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Publicación Las barreras de la justicia internacional ante violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales y la experiencia de Colombia y Venezuela(Dejusticia) Paola Molano Ayala; Daniela Suárez Orellana; Paula Valencia Cortés; Santiago Castillo Sepúlveda; Aya AlzubaidyEn esta publicación de Dejusticia mostramos de manera sistemática los distintos hallazgos de la literatura académica y experta sobre la crisis de la justicia internacional, con el fin de compilar las distintas caras que la componen. La justicia internacional enfrenta múltiples obstáculos que cuestionan su legitimidad y eficacia. Las dificultades que atraviesa están ampliamente documentadas y son de distinta índole. Adicionalmente, con los casos de Colombia y Venezuela ilustramos la manera en la que algunos de los obstáculos identificados por la literatura operan y también las diferencias sustanciales que ocurren cuando en una situación confluyen condiciones favorables para el acceso a la justicia internacional.Publicación Impactos en la situación social y económica de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas forzosamente en Colombia(Dejusticia) Paola Molano Ayala; Paula Valencia CortésEste informe de Dejusticia busca visibilizar los impactos que la desaparición forzada y la búsqueda de desaparecidos generan en los derechos sociales y económicos de las mujeres buscadoras, en particular en su estabilidad económica, su salud física y mental, sus oportunidades educativas y su vida social y comunitaria. Asimismo, recoge y sistematiza las recomendaciones que las propias buscadoras formularon en un espacio de intercambio y discusión que llevamos a cabo en marzo de 2025, para que las medidas de reparación y atención respondan de forma integral a sus necesidades y reivindicaciones. Estas recomendaciones son relevantes para la implementación y reglamentación de las normas que ordenan medidas de reparación y que buscan dignificar la labor de las mujeres buscadoras, quienes han sido fundamentales para visibilizar la magnitud de la desaparición forzada en el país e impulsar avances normativos e institucionales. Sin embargo, su labor continúa siendo poco reconocida y no cuenta con garantías adecuadas. Como resultado enfrentan múltiples cargas: además de la ausencia de sus seres queridos, asumen el papel de sostenimiento económico de sus hogares, lideran procesos de búsqueda y deben sobrellevar los vacíos en la respuesta estatal.Publicación A hostile environment for peace mobilization: stigmatization and violence-justifying attitudes toward land rights advocates in Colombia(Dejusticia) Isabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaThis policy brief from Dejusticia presents findings from a research project examining public attitudes toward lethal violence against social leaders and ex-combatants, with a focus on stigmatization against these actors and violence-justifying beliefs and attitudes. Despite signing a peace accord in 2016, Colombia remains one of the most dangerous countries for social mobilization for peace, democracy, and equality. Between 2016 and 2023, 1,804 social leaders and 351 ex-combatants were assassinated. However, there has been no strong or sustained public outcry in response to this violence. Drawing on data from an online survey conducted in late 2023—which is representative of the urban population with internet access—the study shows that violence-justifying attitudes toward both unarmed civilians—who did not engage in insurgent action—and former guerrilla combatants depends largely on their demands. Although public opinion tends to be more favorable toward social leaders than ex-combatants, citizen perceptions of both groups become more negative when these actors advocate for structural reforms, particularly land redistribution. This is because social mobilization for land redistribution is often associated with wartime grievances and thus perceived as a threat to the existing social order. These findings show that redistributive peace commitments are seen as potentially destabilizing, which in turn reinforces stigma against actors who advocate for redistribution. The study draws policy and practice recommendations to counteract such stigmatization, prevent violence, and support the implementation of the peace accord.Publicación Alternative sentencing for female heads of household Law 2292 of 2023: A path toward gender justice in drug policy in Colombia(Dejusticia) Mujeres Libres; International Centre for Human Rights and Drug Policy at the University of Essex; Center of Study on Law, Justice and Society - Dejusticia.This document from Dejusticia recognizes how Law 2292 of 2023 introduces an innovative sentencing alternative in Colombia for female heads of household, particularly those involved in drug-related crimes due to socioeconomic vulnerability. Instead of incarceration, eligible women can serve their sentences through unpaid community service. This approach recognizes caregiving roles and aligns with international human rights and drug policy guidelines. It addresses structural inequalities, aiming to prevent incarceration and facilitate reintegration. However, the law’s implementation faces several challenges: limited outreach, inconsistent eligibility criteria, and a lack of employment transition policies. Only a small fraction of eligible women have benefited so far. The document calls for reforms such as expunging criminal records, involving trial judges early in sentencing, and enabling active participation of women with lived experience in monitoring the law. This model aspires to shift from punitive to restorative justice, offering a blueprint for other nations grappling with the incarceration crisis among women.Publicación Alternatividad penal para mujeres cabeza de familia La Ley 2292 de 2023: Un camino hacia la justicia de género en las políticas de drogas en Colombia(Dejusticia) Mujeres Libres; Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DejusticiaEste documento de Dejusticia reconoce cómo la Ley 2292 de 2023 en Colombia representa un avance hacia la justicia de género en las políticas de drogas, al ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores o relacionados con drogas. Estas mujeres, muchas en