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    La prevención incompleta: desafíos para la protección de los dere chos humanos en el licenciamiento ambiental
    Laura J. Santacoloma Méndez; Edwin Novoa; Sofia Villalba Gnecco
    Pese a ser la herramienta más importante para prevenir el daño al medio ambiente, el licenciamiento ambiental colombiano no incluye de manera específica un análisis de los impactos sobre los derechos humanos establecidos en las normas internacionales, la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Esto desconoce los compromisos internacionales que tiene el Estado en materia de protección y mantiene un vacío institucional sobre la protección de los derechos de las personas y comunidades afectadas por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. La literatura sobre el tema y diversos pronunciamientos ya han señalado la importancia de adoptar medidas preventivas no solo respecto a los impactos bióticos, abióticos y socioeconómicos, sino también sobre los riesgos a los derechos fundamentales. Así se podrían evitar graves daños como los que han sucedido en el pasado por la ejecución de megaproyectos en Colombia.
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    País de bosques y culturas: el rol del Estado en Colombia
    Laura J. Santacoloma Méndez
    A pesar del crecimiento desordenado de las normas ambientales, el Estado carece de una estructura institucional adecuada para enfrentar los retos sociales en zonas destinada a usos forestales. Históricamente las políticas y regulaciones sobre bosques han influido en las dinámicas sociales locales, perpetuando o transformando desigualdades y conflictos. Esta investigación, parte de la colección sobre cambio climático de Dejusticia, reconstruye esta historia normativa, señalando los hitos que dan cuenta de la ausencia de enfoques de derechos de las comunidades locales en normas que aún están vigentes, a su vez del giro reciente en la política agraria y de preservación ambiental que ha promovido el reconocimiento de la dignidad de las personas y su relación de habitación con los territorios boscosos. Todas estas apuestas confluyen principalmente en territorios que han sido declarados bajo alguna categoría de protección, dentro del amplio grupo de áreas de especial importancia ambiental (AEIA). Aunque esta compleja política de conservación sigue siendo crucial, su origen y conflictos son producto de circunstancias específicas que se entrelazan con reivindicaciones territoriales, violencia armada y la emergencia climática. Por ello, es urgente actualizar y simplificar el sistema normativo sobre usos, propiedad y conservación de los bosques, para abordar los desafíos de un Estado social de derecho y garantizar la dignidad de las generaciones presentes y futuras.