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Publicación Las barreras de la justicia internacional ante violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales y la experiencia de Colombia y VenezuelaPaola Molano Ayala; Daniela Suárez Orellana; Paula Valencia Cortés; Santiago Castillo Sepúlveda; Aya AlzubaidyLa justicia internacional enfrenta múltiples obstáculos que cuestionan su legitimidad y eficacia. Las dificultades que atraviesa están ampliamente documentadas y son de distinta índole. En esta publicación mostramos de manera sistemática los distintos hallazgos de la literatura académica y experta sobre la crisis de la justicia internacional, con el fin de compilar las distintas caras que la componen. Adicionalmente, con los casos de Colombia y Venezuela ilustramos la manera en la que algunos de los obstáculos identificados por la literatura operan y también las diferencias sustanciales que ocurren cuando en una situación confluyen condiciones favorables para el acceso a la justicia internacional.Publicación La oferta institucional para satisfacer los derechos económicos y sociales de las víctimas del conflicto armado en ColombiaSantiago Castillo Sepúlveda; Paola Molano Ayala; Paula Valencia CortésEl documento presenta la oferta institucional del Estado colombiano para garantizar los derechos económicos y sociales de las víctimas del conflicto armado, conforme a la Ley 1448 de 2011 y su reforma por parte de la Ley 2421 de 2024. Describe los principales programas y rutas de acceso en educación, salud, trabajo, vivienda y mecanismos para víctimas de desaparición forzada. Entre otros, en educación, se contemplan la gratuidad en colegios oficiales, apoyos para permanencia, alfabetización y acceso preferente a educación superior mediante cupos especiales, créditos condonables del ICETEX y programas del SENA. En salud, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral (PAPSIVI) ofrece acompañamiento psicosocial y atención médica integral con enfoque diferencial. En trabajo e ingresos, se destacan las rutas del Servicio Público de Empleo, el SENA y el acompañamiento estatal para invertir indemnizaciones en proyectos productivos. En vivienda, las víctimas tienen acceso prioritario a subsidios, programas de mejoramiento y al programa distrital “Mi Casa Bogotá”, con distintos componentes de apoyo financiero y habitacional. Finalmente, se explican los mecanismos jurídicos para las familias de personas desaparecidas: la declaración de ausencia por desaparición, que permite la administración provisional de bienes, y la declaración de muerte presunta, que habilita la sucesión patrimonial y el acceso a prestaciones. El texto busca facilitar el conocimiento y acceso de las víctimas y funcionarios a esta oferta estatal como parte del proceso de reparación integral.Publicación Boletín mercado inflado #4Randy Villalba ArangoLa inflación ha disminuido desde el año pasado, pero en los últimos tres meses comenzó a subir nuevamente. Este incremento ha sido más rápido en los alimentos naturales y en los ultraprocesados. Después del sector educación, esta categoría fue el rubro que más subió en lo que va del año. La subida en el costo del mercado obliga a muchos hogares a dejar de comprar alimentos que antes sí podían adquirir. Sin embargo, los precios de los alimentos naturales suben más que aquellos de los ultraprocesados que, al ser más baratos, podrían reemplazarlos; esto afecta los niveles de malnutrición y aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión o algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, es crucial entender qué medidas y opciones existen para alimentarse adecuadamente con un presupuesto limitado. Este boletín hace un seguimiento a los precios de los alimentos desde la perspectiva de aquellas familias que todos los días toman decisiones difíciles sobre qué debe entrar o salir de su canasta de mercado.Publicación ¿Cómo enfrentar la desigualdad socioeconómica? Propuestas para un asunto urgenteMariana Matamoros Cárdenas; Mariana Camacho-MuñozEste documento se desarrolla en el marco del convenio entre Oxfam Colombia y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia, cuyo objetivo es promover espacios de diálogo para la creación de agendas conjuntas enfocadas en la desigualdad socioeconómica. El proceso busca fortalecer y ampliar nuestra capacidad de incidencia política. Uno de los principales resultados de este convenio es la formulación de recomendaciones de política pública dirigidas a abordar la desigualdad socioeconómica en Colombia. Estas recomendaciones se basan en un análisis exhaustivo de literatura académica, documentos de política pública e insumos obtenidos a partir de una investigación sobre las narrativas de desigualdad que la legitiman. Las recomendaciones están orientadas tanto a los responsables de la formulación de políticas como a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fomentar su participación en la implementación, el monitoreo y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Además, buscan garantizar la inclusión efectiva de poblaciones marginadas en los espacios de toma de decisiones.Publicación Sembrando el derecho a la alimentación en Colombia: avances y propuestas desde los territoriosDiana Guarnizo-Peralta; Felipe Roa-ClavijoEl Acto Legislativo 01 de 2025 marcó