conectada con la destrucción de selvas en la región Amazónica. No es una investigación acabada, si no un primer acercamiento de Dejusticia a los dilemas que implica controlar mercados para conservar bosques. Para identificar los cuellos de botella, usamos análisis descriptivos de estadísticas sobre el mercado de carnes en Colombia, entrevistas a algunos actores involucrados en su control, así como a ganaderos, y fuentes secundarias sobre el tema. Encontramos tres cuellos de botella: una trazabilidad incompleta, el desgobierno en los eslabones de producción y los incentivos empresariales difusos. Al final proponemos algunas rutas de acción para enfrentar estos cuellos de botella.Publicación Transparente como el aire. Ni información, ni calidad, ni derechosLaura J. Santacoloma Méndez; Daniel Bernal Bolaños; Alba Cecilia Sandoval Dueñas; Daniela del Pilar Cardona ArciniegasLa mala calidad del aire es un problema ambiental y de salud pública de urgente atención por parte de los estados, quienes han adquirido compromisos internacionales que los obliga a adoptar medidas preventivas, regulatorias y de control. En colombia existen debilidades en el monitoreo del aire, así como en la institucionalidad que debe proteger los derechos de la ciudadanía. Particularmente bogotá, una de las ciudades que mayor polución tiene, se presenta como un caso de estudio para intercomparar datos del sistema oficial de medición de la calidad del aire y los sensores de bajo costo como apuesta para complementar y reforzar la línea base de datos públicos, así como para involucrar a la ciudadanía en la producción de cienciaPublicación Cuando lo esencial es invisible al Estado: derechos fundamentales y megamineríaLaura J. Santacoloma MéndezEste documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones estatales sobre desarrollo sostenible y prevención en materia de derechos fundamentales de las personas. El Estado colombiano ha sido permisivo con la megaminería pese a los conflictos sociales e impactos en los territorios y las personas, situaciones de las que dan cuenta las múltiples sentencias judiciales sobre protección de derechos individuales y colectivos, así como la consolidación de procesos territoriales que se oponen a su realización. En general, la regulación de la minería en el país se ha orientado al beneficio de particulares sin que el Estado se ocupe de la prevención en materia de derechos humanos y medio ambiente con el rigor suficiente, por lo que la declaratoria de la actividad como de utilidad pública e interés general no cuenta con estándares objetivos que permitan establecer si un proyecto responde o no a los parámetros constitucionales.Publicación La desigualdad que respiramos. Políticas de calidad del aire, pobreza y desigualdad en Bogotá, 2010-2020Vanessa Daza Castillo; Diana León Torres; Sebastián Rubiano GalvisLa mala calidad del aire se ha convertido en un problema reiterado de las ciudades. Dado los procesos de expansión urbanística no planificada y otros elementos que han llevado una desigualdad espacial en las ciudades, la exposición a contaminación en el aire se intersecta con otros aspectos de desigualdad socioeconómica en las ciudades. Bogotá no ha sido la excepción y por esto, desde la década pasada, fue implementado un Plan de descontaminación del aire en la ciudad (PDDAB). Sin embargo, dicho plan ha presentado obstáculos en su implementación pues parte de los costos de sus estrategias recaen en población que no tiene cómo hacerle frente. Esta investigación propone una metodología de evaluación de justicia ambiental sobre las políticas y estrategias relacionadas con la calidad del aire. Al aplicarla sobre el PDDAB encontramos que las estrategias del Plan acentúan la desigualdad económica pues no internaliza que las fuentes de contaminación coinciden con los sujetos expuestos. Estos sujetos no sólo no cuentan con la capacidad de mitigar su impacto ambiental por sí solos, sino que no logran adherirse a las estrategias de descontaminación de la ciudad. A medida que no se implementa efectivamente un plan de descontaminación, la desigualdad se acentúa, tanto por variables socioeconómicas como por la exposición a la mala calidad del aire. Usando los resultados del análisis, elaboramos una serie de recomendaciones para un nuevo plan de descontaminación.Publicación La participación ciudadana en el sector extractivo en ColombiaFabio E. Velásquez CarrilloEsta investigación analiza la trayectoria, las características y el papel de la participación en el sector extractivo en Colombia desde un enfoque de economía política que privilegia el análisis de las dinámicas políticas como un factor relevante para el logro de la gobernanza. Para su elaboración, se acudió al análisis de información secundaria y primaria. Esta incluye entrevistas a diferentes actores relacionados con la actividad extractiva en el país. El documento destaca el esquema jerárquico de toma de decisiones en el sector y la identificación de una brecha entre dos bloques de actores: el bloque proextractivo, liderado por el Gobierno Nacional y el sector empresarial, y el bloque crítico, integrado por organizaciones sociales, grupos étnicos, integrantes de algunos partidos políticos, expertos y sectores académicos y de ONG. Hay una brecha discursiva y práctica que separa los dos bloques. El primero opera desde una lógica de control absoluto del sector y del rol de los diferentes actores; del lado opuesto, se propone una lógica de diálogo informado y simétrico que auspicie la participación ciudadana. Las dificultades para el acercamiento de esos bloques de actores se derivan de la premisa que fundamenta la relación del Gobierno con la ciudadanía: el modelo de desarrollo basado en el impulso al sector extractivo no está en discusión. En medio de esta disputa, la participación ciudadana es la gran perdedora, pues no encuentra el espacio que merece en la toma de decisiones, ni logra incidir, efectivamente, en ellas.Publicación La paz ambiental: Retos y propuestas para el posacuerdoCésar Rodríguez Garavito; Diana Rodríguez Franco; Helena Durán CraneA lo largo de estas cinco décadas de conflicto armado en Colombia, las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazadas con la violencia de formas muy diversas. Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Igualmente, buena parte del conflicto armado se ha desarrollado en zonas altamente biodiversas, cubiertas por bosques o selvas tropicales. La voladura de oleoductos, la deforestación asociada a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son tan solo algunos de los flagelos que han dejado estas décadas de conflicto sobre el medio ambiente. Sin embargo, como mostramos en este documento, la violencia también ha tenido un efecto ambiental preservador y paradójico. Los actores armados han impuesto barreras de hecho sobre áreas altamente biodiversas y, en cierta medida, han ayudado a conservarlas. Por lo anterior, consideramos que para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia es necesario prevenir y tramitar pacíficamente los conflictos socioambientales. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.