condiciones de marginalidad y con responsabilidades de cuidado, pueden sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios públicos no remunerados. La ley se inspira en las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Política de Drogas y busca corregir la sobrerrepresentación femenina en las cárceles por delitos no violentos. A pesar de su potencial, la implementación ha sido limitada, con retos como la falta de apoyo estatal, definición ambigua de beneficiarias, y escasa articulación institucional. Se propone fortalecer políticas públicas integrales, eliminar antecedentes penales y garantizar participación activa de mujeres con experiencia vivida para asegurar una aplicación efectiva y justa.Publicación Un contexto adverso para la movilización por la paz. Estigmatización y justificación de la violencia contra promotores del Derecho a la tierra en Colombia(Dejusticia) Isabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaEste documento de Dejusticia de política pública presenta hallazgos de una investigación académica que analiza las actitudes ciudadanas frente a la violencia letal contra líderes sociales y firmantes de paz, con énfasis en la estigmatización de estos actores y la justificación de dicha violencia. Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para la movilización social por la paz, la democracia y la igualdad. A pesar de los compromisos redistributivos del acuerdo de paz de 2016, la violencia contra constructores de paz persiste: entre 2016 y 2023, fueron asesinados 1.804 líderes sociales y 351 firmantes del acuerdo. Esta violencia, sin embargo, no ha generado una contundente movilización ciudadana en rechazo. A partir de datos recolectados en dos encuestas en línea, las cuales son representativas de la población urbana con acceso a internet y fueron realizadas a finales de 2023, el estudio demuestra que la justificación de la violencia no depende principalmente de la identidad de los activistas—ya sean firmantes de paz o civiles que no participaron en la insurgencia—sino de las demandas que promueven. Cuando estos actores abogan por reformas estructurales como la redistribución de la tierra, son percibidos como amenazas al orden social. Los resultados subrayan que la implementación del acuerdo—especialmente, sus componentes redistributivos—es fundamental para contrarrestar la estigmatización y la justificación de la violencia contra los constructores de paz.Publicación Reflexiones sobre el cuidado como derecho en Colombia(Dejusticia) Lucía Ramírez Bolívar; Margarita Martínez Osorio; Nathalia Samhil González Gutiérrez; Anyer Mosquera SánchezEl objetivo de esta investigación de Dejusticia es brindar herramientas conceptuales, normativas y jurisprudenciales que aporten a la construcción de una definición y regulación del cuidado como derecho fundamental y autónomo en Colombia. Para ello, este documento sistematiza y analiza los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, así como la normatividad y jurisprudencia nacional y de otros países de la región relacionados con el cuidado. Los hallazgos de esta investigación pueden convertirse en un insumo para que las instituciones competentes del Estado colombiano avancen en la regulación del cuidado como un derecho. El 20 de enero de 2023, el Estado de Argentina presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Esta solicitud no es aislada ni fortuita. Por el contrario, se inscribe en un contexto en el que, gracias a décadas de activismo feminista, desde la academia y la sociedad civil en la región, los Estados han comenzado a incorporar el cuidado dentro de sus agendas, bien sea estableciendo políticas públicas, poniendo en marcha sistemas de cuidado, o avanzando en la construcción de marcos normativos que reconozcan al cuidado como un derecho y al Estado como su principal garante. El eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana resultará fundamental para fijar un estándar regional que contribuya a fortalecer las iniciativas de los Estados que ya han avanzado en la regulación del cuidado como un derecho y a promover estas mismas regulaciones en aquellos países en donde no ha habido tantos desarrollos.Publicación El círculo vicioso entre desigualdad y vulnerabilidad al cambio climático en Colombia(Dejusticia) Mariana Matamoros Cárdenas; Julián Andrés Villamil SánchezEste documento de Dejusticia aborda la necesidad de establecer políticas fiscales en Colombia para enfrentar la vulnerabilidad socioeconómica al cambio climático (CC). Este tipo de vulnerabilidad se refiere a la dificultad de los grupos más desfavorecidos para hacer frente a los impactos del cambio climático debido a la falta de recursos, infraestructura adecuada y acceso a servicios básicos. A diferencia de las políticas de mitigación, que se enfocan en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se requiere especial énfasis en las medidas de adaptación dirigidas a los impactos del CC en los hogares y comunidades más vulnerables. Este énfasis se justifica por la estrecha interconexión entre la desigualdad socioeconómica y la vulnerabilidad al CC, la cual configura un círculo vicioso que afecta negativamente a las personas y hogares. Para identificar las variables que condicionan la capacidad de los hogares para enfrentar los peligros del CC, se consideraron tres dimensiones: geográfica, económica productiva y socioeconómica. Estas dimensiones sirven para comprender y clasificar el tipo de vulnerabilidades que enfrenta la población. El resultado es un análisis que puede arrojar luces para desarrollar estrategias efectivas de reducción de la pobreza en el contexto del cambio climático. Aunque se logró clasificar los departamentos según su vulnerabilidad al CC y desigualdad, se reconoce la necesidad de estudios adicionales y colaborativos para desarrollar índices sintéticos y herramientas de evaluación más precisas. No obstante, en el documento se proponen recomendaciones de política como el incremento en tarifas de impuestos verdes, la focalización de la inversión y el gasto público, y políticas tributarias progresivas y redistributivas que graven a quienes contaminan más. De este modo, esta investigación sienta las bases para futuras acciones y políticas integrales que aborden los desafíos del CC y la desigualdad en Colombia.