un hito para Colombia: reformó el artículo 65 de la Constitución Política para incluir el derecho humano a la alimentación adecuada, un avance celebrado por muchos sectores. Aunque la reforma avanza en su reconocimiento constitucional, falta mucho para que este marco se transforme en leyes, políticas y reglamentos que contribuyan efectivamente a la alimentación en el país. Dejusticia, en asocio con profesores universitarios de distintas regiones, se unieron en esta obra colectiva, que tiene el objetivo de ahondar en distintas aproximaciones al derecho a la alimentación; sus dilemas, desafíos y oportunidades. Así, buscamos “sembrar” ideas que les permitan a legisladores, hacedores de política y académicos un adecuado desarrollo legal que contribuya a garantizar este derecho humano. El libro se divide en tres secciones. La primera explora críticamente la visión del alimento como mercancía, defendida principalmente por acuerdos comerciales internacionales. La segunda resalta los valores del alimento más allá de lo nutricional, enfocándose en el trabajo local y colectivo, el valor de las semillas nativas, la alimentación saludable en contextos universitarios y el rol de las mujeres en proyectos agroecológicos. La tercera invita a repensar este derecho en perspectiva biocultural, por medio de la experiencia de comunidades en Montes de María y la jurisprudencia comparada.Publicación Derecho, comercio y etiquetado nutricional: Reflexiones y experiencias desde América Latina. 2.ª edición.Diana Guarnizo-Peralta (Ed.); René Urueña Hernández (Ed.); Juan Martín Carballo (Ed.); Laís Amaral Mais; Paula Angarita Tovar; Mariana de Araújo Ferraz; María Paula Barbosa; Simón Barquera; Renato Barreto Florentino; Ana Paula Bortoletto Martins; Juan Martín Carballo; Luciana Castronuovo; Berenice Cerra; Patricia Chaves Gentil; Alejandra Contreras Manzano; Carlos Cruz Casarrubias; Maria Cecília Cury Chaddad; Jaime Delgado Zegarra; Daniel Felipe Dorado Torres; Victoria Fullerton Soto; Janine Giuberti Coutinho; Mariana Gondo dos Santos; Leila Guarnieri; Diana Guarnizo-Peralta; Julián Gutiérrez-Martínez; Gabriela Guzmán-Pérez; Lucas Landivar; Daniel López Lizama; María Luján Abramo; Lucía Martínez; Ana Munguía; María Elisabet Pizarro; Sergio Procelli; Diego Rodríguez; Raquel Sánchez; Gianella Severini; Rafael Tamayo-Álvarez; María Victoria Tiscornia; Lizbeth Tolentino Mayo; Adriana Torres Bastidas; René Urueña Hernández; Daniela Valdivieso Riofrío; Andrés Vélez Serna; Javier ZúñigaAmérica Latina ha liderado la adopción e implementación de políticas de etiquetado frontal de advertencia en el mundo. Actualmente, al menos ocho países de la región ya cuentan con etiquetados frontales, y se discute su adopción en Centroamérica, África y algunos países del Sudeste Asiático. Esta medida ha sido recomendada por la OMS y la OPS, al considerarse adecuada para promover ambientes alimentarios más saludables, mejorar los hábitos de consumo y reducir la obesidad. Este libro busca profundizar en los argumentos legales, tanto de derechos humanos como de derecho económico, que sustentan esta medida, al tiempo que se documenta el proceso de adopción de esta política de salud pública en varios países latinoamericanos: México, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. Tres años después de su primera edición, las políticas de etiquetado se han seguido extendiendo y consolidando en América Latina, por lo que es necesario ampliar el análisis de los países estudiados. Esta segunda edición incluye, entonces, una revisión de los capítulos incluidos en la primera edición y dos capítulos nuevos. Así, se busca que sea una obra de referencia para quienes quieran explorar cómo se ha desarrollado la adopción de políticas de etiquetado en la región y cuáles han sido sus principales desafíos legales. Fiel a su objetivo original, el libro busca aportar al debate sobre etiquetado nutricional conectando ámbitos de discusión que no siempre se vinculan. Para lograrlo, por un lado, conecta argumentos de derechos humanos y salud pública con análisis propios del derecho económico, para mostrar que la adopción de este tipo de medidas puede armonizarse a la luz de cuerpos legales diversos. Por otro lado, apuesta por conectar la experiencia del activismo, la práctica legal y los debates académicos, con el fin de ofrecer reflexiones que parten de la experiencia práctica, pero profundizan en la reflexión teórica.Publicación Del campo a la escuela: barreras en las compras públicas a campesinos y su impacto en la alimentación escolar en ColombiaAdriana Torres BastidasEl colegio es el espacio donde los estudiantes consumen entre un tercio y la mitad de sus comidas, siendo un ambiente crucial para intervenciones que tengan como objetivo influenciar el entorno alimentario. Una de las formas de incidir en este espacio es a través del suministro de comidas escolares basadas en alimentación real, pues la evidencia nos muestra, entre otros efectos, cómo esta medida mejora la condición física y la salud psicosocial de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, cuando estos alimentos provienen de la economía familiar campesina, por medio de un esquema de compra pública de alimentos reales conectado con las realidades territoriales, tiene el potencial de dinamizar las economías locales, contrarrestando las inequidades en el mercado alimentario que afectan a este segmento productivo. Este texto tiene como objetivo identificar algunos de los obstáculos que se evidencian en las compras públicas de alimentos a pequeños campesinos de la agricultura familiar, que impiden la participación de estos en los programas estatales de alimentación dirigidos a instituciones educativas. Para este fin, se analiza cómo la alimentación escolar vinculada a campesinos de la agricultura familiar es una herramienta útil para la garantía del derecho a la alimentación, y qué barreras pueden dificultar la correcta implementación de las compras públicas de alimentos.Publicación Impactos en la situación social y económica de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas forzosamente en ColombiaPaola Molano Ayala; Paula Valencia CortésLas mujeres buscadoras han sido fundamentales para visibilizar la magnitud de la desaparición forzada en el país e impulsar avances normativos e institucionales. Sin embargo, su labor continúa siendo poco reconocida y no cuenta con garantías adecuadas. Como resultado enfrentan múltiples cargas: además de la ausencia de sus seres queridos, asumen el papel de sostenimiento económico de sus hogares, lideran procesos de búsqueda y deben sobrellevar los vacíos en la respuesta estatal. Este informe busca visibilizar los impactos que la desaparición forzada y la búsqueda de desaparecidos generan en los derechos sociales y económicos de las mujeres buscadoras, en particular en su estabilidad económica, su salud física y mental, sus oportunidades educativas y su vida social y comunitaria. Asimismo, recoge y sistematiza las recomendaciones que las propias buscadoras formularon en un espacio de intercambio y discusión que llevamos a cabo en marzo de 2025, para que las medidas de reparación y atención respondan de forma integral a sus necesidades y reivindicaciones. Estas recomendaciones son relevantes para la implementación y reglamentación de las normas que ordenan medidas de reparación y que buscan dignificar la labor de las mujeres buscadoras.Publicación A hostile environment for peace mobilization: stigmatization and violence-justifying attitudes toward land rights advocates in ColombiaIsabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaDespite signing a peace accord in 2016, Colombia remains one of the most dangerous countries for social mobilization for peace, democracy, and equality. Between 2016 and 2023, 1,804 social leaders and 351 ex-combatants were assassinated. However, there has been no strong or sustained public outcry in response to this violence. This policy brief presents findings from a research project examining public attitudes toward lethal violence against social leaders and ex-combatants, with a focus on stigmatization against these actors and violence-justifying beliefs and attitudes. Drawing on data from an online survey conducted in late 2023—which is representative of the urban population with internet access—the study shows that violence-justifying attitudes toward both unarmed civilians—who did not engage in insurgent action—and former guerrilla combatants depends largely on their demands. Although public opinion tends to be more favorable toward social leaders than ex-combatants, citizen perceptions of both groups become more negative when these actors advocate for structural reforms, particularly land redistribution. This is because social mobilization for land redistribution is often associated with wartime grievances and thus perceived as a threat to the existing social order. These findings show that redistributive peace commitments are seen as potentially destabilizing, which in turn reinforces stigma against actors who advocate for redistribution. The study draws policy and practice recommendations to counteract such stigmatization, prevent violence, and support the implementation of the peace accord.Publicación Alternative sentencing for female heads of household Law 2292 of 2023: A path toward gender justice in drug policy in ColombiaMujeres Libres; International Centre for Human Rights and Drug Policy at the University of Essex; Center of Study on Law, Justice and Society - Dejusticia.Law 2292 of 2023 introduces an innovative sentencing alternative in Colombia for female heads of household, particularly those involved in drug-related crimes due to socioeconomic vulnerability. Instead of incarceration, eligible women can serve their sentences through unpaid community service. This approach recognizes caregiving roles and aligns with international human rights and drug policy guidelines. It addresses structural inequalities, aiming to prevent incarceration and facilitate reintegration. However, the law’s implementation faces several challenges: limited outreach, inconsistent eligibility criteria, and a lack of employment transition policies. Only a small fraction of eligible women have benefited so far. The document calls for reforms such as expunging criminal records, involving trial judges early in sentencing, and enabling active participation of women with lived experience in monitoring the law. This model aspires to shift from punitive to restorative justice, offering a blueprint for other nations grappling with the incarceration crisis among women.
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